La fracasada propuesta para eliminar la Ley de Caducidad en Uruguay originó una grave crisis interna en el seno del oficialista Frente Amplio y en el Gobierno izquierdista del presidente José Mujica, cuyos integrantes impulsaron dos referendos anteriores y los perdieron, el segundo de forma más dolorosa pues ya estaban en el poder. Varios legisladores oficialistas consideraron inconstitucional la iniciativa y contrario a la soberanía popular, pero lo apoyaron con su voto por disciplina partidaria, con la excepción de uno. El presidente Mujica expresó su rechazo a la medida, aunque se comprometió a no vetarla si se aprobaba. Sin embargo, esto no ocurrió.
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| Presidente José Mujica |
El fracaso del plan oficialista para eliminar la ley que impide juzgar los crímenes de la dictadura (1973-1985) en Uruguay se produjo ayer en la Cámara de Diputados por el voto de rechazo en pleno de la oposición y la abstención de un diputado de la fuerza gubernamental que se negó a acatar la disciplina partidaria.
Tras más de 14 horas de debate ininterrumpido, el resultado de la votación del proyecto fue un empate de 49 votos (había 98 diputados en la sala) que significó la permanencia de la Ley de Caducidad en el ordenamiento jurídico que rige a este país suramericano.
Esta polémica norma, aprobada poco después del fin de la dictadura en 1986, fue ratificada en 1989 y 2009 por la ciudadanía en plebiscito, lo que no impidió al oficialismo impulsar desde el Parlamento un proyecto para intentar hacerla inaplicable.
Maratónica sesión
La sesión parlamentaria fue un diálogo de sordos entre los que fundamentaron la eliminación de la ley en la defensa de los derechos humanos y los que consideraron inviolable la voluntad del pueblo expresada en las urnas para defenderla.
Entre estos últimos estuvo el diputado del FA, Víctor Semproni, la auténtica figura de la jornada por su anunciada decisión de no apoyar el proyecto y dejar la sala antes de la votación, evitando así que su fracción mantuviera la mayoría necesaria.
Semproni, un ex guerrillero de 74 años que sufrió torturas durante la dictadura, dijo estar "totalmente de acuerdo y en pie de lucha para borrar definitivamente la Ley de Caducidad del sistema legal uruguayo", pero consideró también la iniciativa "poco segura" y "generadora de mayores dificultades".
De haber prosperado el proyecto, decenas de policías y militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura hubieran podido ser juzgados.
Sin embargo, la mayoría de analistas consultados por el Parlamento habían advertido también que de ser recurrida la nueva ley habría sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
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