Por Walter Krohne
Desde un comienzo se sabía que el caso de la Intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, iba a terminar mal, porque todos los sectores, sin excepciones, mostraron una enorme incapacidad para moverse políticamente como hubiese correspondido ante un sismo político grado 8 o 9.
La decisión presidencial de confirmar a la jefa regional en su cargo fue el primer error garrafal, porque quedó en ese momento claro en Chile que todo eso de la blancura e impecabilidad funcionaria, era válido sólo para algunos pero no para todos los funcionarios públicos. Y entre estos últimos estaba la señora Van Rysselberghe, a quien se le veía un gran futuro político y hasta ya olía a precandidata presidencial. Sin embargo, a partir de hoy, tras su renuncia presionada por el Gobierno, el valor de su bonos se vinieron precipitosamente abajo y hoy valen “un cero a la izquierda” y su carrera política ya no existe, está arruinada.
El Gobierno tampoco supo manejar a las “ovejas rebeldes” de los partidos y quedó en evidencia nuevamente que el diálogo intrapartidario sigue siendo nulo en este Gobierno. Todos los jefes de “pandillas” levantan la voz, opinan, fijan líneas de acción,se amurran o se marginan como fue la ausencia de Carlos Larraín, timonel de RN, a la misa oficiada en la Catedral para recordar al fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Es decir cualquiera o no cualquiera hace lo que quiere, sin ninguna disciplina, ni siquiera frente al inventor e ideólogo de la nueva derecha chilena que fue brutalmente asesindo hace diez años en plena vía pública.
Los analistas y no analistas, todos sabíamos, que el Gobierno pagaría un alto costo por su decisión en el caso de la Intendenta que cometió errores graves como decir, por ejemplo que había "inventado una historia ante el Gobierno” para gestionar beneficios habitacionales de pobladores (villa Aurora de Chile) que no cumplían con los requisitos necesarios para recibir subsidios estatales; o por irregularidades que habría cometido en el manejo de la Municipalidad de Concepción cuando fue alcaldesa; o las también supuestas horas extraordinarias que se habría anotado todos los días, como se denunció en una entrevista periodística en CNN Chile esta semana. Es decir, cualquier cosa, malversación, engaño, mentira o aprovechamiento del poder. Todo estaba en el “paquete” de la intendenta.
Ante la imposibilidad de poder controlar a los partidos, el Gobierno se fue por las ramas y trató de suavizar el impacto negativo Van Rysselberghe con dos proyectos de Ley como son el de la ampliación del postnatal y la eliminación del 7% que cotizan los jubilados en salud. Sin embargo, ninguno de ambos ha sido hasta ahora bien recibido por los supuestos futuros beneficiarios por ser iniciativas que son aún incompletas, lo que se resume en cero impacto o sea que las próximas encuestas volverían a ser malitas o muy malitas para Piñera y su equipo de Gobierno.
Cosa seria ha sido también el actuar lento de las autoridades que esperaron a que se llegara a la presentación de una acusación constitucional contra la Intendenta para actuar realmente y presionarla para que renunciara, recordándole que si se le acusaba de irregularidades le podría ocurrir lo mismo que le sucedió en el tiempo de la Presidenta Bachelet a la ministra de educación, la democristiana Yasna Provoste, quien quedó con prohibición de ocupar cargos públicos durante cinco años.
Pero la tardanza no fue sólo del gobierno, sino de la misma afectada que estiró la cuerda lo más que pudo para tratar de salvarse, sin tomar en cuenta el tremendo daño que le estaba causando a la alianza y al gobierno. En esto se puede notar la inmadurez política que afecta a la señora Van Rysselberghe que quizá, por su tremenda ambición, ni siquiera se percató o no quiso percatarse del daño que estaba provocando. Es también lamentable que nunca se llegará a saber toda la verdad sobre este caso, porque la acusación constitucional es ya hoy un tema de la historia política chilena.
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