CORTE INTERAMERICANA DEBERÁ RESOLVER PROBLEMA DE FALTA DE PLURALISMO EN CHILE
La revista "Punto Final", que dirige el periodista Manuel Cabieses, recurrirá ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando justicia en su reclamación en contra de varios ministerios del Estado chileno por la concentración del avisaje publicitario estatal en las dos grandes cadenas periodísticas del país.
En Chile, la última instancia judicial en fallo unánime (en causa rol 9148-2009), los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Benito Mauriz, ratificó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que desestimó el requerimiento contra los ministerios de Hacienda, Justicia y Planificación y Desarrollo.
El fallo determinó que las secretarías de Estado han ajustado sus procesos de compras de avisajes publicitarios a las leyes del mercado y no vulnera las normas de la libre competencia.
“Que, así las cosas, esta concentración de avisaje en dos grandes cadenas periodísticas (cadenas El Mercurio y La Tercera o Copesa) -injustificada y parcial a juicio de la Revista Punto Final- sólo deriva de asignar el avisaje estatal sobre la base de criterios de mercado, como son el índice de lectoría de cada medio escrito y los destinarios a los que va dirigido el mensaje que se persigue comunicar”, dice el fallo.
Y agrega la sentencia que para establecer una discriminación positiva a favor de los medios ajenos a los dos consorcios periodísticos se debe dictar una ley especial que determine este mecanismo.
“Que acceder a las peticiones de este recurso conllevaría instalar a favor de algunos medios de prensa una discriminación positiva, la que corresponde ser declarada por una ley y la carencia de esa norma, no puede ser suplida mediante la utilización sesgada del avisaje estatal en pos de apoyar -aun reconociendo la legitimidad de esta pretensión- una mayor diversidad informativa”.
Consejo Metropolitano
Declaración del Colegio de Periodistas
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile impugna, en forma clara y firme, el reciente dictamen de la Corte Suprema que rechazó el recurso de reclamación presentado por la Revista Punto Final en contra de varios ministerios por la concentración del avisaje publicitario del Estado en las dos grandes cadenas periodísticas del país: El Mercurio y Copesa.
El fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal lesiona gravemente el derecho a la libertad de expresión y la libre competencia, en el ámbito editorial, vulnerando la Ley 19.733 sobre Libertad de Opinión e Información, el cual establece que “se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación”.
La decisión de los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Benito Mauriz, beneficia a los consorcios de El Mercurio y Copesa, que reciben el 77 por ciento del avisaje del gobierno central, y otorga, de esta manera, sustento legal a la discriminación de la cual son objeto los medios de información independientes en la distribución de la publicidad estatal.
Con ello, las dos corporaciones periodísticas, que controlan más del 90 por ciento de la prensa escrita nacional, continuarán imponiendo su propio discurso noticioso de manera hegemónica, lo cual impide el acceso de la ciudadanía a otras opiniones o fuentes de información.
Para garantizar la libre competencia y el pluralismo editorial en Chile, es importante asegurar un acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes del avisaje publicitario. Ello, está consagrado por la Constitución Política en el artículo 19º, Nos. 12, 21 y 22; el artículo 19° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Finalmente, frente al lamentable veredicto de la Corte Suprema, el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile declara su respaldo a la demanda interpuesta por la Revista Punto Final contra el Estado de Chile y se compromete a defender de manera inclaudicable la libertad de expresión y el derecho de los chilenos a una información sin los sesgos que le impone la industria informativa hegemónica.
Los testigos de "Punto Final"
El abogado Alberto Espinoza Pino, en representación de Punto Final, pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que oficie a los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, de Justicia, Carlos Maldonado, y de Planificación, Paula Quintana (todos del gobierno pasado), para que declaren en la demanda que PF entabló contra el Estado por la discriminación que afecta a la prensa independiente en la distribución de la publicidad estatal.
La demanda contra el Estado (ver PF 676) fue acogida a trámite el pasado 29 de julio por el tribunal encargado de velar porque se cumplan las normas de la libre competencia.
En el caso de los medios de prensa escritos -sostiene la demanda- no hay lugar a una libre competencia puesto que los consorcios El Mercurio y Copesa (La Tercera) reciben la mayor parte de los recursos que el Estado destina a publicidad, fuera de captar también todo el avisaje que proviene de la empresa privada. La publicidad es la principal fuente de ingresos de los medios de comunicación escritos y audiovisuales. El privilegio que favorece a El Mercurio y Copesa afecta seriamente a la libertad de expresión y al pluralismo informativo, ya que impide un mínimo equilibrio para competir en el mercado de lectores de diarios y revistas.
Importantes argumentos a ese respecto proporcionaron los testigos que Punto Final llamó a declarar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Las audiencias se efectuaron entre el 2 y el 5 de diciembre. En ellas declararon Faride Zerán Chelech, Premio Nacional de Periodismo, directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y ex directora de la revista Rocinante; Juan Pablo Cárdenas Squella, Premio Nacional de Periodismo, director de Radio Universidad de Chile y ex director de la revista Análisis; Abraham Santibáñez Martínez, presidente del Colegio de Periodistas de Chile, ex director del diario La Nación y de la desaparecida revista Hoy; Marco Enríquez-Ominami Gumucio, diputado y director de TV y cine, y Walter Krohne Toro, periodista y académico, autor del libro Las dos caras de la libertad de expresión en Chile y actual director del periódico electrónicoKrohneArchiv. También concurrió a declarar el periodista Marcelo Contreras Nieto, presidente del Observatorio de Medios Fucatel y ex director de la revista Cauce, también desaparecida. Sin embargo, su testimonio no pudo ser recogido por el Tribunal debido a que su nombre fue presentado fuera de plazo. No obstante, la demanda de PF acompaña la valiosa investigación que Fucatel realizó hace dos años sobre el avisaje estatal.
Testimonios reveladores
Faride Zerán declaró que su experiencia de trabajo en diarios y revistas independientes le permitía afirmar que el Estado actúa de manera arbitraria en la entrega del avisaje, privilegiando al duopolio El Mercurio y Copesa. “Eso atenta -dijo- no sólo contra la libertad de expresión, lo cual me afecta como periodista y ciudadana, sino contra la libre competencia”. Agregó que le parecía legítimo que El Mercurio y Copesa tengan avisos del Estado “pero me parece ilegítimo que el Estado sea para ellos su principal avisador, en desmedro de la circulación de otras ideas”. La periodista refirió al Tribunal los casos del diario La Epoca y de las revistas Análisis y Rocinante que tuvieron que cerrar “porque la publicidad de las empresas del Estado distorsionó el mercado del avisaje”.
Juan Pablo Cárdenas, por su parte, declaró que ha existido una “política de exterminio” de los medios independientes por parte de los gobiernos de la Concertación. Es el caso de la revista Análisis que él dirigió. Cárdenas recordó las reuniones efectuadas con los ministros Heraldo Muñoz y Francisco Vidal, durante el gobierno del presidente Lagos, en que ambos reconocieron que había una situación de injusticia en la distribución de la publicidad estatal y se comprometieron a cambiar esa política, lo que no ocurrió. Más adelante, Cárdenas expuso antecedentes sobre las propuestas que realiza Chile Compra, señalando que no le daban confianza. Asimismo hizo una relación de los medios que han desaparecido durante la transición democrática.
Abraham Santibáñez, presidente del Colegio de Periodistas de Chile, observó que de la simple revisión de los medios escritos se desprende que existe “una enorme discriminación” en lo que a publicidad se refiere. El Estado favorece claramente a El Mercurio y La Tercera en materia de diarios. La situación de La Nación, de la que Santibáñez fue director entre 1990 y 1994, es diferente. Existe un círculo vicioso, agregó el dirigente, porque ante una baja circulación no se ponen avisos y a una relativamente alta, sí se ponen. “Y esto tiene dos aspectos: la no existencia de un instituto verificador de circulación que demuestre efectivamente tales diferencias, y que no se ha implementado lo que dice la Ley de Prensa respecto de los estudios sobre pluralismo y diversidad -que deberían hacerse y que no se han hecho-, que permitirían ver el otro lado de la medalla: que hay medios discriminados negativamente”.
El diputado (hoy ex diputado) Marco Enríquez-Ominami dio a conocer aspectos del trabajo que cumplió la comisión especial investigadora del avisaje estatal de la Cámara de Diputados, que él presidió. La comisión trabajó más de un año y comprobó que se producen niveles de discrecionalidad y arbitrariedad en el gasto del Estado en publicidad. Asimismo, quedó de manifiesto que existe “un exceso de concentración en el avisaje en algunos medios y que ello podía afectar dos bienes jurídicos, la libertad de expresión y el acceso a la información”. Enríquez-Ominami señaló algunos ejemplos: una de las ramas de las FF.AA. derivaba casi el 80 por ciento de su publicidad a un solo medio. Otra rama destinaba casi el 50% a un solo medio. El parlamentario destacó que en la comisión quedó en claro que las autoridades del Estado asignan la publicidad sin contar con estudios de la efectividad de los medios favorecidos con el avisaje.
El periodista, académico y director del periódico electrónico KRADIARIO editado por KrohneArchiv, Walter Krohne, por su parte, señaló que los organismos y empresas del Estado no aplican ninguna regulación al destino de su gasto publicitario. “Cada uno tiene su propia reglamentación -añadió- y no necesariamente hay un padrón común para entregar el avisaje a los medios”. Observó que el problema tiene su origen “en las raíces mismas del sistema político y económico que se implantó en Chile en los años 70 y 80, y que continuó adelante en los años de la Concertación, desde 1990 en adelante. Este sistema hace que la estructura del Estado esté fundamentalmente bajo la supervigilancia permanente de una elite económica que maneja la economía y la política. Esa elite se interesa, además, en controlar otras dos esferas de la sociedad chilena, que son las comunicaciones y la educación.” Añadió Krohne que actualmente no hay en Chile prácticamente otra fuente de información que no sea la vía ideológica conservadora que representan los dos consorcios de la prensa. “El Estado tiene la obligación -añadió-, según dice la Constitución, de promover el pluralismo informativo, pero no lo hace y aduce que no lo hace porque es una cuestión de mercado y porque los gobiernos de la Concertación, desde un comienzo, dijeron que no tenían una política de comunicaciones”.
