El presidente Trump regresó a la Casa Blanca con la idea de desmontar el aparato del Estado que en su primera gestión no pudo concretar. Algunos advierten que se politizará el servicio civil, mientras el sector público será más ineficiente en perjuicio del ciudadano.
La discusión sobre el tamaño de la burocracia gubernamental y su eficiencia (o falta de ella) es casi tan vieja como el país. Y aunque en el pasado se hicieron esfuerzos para reducirla empleados federales bajo el Anexo F, que los convierte en puestos de nombramientos políticos y otros contratos de más fácil remoción. Básicamente, les quita la protección laboral con la que cuentan como miembros del servicio civil.
La propuesta surge de una orden
ejecutiva que Trump firmó poco después de retomar la presidencia como parte de
su esfuerzo por reducir la burocracia en varios departamentos y agencias bajo
el nuevo gobierno.
"Si estos empleados
gubernamentales se niegan a promover los intereses políticos del presidente o
incurren en conductas corruptas, ya no deberían tener trabajo. Esto es de
sentido común y permitirá que el gobierno federal finalmente se gestione como
un negocio", escribió el mandatario en sus redes sociales.
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Lo que al presidente le parece “sentido
común” para otros pone en peligro la institucionalidad y abre las puertas a un
manejo potencialmente corrupto de los empleos federales, independientemente de
quién esté en el poder, sea republicano o demócrata. Algo que pasaba siglo y
medio atrás.
Meritocracia
para una democracia funcional
Cuando a fines del siglo XIX EEUU se proyectaba como una potencia en crecimiento, el Congreso decidió que una democracia estable necesitaba de una burocracia ajena a los vaivenes electorales, que garantizara el funcionamiento del aparato del Estado, y en 1883 creó la Ley Pendleton, que limitaba la injerencia de los partidos políticos en las contrataciones. Fue el principio de la meritocracia y un servicio civil profesional.
En los años 30 del siglo XX, Franklin
Delano Roosevelt sextuplicó el número de empleados federales, en parte por la
creación de nuevas agencias creadas para administrar los programas del gobierno
y en parte para dar empleo a muchos de los que había quedado sin trabajo
durante la Gran Depresión.
La gestión liberal de Roosevelt buscaba
dotar a EEUU de un Estado de bienestar al estilo europeo, con la creación de
servicios sociales y el Seguro Social, y aunque no logró conformarlo del todo
generó la animadversión de muchos conservadores, que personificaron en esa
expansión del servicio público todo lo malo de lo que acusan al gobierno, es
decir, ineficiencia, corrupción e injerencia en la vida de los ciudadanos.
Ese es el mismo sentimiento que explota
Donald Trump en su cruzada contra el gobierno federal, que él ha descrito como
un “Estado profundo” integrado por funcionarios no elegidos por la ciudadanía
que son capaces de moderar y hasta alterar las políticas que él quiere llevar a
cabo desde la presidencia.
Ya en su primer gobierno Trump
arremetió contra el servicio público, pero en gran medida, por la acción de esa
burocracia, muchas de las cosas que quiso hacer no se pudieron implementar, en
parte, porque estaban fuera de la ley, los códigos y hasta las costumbres
políticas estadounidenses.
Las
consecuencias de la guerra contra el gobierno federal
No resulta extraño que en esta segunda
oportunidad en el poder, Trump haya querido empezar desmontando ese aparato que
le resulta obstruccionista con una velocidad y una saña que algunos califican
de crueldad porque no solo está dejando sin trabajo a decenas de miles de
personas, sino que está afectando a millones que dependen de los programas que
esos empleados administraban, dentro y fuera de EEUU.
Para ese desmontaje del aparato federal el presidente creó un “departamento” (en nombre pero no en rango) al que bautizó de “eficiencia gubernamental” o DOGE, por sus siglas en inglés, y puso en manos del multibillonario y contratista del Estado Elon Musk.
Con Musk al frente, DOGE ha sido acusado de
intervenir agencias de una manera que ha sido denunciada en cortes
como inconstitucional, usurpando funciones del Congreso. Tras unas semanas de
caos administrativo e informativo, la Casa Blanca “aclaró” que el trabajo del
hombre más rico del mundo es de asesoría y que las órdenes de reducción salen
de la Oficina de Manejo de Personal (aunque en muchos casos tampoco está dentro
de su alcance).
Sin embargo, es en la Oficina de Manejo
de Personal (OPM) en la que el “mapa” del proceso, el
Proyecto 2025 de Fundación Heritage, pone la responsabilidad del
desmantelamiento del gobierno.
Aunque Trump insistió en desconocer el
proyecto o a sus creadores (muchos de los cuales estuvieron en su primer
gobierno) y critico lo que calificó entonces de locuras, sus decisiones en la
Casa Blanca siguen los pasos de lo que se indica en el documento de 900
páginas.
"Supera
mis sueños más descabellados”
“De hecho, supera con creces mis sueños
más descabellados”, dijo en febrero en una entrevista con la publicación Politico el
arquitecto del proyecto, Paul Dans, y quien, en medio de la campaña electoral
de 2024, en la medida que el plan se convirtió en un lastre para la candidatura
de Trump, fue sacado de la Fundación Heritage y de la esfera del ‘trumpismo’.
Pero el proyecto solo pedía regresar
"al nivel presupuestario de la agencia de 2019, previo a la pandemia de
COVID-19" y reconocía que eso exigía "colaborar estrechamente con el
Congreso" para darle a "USAID mayor flexibilidad para gastar los
fondos asignados y lograr mejores resultados en materia de desarrollo".
Otras agencias han sufrido recortes
drásticos y hasta un departamento, el de Educación, está siendo desmontado o al
menos llevado a su mínima expresión posible, pese a que violan las leyes que
las crearon e incumplen con lo establecido en el presupuesto por el Congreso,
donde la mayoría republicana no ha puesto obstáculos a los planes
presidenciales.
Para los críticos del gobierno, el plan
no es tanto reducir el llamado "Estado profundo" o lograr eficiencias
en gastos, sino sentar las bases de una burocracia federal que esté plegada a
los deseos del presidente Trump, quien recuerda cómo muchas de las cosas que
quiso hacer en su primer mandato se vieron frustradas por la resistencia que
puso el servicio civil cuando consideraron que no eran medidas legales o
correctas.
Everett Kelley, presidente de la
Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, afirmó que se busca
socavar la eficacia del gobierno federal. "La acción del presidente Trump
de politizar el trabajo de decenas de miles de empleados federales de carrera
erosionará el sistema de contratación basado en el mérito del gobierno y
socavará la función pública profesional en la que confían los estadounidenses".
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