El gobierno de Donald Trump admitió esta semana que la deportación a El Salvador de Kilmar Armando Ábrego García, un padre de familia de Maryland, se debió a "un error administrativo" y alegó que no pueden traerlo de vuelta porque fue puesto ya bajo custodia de las autoridades del país centroamericano.
Ábrego
es además un ciudadano salvadoreño que
había recibido en 2019 un estatus de protección frente a la deportación,
que se suponía lo protejería de una expulsión a su país de origen.
“El
15 de marzo, aunque (Inmigración y Control de Aduanas – ICE) estaba al tanto de
su protección contra la deportación a El Salvador, Ábrego García fue deportado justamente a ese país de América Central debido a un error administrativo”, reconoció la administración en
un expediente judicial derivado de una demanda que solicita su retorno a EEUU.
Simon
Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego García, dijo a The Atlantic que
nunca había visto un caso en el que el gobierno haya deportado a sabiendas a
alguien que ya había recibido protección legal por parte de un juez de
inmigración, por lo que están pidiendo a la corte que ordene a la actual
administración solicitar el regreso del hombre, y, de ser necesario, que se retenga el pago al gobierno salvadoreño (unos
US$2.800) por sus polémicos servicios carcelarios hasta que el migrante
sea devuelto.
Por
su parte, los abogados del gobierno están pidiendo a la corte que desestime esa
solicitud por diversos motivos, entre ellos el hecho de que la administración
tendría "primacía" en asuntos exteriores, lo que estaría por encima
de los intereses de Ábrego García y su familia.
El hombre está casado actualmente con una ciudadana estadounidense y tienen un hijo discapacitado de cinco años, también ciudadano estadounidense. Según el abogado, Ábrego García no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. Su esposa lo identificó por una foto entre los detenidos trasladados al Cecot, la megacárcel salvadoreña.
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