La extorsión--presión ejercida sobre alguien con amenazas para obligarlo a actuar de determinada forma y obtener así dinero u otro beneficio--, sigue operando en Lima Metropolitana y diversas regiones del Perú, a pesar de la implementación del estado de emergencia, publicó este martes el diario El Comercio de Lima.
Las amenazas de muerte y los ataques a unidades de transporte continúan afectando a conductores de buses, combis y mototaxis. Por
ello, muchos han decidido dejar de trabajar por temor a ser asesinados por
sicarios. El Comercio se comunicó con transportistas para identificar cuáles
son las empresas de transporte, rutas y puntos de extorsión más utilizados por
los delincuentes en los últimos años.
El resultado del análisis fue alarmante: las redes
de extorsión controlan un total de 303 kilómetros de rutas de transporte
público urbano. Ese radio de operaciones ilícitas concentran las 7 rutas de
transporte más importantes y de mayor afluencia de pasajeros, es decir, las que
mayores ingresos generan para las empresas.
Los extorsionadores del transporte formal inician
su ataque contactando al gerente de la empresa, exigiéndole dinero con
amenazas. Si este se esconde o huye, dirigen la violencia hacia los choferes:
disparan contra estaciones y patios, o dejan cajas con balas como advertencia.
Para acercarse a los conductores, se hacen pasar por pasajeros o jaladores.
Además, los ‘dateros’ son reclutados a la fuerza para obtener información o
cobrar los cupos diarios. Así, el crimen organizado controla el transporte,
dejando a conductores y empresarios sin salida.
El sistema comisionista “afiliador” con el que
opera el transporte urbano limeño, sin choferes en planilla ni pagos digitales
registrados y casi en su totalidad con pagos en efectivo, se vuelve propicio
para el cobro de cupos. Expertos sostienen que, si el transporte tuviera un
sistema de recaudo electrónico donde los choferes y cobradores no estén
rodeados de dinero no registrado, “la extorsión sería mucho más sencilla de
investigar por las huellas que deja el sistema bancario”.
El último caso de extorsión ocurrió esta semana en
San Juan de Lurigancho, en el paradero 10 de Las Flores. Un extorsionador y
cobrador de cupos abordó una unidad de la empresa Etusa y disparó al chofer. En
el transporte se encontraba su hijo, quien forcejeó con el delincuente para
evitar que escapara. Sin embargo, transportistas contaron a El Comercio que,
cuando la policía llegó al lugar, en lugar de arrestar al extorsionador, solo
detuvieron al hijo.
Tan solo un mes antes, en febrero de 2025, ocurrió
otro episodio de violencia relacionado con el cobro de cupos. En Chorrillos, un
conductor de bus fue atacado a balazos mientras transportaba a un grupo de
pasajeros. El chofer, identificado como José Luis Mamani, de 45 años, recibió
dos disparos en la pierna, pero logró conducir el vehículo hasta un centro de
salud cercano para recibir atención médica. El ataque ocurrió en el cruce de
las avenidas Guardia Civil y Guardia Peruana. El bus, perteneciente a la
empresa de transportes Norteamérica, estaba lleno de pasajeros cuando un sujeto
armado interceptó el vehículo y disparó contra el chofer.
Fuera de la capital de Lima, en la región de Piura,
un bus de la empresa de transportes Nueva Alternativa, que cubre la ruta
Castilla-Veintiséis de Octubre, fue atacado con un explosivo a solo unas
cuadras de su paradero final, ubicado en el asentamiento Colinas. Según la
denuncia policial, un sujeto subió al vehículo como pasajero y, cuando se
encontraba a una cuadra de su destino, dejó un explosivo en uno de los asientos
y bajó. Segundos después, se escuchó la violenta detonación que alertó al
chofer.
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