ENSAYO POLÍTICO
COMENZANDO EL
2016
.
Por Manuel Acuña Asenjo
.
Ya se han apagado los fuegos de artificio y los jolgorios con que las
municipalidades chilenas entretienen a la comunidad año a año para hacerle
olvidar sus reales problemas de subsistencia y subordinación; se han apagado,
igualmente, los ecos de la Navidad y el frenesí de las compras. Podría pensarse
que se inicia, en esta parte del continente americano, un período de descanso y
tranquilidad. Pero no es así; a la locura de las fiestas de fin de año sucede
la temporada estival, el período en que los medios de comunicación, constantes
formadores de opinión, recuerdan al incauto la necesidad de escapar de los
calores veraniegos no tanto porque sean insoportables, sino ‘porque todo el
mundo’ arranca hacia otros lugares.
.
Se dará, así la paradoja que concita la
admiración de quienes no aciertan a explicarse por qué unos quieren abandonar
su ciudad, en tanto quienes viven en otras están esperando poder arribar a aquella, abriéndose de esa manera una época de frenético intercambio de
poblaciones humanas. El sistema capitalista se fortalece en ese tránsito que
sucede a la agitación de fines de año.
.
La apertura de un año no es, sin embargo, solamente aquello. En el mundo de la escena política, hay voluntades que se
conciertan para producir determinados efectos y preparar perversidades al
amparo de las sombras. La política es el campo de la lucha de clases; más bien,
de la lucha de las clases y fracciones de clase dominantes por imponer su
hegemonía sobre las demás, hegemonía que ha de disputarse constantemente;
especialmente en el año que recién comienza.
Porque 2016 no es un año cualquiera. Se inicia con él un nuevo período
de elecciones que ha de sustituir al frenesí veraniego, un período que la
escena política debe necesariamente enfrentar para reproducir la dominación de
clase establecida sobre la ciudadanía. En este año se convocará, una vez más, a
la población, a concurrir a las urnas para elegir los alcaldes y concejales que
han de gobernar en las comunas respectivas; el próximo (2017) se convocará a la
misma ciudadanía para elegir a quienes han de representarlos en el Parlamento y
en la presidencia de la república.
El período eleccionario, sin embargo, no parece ser motivo de
preocupación para una ciudadanía que nada quiere saber de tantos escándalos y
corrupción; sí lo es para los llamados ‘actores’ políticos, cuya misión es
continuar siendo tales. Por eso deben actuar, preparar el campo donde van a
operar para reproducirse una vez más. Lo que implica que un grupo no
despreciable de personas se encuentra, desde ya, elaborando planes, estrategias
y tácticas para enfrentar la sucesión de escenarios que ha de presentar el año que
recién se inicia. Y, debemos suponerlo con mayor razón, la que se avecina para
2017.
.
Pero, ¿qué puede hacer una escena política que ha luchado, porfiadamente,
desde el advenimiento de la democracia post dictatorial, en desprestigiarse a
sí misma, en justificar con creces el profundo desprecio que Pinochet sentía
por quienes denominaba ‘señores políticos’? ¿Qué puede hacer una escena
política que se ha mostrado incapaz de elevarse por encima de sus mezquinas
apetencias personales para convencer a un electorado cada vez más reticente a
la participación ciudadana?
.
Reconozcamos aquí que puede hacer muchas cosas. En primer lugar, persistir
en lo que se es y continuar siéndolo, lo que implicaría seguir el ejemplo de
algunos países en donde las minorías políticas se imponen por sobre las
mayorías sociales y las dirigen a su entero antojo. Veamos si esta situación es
posible en Chile.
Grado de apoyo que tienen las colectividades
.
En nuestro país, el grado de apoyo que tienen las colectividades que se
disputan el mando de la nación no supera, en conjunto, el 23% de la población,
según las últimas encuestas (un 13% por ciento para el sector denominado ‘Nueva
Mayoría’ y un 10% al que ha dado en llamarse ‘Chile Vamos’). En este caso, de mantenerse tales cifras y de
ganar las elecciones con una baja participación ciudadana, ese 23% vinculado a
los partidos políticos del país controlaría la ‘veleidad’ del 77% restante de
la población nacional, situación que se ha dado en otras latitudes y que, en
realidad, no afecta mayormente la marcha del sistema. Pero en una nación como
Chile, de larga tradición democrática, la falta de legitimidad estaría
amenazando constantemente a los gobernantes como una espada de Damocles sobre
sus cabezas.
.
Esta situación es conocida por los actores políticos. Ha sido, por consiguiente,
convenientemente estudiada por sus analistas. Todos son plenamente
conscientes que es necesario dar un golpe de timón y aumentar la participación
ciudadana en las justas electorales a fin de legitimar a los gobernantes. Y
aquí viene el problema. ¿Por qué los actores políticos suponen que necesitan
limpiar solamente los hechos (y no las personas) que han desprestigiado a la
escena política de la nación?. De si tal conclusión es o no una vía acertada
para obtener el cometido, dependerá de lo que sucederá dentro de la escena
política nacional en los meses venideros.
Problemas morales al margen de la política
.
Limpiar los hechos y no las personas implica convencer a la ciudadanía
que los problemas morales o éticos se encuentran al margen de la política y que
sólo la comisión de delitos es censurable aún cuando, luego de establecidos,
muchos de ellos queden únicamente registrados como tales pero no impliquen la
aplicación de sanción penal alguna para quienes los cometieron.
.
Con respecto a la presidencia, el blindaje a quien detenta esa calidad
ha de hacerse en armonía a las disposiciones autoritarias de la constitución
pinochetista de acuerdo con la cual dicho alto cargo constituye el eje central
sobre el cual se levanta la vertical estructura de la sociedad. Cualquier daño
a su imagen implicaría un daño irreparable a todo el andamiaje institucional por
lo que es necesario cuidar y proteger
aquella de toda posible agresión. El espíritu pinochetista reina y
domina en ese campo. El gobernante no puede ser, por consiguiente, objeto de
ataque alguno. Y es que la doctrina dictatorial resume con extrema fidelidad el
rol de un presidente o primer ministro como genuino representante de la unidad
política del Estado/nación.
.
En este orden de cosas, el proceso seguido ante la Fiscalía de Rancagua
por el denominado ‘Caso Caval’ no debería tocar a la presidenta ni a su hijo,
aún cuando este último aparece directamente involucrado en los hechos investigados,
sino tan sólo a su cónyuge quien deberá representar el rol de la ‘mala’ de la
película, como ya está sucediendo. Pero como el abogado querellante quiere, de
todas maneras, involucrar al hijo de la presidenta, es posible que logre su
cometido; si así sucediera el daño se produciría no por voluntad de la
estructura estatal misma ni por un acto propio de la institucionalidad sino por
la gestión de un sujeto particular interesado en alcanzar determinada
finalidad.
.
En los otros aspectos relacionados con la protección del andamiaje
institucional, pareciera que esa labor ha comenzado a realizarse con ciertos
nombramientos ocurridos en los últimos meses de 2015 que no pueden ser
considerados como un simple ‘tira y afloja’ dentro del juego político sino como
un aspecto relevante de la lucha de clases entre las diversas fracciones de los
sectores dominantes, la verdadera preparación de un campo de juego sobre el
cual se va a realizar la acción política de dominación durante los dos años que
restan a la actual administración. Nos referimos a los nombramientos del Fiscal
Nacional, del Director del Servicio de Impuestos Internos SII y del Jefe del
Departamento Jurídico de ese servicio.
.
Para la generalidad de los habitantes del país, cada una de esas
personalidades representa la garantía de imparcialidad de un Estado neutro,
ajeno a la lucha de intereses de quienes se desenvuelven en las esferas del
poder. Craso error. No existen Estados neutros sino todos ellos constituyen la
más genuina expresión de clase. Las estructuras estatales jamás son
imparciales, sino corresponden a un aspecto de la institucionalidad, a agentes
de un sistema que no tiene vocación suicida sino tiende a perpetuarse y a
permanecer.
.
No por algo ha expresado, a propósito del nombramiento del Fiscal
Nacional, Milton Juica, ex presidente de la Corte Suprema, hace dos meses que: "no es un cargo tan técnico, es un cargo
político, como son también los cargos de Ministro de la Corte Suprema, para qué
estamos con cosas. Son todos profesionales, la ventaja es que la Corte Suprema
propone una lista de personas que tienen todos la posibilidad de cumplir
adecuadamente su cargo. Ya la arista política la ponen los políticos, desde el
punto de vista de las percepciones que tienen de la gente, y se pueden llevar
una gran equivocación en esa parte, porque una persona una vez que es elegida
pierde toda vinculación y actúa con total autonomía.
.
Los cargos que se
proponen son, en consecuencia, políticos, aunque existe la posibilidad que la
persona elegida pueda actuar con plena autonomía; pero eso sucede tan sólo
excepcionalmente. La dependencia del
elegido respecto de quienes han colaborado en su elección es generalmente
manifiesta; con mayor razón existe dependencia con el espíritu de la
institucionalidad: jamás va a ser propuesto para desempeñar un cargo de esa
naturaleza una persona que no dé a quienes lo eligen garantías de someterse a
la institucionalidad vigente, que es precisamente la que muchos desearían
cambiar.
.
Castigar a quienes corresponda hacerlo
Y eso podría explicar que
la actitud de un Fiscal Nacional jamás podrá ser extrema frente al manifiesto
quiebre ético de la institucionalidad política de la nación. El Fiscal Nacional
no ha sido elegido para sancionar a todos
los que incurran en prácticas delictuales sino a quienes corresponda hacerlo.
No olvidemos a Ulpiano: ’justicia es dar a cada cual lo que le corresponde’; a
los dominantes les corresponde seguir dominando y a los dominados perseverar
en tal calidad.
.
En Chile, la solución ya
parece estar de la mano de la ‘justicia’, porque una de las primeras medidas
adoptadas por el flamante nuevo Fiscal ha sido ofrecer ‘juicios abreviados’ a
una serie de imputados. La
primera sentencia en materia de financiamiento irregular de la política ha sido
dictada en el proceso seguido en contra de Jovino Novoa, uno de los más conspicuos dirigentes de la UDI.
El ex funcionario de la dictadura fue condenado a la pena de tres años y un día
de cárcel dentro del proceso seguido en contra de la empresa Penta, pena que le
fue remitida. Según el periódico ‘La Tercera’, la resolución de la Fiscalía
marcó un precedente para los demás procesos,
pues se hizo a través de un juicio abreviado que beneficiaba al procesado con
condenas inferiores para el caso de colaborar con la justicia.
.
Esa no es una afirmación
antojadiza; forma parte de las discusiones internas dentro del propio
Ministerio Público. Y dentro del ámbito jurídico pues, como lo señala Pedro
Orthusteguy, abogado de ‘Ciudadano Inteligente’: “Efectivamente la vara que ha dejado el Ministerio
Público es bastante baja en el sentido que todos los imputados van a exigir el
mismo trato por parte del Ministerio Público en casos similares, no solamente
referidos al tema Penta, sino a todos los imputados que tengan delitos tributarios.
Hace dos semanas tuvimos un caso en Antofagasta donde, en un caso tributario
mucho más sencillo, al imputado se le aplicó una pena de 3 años y 1 día y 540
días. Y era un caso exactamente del mismo tipo penal, también de carácter
reiterado, pero se aplicó una pena mucho más severa. Por lo tanto, el criterio
que estableció la Fiscalía significa que todos los delitos tributarios de ahora
para adelante van a poder ser sancionados solamente hasta 3 años de presidio
menor en su grado medio y se le va a tener que reconocer a todos la atenuante
de reparación celosa si pagan los impuestos, de colaboración sustancial si
aceptan el procedimiento abreviado”.
.
Por consiguiente, no debe
sorprender que, en los demás casos, esté la Fiscalía solicitando "a los persecutores que están a cargo de los casos
Penta, SQM y Corpesca proyectar parámetros para revisar los cierres y posibles
salidas alternativas para cada imputado”.
Caso de Jovino Novoa
.
El caso de Jovino Novoa
es aún más emblemático pues el Tribunal Supremo de la UDI determinó no
sancionarlo con la expulsión de sus filas, aduciendo que no se enriqueció con
ese procedimiento. El fundamento fue expresado de la siguiente manera: “En
aquellos casos en que no haya existido ni se haya perseguido enriquecimiento
personal y sin perjuicio de las responsabilidades legales individuales, este
Tribunal Supremo entiende que no le cabe formular reproches a sus dirigentes o
militantes que, para financiar la actividad política, se limitaron a actuar de
esa forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida y aceptada por
todos los sectores”.
.
Como todas las demás organizaciones, personas e
instancias, la UDI ha dejado a un lado, definitivamente, los principios éticos
sustituyéndolos por principios jurídicos: no importan las trasgresiones morales
sino únicamente las delictuales; éstas, sólo para el caso que hayan sido
sancionadas previamente por los tribunales. Y en este último caso, el partido
se reserva el derecho de hacer una calificación especial del caso. La
corrupción es sostenida por la propia instancia partidaria.
.
Es posible que, de realizarse juicios abreviados a los
demás miembros de la escena política nacional, el procedimiento que empleen los
partidos políticos sea el mismo utilizado por la UDI pues la generalidad de
todos ellos no ha querido sancionar a su militancia.
.
El camino de la Fiscalía no es diferente al que ha
comenzado a emplear el Servicio de Impuestos Internos. Los juicios iniciados en
contra de SQM, Corpesca y Penta siguen su curso normal y se resolverán de
acuerdo a la solución de la Fiscalía con juicios abreviados. Pero aquellos que
estaban en carpeta en contra de COPEC, Forestal Arauco, Ripley, BCI, Alsacia,
Aguas Andinas, CorpBanca, Metalpar, Cencosud, Pesquera El Golfo, Newport, Inversiones Caburga,
Endesa y el
Grupo Angelini serán archivados.
Así, pues, Fernando Barraza, el nuevo Director de
Impuestos Internos solamente ha llegado a cumplir con el rol que le corresponde
a toda autoridad dentro de un sistema: proteger la continuidad del mismo.
Estando amenazada la persistencia del sistema por los escándalos de las clases
dominantes, el rol de la nueva autoridad es limpiar los hechos que involucran a
actores de la escena política y dejarlos libres de cargos. De esa manera,
dejará así contentos a los personeros de Gobierno y oposición congelando las
demandas y buscando soluciones de carácter administrativo.
En este
mismo sentido está ya actuando Bernardo Lara, Jefe del Departamento Jurídico
del SII y que reemplazara a Cristián Vargas luego de la salida del anterior
Director de ese servicio Michel Jorrat; Lara fue militante del MAPU y amigo
personal de Alejandro Bahamodes (ex vicepresidente del PPD y ex embajador de
Paraguay). Por tanto querellas, en principio, no habrán. Entonces, delitos
tributarios similares a aquellos que sirvieron a la justicia norteamericana
para encarcelar a la mafia encabezada por Al Capone y otros, no mantendrán esa
eficacia en el Chile post dictatorial: los actores políticos (sin distinción de
tiendas) se encargarán que así suceda. Así, las mafias de toda índole podrán seguir
operando limpiamente en esta nación amparadas por las instituciones.
El combate de la corrupción
“La lucha
contra la corrupción no es la corrupción en los del frente y no en los del lado
de uno mismo, o sea, para enfrentar el tema de la corrupción hay que
abarcarlo en su conjunto y no puede haber en esto ningún tipo de vacilación y
menos de mirada suave hacia los que son más cercanos y más dura a los que son
más lejanos", sentenció el ex senador socialista Camilo Escalona, pero ésta no parece ser más
que una simple postura electorera suya al igual que la mostrada por Manuel José
Ossandón , senador de RN: “Mire las
encuestas. Caballo pillado, es caballo ganado. No me preocupa. El tema de
Piñera, Frei y la Presidenta, cada uno lo tiene que enfrentar y van a tener que
enfrentar en algún minuto a Chile y dar explicaciones. Si realmente no tienen
nada que ver, la prueba de la blancura será si ellos se querellan o no contra
las personas que los metieron en el forro; porque si no hay querellas, es
porque sabían"
¿Lucha de clases? Por supuesto que sí la hay. Y es
implacable. Los sectores dominantes, encabezados por sus representaciones
políticas natural (‘Chile Vamos’) y espuria
(‘Nueva Mayoría’) se preparan para enfrentar a sus enemigos proverbiales que
organizaciones sociales. Lo harán en el plano de la escena política en donde
son fuertes e intentarán llevar a ese campo a sus adversarios. Y es posible que
tengan éxito. Los actores políticos de ninguna manera van ceder su lugar a los
sociales.
Así, pues, es casi seguro que no van a presentarse
nuevas acusaciones en contra de personas involucradas en escándalos de
corrupción; las que existen serán tramitadas por los tribunales, pero ninguno
de los acusados irá a la cárcel e, incluso, podrán seguir optando a ejercer
cargos políticos pues en el Parlamento se encuentra en discusión precisamente
un proyecto que permite esta oscura maniobra.
El propio proyecto de Ley sobre Probidad y
Transparencia contiene una cláusula que muestra inequívocamente el interés que
mueve a la representación política de las clases y fracciones de clase
dominante
¿No hacen pensar los hechos anotados que el
tiempo de gran parte de los actores políticos parece haber llegado a su fin y
que se hace más que necesario inaugurar el de los actores sociales? Tal vez los
comienzos de 2016 sean un buen augurio para lo que reserva el futuro de esta
nación.
