ESCÁNDALO PENTA
EL INTENTO DE COMPRA DE UN DEPARTAMENTO A BAJO PRECIO FUE LA HEBRA QUE CONDUJO AL FISCAL HASTA EL EVENTUAL FINANCIAMIENTO IRREGULAR DE CAMPAÑAS POLÍTICAS
El escándalo Grupo Penta, consorcio que administra activos por 34.000 millones de dólares, quedó al descubierto con la compra de un departamento a una inmobiliaria vinculada al grupo a un precio, aparentemente, inferior al del mercado. La diligencia de compra la hacía el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos
(SII) Iván Álvarez, quien ha sido formalizado en el caso y en prisión preventiva.
.
Según La Tercera la indagatoria en torno al departamento dejó al descubierto otro hecho distinto pero de mayor gravedad como es un eventual financiamiento irregular de
campañas políticas. Esto, gracias a la colaboración del ex gerente del holding
Hugo Bravo y los datos disponibles de su computador.
Según La Tercera, el hecho facilitó la apertura de un
segundo cuaderno de investigación -de carácter reservado- en el denominado caso
fraude al FUT y que ha derivado en la arista de financiamiento político.
De este modo, el fiscal Carlos Gajardo, de la Unidad de Alta
Complejidad de la Fiscalía Oriente, podrá extender la investigación de la
denominada “hebra política” del caso “fraude al FUT” a los aportes de dinero
entregados a las campañas presidenciales y parlamentarias del año 2009.
El persecutor podrá detectar no sólo eventuales anomalías en
los aportes de campaña de la última elección parlamentaria y presidencial (incluida
la primaria), sino además tendrá la oportunidad de ampliar la indagación cinco
años hacia atrás.
Es decir, no sólo revisará los aportes de Penta en los
pasados comicios, sino que también podrá examinar las elecciones donde compitió
y ganó el ex Presidente Sebastián Piñera, en 2009, ante Eduardo Frei, así como
también las elecciones por llegar al Congreso de ese año, consignó el matutino.
La investigación
Una de las empresas investigadas ahora es Santa Serella de propiedad del ex director de varias compañías del holding, Hugo Bravo (izquierda).
Mientras hace once años los efectos salpicaron a la
Concertación, con la orden de detención en contra del ex ministro secretario
general de la Presidencia, Álvaro García, quien al momento de estallar el
escándalo era director del grupo encabezado por Eduardo Monasterio, además del
fraude de más de US$ 100 millones a Corfo (dando origen a la teoría del robo
del “jarrón” del ex presidente Ricardo Lagos) y a una acusación constitucional
en contra del entonces titular de Economía, Jorge Rodríguez Grossi (por su
responsabilidad política sobre Corfo), ahora el foco está puesto sobre varios
parlamentarios pertenecientes a la Alianza, además de casos puntuales de
partidos de gobierno e independientes, comentó el Diario Financiero.
Y mientras esa arista está recién comenzando a tomar forma,
la realidad que se vive en el proceso penal está más avanzada.
A
pesar de que el día a día
de las compañías del grupo Penta se ha
mantenido prácticamente inalterado, la
realidad es que en el piso 15 del edificio corporativo del holding, donde se
encuentran las oficinas de las mandamases de Carlos Alberto Délano
y Carlos Eugenio Lavín, sí ha habido cambios.
.
El primero, que la oficina de Hugo Bravo, ex ejecutivo de confianza de
ambos empresarios se encuentra vacía. Además, según señalan fuentes del
holding, existe incertidumbre respecto a si Bravo ha intentado incriminar a más
personas en la investigación que lleva el fiscal Carlos Gajardo, en un intento
por lograr una rebaja en la pena por su rol en el caso FUT, del cual estaría
confeso, en el que se habría coludido con funcionarios del SII para
enriquecerse ilícitamente a través de las declaraciones de impuesto de sus
sociedades personales, agregó el Diario Financiero.
.
Por otro lado, al ser la investigación -que se encuentra
radicada en la Fiscalía Oriente- de carácter secreto, ninguna de las partes ha
podido tener acceso a los antecedentes aportados por la contraparte.
Las razones por las que se ha mantenido así es porque el
cohecho es uno de los delitos base de lavado de activos, figura que las
investigaciones sean de este tipo.
Los antecedentes de Bravo
Según señalan fuentes conocedoras de la causa, efectivamente
habrían varios nombres de políticos involucrados en la entrega de boletas que
no corresponden a una prestación de servicios efectiva, lo que, agregan sería
una práctica habitual en algunos círculos, ya que las cifras que el Servicio
Electoral (Servel) autoriza son considerablemente inferiores a las que se
requerirían para llevar a cabo una campaña “efectiva”.
.
Además, señalan que antes de que fuera despedido de Empresas
Penta, Bravo habría copiado años de correos electrónicos tanto de Carlos
Eugenio Lavín como de Carlos Alberto Délano, los que comprenderían información
valiosa en la investigación.
.
Por otro lado, ejecutivos del holding afirman que, aunque el
servidor de las compañías guarda mails de hasta un año de antigüedad, los
ejercicios anteriores estarían respaldados en otros equipos, y que no habría
ningún antecedente que involucrara a ambos empresarios.
Una de las interrogantes que ha abierto este caso es por qué
el uso indebido de boletas de honorarios está siendo considerado dentro del
área penal, siendo que en prácticamente todos los casos similares a éste el SII
los considera como gastos rechazados. De haber sido así, lo que correspondería
sería el pago de una multa, ya que las boletas emitidas por las cónyuges de
Délano y Lavín no estarían relacionadas a la prestación efectiva de un
servicio.
Sin embargo, el organismo decidió interponer una denuncia,
lo que marcó un hito en el tratamiento de este tipo de delitos.
La razón está en el artículo 175 del Código Procesal Penal,
que señala que "estarán obligados a denunciar los fiscales y los demás
empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de
sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta
ministerial de sus subalternos".
La denuncia del SII pide que a los empresarios se les
investigue como presuntos autores de delito tributario por el uso indebido de
boletas de sus señoras para disminuir impuestos.
Esto habría sucedido desde al menos 2009, todos los meses,
con un perjuicio fiscal de $400 millones.
Al tribunal
El fiscal Carlos Gajardo informó este martes que
“en el marco del también llamado caso FUT, según lo dispuesto en el artículo 162 del
código tributario, se han remitido antecedentes que pudieran constituir delitos
tributarios al SII”.
Al tribunal
El fiscal Carlos Gajardo informó este martes que
“en el marco del también llamado caso FUT, según lo dispuesto en el artículo 162 del
código tributario, se han remitido antecedentes que pudieran constituir delitos
tributarios al SII”.
“Para continuar adelante con las pesquisas es necesario que
exista una denuncia de estos hechos por parte del SII, lo que es una facultad
exclusiva de dicho órgano”, precisó.
El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente
también aclaró que los antecedentes que se han remitido por la fiscalía al
Servicio de Impuestos Internos “dicen relación básicamente con hechos ocurridos
durante el año 2013″.
Gajardo recalcó que “nuestra tarea es realizar una
investigación basada en el principio de objetividad, respetando la presunción
de inocencia. Cabe precisar que es una investigación de carácter reservado y
actuaremos con prudencia y firmeza para el esclarecimiento de los hechos. En el
caso de existir denuncia, y si procediere, los antecedentes serán puestos en
conocimiento de los tribunales de justicia”.
Gajardo también señaló que el hecho de “que se ventilen
públicamente antecedentes de una causa en ningún caso beneficia el éxito de la
investigación”.
El Fiscal se
refirió también a los avances de la investigación
de los aportes reservados a campañas políticas.
“La investigación que se realice por parte de la Fiscalía va
a ser siempre resguardando los principios de objetividad y respetando la
presunción de inocencia de los involucrados. Nos parece que la revelación de
algunos de los antecedentes de manera pública no benefician al éxito de una
posible investigación”.
Además indicó que “hay hallazgos en una investigación de la
Fiscalía de conductas que podrían ser constitutivas de delito. Cumpliendo
nuestra obligación legal, estos hallazgos los hemos comunicado al Servicio de
Impuestos Internos”.
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