KRADIARIO

CRIMINALIDAD


La apuesta de Bachelet en delincuencia 

Con el Plan Nacional de Seguridad Pública el Gobierno pretende disminuir el 10% de los asaltos y los robos en cuatro años 

Tiene una estrategia focalizada en el barrio o la comuna y recursos asignados por US$ 1.200 millones

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Incluye 17 proyectos para adecuar las leyes de Inteligencia, Antiterrorismo, Control de Armas y Drogas Ilícitas, Violencia en Estadios y el Código Penal, entre otras. La novedad es que crea una institucionalidad para la Prevención de la Violencia y el Delito que involucra todos los ministerios y reparticiones del Estado.

Por Hernán Ávalos Narváez (*)

Atenuado el temor ciudadano que produjo el atentado explosivo en la galería comercial contigua a la estación Escuela Militar del Metro y apagados los ecos de la conmemoración del 11 de Septiembre del 73, como también, recuperados de la sorpresa que causó el millonario robo con intimidación de $6.000 millones en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, sólo nos queda esperar el “largo brazo de la justicia” y que la administración Bachelet tenga los resultados esperados en el control de la delincuencia en el país.

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El Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito para el período 2014-2018 fue informado a la Nación por la propia Mandataria el 19 de agosto último. Está dotado de recursos por US$ 1.200 millones y de una estrategia focalizada en las realidades locales de los barrios o las comunas. Incluye las variables de la represión y la prevención de los delitos, como la rehabilitación conductual y la reinserción social de los convictos, y un conjunto de 17 proyectos para actualizar los decretos, las leyes, y los códigos respectivos sobre materias relacionadas.

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En la ejecución del Plan las autoridades de Gobierno están suscribiendo convenios con las municipalidades, para adjudicar los fondos a las 74 comunas que concentran el 82% de las denuncias por delitos de alta connotación social y el 72% de la población del país. Es decir, las zonas urbanas más populosas. Tiene una oferta integral, entre la cual podrán elegir, aplicar y evaluar, anualmente, los propios Comités de Seguridad Comunal, según las diversas complejidades de su realidad delictual. Y dispondrá de 6.000 nuevos carabineros y 2.000 nuevos oficiales de la PDI hacia finales del año 2018.

En consecuencia, el Plan Comunal de Seguridad surge como la “viga maestra” en este apoyo y orientación ofrecido por el Gobierno Central a las Corporaciones Municipales, para encarar la delincuencia común y las organizaciones criminales, no cómo una fórmula única impuesta desde arriba por tecnócratas de turno, sino como una propuesta fundamentada, para que sean las comunidades organizadas, con sus dirigentes, autoridades, policías y fiscales, las que en definitiva aprueben el desarrollo de tácticas diversas, moldeables y originales, para combatir la delincuencia, contribuir a elevar los niveles de seguridad en su localidad y recuperar los espacios públicos.

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Este modelo de trabajo tiene el propósito de favorecer la coordinación entre el Ministerio Público, encargado de llevar adelante las acciones penales, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y sus entidades operativas por excelencia como son Carabineros como policía visible, a cargo de la prevención y el orden público, y la PDI como policía civil, eminentemente investigativa de delitos, con responsabilidad en el control de entrada y salida de personas del país.

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Diagnóstico y fundamento

Para realizar el diagnóstico de la realidad delictual del país fue considerada la 10.a Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), realizada en 2013 por el INE con la colaboración del Ministerio del Interior, la cual reveló que el 24,8% de los encuestados, o algún miembro de su hogar, fueron víctimas de algún delito en el último año. Y que respecto de aquellos victimizados, sólo el 43,9% presentó la denuncia respectiva a Carabineros, PDI o fiscalías del Ministerio Público, con el propósito de generar una investigación para recuperar especies robadas y/o castigar a los responsables del ilícito cometido. Las regiones de Tarapacá y Metropolitana aparecen como las más amagadas, con leves tendencias a la baja en las cifras de delitos.

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También fue considerada la percepción (subjetiva) de temor ciudadano, donde en la misma ENUSC el 71% de los encuestados opinó que la delincuencia aumentó en el último año y el 47,7% declaró que se siente inseguro caminando por su barrio. Esta última “sensación personal” resultó aproximada al 53% de las personas consultadas en 2007, las cuales declararon su insatisfacción, respecto a la seguridad en su barrio, en la 1.a Encuesta Nacional Urbana realizada por el INE en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

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La última medición de Adimark difundida en agosto último, mantiene entre las mayores preocupaciones de los chilenos la salud, la delincuencia, la educación y los sueldos, en ese orden.

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Otros estudios que alientan un moderado optimismo sobre el futuro de la seguridad ciudadana son la baja tasa de homicidios en el país, esto es tres homicidios cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de Latinoamérica y la tendencia a la disminución en el consumo general de drogas ilícitas. Esto último fue, también, determinante para que la Intendencia Metropolitana autorizara el cultivo experimental de marihuana con fines medicinales, en un terreno específico de la comuna de La Florida, sometido a fiscalización permanente de la autoridad sanitaria.

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Al hacer el diagnóstico y teniendo a la vista estas encuestas para elaborar el Plan Nacional de Seguridad y Prevención del Delito, los profesionales del Ministerio del Interior detectaron 100 barrios críticos amagados por la delincuencia y la drogadicción en el país, programando 80 procedimientos focalizados o intervenciones sociales, acompañadas de pesquisas dirigidas a la desarticulación de bandas criminales dedicadas al robo y reducción de especies, como al tráfico de drogas y armas ilegales. En este contexto, cobra importancia el Plan Microtráfico Cero bajo responsabilidad de los equipos especializados de la PDI.

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Otros planes que incluye la propuesta de Bachelet son el Plan Juntos Más Seguros, diseñado para 25 barrios prioritarios, centros cívicos y cascos históricos de las ciudades de Santiago, Concepción y Antofagasta, entre otras, y el fortalecimiento del Programa 24 Horas, destinado a favorecer la reinserción social de menores de edad Infractores de ley, en aplicación con éxito desde hace algunos años, y el mantenimiento del Plan Frontera Norte, destinado a fiscalizar el ingreso de personas y mercaderías de los países fronterizos productores de cocaína como Perú y Bolivia.

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Otras iniciativas contempladas en este Plan Nacional son la creación del Servicio Nacional de Reinserción en el Medio Libre, explicable por la tasa de 305 reclusos cada 100 mil habitantes, la tercera en Latinoamérica después de Brasil y Colombia, con énfasis en la atención de mujeres y adolescentes, y la creación del Servicio Nacional de Apoyo a las Víctimas de Delitos Violentos, mediante el establecimiento y administración de residencias adecuadas y protegidas en cada región del país, para acoger a las personas necesitadas de amparo.

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En cuanto a las reformas legales previstas y financiadas por el Plan, están aquellas sobre la Ley de Inteligencia para compartir información y coordinar acciones entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado; las modificaciones a la Ley Antiterroristas para transformarla en instrumento eficaz en la administración de justicia; los cambios a la Ley de Control de Armas y Explosivos para perseguir con eficacia la tenencia de armas y explosivos ilegales; las mejoras a la Ley de Control de Drogas y Estupefacientes para liberalizar el uso terapéutico de la marihuana; las reformas a la Ley de Violencia en los Estadios para hacerla efectiva y las adecuaciones al Código Penal, con el objeto de estandarizar las penas por delitos y adaptar sus formas de cumplimiento eficaz.

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Pero el proyecto de ley más novedoso de este Plan Nacional será enviado por el Ejecutivo a discusión parlamentaria antes de fin de año y estará destinado a la Prevención de la Violencia y el Delito. En su ejecución se propone coordinar en la acción a los distintos ministerios, servicios y reparticiones del Estado, de modo de incorporar de manera transversal la variable de prevención de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, anticipándose a la comisión de  faltas o delitos, para hacer un contrapeso efectivo con el sistema reactivo que ejercen las fiscalías del Ministerio Público y los tribunales de justicia, en la persecución penal después que han sido perpetrados los ilícitos.

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El último acápite de la propuesta de la administración Bachelet para proteger con eficacia a las personas y resguardar sus bienes, contempla los convenios que serán suscritos entre Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Municipalidades y las comisarías de Carabineros, para evaluar la gestión, en relación con los requerimientos locales de prevención delictual. En este mismo contexto está el antiguo Plan Cuadrante de Carabineros, el cual está sometido a revisiones periódicas, con el objeto de asignar los recursos humanos y materiales disponibles, según las necesidades de la población en los distintos barrios.

(*) Periodista de la Universidad de Chile