La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar en forma unánime la prisión preventiva otorgada como medida cautelar a los dos últimos imputados que permanecían en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, por el denominado caso Bombas de Ruido.
Con la resolución, no quedan acusados en prisión preventiva en el caso que pretende encontrar responsables por una serie de ataques con artefactos explosivos ocurridos en la capital entre los años 2006 y 2010.
Francisco Solar y Felipe Guerra quedaron con arresto domiciliario debido a que no representan un peligro para la sociedad y que se cumplen los requisitos para que continúe la investigación.
Con este desarrollo en que han abandonado el recinto penal unos quince imputados, “las pruebas sólidas” que dijo tener la Fiscalía a mediados del año pasado al comenzar la investigación, cuando esta estaba dirigida por el ex fiscal Alejandro Peña, han quedado anuladas por falta de consistencia. Esta situación condujo esta semana al juez Luis Avilés a acusar al fiscal Francisco Rojas, actualmente a cargo del caso, de sustentar la investigación con “argumentos de cuarta categoría y sociología barata” .
Esta crítica originó una reacción de parte del vicepresidente de la Asociación de Fiscales de Chile, el abogado Marcelo Leiva, quien declaró hoy que la forma utilizada por el magistrado “es bastante cuestionable y de hecho, desde el punto de vista de nosotros como fiscales, es bastante opinable la manera" en que el juez se refirió al fiscal Rojas.
"Respecto del juez, es evidente que lo más interesante es que los jueces hablen a través de sus dictámenes y no que hagan comentarios en relación con sus propias resoluciones, pero claramente están en su derecho”, señaló.
Como dijo Krohne Archiv la semana pasada, en Chile se están registrando algunas situaciones que son poco deseables y escasamente constructivas para el nuevo impulso valórico y de transparencia que se desea lograr entre los chilenos del siglo 21. Esto, porque parece que el gobierno en su afán de terminar con la criminalidad, que nos ha enrejado a todos, cae a veces en situaciones un poco "siniestras" a las que no estábamos acostumbrados o que ya habíamos olvidado en parte, tras conocerlas en los tiempos de la dictadura militar.
Y en este contexto es adecuado considerar el bullado caso bombas. No se trata de buscar a cualquier precio pruebas concretas para acusar a alguien o a un grupo de personas de cometer actos de terrorismo o de asociación ilícita, sino más bien habría que conocer con mucha claridad si dichas personas cometieron acciones terroristas reales, en las cuales existió una intencionalidad u objetivo terrorista y no se trate sólo de actos anarquistas como parece ser el caso que se está investigando actualmente en Santiago.
Los 15 imputados, que ingresaron a la cárcel por haber colocado unas 20 bombas en distintos lugares de Santiago, cometieron quiza un delito pero estarían lejos de pertenecer a una banda terrorista con ramificaciones también en el exterior, como se dice, lo que han expresado los jueces en sus resoluciones tras decidir que los imputados permenezcan en sus casas con detención domiciliaria.
¿Qué está pasando con el estado de derecho en Chile?
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