Ecuador: Trascendental consulta popular se efectuará mañana en todo el país - Puntos claves: Justicia y Comunicaciones

La ministra ecuatoriana de la Política, Doris Soliz, explicó que el objetivo de la Consulta Popular que se realizará mañana en Ecuador es, desde la perspectiva del presidente Rafael Correa y del Gobierno,  poder sentar bases diferentes para que el derecho a la justicia y a la seguridad se puedan concretar en la práctica.

Para poder lograr ésto Correa ha planteado diez preguntas que el electorado deberá responder. Cinco de ella  implican enmiendas a la Constitución y las otras cinco conllevan cambios a la legislación vigente. Uno de los puntos más polémicos es la regulación a la prensa.

Unos 11,2 millones de ecuatorianos en el país y unos 206.000 en el exterior están habilitados para depositar su preferencia y responder las preguntas sobre las reformas planteadas.

"En estos momentos históricos, como en nuestra vida, siempre es necesario confiar en alguien. Estamos pidiendo al pueblo ecuatoriano que confíe en este gobierno de manos limpias, que jamás va a buscar nada para sí mismo, sino todo para la patria", declaró Rafael Correa en uno de sus mitines previo al referéndum.

Unos 11,2 millones de ecuatorianos en el país y unos 206.000 en el exterior están habilitados para participar en este acto cívico.

Mientras tanto, la oposición, que rechaza total o parcialmente esta consulta ha hecho campaña para que los ciudadanos voten  por la libertad y la justicia.
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Los temas y la reacción periodística

Los temas de la consulta son muy diversos como la lucha contra la corrupción, el funcionamiento de la justicia, el maltrato de los animales y los juegos de azar. Asimismo, tendrán que responder a dos preguntas relativas a los medios de comunicación. Sin negar el interés de las preguntas formuladas ni el legítimo debate que suscitan, Reporteros sin Fronteras (RSF) declaró en un comunicado que comprende los temores que éstas últimas preguntas generan en el gremio comunicacional y periodístico.

La primera,  incluida en un grupo de cinco orientadas a realizar una enmienda constitucional, precisa: “Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional […]?”

La segunda, parte de otro grupo de cinco relativas a la ley ordinaria, señala lo siguiente: “Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, la radio y las publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?”

El documento de las propuestas -dice RSF- "suscita inquietudes justificadas. En lo que concierne a la primera cuestión, es cierto, las empresas de comunicación que pertenecen a grupos financieros e industriales están expuestas por naturaleza a conflictos de intereses. Esta dependencia económica tiene un gran peso en ciertos contenidos editoriales, lo que genera presiones y autocensura", dice RSF.

Agrega que "es deseable limitarla, incluso suprimirla, a condición de que el Estado ofrezca a la prensa una ayuda equilibrada y proporcional al costo de funcionamiento de cada medio de comunicación. ¿El contribuyente ecuatoriano sostendría este gasto? La nueva cláusula no dice nada sobre esta contraparte decisiva. Por otra parte, el texto sólo se refiere a la prensa privada, mientras que los conflictos de intereses pueden afectar de la misma manera a los medios de comunicación públicos.

La segunda pregunta en materia periodística quizá tendría más éxito si fuera más precisa. ¿A qué se refiere realmente?, ¿a evitar los excesos de los medios de comunicación?, ¿a que se adopte una ley de comunicación?, ¿a que se cree un consejo de regulación habilitado para sancionar los contenidos?, ¿cómo?

RSF señala que "la consulta popular de mañana no suscitaría la misma controversia si no existiera el deplorable ambiente generado por el enfrentamiento entre la presidencia y una parte de la prensa. Cierto, la prensa es en parte responsable –lo hemos señalado–, pero esto no justifica la manera en que han respondido el presidente Rafael Correa y su administración. Demandas con indemnizaciones excesivas, abuso de los mensajes en cadena nacional para atacar a los opositores, atribución o traspaso aleatorio de las frecuencias por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), alientan los excesos y refuerzan una polarización que el país no necesita".

Agrega RSF en su comunicado que más grave es  hoy en día que un periodista se encuentre encarcelado por haber cuestionado al aire, en la estación de radio Iris, la gestión del alcalde de Esmeraldas. Walter Vite Benítez fue condenado a un año de prisión por “injurias” y se encuentra tras las rejas desde el 27 de abril pasado. Contraria a la tendencia general en América Latina y a los estándares jurídicos interamericanos, la penalización de los delitos de opinión sigue vigente en Ecuador. "Esta condena por una demanda presentada hace tres años no sirve de nada, sólo fomenta la autocensura", dice RSF.

Sin prejuzgar la respuesta soberana del pueblo ecuatoriano a la consulta popular de mañana sábado, Reporteros sin Fronteras quiere creer en una nueva situación entre la población, los medios de comunicación y el gobierno. Este reto no excluye la adopción de una ley, pero exige garantías importantes:

-la despenalización de los delitos de prensa (independientemente de contenidos en realidad peligrosos, de carácter pedófilo o que inciten de manera explícita a la violencia, el racismo o la discriminación);

-la restricción de las cadenas, en su contenido y duración;

-la atribución justa y proporcional de la pauta publicitaria oficial, fuera de todo criterio que no sea el económico;

-la reestructuración del registro de frecuencias audiovisuales y de las instituciones encargadas de su regulación o concesión;

-el mantenimiento del compromiso parlamentario de diciembre de 2009, que prohíbe la confiscación o la censura directa de un medio de comunicación por parte de la autoridad administrativa.

Posición del Presidente

El Presidente de la República, Rafael Correa, ratificó que al Gobierno Nacional no le interesa controlar los medios de comunicación del país, lo que le interesa, dijo, es garantizar la verdadera libertad de expresión y el respeto a la honra y el buen nombre de los ciudadanos. Indicó que “no hay libertad sin responsabilidad” y que los medios de comunicación deben entender que si a través de ellos se realiza alguna acusación, esta debe estar debidamente sustentada. “De lo contrario deben rendir cuentas ante la justicia y eso es lo que no quieren los medios porque están acostumbrados a hacer y deshacer lo que les da la gana”, sustuvo el Mandatario, quien recordó que precisamente por eso la pregunta 9 de la Consulta Popular plantea la creación de un Consejo de Regulación que controle los excesos de la prensa.

Observadores extranjeros

Unos 45 observadores de 16 países y organismos internacionales e invitados especiales de América Latina supervisarán mañana en Ecuador la Consulta Popular,  informó el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Cortez.

Delegados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y de varias organizaciones colaborarán en la supervisión del proceso.

Entre los invitados especiales está la senadora chilena Isabel Allende, hija del ex Presidente Salvador Allende, muerto en el asalto a La Moneda perpetrado por los militares golpistas el 11 de septiembre de 1973.

Igualmente el mandatario durante una entrevista en radio América de Guayaquil, indicó que no es sano para la sociedad que los medios de comunicación estén en manos de banqueros, porque se crea un conflicto de intereses. Señaló que se debe regular que los comunicadores, a nivel nacional, sólo se dediquen a esta actividad. Aunque aclaró que será el pueblo ecuatoriano el que dbe decidir en la consulta popular.

Manifestó que será la Ley la que establezca qué es un medio de carácter nacional y qué implica conceptos como el de principales accionistas. “Todo está concentrado en negocios familiares, hereditarios. Ciertas familias que siempre se opusieron al cambio en este país”.

La consulta de mañana, promovida por el Ejecutivo, fue convocada oficialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador. Habrá una sola papeleta con cinco preguntas de la enmienda constitucional que los electores participantes deberán responder. Las preguntas abordan la restricción de las medidas cautelares a la prisión preventiva, la prohibición de que los directivos e inversionistas de bancos y medios de comunicación tengan negocios ajenos a esos sectores, y dos interrogantes respecto a la reestructuración del sistema judicial.