Privatización de las Sanitarias: Desafío de política pública

Por Eduardo Bitrán (*)
Chile Sustentable

El sector de empresas sanitarias fue privatizado entre 1998 y el 2001, luego de la modificación de la regulación del sector. Este proceso permitió mejorar la eficiencia de las empresas y aumentar la cobertura en todos los servicios, siendo el incremento más significativo el tratamiento de aguas servidas.

Se puede señalar que desde la perspectiva de mejorar el acceso a servicios sanitarios de buena calidad el proceso fue exitoso. No obstante, el desafío más importante es lograr que la regulación de estos monopolios naturales genere incentivos a aumentar la eficiencia y que al menos una parte de este aumento de eficiencia se transfiera a los usuarios mediante menores tarifas.

Este ha sido el objetivo más difícil de lograr, dada la severidad del monopolio de información y las limitaciones del marco regulatorio para generar precios más cercanos al de competencia. En los primeros diez años de funcionamiento del sistema hemos aprendido que la resolución de discrepancias entre el regulador y las empresas no funciona del todo bien, existen asimetrías que favorecen en exceso al regulado.
Ciertas normas legales que pretendían reducir el incentivo a evitar la lógica “del tejo pasado” fueron inefectivas por la interpretación que realizó Contraloría.

La institucionalidad para dirimir controversias no recoge los últimos avances del sector eléctrico y de concesiones. Se debe avanzar al establecimiento de un panel de expertos similar al de estos sectores.

La ley sanitaria tiene deficiencias en el tratamiento de los derechos de agua, en la tarificación del servicio. Considera siempre la alternativa de menor costo privado de acceder al recurso agua, sin tomar en cuenta que en varias cuencas en que los acuíferos están sobre explotados las empresas sanitarias tendrán que buscar otras alternativas de abastecimiento de mayor costo. La consideración de inversiones hundidas a costo de reposición y no a costo histórico, lleva en el caso de aumento de la escasez de ciertos activos a que las empresas obtengan rentas importantes, sin que requieran adquirir esos activos para la expansión de los servicios.

En fin, existen varios aspectos que deben corregirse en la ley. Sin un mejoramiento de la regulación del sector sería imprudente vender las acciones que el Estado posee en las empresas sanitarias. Debido a las modificaciones legales realizadas el 2003, la venta de los paquetes minoritarios son una decisión que no requiere aprobación del Parlamento. Debido a las debilidades de la regulación, las rentabilidades de las empresas sanitarias han venido subiendo y son, en algunos casos, significativamente más altas que lo que establece la ley. En este sentido, el Estado ha obtenido una buena rentabilidad por sus activos accionarios, probablemente con algún costo social importante dado el efecto adverso de tarifas elevadas en el bienestar de la población. El Estado como accionista no ha cumplido ningún rol para proteger el bienestar de los consumidores.

El SEP ha estado recibiendo confortablemente los dividendos que pueden implicar en algunos casos rentas monopólicas. Respecto a la conveniencia de la venta de las acciones en las empresas, reconozcamos que su mantención no ha cumplido ningún rol que beneficie a los consumidores. Hipotéticamente, puede ser importante evitar las fusiones de empresas sanitarias, para mantener un elemento básico para la regulación: la competencia comparada entre empresas independientes.

Cuando existe un monopolio de información tan significativo como en el de empresas sanitarias, es fundamental que existan varias empresas con controladores diferentes para que el regulador pueda hacer ”benchmarking” de costos. Propongo que al igual que en Inglaterra, el Estado por ley obtenga una acción de oro con poderes similares al derecho que tiene el tercio de acciones en sociedades anónimas abiertas. Esto le permitiría al Estado objetar fusiones y otras decisiones esenciales con el fin velar por el interés público. Adicionalmente, se debe modernizar la regulación en los aspectos mencionados. Ahora desde una perspectiva macroeconómica, el Estado no tiene problemas de financiamiento, el problema es de gasto. Estos recursos adicionales no deben considerarse como ingresos estructurales ya que son por una sola vez.

Es fundamental que estos recursos sustituyan otras fuentes de financiamiento en dólares del fisco y no incrementen el gasto público, que en el contexto de apreciación cambiaria es fundamental limitar. Por último, el patrimonio de Corfo depende de su participación en las empresas sanitarias. Esto ha permitido cierta capacidad de negociación para expandir los recursos para la innovación. Una opción es que estos recursos se mantengan en Corfo y que sus intereses financien los programas de desarrollo productivo de la institución. La oposición en vez de rechazar de plano la propuesta debería aprovechar la oportunidad de negociar un mejoramiento del marco regulatorio, que ha sido insuficiente para romper el monopolio de la información y usar los recursos para sustituir financiamientos en dólares sin aumentar el gasto público.
(*) Ex Ministro de Obras Públicas