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| Los incidentes del viernes |
Los graves incidentes registrados durante la ocupación, especialmente la semana pasada, dejaron cuatro muertos, numerosos heridos y casi un centenar de detenidos.
El principio de solución del problema fue la medida adoptada ayer por el gobierno federal argentino que quitó todo tipo de derechos a quienes ocupen tierras, significando esto que no podrían acceder a planes sociales de ningún tipo ni al programa de construcción de casas, que estará destinado a “erradicar las villas” miserias.
El diario El Cronista Comercial publicó hoy que “luego de una semana de acusaciones cruzadas, chicanas y peleas a través de los canales de televisión y en reuniones reservadas provocadas por una ola de usurpaciones de terrenos públicos y privados y una crisis social que dejó cuatro muertos, el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron un acuerdo que incluye un plan de vivienda financiado en partes iguales por las dos administraciones”.
El Jefe de Gabinete de la Casa Rosada, Aníbal Fernández, subrayó que la política de rechazar ayuda social a quienes toman propiedades no regirá sólo para la Capital Federal, sino “para todas las provincias”. Según el alto funcionario, quienes ingresen a tierras que no les pertenecen tampoco podrán recibir ayuda social del Estado “de ningún tipo”.
No se han proporcionado las cifras que implicará el plan que será financiado en partes iguales por la Ciudad y la Nación, pero este acuerdo cambia una política histórica de los dos gobiernos kirchneristas: nunca hasta ayer la Casa Rosada había excluido a ocupantes de tierras de los planes sociales, entre los que se destaca la Asignación por Hijo, que el Gobierno promocionaba como un beneficio “universal”, subrayó El Cronista Comercial.
Hasta anoche no se escucharon pronunciamientos de las organizaciones sociales oficialistas ni opositoras al Gobierno, muchas de las cuales basan su práctica política en la toma de terrenos desocupados para construir viviendas, agregó el diario.
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| La protesta-Foto El Imparcial de Argentina |
La característica del plan habitacional, confirmado por el Jefe de Gabinete del Presidente Macri, Horacio Rodríguez Larreta, “es la urbanización de las villas, lo que significa trazar calles; garantizar la presencia del Estado; garantizar la infraestructura y proporcionar los servicios sociales básicos”. Todo esto irá acompañado de "un plan de créditos blandos, pero que siempre tengan como contrapartida la devolución del dinero por parte de los beneficiarios”, agregó Rodríguez Larreta.
Mientras los medios de comunicación hablan de un saldo de cuatro muertos, la Fiscalía argentina dijo que son solamente tres. Los 6.000 acampados en el Parque Indoamericano, un espacio público de 130 hectáreas que integran los barrios de Villa Lugano y Villa Soldati de Buenos Aires, demandaron durante más de una semana viviendas dignas. Este fue el objetivo central de la protesta con ocupación de tierras. Aparte de las víctimas fatales, hay cuatro personas que permanecen internadas en hospitales, una de ellas de gravedad, tras los hechos de violencia ocurridos en la noche del viernes cuando grupos con armas de fuego, palos y piedras atacaron a los ocupantes del Parque, según declaraciones del Ministerio de Salud.
El jefe de gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández, denunció el lunes que los atacantes que intentaron desalojar a los cientos de familias inmigrantes acampados en el barrio de Buenos Aires, no eran vecinos como se había informado en un principio, sino activistas políticos ligados al Gobierno de Buenos Aires, liderado por Mauricio Macri.
Como las fuerzas de seguridad no consiguieron desalojar a los ocupantes ilegales, varios atacantes, armados con palos y piedras, entraron al campamento. En el ataque fallecieron dos hombres bolivianos y una mujer paraguaya, según la fiscalía, que aún no ha confirmado la cuarta muerte.
El dirigente de la Asociación Civil Federativa Boliviana, Alfredo Ayala, aseguró, por su parte, que existe una cuarta víctima, Julio Valero, un ciudadano boliviano cuyos restos están en el depósito de cadáveres judicial.
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