CONSTITUCIÓN-ÉTICA-KRADIARIO
ÉTICA: VERDADERO ANTÍDOTO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CODICIA
En la discusión de la nueva Constitución, parece oportuno
reponer el debate por el restablecimiento de las facultades que los Colegios
Profesionales perdieron en el control ético de quienes, durante su ejercicio
profesional, llegan a ejercer cargos
públicos, empresariales, políticos, sindicales o de representación popular.
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Por Hernán Ávalos
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Restablecer los contenidos sobre Formación Cívica en la
Educación Básica, Media y Universitaria sin duda contribuye a enaltecer la
actividad política y a elevar el estándar ético de quienes aspiran a cargos
públicos, empresariales, políticos o de representación popular. No obstante,
para ir a la base de sustentación de esta llamada “clase dirigente”, es preciso
retomar el debate sobre el rol que deben cumplir los Colegios Profesionales en
el control ético y el ejercicio de las profesiones universitarias, a propósito de
la redacción de la nueva Constitución.
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La
Carta Magna de 1980 terminó con los Colegios Profesionales tradicionales
entendidos como organizaciones intermedias sobre las cuales el Estado delegaba
tanto el control ético de sus pares, como el ejercicio de las profesiones
universitarias. Mantuvieron el nombre de “Colegios Profesionales”, pero
jurídicamente fueron transformadas en Asociaciones Gremiales. La reforma
constitucional de 1985 restituyo el control ético de quienes permanecieron en
sus registros, o de quienes voluntariamente se inscriben en ellos, aunque
pasaron inadvertidas con el término de
los senadores designados y la inamovilidad de los comandantes en jefes de la
FF.AA.
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Luego la Ley N° 20.050 agregó al inciso 4° del
artículo 19° número 16°, referido a la libertad de trabajo, un nuevo párrafo
facultando a los Colegios Profesionales A.G. para conocer de las reclamaciones
que se interpongan ante ellos, relativas a la conducta ética de sus miembros. Y
por otra parte, estableció que los profesionales no asociados a estas
instituciones, deberán ser juzgados sobre dicha materia por los tribunales
especiales que serán creados para dicho efecto. Esto último nunca ocurrió y en
subsidio han sido las Corte de Apelaciones las que a regañadientes asumen la jurisdicción
sobre ética profesional, cuando sus fallos están sustentados en el Derecho.
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El contexto histórico
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Esto
explica la pregunta de los profesionales que desestiman inscribirse en los registros de sus Colegios Profesionales:
¿qué me da el colegio profesional que justifique afiliarme a él? Y ese
reduccionismo extremo para con el propio gremio termina con otra pregunta: ¿Y
además tengo que pagar cuotas sociales?
No hay en estas interrogantes sentido de pertenencia, espíritu de
cuerpo, igualdad entre pares, deseo de compartir las experiencias profesionales
o como quiera llamársele a la sensación de integrar un cuerpo colegiado con voz
propia y capacidad de interacción con todos los actores sociales. Y el efecto
práctico que se produce, es que aquellos que no están colegiados, eluden el
control ético de las profesiones que están ejerciendo.
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Los
dirigentes, los políticos, los ministros, los empresarios, los economistas, los
senadores, los diputados, los profesores, antes de ejercer cargos públicos son,
en su mayoría, profesionales universitarios, abogados, médicos, ingenieros,
periodistas, contadores, entre otros, y pueden estar bajo el control ético de
sus respectivos Colegios Profesionales, siempre que estén inscritos en sus
registros. Fue José Miguel Sánchez, decano de la Facultad de Economía y
Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien dio luces
sobre el estándar de la ética empresarial chilena cuando desde la academia
criticó el comportamiento de Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín, ex alumnos
de su facultad y ex controladores del grupo empresarial Penta, encauzados por
delitos tributarios, es decir, por vulnerar la ley para reducir sus impuestos
en perjuicio del Estado.
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La formación cívica ayuda
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No
podemos estar más de acuerdo en la decisión administrativa del Gobierno para
restituir la Formación Cívica en todos los niveles de la educación, la cual
había sido eliminada por la dictadura de Pinochet, interesada en denostar las
instituciones políticas y republicanas. Y más aún con la inclusión de los
Derechos Humanos en los contenidos de la enseñanza. Así es probable que las
próximas generaciones internalicen conceptos como democracia, sufragio,
nacionalidad, ciudadanía, solidaridad, libertad, fraternidad o conozcan, al
menos, la división política del Estado en poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. Porque hoy este conocimiento cívico elemental es ignorado, minimizado
y hasta proscrito en algunos establecimientos educacionales.
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Hay
actitudes que hacen meditar sobre el rol que cumple la familia, la escuela, la
universidad, los partidos políticos, y las iglesias, en cuanto a su
responsabilidad en la formación ética de los ciudadanos. Algunos ejemplos son
los pasajeros del Transantiago que eluden el pago de su pasaje contribuyendo a
desfinanciar el servicio, los comerciantes que no otorgan boleta de compraventa
para no declarar el IVA pagado por los consumidores, los alumnos que copian en
las pruebas para mejorar sus calificaciones o bajan textos de internet
presentándolos como propios; los falsificadores de música, videos o libros, o
quienes no respetan la fila en las esperas tediosas. La lista es larga. ¿Y
cuál es la responsabilidad con que los Colegios Profesionales asumen el
control ético de sus pares registrados, muchos de ellos personajes connotados
que aparecen envueltos en casos de corrupción? “Chile no es un país corrupto.
Pero hay corruptos que perseguir penalmente”, declaró el fiscal nacional Sabas
Chahuán en su última cuenta pública a la Nación, justificando indirectamente el proyecto de
ley del Ministerio Público para constituir a su alero la Fiscalía de Alta
Complejidad (Anticorrupción) con jurisdicción de alcance nacional.
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Es preciso
aclarar que los juicios penales incoados por los Tribunales de Justicia son
independientes de los juicios éticos que realizan los Colegios Profesionales.
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Dos posturas en el control del ejercicio profesional
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Por
otra parte, el control sobre el ejercicio profesional de los Colegios
Profesionales es una discusión que ya hubo a propósito de la reforma
constitucional de 1985 y sobre la que subsisten dos posturas antagónicas. Con
la redacción de la Constitución de 1980 los Colegios Profesionales, también,
perdieron la tuición sobre el ejercicio profesional y en consecuencia la
obligación de pertenecer a sus registros. Hasta ese año, los médicos, abogados
o periodistas, por nombrar algunos profesionales, para ejercer como tales debían,
primero, estar titulados en una universidad reconocida por el Estado y,
segundo, inscribirse en el colegio de la Orden correspondiente. Esta postura la
reivindican quienes buscan recuperar las atribuciones que tuvieron los Colegios
Profesionales desde surgieron como instituciones intermedias de la sociedad.
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Pero en
la reforma constitucional de 1985 los defensores del mercado consiguieron dejar
establecido que debía existir plena libertad para la contratación de
profesionales y que fuesen sus propios empleadores quienes califiquen y evalúen
sus capacidades y rendimiento. Así ha ocurrido en las últimas tres décadas. Y
como resultado de ello es que determinadas labores profesionales son cumplidas
por personas sin formación adecuada, o con especialidades distintas a las
requeridas por los públicos a los cuales en definitiva sirven, terminando por
asumir el estándar ético de sus contratantes, es decir de quienes son dueños
del capital. Esta situación ha contribuido al desprestigio de las empresas
privadas, de los servicios públicos, de los medios de comunicación, del
Parlamento, entre otras instituciones que logran una deficiente evaluación
ciudadana en las encuestas de opinión.
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La ética no sólo
figura en los libros de Filosofía: inculcar valores, orienta el comportamiento
civilizado de las personas y deja en evidencia la búsqueda de ganancias
rentabilidad a ultranza. Una auténtica vacuna contra el germen de la codicia.
