Lea carta del ex esposo de la jueza Atala, Jaime López, que él mismo enviara al diario El Mercurio exponiendo su posición como también sus críticas del CIDH.
La Corte en su fallo a favor de Atala no cuestiona las leyes chilenas ni las califica de discriminatorias. Lo que condena es la interpretación de ellas que hace el Poder Judicial -y en particular la Corte Suprema. En este sentido, pide cambiar la forma de proceder de los jueces y entregar educación y capacitación a los funcionarios públicos.
Los hechos
El 24 de noviembre de 2004, la jueza Atala Riffo presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una denuncia inédita en Latinoamérica: acusó al Estado de Chile de violar el derecho a la no discriminación tras establecer que después de su divorcio sus tres hijas -entonces de cinco, seis y 10 años- no podían estar a su cuidado debido a los efectos que generaría en las niñas convivir con una madre lesbiana, quien vivía en pareja con Emma de Ramón.
En una sentencia de 91 páginas, redactada el 24 de febrero se resolvió que el "Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación", consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La sentencia -cuyo cumplimiento es obligatorio- obliga al gobierno a efectuar medidas de reparación y no repetición del delito.
El fallo
El fallo establece que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida privada de Atala; de la violación a la garantía de ser escuchada, ya que la Corte Suprema no consideró -al entregar la tuición al padre- el testimonio de las menores.
Sostiene, además, que si bien la "sentencia constituye per se una forma de reparación", se debe brindar atención médica y sicológica a las víctimas y obliga a las autoridades a "realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional", entre otras.
En paralelo, el Estado chileno deberá pagar a Atala una indemnización de US$ 60 mil: US$ 20 mil para ella y US$ 10 mil para cada una de sus tres hijas, por concepto de daños morales, y US$ 10 mil por los gastos médicos y sicológicos en los que ha incurrido la jueza. El monto total es un 10% de lo que pidió originalmente Atala. Adicionalmente, el Estado deberá asumir las costas del juicio por US$ 12 mil.
Habla el ex esposo de la jueza
El ex esposo de la jueza Karen Atala, Jaime López, expresó en una carta enviada a El Mercurio los cuestionamientos que él ve al procedimiento realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que falló a favor de la magistrada. Critica que "¿cómo es posible que en un juicio internacional se considere 'víctimas' a tres de mis hijas, e incluso en su nombre se pidan indemnizaciones por los supuestos 'daños' que se les provocaron? Por años no se les preguntó a mis hijas, ahora adolescentes, si querían ser parte de ese juicio, y si realmente se consideraban a sí mismas como 'víctimas'".
El abogado recuerda que en mayo se cumplen ocho años desde que la Corte Suprema le entregó la responsabilidad del cuidado y crianza de sus hijas y reflexiona que este periodo ha sido "la mayor bendición que un hombre puede esperar, que no se cuantifica en dinero ni en honores. Como si ello fuera poco, Dios puso en mi camino una mujer maravillosa, y aumenta la alegría de mi casa con dos hijas más. Ahora son cinco hermanas que se quieren, que comparten; las más pequeñas, con admiración hacia las mayores, y estas últimas, con paciencia y cariño".
Junto con ello denuncia de que quienes tramitaron el juicio internacional, nunca les importó considerar la opinión de sus hijas ni les importó su realidad. "Ahora, ya terminados los alegatos y por dictar sentencia, se descubre que faltó lo más importante, y a última hora se busca solucionar el problema, con una 'apariencia' de que han sido escuchadas. Se designa una delegación de la Corte Interamericana, que llega a un hotel de Santiago, y dos de ellas (sus hijas) son llevadas a una entrevista sin padres, sin representantes".
Asimismo, detalló que en la diligencia "peor aún, se designa para 'asesorar' a esta delegación a una psiquiatra, que no es su médico tratante, sino que la misma profesional que ya había declarado en favor de una de las partes en el juicio. Mis hijas no solamente fueron ignoradas por años, ahora que las necesitan, se les niega mínimas garantías. El contenido de esa diligencia está bajo secreto hasta hoy".
López detalla además, en la carta a El Mercurio, que una de sus hijas ni siquiera fue considerada y que ésta le escribió a la CIDH para expresarles que "no se siente víctima, que no está de acuerdo con que se utilice su nombre para este juicio, y quiere decírselo directamente a la Corte. Eso hace más de un mes, y aún no hay respuesta".
Finalmente, apuntó sus dardos a los profesionales que participaron en el proceso señalando que "quienes debieran defender en este juicio a estas adolescentes chilenas, los abogados del Estado de Chile, prefieren guardar silencio. Quienes han escrito decenas de páginas en relación con este caso, prefieren guardar silencio. Mi niña de 14 años espera decir su verdad".
Reacción de Karen Atala
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Kena Lorenzini vocera de Karen Atala y vicepresidente de la corporación Humana aseguró que "Karen está muy emocionada con este fallo, en estos momentos se encuentra en un estado de introspección, siente que se sacó el estigma de la mala madre y siente que esto es un aporte para el sistema judicial chileno"
Por otra parte, su abogado Jorge Contesse aseguró que se trata de "una decisión histórica, el gran valor de esta sentencia es la imposición que se le hace al Estado chileno, por la fractura que generó en la vida familiar de Karen Atala y sus hijas".
Jose Ignacio Escobar, abogado de la jueza y miembro de Libertad Pública afirmó que, en la relación a la tuición de las niñas, "la corte chilena recurrió a estereotipos y prejuicios de la orientación sexual de la madre, pero se deben tener en cuenta sus habilidades parentales y no su orientación sexual".
