KRADIARIO

EL TERREMOTO LEGISLATIVO DE LA GLOSA 5 DE LA REFORMA EDUCACIONAL PONE EN DUDA SU APROBACIÓN EN EL CONGRESO

Grupo parlamentario DC: "Aspiramos a convertir al Estado en un promotor de la dignidad de las personas, ya que la búsqueda de dignidad y equidad es uno de los principales idearios de la DC”.
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Los parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) entregaron una declaración pública este jueves en donde explicaron que no votarán a favor de la glosa 5 de la Reforma en la Educación hasta que se realicen una serie de modificaciones

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Carolina Goic

La declaración fue firmada por el jefe de bancada de diputados Ricardo Rincón;  jefa de bancada de senadores Carolina Goic; el senador Ignacio Walker; y de los diputados de la comisión de Educación de la Cámara Mario Venegas y Yasna Provoste.

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Ricardo Rincón

En la declaración aseguran que “aspiramos a convertir al Estado en un promotor de la dignidad de las personas, ya que la búsqueda de dignidad y equidad es uno de los principales idearios de la DC”.

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“La presentación de la glosa presupuestaria 5 ha sido cuestionada por distintos actores y por variados motivos, especialmente porque los cambios en las propuestas no resultan equitativos, suscitan incertidumbre, y revelan falta de claridad del gobierno respecto de lo que se debe hacer”.

Lo importante para el Gobierno y la Nueva Mayoría es la gratuidad educacional, más allá de que el mecanismo sea la Glosa Cinco o un Proyecto de Ley.

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Senador Ignacio Walker

Como primer punto, se financia a las universidades que firman un convenio y están dispuestas a no cobrarle nada al respectivo alumno que debe hacer algo mágico: pertenecer a uno de los cinco deciles más pobres y, además, no haber alargado más de lo que dice la carrera sus estudios universitarios: o sea, no puede tomar ningún crédito ni tampoco haber reprobado ramos.

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Por otro lado, se puede dar la paradoja de que la universidad acepte firmar el convenio y, por tanto, darles gratuidad a quienes cumplen los requisitos, pero puede subir los aranceles al resto de los alumnos.

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Suena a una decisión económica lógica para una universidad: para financiar la diferencia que se puede producir por quienes dicho plantel recibirá un monto de un arancel regulado aumentado en un 20%, le sube al resto de los alumnos mucho más de lo que estaba planificado y, así, no hay daño a la caja financiera.

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Eso es algo que agitará los ánimos estudiantiles, pues es obvio que la primera promesa de cualquier federación estudiantil será qué harán movimientos masivos para evitar el alza de aranceles. Será el paraíso de los movimientos más radicalizados, y pondrá a la JJ.CC., e incluso a la Izquierda Autónoma, en una situación extremadamente compleja. No hay nada más impopular que la amenaza de alza de aranceles.

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Por otra parte, la decisión sobre si un estudiante puede acceder a la gratuidad, aunque cumpla los requisitos depende de un factor que él no controla: que la universidad firme el correspondiente convenio con el Ministerio.

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Es probable que todas las Universidades Estatales lo hagan, si no la presión de sus federaciones, sus otras fuerzas internas y del propio Ministerio, hará insostenible la situación del rector.

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Pero ¿firmarán el convenio las universidades del G9? En particular, ¿la Universidad Católica lo hará? Es un asunto que el rector ha mantenido en suspenso y sin duda será un arma que podrá ocupar para negociar con el Ministerio de Educación, que será el que pagará los costos si no pueden acceder los estudiantes de una Universidad del CRUCh a la gratuidad. (La Red G9 reúne a nueve instituciones (ocho regionales), que presentan una gran calidad en diferentes ámbitos del quehacer académico. 

Son Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Austral de Chile; Universidad  Católica del Norte; Universidad Católica del Maule; Universidad Católica de la Santísima Concepción; y Universidad Católica de Temuco). 

La glosa exige a las universidades que quieran adherirse al convenio, como requisito, “no contar con la participación, en calidad de miembros, asociados o beneficiarios de la respectiva corporación o fundación, según corresponda, de personas jurídicas de derecho privado que no estén constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro”.

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Según El Mostrador, evidentemente, quien escribió la glosa supuso a priori que contar con miembros asociados a personas jurídicas con fines de lucro, implica que la universidad está lucrando, algo que está prohibido por ley.

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En efecto, ha habido muchas denuncias de tal carácter, y que muchas universidades lucran mediante inmobiliarias asociadas, pero suponer que es la generalidad requiere un análisis no tan simplista.

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Y la pregunta que surge inmediatamente es: si el Gobierno cree que la participación de “miembros, asociados o beneficiarios que son personas jurídicas de derecho privado que no estén constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro” implica necesariamente que la universidad en cuestión esté lucrando, ¿por qué no ha enviado un proyecto de ley que prohíba tal práctica, como lo han pedido hasta el cansancio muchos dirigentes estudiantiles?

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Hay que recordar que también fue prometido por la Presidenta, en su discurso del 21 de mayo, dicho proyecto de ley y, más aún, en el programa incluso se habla de regular aranceles.

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Para la oposición esto será un asunto inaceptable, y como la Glosa Cinco es muy difícil de defender por los parlamentarios de la Nueva Mayoría, está enredando más aún la discusión presupuestaria.

Y todo esto, para dar una buena noticia: que finalmente partirá la Gratuidad Universitaria en Chile.

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En la declaración del grupo parlamentario de la DC se asegura que “no están en condiciones de aprobar la glosa 5, tal como está, y esperamos que el gobierno busque alternativas distintas y más efectivas que cumplan cuatro criterios básicos”.

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1. Favorecer a los estudiantes que efectivamente más lo necesitan y que, teniendo mérito, asisten a las instituciones que cumplen los requisitos;

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2. Acelerar el tratamiento de un proyecto de ley, hoy en el congreso, que permite el paso expedito de CFT e IP que atienden a población vulnerable a la figura jurídica de derecho privado sin fines de lucro, heredando su actual acreditación;

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3. Asegurar la simplicidad de la fórmula de financiamiento que se proponga y que ésta incluya la utilización de instrumentos y experiencias conocidas. Ello, para reducir al máximo el riesgo de ocurrencia de errores e imprevistos en la implementación de esta importante iniciativa;

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4. Asegurar que la opción transitoria que se defina para 2016 no incida en el modelo de financiamiento de mediano y largo plazo, ya que el país deberá debatir acerca de este importante tema en la futura ley marco de la educación superior.

“Asumiendo las actuales restricciones presupuestarias y dadas las limitadas atribuciones que el parlamento posee en esta materia, invitamos al gobierno a que proponga nuevas fórmulas de financiamiento de modo de asegurar que efectivamente estos recursos sean asignados a los estudiantes de manera justa y, al mismo tiempo, a las instituciones que ofrecen una educación de calidad”.

La presidenta del Partido Socialista, senadora Isabel Allende, indicó que esta nueva desavenencia al interior de Nueva Mayoría en materia educacional se produce porque "pasa que a veces tenemos gente que parece no comprender que el diálogo siempre es un buen mecanismo y sobre todo hacerlo en la instancia adecuada para ir convergiendo a posiciones donde uno pueda escuchar al otro y decir mira, la verdad el mecanismo no es aumentar las becas, sino que de verdad hacer la gratuidad, porque hay una enorme diferencia".

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"No podemos seguir poniendo palitos, yo llamo a seguir dialogando, tenemos que saber procesar nuestras diferencias, seamos respetuosos unos con otros, pero también veamos el bien mayor, que es que hay la posibilidad de decirle a 220 mil familias ustedes no van a pagar la universidad", enfatizó.

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Finalmente, la titular del PS expresó su deseo de que el senador Ignacio Walker, quien ha sido uno de los principales detractores de la medida,  vote a favor del presupuesto para la implementación de la gratuidad a partir de 2016 ".

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"Yo espero que si, que entienda que es mucho más importante que aumentar las becas el darle esta señal a las familias y decirles que estamos cumpliendo. Nosotros nos comprometimos con la gratuidad".