El domingo se definirá gran parte del futuro peruano

EL MIEDO A KEIKO FUJIMORI, LA CLAVE DE LAS ELECCIONES EN PERÚ

Por Ángel Páez

Miles de peruanos se lanzaron a las calles de Lima y otras ciudades en protesta contra el probable triunfo en la segunda vuelta electoral, el domingo 5, de Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de cárcel por corrupción, homicidio y secuestro.

De ganar el balotaje la candidata, como adelantan las últimas encuestas aunque reduciendo su ventaja, Perú tendría desde el 28 de julio el cuarto mandato presidencial fujimorista (1990-2000), un régimen signado por la violación de derechos humanos y el rompimiento institucional mediante un llamado autogolpe.

El 31 de mayo, y en otras dos ocasiones anteriores, multitudes de manifestantes en Lima y en las principales ciudades del país expresaron su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori, en protestas similares a las que afrontó como informal primera dama durante el proceso de reelección de su padre por tercera vez, en 2000.

Keiko Fujimori, de 41 años, disputa la jefatura de Estado con el banquero, Pedro Pablo Kuczynski, de 77, primer ministro y ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Los dos repiten como candidatos, tras quedar ella segunda y el tercero en los comicios de 2011, donde triunfo el nacionalista Ollanta Humala.

 Pedro Pablo Kuczynski, de 77, años de edad

En los últimos sondeos, Fujimori mantiene una ligera ventaja sobre Kuczynski, lo que podría cambiar debido a crecientes denuncias de corrupción y otras irregularidades de la candidata de la derechista Fuerza Popular, que agrupa a los herederos de Alberto Fujimori, de 77 años y recluido desde 2007 en una cárcel acondicionada en un cuartel de la Policía Nacional, en el este de Lima.

Desde el año pasado, Keiko Fujimori buscó proyectar una imagen alejada de las prácticas autoritarias de su padre, en una estrategia salpicada de ofertas populistas, destinada a neutralizar el voto antifujimorista que la llevó a la derrota en 2011.

Pero durante la campaña iniciada en enero, la candidata ha enfrentado un crescendo de acusaciones de financiamiento de origen sospechoso, manipulación de los medios, imputaciones falsas en agravio de sus opositores y otras prácticas indebidas que recordaron la actuación de su padre.

“Para nosotros que hemos combatido el autoritarismo y la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, creemos que un triunfo de su hija Keiko Fujimori significará un retroceso de las conquistas democráticas”, dijo Salomón Lerner, exprimer ministro de Humala.

Keiko Fujimori, de 41 años

“Keiko Fujimori, quien en un primer momento de la campaña electoral criticó los excesos de su padre, en la última etapa ha repetido los vicios del régimen de este. Y una demostración de lo que digo, es la aparición de personajes oscuros y de dudosa reputación que trabajaron con Alberto Fujimori”, dijo Lerner a IPS.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fujimori ha reportado ingresos por más de tres millones de dólares, frente a los 2,2 millones del centroderechista Kuczynski.

Entre los principales financistas de la candidata figuran antiguas autoridades del régimen de su padre o allegados a este, algunos involucrados en la actual investigación por lavado de activos durante su campaña de 2011.

El narcotráfico, más que una sombra

En 2013, el gobierno de Estados Unidos acusó a un contribuyente a la campaña de 2011, el empresario Luis Calle, de ser “capo del narcotráfico internacional” y de dirigir una organización de legitimación de capitales.

También en 2013, la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, denunció ante la fiscalía al congresista fujimorista Joaquín Ramírez de poseer bienes por más de 7,1 millones de dólares de origen sospechoso, al año siguiente Keiko Fujimori lo ungió como secretario general de Fuerza Popular.

La candidata dio todo su respaldo a Ramírez incluso cuando la fiscalía especializada en legitimación de capitales abrió una investigación formal en su contra.

Y volvió a ratificarlo en su cargo cuando el 15 de mayo, la cadena estadounidense Univisión y el programa limeño “Cuarto Poder” difundieron una investigación conjunta que reveló que la Agencia Antidrogas (DEA, en inglés) investigaba a Ramírez.

El testigo protegido de la agencia estadounidense, Jesús Vásquez, declaró que había grabado a Ramírez cuando este supuestamente afirmó que Keiko Fujimori le ordenó “lavar” 15 millones de dólares, presuntamente obtenidos del narcotráfico, con el fin de financiar la actual campaña presidencial.

Pese al pertinaz respaldo de la candidata, Ramírez se vio obligado a dejar temporalmente la dirección de Fuerza Popular, después que las autoridades peruanas anunciaron un viaje a Estados Unidos para entrevistar a Vásquez.

Cuando se creía que el escándalo había concluido, el programa de televisión “Las cosas como son” difundió un audio en el que supuestamente Vásquez se retractaba de la acusación. Poco después la productora del programa, Mayra Albán, denunció que el audio había sido trucado y que quien lo había entregado era el jefe de campaña de Fujimori, José Chlimper.

Se trataba de una operación del fujimorismo para desacreditar al testigo protegido, cuyas acusaciones hicieron recordar a analistas y políticos opositores a la candidata y a su padre, que durante el gobierno de Alberto Fujimori, el narcotráfico fue una de las mayores fuentes de corrupción, según demostró la justicia.

Por sombras como las del narcotráfico, para el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu, “un triunfo de Keiko Fujimori representa para la democracia peruana, a nivel simbólico, un ejercicio de masoquismo indigno de quienes ya sufrieron el crimen y el horror del gobierno de su padre”.

“Su elección supondría el respaldo de un proyecto que vulneró todos los principios democráticos”, añadió quien dirigió la lucha contra la corrupción en el país entre 2011 y 2014.

“Pero como consecuencia de fondo, una victoria del fujimorismo supondría el gobierno de una organización criminal (yo creo que el fujimorismo ha sido siempre una), que esta vez tiene un potente revestimiento de formalidad, pero que ha dejado suficientes razones para sospechar que tiene serios vínculos con el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero”, explicó.

El miedo a Keiko Fujimori

La congresista Rosa Mavila presidió una comisión investigadora sobre la relación del narcotráfico con la política y emitió un informe en el que mencionaba algunos nexos con el fujimorismo.

“A fines del gobierno de Fujimori, y cuando era primera dama, Keiko Fujimori intercedió ante su padre el presidente Alberto Fujimori para que indultara a las hermanas Martínez, entonces presas bajo la acusación de presunto narcotráfico”, recordó la legisladora de una alianza de cenroizquierda a IPS.

Fujimori las dejó libres y cuando en 2006 su hija fue candidata al Congreso legislativo, “las hermanas Martínez aportaron a su campaña electoral. Y este no es el único caso”, dijo Mavila.

“Durante el gobierno de Fujimori el narcotráfico tuvo una poderosa influencia”, afirmó.

Como ejemplo citó el caso del narcotraficante Fernando Zevallos, absuelto cuatro veces durante aquel periodo y que resultó condenado a 20 años en cuanto asumió la presidencia Toledo.

“En lugar de espantar cualquier sombra de duda, Keiko Fujimori ha defendido a acusados de lavado de activos, como es el caso del congresista Joaquín Ramírez”, dijo Mavila, quien recordó cómo el dirigente fujimorista se escudó en la inmunidad parlamentaria para evitar que se le investigase.

“Inmunidad no es impunidad. Eso deben entender los fujimoristas”, afirmó la legisladora.

En la marcha contra la candidata del 31 de mayo la consigna más reiterada y sonora fue justamente el rechazo a la formación en Perú de un “narco Estado”, si el domingo triunfa en las urnas hija del ahora preso Alberto Fujimori

Otro punto de vista

PERIODISTAS Y VALORES REPUBLICANOS

Por Paulino Ramírez Quintana

A primera vista, parece ser como una polémica politico-partidista relacionada con las tensiones permanentes que caracterizan a los detractores y simpatizantes del actual gobierno. Pero no lo es.

Una revista (de oposición) publica una grabación de Carabineros producto de una escucha telefónica de un personaje (de derechas), en la cual dicho personaje involucra a la Presidenta de la República en hechos delictuosos y que afectan ciertamente su honra y su prestigio personal y político. Al considerarlo una injuria y calumnia, la Mandataria se querella contra los causantes del oprobio, y se enciende por consiguiente la discusión,- amenizada por opinólogos, comentaristas de toda ralea, políticos,etc.,- respecto de la colisión entre dos derechos consustanciales  presentes en toda sociedad democrática moderna: el del resguardo a  la libertad de expresión en todas sus formas versus el del resguardo a la privacidad, dignidad y honra de las personas a través de los Medios de Comunicación Social.

No es un tema nuevo. Han habido casos recientes en los cuales los Tribunales han debido zanjar querellas de suyo delicadas y dificiles de resolver.

La cuestión de fondo, sin embargo, parece clara. Nuestra sociedad ha perdido la brújula para enfrentar con seriedad sus disensos y conflictos. Se confunde democracia con demagogia; se confunde corrupción (pública y privada) con desgobierno; se confunde a la política (acción de gobernar) con los partidos políticos organizados (vehículos o herramientas para gobernar)

Por ello se confunde también a  los periodistas profesionales (universitarios) con los “comunicadores”, aquellos que pululan en el éter informativo que constituyen las hoy llamadas “redes sociales”. Nada malo, por supuesto, que todo el mundo quiera opinar sobre lo que se le de la gana. Pero…pastelero a tus pasteles.

Todo periodista conoce el ABC de su delicada misión. Todo lo que se publica tiene algo de veracidad por el mero hecho de publicarse. Ese arbitrio discrecional absoluto,- amparado felizmente por muchas legislaciones en el mundo- le confiere al periodista una responsabilidad mayor, una responsabilidad social, una responsabilidad ETICA.

Un valor inherente básico de nuestra sociedad chilena, que surge de su tradición republicana  sesquicentenaria, lo constituye el respeto a la autoridad, sea cual sea su signo político, religioso, social, ideológico o cultural. Para cautelar ése, entre tantos otros valores identificados con una sociedad pluralista, tolerante, democrática y laica, es que la formación de los periodistas se le confió a las universidades, como medio de garantizar el ejercicio ético de la profesión.

Aquellos periodistas de la revista en comento, debieron haber sopesado  esa circunstancia.”Todo lo que se publica tiene algo de veracidad por el mero hecho de publicarse.” En este caso, el daño moral a la señora Bachelet ya está hecho. Podrán argumentar  los periodistas responsables  del Medio que al legitimar la opinión de la fuente con su publicación, solo están contribuyendo a esclarecer la comisión de un delito grave que no se le puede ocultar a la opinión pública. Puede ser.

Sin embargo, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Será posible conocer alguna vez todo el inmenso cúmulo de información proveniente de fuentes de dudosa reputación que han llegado a conocimiento de periodistas profesionales de todo el mundo y en todas las épocas que NUNCA FUERON PUBLICADAS y que nunca llegarán a serlo precisamente por esa reserva ética de los reporteros?

Se podría decir que el daño infringido no es a la señora Bachelet. Es un daño a la República y a sus valores intrínsecos.

DISOLUCIÓN Y DESILUSIONES

Por Hugo Latorre Fuenzalida

No hay que ser profeta del desastre, es decir un Jeremías, para anticipar que el paradigma político chileno de los últimos 40 años se está disolviendo en el ácido de su incompetencia, paralizado en el lodo de su corrupción y desnudado en su inviabilidad.

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Los políticos del modelo dominante, tanto del pinochetismo fascista como de la Concertación derechizada, vienen cayendo como lluvia de meteoritos….Iluminan el cielo del espectáculo mediático y cada día que pasa se abre un nuevo expediente que deriva prontamente en prontuario, aunque la justicia, finalmente, termine practicando sus consabidas absoluciones.

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Pero como a los modelos corrompidos les sucede, parecido a la piara de cerdos, nunca se embarran solos, también vienen cayendo los militares, los religiosos, los empresarios, también caen carabineros, PDI, dirigentes del fútbol y cuanto ser se haya refugiado bajo cualquier parapeto institucional. Los jueces no han caído pero dejan su huella en cada una de sus decisiones; los fiscales persiguen, pero hay algunos que desvían su afán persecutor hacia una vertiente de obsecuencia y morigeración, que causa admiración por sus ingeniosas argumentaciones, distractivas o elusivas.

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Así, somos como espectadores del incendio de la Moneda, luego de su irracional bombardeo. No podemos menos que pensar que la irracionalidad nos ha acompañado todos estos años, pero el combustible se enciende cuando la temperatura sube a niveles de combustión, y eso acontece cuando se acaban los veranitos de san Juan de unas prosperidades de fundamento poco veraz y de sustentabilidad precaria.

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Si uno analiza los períodos de crecimiento, veremos que cada uno de ellos tiene una explicación que no es  específicamente el esfuerzo creativo de nuestras competencias productivas y competitivas, sino el rebote de circunstancias externas o por encima a nuestra voluntad.

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Segunda mitad de los 70 hasta 1982: crecemos por endeudamiento externo y privatización de riqueza pública que genera un derroche de consumo inmobiliario, suntuario y militar.

1987-1990:crecemos por dos años de altos precios internacionales del cobre, repactación de deuda (transnacionalización de las privatizaciones) y nuevo endeudamiento.

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1992-1997: crecemos por privatización de empresas del Estado; privatización con desnacionalización de la minería; expansión de valores en bolsa desde el ahorro de los trabajadores en las AFP; nueva expansión inmobiliaria de nivel ABC1.

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2004-2013: crecemos por inicio del largo ciclo alto de la demanda minera mundial y de las materias primas  con altos precios (ajeno a nuestro esfuerzo, es decir riqueza caída del cielo); Recuperación del terremoto y la alta inversión de reconstrucción (período de Piñera, al que se le suma la última etapa del ciclo alto de inversiones mineras).

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Como se puede ver, nada o muy poco de iniciativa propia del país; nada que nos haga competitivos en una economía del conocimiento y de la innovación. Nada que sea creación original de nuestros economistas o políticos; nada patentable desde nuestro registro.

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Esa economía de crecimiento espurio, ese ciclo de bonanzas externas, esa propaganda de exitismo bobo aún  puede engañar a  algunos, pero no puede seguir embaucando a los desplazados, a los relegados, a los olvidados, a los endeudados, a los expoliados, a los jóvenes estudiantes, a los viejos pensionados, a los indígenas, a los habitantes de provincia, a las víctimas de los usureros dueños de bancos,  farmacias, retail y empresas.

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Sobre este sistema queda poquita fe y nada de esperanzas, por tanto el descrédito, la desilusión, el descorazonamiento popular les tiene condenados al olvido, al abandono, a desertar a salirse del juego, a terminar el contrato, a dar de baja la obligación. Esta generación tiene los días contados.

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La inexperiencia del relevo

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Los jóvenes políticos, aquellos en que estábamos poniendo todas nuestras expectativas, resultan ser ahora unos cachorros juguetones con el poder. Uno les perdona porque la inexperiencia les lleva a creerse el cuento y a pensar que el destino les ha llamado iluminativamente a ellos, como individuos. Es decir, sufren estos pobres aficionados el síndrome de los decadentes, de los “revolucionarios del espejo”, de los dandis mediáticos de Lorraine (Lorena)..

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No alcanzan a darse cuenta que las alternativas históricas no son todas  mesiánicas; que lo más serio de la mutabilidad de las sociedades requiere de un trabajo compartido, generoso y prolongado, paciente y dialéctico. Las antojadizas niñerías o las frivolidades desembocan en los contragolpes y en los travestismos, esos mismos que denuncia Mónica Echeverría en su obra “¡Háganme callar!

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Estos extravíos personalistas son perdonables porque son muy jóvenes para empollar. Todavía generarán gestaciones fallidas antes de caer en la cuenta de su mal infantil y darse elevadamente a la construcción de una alternativa superior, real y trascendente.

EDITORIAL DE QUÉ PASA:

 LA QUERELLA DE LA PRESIDENTA 

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"Lamentamos que la presidenta se haya inscrito en la historia como la primera gobernante en querellarse contra un medio de comunicación y contra periodistas desde el retorno de la democracia", expresó hoy el semanario Qué Pasa en un artículo editorial a tres días de la presentación de una querella en su contra por injurias graves de la Presidenta Michelle Bachelet tras publicar el medio parte de la transcripción de escuchas telefónicas realizada por Carabineros del teléfono celular de Juan Díaz, operador de Caval, la empresa de su nuera Natalia Compagnon (una de las propietarias).

Con esto ha pasado a unirse a una lista de gobernantes latinoamericanos en la misma senda: Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Fernández. Al margen de los efectos políticos que esta amenaza directa contra la libertad de prensa y la libertad de expresión tenga para la mandataria y para quienes trabajan bajo sus órdenes, en Qué Pasa nos preocupa el efecto amedrentador que la acusación judicial y las acusaciones públicas vertidas en contra del medio potencialmente puedan tener contra nuestros periodistas y contra los otros medios del país.

Al respecto, sólo nos queda reafirmar que seguiremos haciendo nuestro trabajo, y defenderemos nuestro derecho a hacerlo donde lo tengamos que defender.

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Nuestro compromiso es que todo el país, incluida la presidenta, se siga enterando de los asuntos importantes por la prensa. El objetivo de tal publicación era complementar la información que aparecería en nuestra sección “Ojos de la llave” de la edición impresa del viernes 27 de mayo, titulada “Los secretos de Juan Díaz, el operador de Caval”, donde se destacaba que a través de las mencionadas escuchas podía deducirse cuál era la estrategia —de amenazas para presionar por los pagos que reclamaba que se le adeudaban— del imputado Díaz en la causa. Dado que su declaración ante el fiscal del caso, Sergio Moya, fue declarada secreta por un tiempo limitado, la transcripción de sus llamadas, obtenida gracias al trabajo de reporteo activo del equipo periodístico de Qué Pasa, ofrecía pistas iluminadoras sobre las posibles próximas diligencias del fiscal y sobre el destino del caso en general. 

Lo más relevante de todo: cómo el imputado Díaz se refería a una de las socias de Caval, Natalia Compagnon, y su posible uso de su parentesco político con la Presidenta de la República. Por un error de procedimiento interno, el texto subido a la web incluía párrafos que, a juicio de los propios responsables de la revista, no cumplían con los estándares editoriales del medio, pues se mencionaban acusaciones graves contra terceras personas, incluida la Presidenta de la República. La dirección de la revista estimó que era indispensable que previamente se diera a conocer esto a quienes aparecían mencionados, para que hicieran sus descargos.

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La medida tomada, de buena fe, fue reeditar la nota, eliminando los párrafos discutidos y publicar una nota aclaratoria sobre los cambios realizados, pidiendo disculpas a los lectores y a los aludidos.

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Como medio de comunicación, asumimos y reconocemos que estamos permanentemente sometidos al juicio del público, y creemos en nuestra obligación de dar explicaciones y ofrecer disculpas cuando nos equivocamos, como lo hicimos en esta oportunidad. Respecto de nuestra publicación en papel, la edición publicada es la final, redactada y publicada relevando su factor noticioso: el foco de la nota era sobre el caso Caval, y el imputado en cuestión se estaba refiriendo a la presidenta. Este valor noticioso sería refrendado por el propio gobierno al informar, la tarde del viernes 27, que la presidenta Bachelet había prestado declaración ante el fiscal del caso Caval, en calidad de testigo, el martes 24. Una diligencia que se había mantenido en secreto y que sólo se dio a conocer tras la publicación de Qué Pasa.

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El martes pasado, nos enteramos junto al resto del país, por las palabras del ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, de que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, había interpuesto una querella por injurias y calumnias contra cuatro periodistas de la publicación. Horas más tarde, su abogado, Juan Pablo Hermosilla, explicó en diversos medios que dicha acción judicial estaba motivada por la publicación de la mencionada nota en la sección Ojos de la llave, publicada en nuestra versión en papel el día viernes 27, y no la nota subida en la página web. Resulta, por decir lo menos, curioso, dado que el anuncio de posibles acciones judiciales fue anunciado por la presidenta el jueves 26, y considerando además que el abogado Hermosilla alude a “los periodistas que firman la nota”, siendo que las notas en esta sección no llevan firma y que la edición en papel no estaba en la calle (circula a partir de los días viernes).

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Al respecto, como lo afirmamos en un comunicado dado a conocer el mismo día martes, en Qué Pasa rechazamos la presentación de esta acción criminal que intenta coartar la libertad de expresión. El hecho que la querella sea presentada por la presidenta en calidad de ciudadana no disminuye esta presión, ya que ambas calidades son inseparables. De otra manera no se entendería que la presentación de la querella fuera anunciada por el ministro secretario general de Gobierno. Como lo han argumentado expertos en derecho como el rector de la UDP, Carlos Peña, hacer esta distinción “posee un valor puramente retórico y carece de relevancia jurídica”.

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En la mencionada publicación sólo se reprodujeron antecedentes que no estaban amparados por ninguna clase de secreto, eran de acceso público para los intervinientes en la causa, y fueron obtenidos legítimamente por los periodistas de este medio. La publicación en la revista de parte de la carpeta investigativa de la fiscalía en caso alguno constituye una falta, ni legal ni ética.

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Para defender la libertad de expresión amenazada recurriremos a todas las instancias, nacionales e internacionales, tanto jurisdiccionales como gremiales, pues consideramos que los peligros relacionados con esta acción gubernamental, merecen reaccionar con la mayor fuerza.

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El abogado de la presidenta, al explicar la acción judicial, ha repetido en varios medios acusaciones contra Qué Pasa que a nuestro juicio revisten una alta gravedad, involucrándonos en supuestos complots y presumiendo de nuestra parte intención de menoscabo contra la persona de la mandataria,

ha  incurrido además en una serie de acusaciones que rayan en lo ridículo, como por ejemplo decir que Qué Pasa publicó sus notas del jueves y del viernes sabiendo que la presidenta había declarado el martes ante el fiscal, para generar un efecto de asociación intencional (es evidente, para cualquier persona con noción de realidad, que de haber tenido una información tan valiosa la habríamos publicado, anotándonos un acierto periodístico importante).

LAS CINCO CLAVES DE ESTA SEMANA, SEGÚN LA REVISTA QUÉ PASA 

LA QUERELLA DE LA DISCORDIA

Este martes a través del vocero de gobierno, Marcelo Díaz, la presidenta Michelle Bachelet anunció que había interpuesto una querella por injurias  graves con publicidad en contra de cuatro periodistas de Revista Qué Pasa luego de la publicación del artículo “Las polémicas transcripciones telefónicas de Juan Díaz, el operador de Caval”. La presidenta, en su calidad de ciudadana, inició la acción legal representada por el abogado penalista, Juan Pablo Hermosilla, y en la cual presenta como testigos al vocero Marcelo Díaz, a su jefa de gabinete Ana Lya Uriarte y al periodista y asesor de la cancillería Ascanio Cavallo.  La querella fue declarada admisible por el 2° Juzgado de Garantía de Santiago y se espera que en los próximos días se cite a una audiencia de conciliación para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. De no ser así, se iniciará un proceso  que podría desembocar finalmente en un juicio oral. La decisión de la mandataria de demandar a la revista ha causado un gran impacto mediático, desatándose un amplio debate en torno a la libertad de expresión y a la separación que realiza la mandataria entre su calidad de ciudadana y presidenta de la República.

DUDAS CENTENARIAS

La Roja aún no encuentra su punto de afinación. A días de iniciar la participación en la Copa América Centenario, la selección nacional de fútbol comandada por Juan Antonio Pizzi, no logra convencer del todo. En sus dos partidos previos contra Jamaica y México acumuló dos derrotas. Pese a que con el cuadro azteca se destacó el funcionamiento del equipo durante el primer tiempo, tanto jugadores como expertos, creen que eso todavía no es sufiente, pensando además que el debut del próximo lunes es contra la Argentina de Messi. El panorama se tornó más complejo aún luego que Matías Fernández abandonara la concentración tras sufrir una lesión a la rodilla. En su reemplazo se nominó de emergencia al volante Mark González. Así las cosas, la selección comenzará su defensa del título enfrentando en la primera fase a Argentina, Bolivia y Panamá. La meta, creen los jugadores, es salir nuevamente campeones.

AUTONOMISTAS Y REVOLUCIONARIOS

Tanto la Izquierda Autónoma (IA), el ex movimiento de Gabriel Boric, como Revolución Democrática (RD), movimiento de Giorgio Jackson, sufrieron una suerte de clivaje político durante esta semana. En el primer caso se concretó el quiebre definitivo entre el diputado por Magallanes y la corriente Nodo XXI que lidera la mesa de IA, debido a diferencias de forma y de fondo, tanto en la manera en cómo se pretende abordar la proyección del movimiento, como en  la disputa por cupos electorales. Boric se alejaba así del conglomerado que formó y que lo levantó como figura política al Parlamento. Por su parte, en RD se concretó la renuncia de varios de sus integrantes que formaban parte del gobierno, pues se determinó que ahora que se conformaron como partido político ante el Servel, correrían por carriles completamente separados del gobierno. El hecho provocó la molestia de diversos sectores dentro de la Nueva Mayoría.

UN NUEVO DESEMBARCO

Época de renuncias. Varios en el último tiempo han decidido desembarcarse de las militancias partidarias. Esta semana se concretó el alejamiento de la UDI del diputado José Antonio Kast, tras 20 años ligado al gremialismo. El parlamentario, por medio de una carta, explicó que su renuncia se debía a que “mi aporte a la UDI ya no es valorado y tengo que dar un paso al costado “, aclarando- eso sí- que su domicilio político seguía en el mismo sector: “No me voy de la derecha, sigo manteniendo mis principios, mis ideales, creo en el mercado, en el mérito, en la propiedad privada, no me cambio de domicilio”. Kast ya había anunciado hace meses su intensión de convertirse en el abanderado presidencial de su partido, cuestión que no logró plasmar en apoyos director, lo que se transformó en un factor clave para su dimisión.

REÑIDA ELECCIÓN EN PERÚ

Según las últimas encuestas, un 15% de los peruanos aún no sabe por quién votará en las elecciones presidenciales del próximo domingo que enfrentarán en la segunda vuelta a Pedro  Kuczynski y Keiko Fujimori.  La hija del ex presidente Alberto Fujimori tendría une leve ventaja de tres puntos con el que fuera ministro de economía del mandatario Alejandro Toledo, por lo que los resultados de los comicios de este 5 de junio son una completa incertidumbre. Esta semana ambos candidatos se enfrentaron en el último debate cara a cara. Mientras Kuzynski intentó reforzar su imagen de experimentado economista, que trabajó en dos gobiernos democráticos; la candidata de Fuerza Popular resaltó el haber recorrido el país durante los últimos cinco años e insistió en ser una mujer de armas tomar. Perú decidirá así su futuro en medio de una fuerte caída de su economía y de un creciente descontento social.

EL AVIÓN DE MEO EN UNA INVESTIGACIÓN QUE NO PARA  Y SIGUE ENTREGANDO SORPRESAS

Según la bitácora de vuelos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, en  el jet de la empresa brasileña con matrícula PR-TAP viajaron junto a Marco Enríquez-Ominami, durante su  campaña presidencial en 2013, Rolando Jiménez, Marisela Santibáñez, Ciro Colombara, Carlos Ominami, Jaime Parada, Patricia Morales, entre otros. En este caso se trata de un avión entregado a préstamo por la empresa constructora brasileña OAS o alquilado para la campaña por el candidato, lo que se sigue investigando.

La información fue solicitada por diputados de Chile Vamos, quienes aseguraron que con estos antecedentes incrementan las sospechas de que hubo financiamiento desde el extranjero en la campaña de MEO.

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Más de 100 vuelos en territorio nacional hizo el jet brasileño de matrícula PR-TAP entre junio y diciembre de 2013.

La información fue entregada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en respuesta a un oficio que enviaron los diputados de Chile Vamos, Paulina Núñez, José Manuel Edwards, Gonzalo Fuenzalida y Felipe Ward.

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Las actividades de las personas que viajaron en el avión, según la bitácora, viajaron en el avión Carlos Ominami (Fundación Siglo 21); el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez; el actual concejal de la comuna de Providencia, Jaime Parada; Marisela Santibáñez; la presidenta del PRO, Patricia Morales, entre otros.

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Uno de esos vuelos, según información que se dio a conocer previamente, el ex abanderado presidencial lo hizo junto a Augusto Ferreira e Uzeda, empresario de la firma brasileña OAS, la misma que está siendo indagada por delitos de corrupción que vinculan al ex mandatario, Lula da Silva. La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, en abril pasado, inició una indagatoria que apunta a conocer los alcances del uso del jet de origen brasileño por parte del ex abanderado presidencial.

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Desde el bloque de la oposición, sostuvieron que con estos antecedentes queda claro que no solo Enríquez-Ominami usó el avión, sino varias personas que eran candidatos a cargos políticos.

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El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, afirmó que hay muchos hechos que se tienen que esclarecer, pero, a su juicio, se incrementan las sospechas de que hubo financiamiento irregular desde el exterior.

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“También hay unas personas de Brasil, que son las cuales nosotros tenemos que poner mayor atención, en esta investigación que se está haciendo de un financiamiento del exterior e ilegal”, expresó Fuenzalida, agregando que “son muchas incógnitas que quedan por descubrir” en torno al vínculo entre ese país y la campaña de MEO.

En la misma línea, el diputado de la UDI, Felipe Ward, agregó que se pueden presumir vínculos entre campañas de Chile y Brasil, debido al préstamo del avión y por el hecho de que hayan viajado ciudadanos de dicho país.

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Dentro de los nombres que aparecen en la bitácora de vuelos, también está la conductora de televisión y esposa de Marco Enríquez-Ominami, Karen Doggenweiler, y Cristián Warner.

EL RETORNO DE LA CLASE PRIVILEGIADA

Por Leonardo Boff

El principal problema brasileño que atraviesa toda nuestra historia es la monumental desigualdad social que reduce gran parte de la población a la condición de chusma.

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Los datos son alarmantes. Según Marcio Pochman y Jesse Souza, que reemplazó a Pochman en la presidencia de IPEA, son sólo 71.000 personas (el 1% de la población, que representa solo el 0,05% de los adultos), los multimillonarios brasileños que controlan prácticamente nuestras riquezas y nuestras finanzas y a través de ellas el juego político. Esta clase adinerada, que Jesse Souza llama la clase privilegiada, además de ser socialmente perversa es muy hábil, pues se articula nacional e internacionalmente de manera que siempre consigue maniobrar el poder del Estado en su beneficio.

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Estimo que su logro más reciente fue inclinar la orientación de la política de los gobiernos de Lula-Dilma hacia sus intereses económicos y sociales, a pesar de las intenciones originales del gobierno de practicar una política alternativa, propia de un hijo de la pobreza y del caos social, como era el caso de Lula.

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Con el pretexto de asegurar la gobernabilidad y de evitar el caos sistémico, como se alegaba, esta clase privilegiada consiguió imponer lo que le interesaba: mantener inalterable la lógica acumuladora del capital. Los proyectos sociales del gobierno no obligaban a renunciar a nada, antes bien eran adecuados para sus propósitos. Llegaban a decir entre sí, que en lugar de que nosotros, la élite, gobernemos el país, es mejor que gobierne el PT, manteniendo intocables nuestros intereses históricos, con la ventaja de ya no tenemos ninguna oposición. Él firma nuestros proyectos esenciales.

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Esta clase adinerada obligaba al gobierno a pagar la deuda pública antes de responder a las demandas históricas de la población. Así quitaba la deuda monetaria con el sacrificio de la deuda social, que era el precio para poder hacer las políticas sociales. Estas, nunca antes habidas, fueron vigorosas e incluyeron en el consumo alrededor de 40 millones de pobres.

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Los más críticos se dieron cuenta de que este camino era demasiado irracional e inhumano para prolongarlo. Fue aquí donde se instaló una falla entre los movimientos sociales y el gobierno Lula-Dilma.

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Todo indicaba que con cuatro elecciones ganadas, a pesar de las limitaciones sistémicas, se consolidaba otro sujeto de poder, venido desde abajo, de las grandes mayorías procedentes de las senzalas (viviendas de los esclavos) y de los movimientos sociales. Estas comenzaron a ocupar los lugares y a utilizar los medios antes reservados a la clase media y a la clase privilegiada, que en el fondo nunca aceptó al obrero Lula y nunca se reconcilió con el pueblo, sino que lo despreciaba y humillaba. Entonces los antiguos dueños del poder despertaron con rabia, pues a través del voto podrían no volver al poder nunca más.

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Instaurada una crisis político-económica bajo el gobierno de Dilma, crisis cuyos contornos son globales, la clase privilegiada aprovechó la oportunidad para agravar la situación, y por la puerta de atrás, llegar a Planalto. Se creó una articulación nada nueva, ya probada contra Vargas, Jango y Juscelino Kubischek, asentada sobre el tema moralista del combate contra la corrupción, salvar la democracia (la de ellos, que es de pocos). Para esto era necesario suscitar la fuerza de choque que son los partidos de la macroeconomía capitalista (PSDB, PMDB y otros), con el apoyo de la prensa empresarial, que era el brazo extendido de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias de nuestra historia, con periodistas que se prestan a la distorsión, la difamación y directamente a la difusión de mentiras.

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La historia es vieja, se sataniza al Estado como un antro de corrupción y se magnifica el mercado como lugar de las virtudes económicas y de la integridad de los negocios. Nada más falso. En los estados, incluso en los países centrales, existe la corrupción. Pero donde es más salvaje es en el mercado debido a que su lógica no se rige por la cooperación, sino por la competición donde casi todo vale, cada uno buscando tragarse al otro. Hay evasiones millonarias de impuestos y grandes empresarios esconden sus ganancias absurdas en cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales, como recientemente ha sido denunciado por los Zelotes, Lava jato y los papeles de Panamá. Por lo tanto es pura falsedad atribuir las buenas obras al mercado y las malas al Estado. Pero este discurso, martilleado continuamente por los medios de comunicación ha conquistado la clase media. Jesse Souza dice con razón que «literalmente en todos los casos la clase media conservadora fue usada como fuerza de choque para derrocar al gobierno de Vargas, de Jango y ahora al de Lula-Dilma y dar el "apoyo popular" y la consecuente legitimidad a esos golpes, siempre en interés de media docena de poderosos» (El atontamiento de la inteligencia brasilera, 2015, p. 207).

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En la base está una mezquina visión mercantilista de la sociedad, sin ningún interés por la cultura, que excluye y humilla a los más pobres, robándoles tiempo de vida en transportes sin calidad, en bajos salarios y negándoles cualquier posibilidad de mejora, ya que carecen de capital social (educación, tradición familiar, etc.). Para asegurar el éxito en esta empresa perversa se creó una articulación que incluye a grandes bancos, FIESP, MP, la Policía Federal y la justicia. En lugar de bayonetas ahora trabajan jueces justicieros que no son reacios a llevarse por delante los derechos humanos y la presunción de inocencia de los acusados con prisiones preventivas y presión psicológica a la delación premiada con información confidencial divulgada por la prensa.

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El actual proceso de impeachment a la presidenta Dilma cae dentro de este marco golpista, pues se trata de quitarla del poder no a través de elecciones, sino mediante la exageración de prácticas administrativas consideradas delito de responsabilidad. Por errores eventuales (concedidos y no aceptados) se castiga con la pena suprema a una persona honesta a la que no se le reconoce ningún delito. La injusticia es lo que más lastima la dignidad de una persona. Dilma no merece este dolor, peor que el sufrido a manos de los torturadores.

PEPE MUJICA VUELVE A APOYAR A BOLIVIA POR UNA SALIDA AL MAR

El ex presidente de Uruguay, José Mujica dijo nuevamente este jueves que Bolivia necesita un "pedacito de mar" que le otorgue más posibilidades en el mundo, durante un acto público en la localidad de Lauca, en el centro tropical del país andino amazónico.

En una conferencia de prensa, según da cuenta la Agencia Boliviana de Información (ABI), en el marco de su visita al país, la primera desde que dejó la presidencia a Tabaré Vásquez, el ahora senador uruguayo dijo no tener dudas en que Bolivia requiere de una salida al mar, "ya sea por Chile o no", porque "es una causa justa"

"(Bolivia necesita) un pedacito de mar que le dé posibilidades en el mundo, es una necesidad histórica", afirmó al ser consultado sobre la demanda marítima que La Paz sigue contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Bolivia tiene radicada su demanda por una salida soberana al mar en la CIJ desde el año 2013 y en la actualidad se aguarda la presentación de la contramemoria de parte de Chile, hasta el 25 de julio.

Al referirse al tema de revisión de tratados internaciones, consideró que en este tiempo es difícil consensuar cualquier situación referente a soberanía, porque en los países aún "existe un fuerte nacionalismo".

"El nacionalismo todavía es muy fuerte en los países y es probable que la opinión publica en Chile rechace, aunque se levante esa idea de que los tratados son revisables", sostuvo.

No es la primera vez que Mujica interviene a favor de Bolivia. Lo hizo antes en 2014 cuando aún era presidente de Uruguay en el Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela) “para ayudar a Bolivia para que obtenga una salida al mar "como sea y por dónde sea", durante una entrevista con el diario boliviano El Deber.

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De la demanda marítima que mantiene Bolivia contra Chile, Mujica opinó que "es un problema histórico que tiene Bolivia, soy consciente de la dificultad que tiene Bolivia, que no la vamos a superar de inmediato, será con el tiempo. Los pueblos no pueden vivir anacrónicamente. De alguna manera Bolivia tiene que salir al mar y si no puede salir por allá, tiene que salir por acá”.

Crisis venezolana

VENEZUELA ENTRE EL DIÁLOGO O LA APLICACIÓN DE LA CARTA DEMOCRÁTICA DE LA OEA

El ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se dirigía este jueves a Caracas para iniciar a la brevedad posible el diálogo promovido por Argentina entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, en un proceso que busca desactivar la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.

El dialogo, promovido inicialmente por Rodríguez Zapatero y posteriormente por Argentina, recibió este miércoles un espaldarazo dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego que el Consejo Permanente de la agrupación adoptara una resolución ofreciendo apoyo a los venezolanos para identificar “algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones” y su respaldo “a las diferentes iniciativas de diálogo nacional”.

Pero el diálogo sólo le entrega al régimen de Caracas un instrumento que le permite torpedear la aplicación de la Carta Democrática, al tiempo que no parecen haber prospectos reales de que conduzca a algún tipo de gobierno de transición que le permitan a los venezolanos salir del régimen de Maduro, dijeron a el Nuevo Herald de Miami fuentes familiarizadas con la situación.

El presidente venezolano Nicolás Maduro reaccionó de manera airada y vulgar el martes tras el anuncio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de solicitar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela.

.Al anunciar su propuesta para activar la Carta Democrática, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recomendó la realización este año de un referendo para revocar el mandato de Maduro, describiendo este instrumento constitucional como la única herramienta institucional disponible para solucionar la grave crisis venezolana.

“Si inician ese proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición antes del 10 de junio, los promotores de ese diálogo van a tener los argumentos para desestimar la aplicación de la Carta Democrática”, explicó un diplomático que no quiso identificarse.

Las fuentes señalaron que hasta el momento los distintos partidos políticos que forman parte de la oposición venezolana se han dejado manipular por las fuerzas detrás del proceso de dialogo, quienes buscan en primera instancia crear las condiciones para que el chavismo se mantenga en el poder hasta el 2019, año en que vence el período presidencial de Maduro.

La periodista venezolana Nitu Pérez Osuna analiza la situación económica de Venezuela, pronosticando que va a continuar en aumento el desabastecimiento de todos los rubros. Sugiere que el país necesita un cambio de sistema político y económico y para ello, pidió ayuda a la comunidad internacional.

Y en este momento hay integrantes de la oposición que promueven la realización del dialogo, proponiendo que sean iniciadas a partir de la próxima semana.

De hacer eso, la oposición venezolana estaría cometiendo un grave error, manifestó la agrupación de 36 ex jefes de Estado y de gobierno denominada como la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

“No puede haber diálogo sin el previo rescate de los mínimos democráticos, como la libertad de los presos políticos y el respeto a la manifestación de la soberanía popular, a saber, la realización de un referéndum revocatorio durante el presente año”, manifestaron los ex presidentes en un comunicado.

“No puede haber diálogo sincero y efectivo sin su servicio a la verdad, a saber, el debate sobre los hechos que determinan las alteraciones graves al orden constitucional y democrático denunciadas por la mayoría de los venezolanos representados en la Asamblea Nacional y constantes tanta como verificadas en el informe que preparara al efecto la Secretaría General de la OEA”, agregaron.

EL HISTORIAL DE LA QUERELLA DE BACHELET PASO A PASO Y NUEVAS NEGLIGENCIAS COMETIDAS POR LOS ASESORES  DEL PALACIO DE LA MONEDA

Parece que el Palacio de La Moneda sigue cometiendo errores graves en lo que respecta a la querella contra la Revista Qué Pasa, presentada por la presidenta Michelle Bachelet, ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por injurias graves y calumnias, porque uno de los testigos mencionados sería el periodista Ascanio Cavallo, quien se entero este jueves por una llamada telefónica que le hizo el diario La Segunda y no por fuentes oficiales del Palacio de La Moneda, como hubiese sido lo más correcto.

"Raro aparecer como testigo... del caso no sé nada", declaró el periodista quien es asesor comunicacional en la querella presentada por Bolivia contra Chile en la causa del mar.

La querella contra la revista Qué Pasa es por publicar una transcripción filtrada de Carabineros de escuchas telefónicas que individualiza a Juan Díaz, ex gestor inmobiliario de Caval y operador político de la UDI, quien vinculó nuevamente a la Mandataria con esta empresa de propiedad de su nuera Natalia Compagnon y de su hijo Sebastián Ávalos.

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Bachelet, la ciudadana

Si bien la querella presidencial fue presentada en su calidad de “ciudadana”, Bachelet puso como testigos a tres figuras vinculadas directamente a su gobierno: Aparte de Cavallo, quien se desempeña como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, figuran igualmente el  ministro vocero de La Moneda Marcelo Díaz, y la jefa de gabinete de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.

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En el libelo se señala que Cavallo “depondrá sobre los estándares de exigencia, control y responsabilidad que conlleva el cargo de director de un medio de comunicación social y su estructura editorial, además de los hechos que motivan la presente querella”.

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Consultado por el vespertino si desde La Moneda o el equipo del abogado Juan Pablo Hermosilla lo llamaron para pedirle atestiguar, su respuesta fue: “Ni de la Moneda ni del equipo de Hermosilla, de su equipo directamente no no…no sé si es de su equipo”.

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Cavallo sostuvo que sobre “la persona (no la identificó) que habló conmigo no tengo idea si forma parte de su equipo. Fue un colega”.

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El libelo ingreso al tribunal presentada por la ciudadana Bachelet, como dijimos antes, registra sin embargo la dirección de la casa de Gobierno, calle Moneda sin número, comuna y ciudad de Santiago y su nombre completo: "Verónica Michelle Bachelet Jeria, médico, sin identificarse como Presidenta de la República. Consultado por el domicilio que indicó la presidenta en la querella contra la revista, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que desconocía el motivo, ya que no era abogado.

La querella acusa de "delitos de injurias graves con publicidad" por parte de "don Juan Pablo Larraín Medina, en su calidad de Director de la revista Qué Pasa; don Francisco Aravena, Editor General del mismo medio; María José Tapia y Rodrigo Vergara, periodistas". Las penas solicitadas "para todos los querellados en concreto sería la de 3 años de reclusión y multa de 150 unidades tributarias mensuales".

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La querellante y su abogado

La presentación es patrocinada por el abogado Juan Pablo Hermosilla en representación de Michelle Bachelet y las penas solicitadas contradicen lo que el mismo jurista declaró el martes en Radio Cooperativa,  que esta acción no buscaba la cárcel de los periodistas, sino que "cuestiones simbólicas respecto al control en libertad de las personas".

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La acción, declarada como admisible ayer, repasa en 15 páginas los antecedentes y acusa que en este caso "se ha transgredido la libertad de expresión".

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Se describe también la situación del caso como una "maquinación política" y que "los contenidos eliminados por la revista hablan de una edición maliciosa", lo que "permite inferir la intención de no informar, sino de afectar la honra y reputación".

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Cavallo, en la entrevista con La Segunda, a raíz de su desconocimiento del caso, dijo que “entiendo que lo único que puedo decir al respecto es una cuestión de tipo pericial. Supongo que es un nombre técnico. Del caso no sé absolutamente nada. Eso es todo lo que puedo decir”, indicó.

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Eso sí, agregó que no le incomoda aparecer como testigo, y que tiene una opinión valórica sobre la querella.

Respecto a la vocería que entregó el ministro Díaz para anunciar la acción que Bachelet, lo que también ha sido criticado,  indicó que si la mandataria no estaba en Chile “era natural que el vocero diera la información”. Lo que ocurrió en este punto es que la Presidenta viajó a París, a la reunión de la OCDE, el lunes, entregando sus declaraciones en el mismo aeropuerto de Santiago y luego en París entregó más detalles sobre la decisión judicial adoptada.  Marcelo Díaz recalcó que como Gobierno tienen la política de que cuando las situaciones se judicializan, no opinan sobre ellas, por lo que en esta ocasión también dejarán que las instituciones funcionen.

Justicia estadounidense

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JADUE RECONOCIÓ SUS DELITOS PARA ENRIQUECERSE

El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sergio Jadue, reconoció ante la justicia de Estados Unidos su participación en diversos ilícitos relacionados con el deporte.

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Así lo reveló esta jornada un reportaje de Ciper Chile, que detalla la declaración del extimonel del balompié nacional frente a la corte estadounidense, llevada a cabo en noviembre del año pasado, como consigna también en su página web Radio Biobío.

“En particular, yo y otros oficiales de fútbol recibimos sobornos de las compañías de marketing de deportes, las cuales pagaron los sobornos para obtener, mantener y renovar los derechos de televisión en los torneos de Ia Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa América y Copa América Centenario”, reconoció Jadue, en relación al cargo por ‘crimen organizado’.

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En la misma línea, el exdirigente calerano expresó que “comenzando aproximadamente en 2012, yo acordé con ejecutivos de marketing deportivo y oficiales de fútbol afiliados a FIFA y Conmebol varios esquemas involucrando el pago y recibo de sobornos en conexión con la venta de derechos de los medios de comunicación y marketing de torneos de fútbol.

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En cuanto a la acusación por “fraude con transacciones bancaria”, Jadue manifestó que “desde aproximadamente 2012 a 2015, yo, a sabiendas e intencionalmente de acuerdo con otros oficiales de fútbol y ejecutivos de marketing deportivo, acordé participar en un esquema de defraudar a FIFA, Conmebol y Concacaf de su derecho a servicios honestos al aceptar sobornos“.

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“Compañías de marketing deportivo nos hicieron pagos de soborno para obtener y mantener los derechos de marketing en el torneo de Copa América, incluyendo una edición del torneo programada a ser jugada en los Estados Unidos en 2016. Para llevar a cabo el esquema, yo, junto con otros oficiales de fútbol y ejecutivos de marketing deportivo, utilizamos instalaciones de transferencia e instituciones financieras localizadas en Estados Unidos, entre otros países, para hacer y recibir los pagos de soborno”, agregó el ‘acusado’.

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Además, en su confesión -que fue liberada por petición de Ciper al juez de New York J. Dearie- el exdirectivo nacional se encarga de aclarar que “ni yo, ni mis co-conspiradores revelamos el soborno citado anteriormente y esquemas de retorno a FIFA o Conmebol, incluyendo, sin limitación, a sus respectivos comités ejecutivos, congresos u organización de constituyentes”.

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Ahora, Sergio Jadue -que no entregó nombres de las empresas ni otros personajes involucradas- deberá enfrentar nuevamente a la justicia de Estados Unidos el próximo 17 de junio, desde las 10 de la mañana. Aquél día pueden darse dos escenarios: que el expresidente de La Calera recibirá su sentencia o que se controle el avance del caso.