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martes, 5 de abril de 2016

PARAÍSOS FISCALES

LAS FILTRACIONES EN 
AMÉRICA LATINA

En BBC Mundo publicó esta semana un resumen de las principales revelaciones en América Latina, país por país y por orden alfabético, en torno a los “Papeles de Panamá. El informe es el siguiente:
Argentina

Según los documentos, el presidente Macri integró el directorio de una sociedadoffshore (extraterritorial) registrada en las islas Bahamas, en el Caribe, desde 1998.
Identificada como Fleg Trading Ltd, el actual presidente figuró como director y vicepresidente.
La sociedad funcionó hasta fines de 2008, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Los documentos reflejan que el máximo ejecutivo en el directorio de Fleg Trading era su padre, Franco Macri, quien se desempeñó como presidente, mientras que su hermano Mariano figuró como secretario.
"Es una operación legal", se defendió este lunes Macri, que le atribuyó la creación de la sociedad a su padre, Franco.

"Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño", dijo el presidente en una entrevista con Canal C y LaVoz.com.ar.
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También se vio señalado en los documentos Daniel Muñoz, secretario y hombre de confianza del expresidente Néstor Kirchner. Muñoz también sirvió durante dos años como asistente de la esposa de Kirchner, Cristina Férnandez, presidenta de 2007 a 2015.
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La familia de la expresidenta se desvinculó de la investigación sobre sociedades en paraísos fiscales. A través de un comunicado, los Kirchner afirmaron que no tienen "ninguna cuenta, sociedad, ni bien de ningún tipo en el exterior" y remarcaron la situación de Macri.
Los datos filtrados revelan los nombres de 570 argentinos, entre los que también está el futbolista Lionel Messi, que afirma haber regularizado la situación de una sociedad panameña constituida, según los papeles, para facturar sus derechos de imagen.
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En un comunicado, la familia Messi asegura que son "falsas e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trama de evasión fiscal e, incluso, de crear una red de blanqueo de capitales".
Los Messi informan que la sociedad panameña (Mega Star Enterprises) es "una compañía totalmente inactiva, que jamás tuvo fondos ni cuentas corrientes abiertas".
Brasil

Panamá Papers muestra a 107 empresas offshore vinculadas a personas o firmas envueltas en la causa judicial del escándalo de Petrobras, informó el portal local UOL, que investigó la vertiente brasileña.
Los documentos señalan además que la empresa panameña Mossack Fonseca creó o vendió las empresas extraterritoriales a políticos pertenecientes a siete partidos brasileños o a familiares de los mismos, según UOL.
En la lista divulgada no figuran miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sí del PMDB, el mayor grupo del congreso brasileño que rompió con la presidenta Dilma Rousseff la semana pasada. También hay del partido opositor PSDB.
presidente de la cámara de Diputados de Brasil.
Una de las offshores que aparecen operadas por un banquero suizo es atribuida al presidente de la cámara brasileña de Diputados, Eduardo Cunha, que integra el PMDB y enfrenta en su país acusaciones de corrupción, aunque él en un comunicado de reacción a la publicación de Panamá Papers negó poseer cuentas en el exterior.
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La investigación concluyó que algunas de las empresas offshore operadas por Mossack están vinculadas a grandes constructoras acusadas de pagar sobornos por contratos millonarios en Petrobras.
La firma panameña Mossack Fonseca entró en enero en el radar de las autoridades brasileñas de la red de sobornos en Petrobras, que presumían ayudó a ocultar identidades de dueños de inmuebles sospechosos.
Chile

En Chile las revelaciones de los Panamá Papers trajeron una renuncia inmediata: la del presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett.
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Quien lideraba el capítulo chileno de Transparencia Internacional renunció el lunes a su cargo, tras saberse que gestionaba a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas, ligadas a un millonario proyecto minero e hidroeléctrico, según reveló el Centro de Investigación Periodística (Ciper), participante chileno de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
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Otro de los nombres destacados en los documentos es el de Alfredo Ovalle Rodríguez, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio entre 2006 y 2008.
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Además, fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) de 2005 hasta que dimitió en 2009 por haber tenido negocios con el exdirector de finanzas de la DINA, la policía secreta en tiempos del gobierno militar de Augusto Pinochet.
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Mossack Fonseca fue el vehículo con el que Ovalle, junto a su socio histórico, Raimundo Langlois, crearon en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá.
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Ambos son directores del Grupo Minero Las Cenizas y, según los documentos,usaron Sierra Leona para invertir en minería y en distribución alimentaria en Chile, para recibir dividendos de sus inversiones y para abrir cuentas bancarias en diferentes países.
BBC Mundo intentó comunicarse sin éxito con el Grupo Minero Las Cenizas, la compañía que preside. Medios de comunicación locales señalan que el abogado chileno no ha podido ser contactado desde el domingo.
Y en el mundo de los deportes, la revelación de los documentos salpicó alexdelantero de la selección chilena Iván Zamorano, que negó este lunes haber eludido impuestos.
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"En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que correspondían, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos", expresó Zamorano en una breve declaración pública difundida en medios locales.
Colombia
Hay más de 850 colombianos relacionados en los papeles con la firma Mossack Fonseca. "Entre los clientes hay funcionarios, ex servidores públicos, políticos de todas las tendencias y, principalmente, empresarios", dice Connectas, el medio colombiano que participó en la investigación.
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Entre ellos destaca el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, de quien dijo: "Desde 2007 hasta 2014, Gutiérrez Robayo creó una red de 12 compañíasoffshore y tres fundaciones en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas", según los documentos.
Gutiérrez Robayo dijo que no cometió ninguna irregularidad y que no está siendo investigado. También señaló que nunca hizo negocios con Petro.
Ecuador

El principal nombre citado por los documentos en Ecuador es el de Pedro Miguel Delgado Campaña, exgobernador del Banco Central y primo del presidente del país, Rafael Correa.
En 2012, Austrobank Panama S.A., subsidiaria de Grupo Eljuri –uno de los principales conglomerados empresariales de Ecuador– y de acuerdo con la filtración cliente de Mossack Fonseca, procesó una hipoteca en nombre de Delgado y su esposa, entonces vice cónsul general de Ecuador en Miami.
La hipoteca de US$190.000 era para comprar una casa en North Miami Beach. En ese momento, Delgado era gobernador del Banco Central.
El primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca se negó a procesar el crédito. "Algo no huele bien", dijo. Pero Mossack Fonseca encontró otro abogado que registró la hipoteca en Miami.
Delgado, que vive en Estados Unidos, no respondió a las peticiones de comentario de la ICIJ y sólo confirmó a la cadena estadounidense Univisión que tenía propiedades en Miami.
También la Secretaría (ministerio) de Inteligencia de Ecuador (Senain) rechazó que su titular, Rommy Vallejo, esté involucrado en hechos revelados por los Panamá Papers.
"Rechazamos enfáticamente las falsas publicaciones que ponen en entredicho el honor del secretario Rommy Vallejo y de la institución que dirige", señaló la Senain en un comunicado.
Honduras

En los documentos se menciona a César Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal, uno de los hombres de negocios más ricos de Honduras y ex vicepresidente del país.
Jaime Rosentahl ha sido investigado por evasión de impuestos y a principios de 2016 Estados Unidos lo pidió en extradición por lavado de dinero.
seía un avión que fue decomisado en Guatemala.
César Rosenthal aparece en los papeles conectado a una compañía offshore que poseía un avión que fue decomisado e inspecccionado en Guatemala como parte de la investigación a la familia por lavado de dinero. Las autoridades de Guatemala no encontraron contrabando en la aeronave.
Según los documentos, Rosenthal era el único dueño y presidente de Renton Management SA, empresa creada en Panamá en febrero de 2014 para comprar el avión.
Rosenthal no ha respondido a la petición de comentario.
México

En México, aparece mencionado Juan Armando Hinojosa, propietario del grupo Higa e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca, que salpicó al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera.
Llamado por algunos medios mexicanos como "el contratista favorito" del mandatario, Hinojosa ha obtenido contratos por US$750 millones de agencias del gobierno mexicano, según Panamá Papers.
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De acuerdo al portal Aristegui Noticias, que participó en el análisis de los documentos, Hinojosa transfirió al menos US$100 millones utilizando los nombres de su madre y su suegra a través de compañías creadas por Mossack Fonseca.
México, aparece en los documentos.
Eso ocurrió luego de la polémica por la mansión presidencial destapada a fines de 2014.
Allí se supo que la primera dama había iniciado un proceso de compra de una mansión de US$7 millones construida por una de las sociedades de Hinojosa.
Luego, Rivera aseguró que había conseguido un préstamo de una de las sociedades de Hinojosa y había dado una entrada del 30% pagando con dinero obtenido durante su carrera como actriz de telenovelas.

Un mes después de que el gobierno declarara que no había habido conflicto de interés en la compra de la mansión presidencial Hinojosa transfirió millones de dólares a compañías offshore en Nueva Zelanda.
Ni el Grupo Higa ni Hinojosa Cantú se han querido manifestar sobre las revelaciones.
BBC Mundo intentó sin éxito contactar con el Grupo Higa.

En tanto, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, utilizó dos empresas offshore, de acuerdo a Aristegui Noticias.
Una de ellas para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y la otra para controlar la propiedad de una embarcación con bandera de las Islas Caimán.
El Grupo Salinas respondió al portal: "Todas las operaciones financieras del señor Ricardo Salinas Pliego se hacen con estricto apego a derecho", afirmó.
El gobierno mexicano aseguró que el servicio de administración tributaria "abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México".
Panamá

Riccardo Francolini fue oficial o director de tres compañías estatales, incluyendo la Caja de Ahorros, y pertenece al círculo privado del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.
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En enero de 2015, Mossack Fonseca rechazó ser el agente de dos compañíasoffshore propiedad de Francolini porque la firma panameña lo consideraba una persona políticamente expuesta.
Era el único propietario de Jamefield Investment en las Islas Vírgenes Británicas. Fue también presidente y copropietario, junto a su esposa, Iraida García, de Gladden Corporation, registrada en Bahamas en 1998.
Francolini no respondió a los pedidos de comentario de la ICIJ ni a los medios locales.
Perú
Los documentos revelados en los Panamá Papers incluyen a dos destacados personajes de la política peruana, dos de los principales financistas de la candidata Keiko Fujimori, favorita en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 10 de abril.
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Uno es Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del gobierno de Alberto Fujimoriy jefe de campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y el otro su sobrino,Jorge Yoshiyama Sasaki.
Yoshiyama Sasaki y Carlos Rubiños Zegarra son los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises LTD, constituida en octubre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas a través del estudio Mossack Fonseca.
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Según IDL-Reporteros, medio que ha investigado los documentos relacionados con Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que supervisa los gastos e ingresos de los partidos políticos durante la campaña electoral, refirió en enero que Yoshiyama Tanaka y su sobrino Jorge aportaron a la campaña fujimorista US$61.821 y US$61.519 respectivamente.
BBC Mundo trató sin éxito de ponerse en contacto con Christian Peralta, asesor de prensa de la campaña de Fuerza Popular.
El también candidato presidencial y exministro Pedro Pablo Kuczynski aparece en los documentos divulgados.
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Igualmente se vio involucrado el famoso chef Gastón Acurio.
de lujo.
Según Panamá Papers, dos sociedadesoffshore de Acurio fueron registradas por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, y otra vinculada a su principal emporio gastronómico, Acurio Restaurantes, también creada en Panamá y luego trasladada a otro paraíso fiscal: Delaware en Estados Unidos.
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Acurio confirmó a Ojo Público, medio peruano que investigó los papeles, ser el dueño personal de sociedades offshore y admitió que a través de ellas compró dos embarcaciones de lujo.
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"He comprado un barco en las Islas Vírgenes y para poder comprarlo tienes que fundar, o sea, tienes que ser el propietario de esta compañía que es la propietaria de ese barco (...). Creo que no tiene nada de malo ni de ilegal comprarse un barco por más chiquito, mediano, grande que te pueda parecer", dijo Acurio.
Uruguay
Según los documentos, la firma legal del uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del equipo de fútbol Peñarol y miembro del comité de ética de la FIFA tenían relación empresarial con tres personas implicadas en el escándalo de la FIFA.
Se trata del uruguayo Eugenio Figueredo, ex vicepresidente del ente mundial, y de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis.
Los Jinkis, padre e hijo, están acusados de pagar sobornos para lograr los derechos de transmisión de partidos en América Latina.

Los documentos indican que la firma legal de Damiani representó compañíasoffshore ligadas a los Jinkis y a siete empresas vinculadas a Figueredo.
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En respuesta a la investigación del ICIJ y sus socios, el comité de ética de FIFA ha iniciado una investigación preliminar sobre la relación de Damiani con Figueredo.
Un portavoz del comité dijo que Damiani informó sobre sus negocios con Figueredo el 18 de marzo, un día después de que los periodistas le enviaran una cuestiones al uruguayo sobre el trabajo de su despacho con compañías relacionadas con el ex vicepresidente de la FIFA.
Damiani no respondió a las peticiones de la BBC para comentar la información aparecida en los documentos filtrados, pero sí se dirigió a los medios de comunicación este domingo durante un partido de Peñarol.
"Nuestra firma no mantuvo relación comercial alguna ni realizó negocios con o para el señor Eugenio Figueredo, ni para ninguna de las demás personas mencionadas en el artículo periodístico", aseguró.
Venezuela
La palabra "Venezuela" aparece en 241.000 documentos, que fueron investigados por una decena de periodistas venezolanos ligados a diferentes medios (como Armando.info) y varias ONG locales (como Transparencia Venezuela).
La mayoría de lo que hasta ahora se ha revelado señala a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que no se ha pronunciado sobre las informaciones.
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El caso que más comentarios ha generado fue el de Adrián Velásquez, jefe de seguridad del fallecido expresidente Hugo Chávez, que el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la victoria de Maduro en las presidenciales, formó una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca.
Velásquez y su esposa, Claudia Patricia Díaz Guillén, expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada, residen ahora en República Dominicana, según informan medios venezolanos.

Otros funcionarios del gobierno, así como de las Fuerzas Armadas y Petróleo de Venezuela, registraron empresas –algunas sin actividad comercial, según los reportes– en paraísos fiscales.
TSUNAMI 27-F

"NO ES PLATA LO QUE QUEREMOS... ...QUEREMOS UN JUICIO ORAL"

Acusan a la Presidenta Bachelet de esconder
 la cara

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Con un trato deficiente y una recepción con mucha  ironía y propuestas "manipuladas o arregladas" han sido tratados los familiares de las víctimas del tsunami de 2010 que han llegado a declarar hasta el  Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, pidiendo rechazar una salida alternativa que fue planteada por la Fiscalía, porque esta fórmula llevaría el proceso a "un estado de impunidad".
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Este es uno de los 33 testimonios que se presentó en la audiencia para discutir la salida alternativa en el llamado caso Tsunami.

Jaime Oviedo compareció y narró lo que le ocurrió a su esposa y cuñada. Cerca de las 07:00 de la mañana decidieron bajar de un cerro en Dichato. El papá de Grace Gutiérrez murió por el tsunami en Talcahuano y Gabriela Sepúlveda perdió a su madre en Tomé. Al igual que Jaime, rechazaron la salida alternativa. La consideran una falta de respeto, porque a su parecer se debe hacer un juicio oral. No es plata lo que quieren.
Son 26 las personas de la región del Bío Bío que se podrían presentar en el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, cuya primera jornada ayer estuvo cargada de dolorosos relatos de la madrugada del 27 de febrero y en que sólo se pide justicia.
Sin embargo, no todas las familias -la mayoría de Constitución- llegaron hasta el Centro de Justicia dado que no tenían un lugar donde hospedarse. Incluso, muchos de ellos no tenían dinero para comprar alimentos durante la jornada y no llegaron a declarar.
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Ante esto acusan que la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía no operó como correspondía. Una de las familiares de las víctimas declaró al programa Expreso Bío Bío que muchos no podían venir nuevamente hasta la capital porque “no tenían plata”Ayer se escucharon más de 30 testimonios, en donde las familias rechazaron la suspensión condicional del procedimiento en contra de las seis ex autoridades involucradas con la fallida alerta de tsunami.
“Se suponía que vendrían acá, que les iban a dar almuerzo, que se iban a preocupar de eso pero no se preocuparon de nada”. Según el testimonio Erika Valdés, a la gente proveniente de otras regiones se le prometió -por parte de la Fiscalía- ayuda para quedarse hasta finalizado el proceso de entrega de testimonios esta semana.
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El abogado Raúl Meza le explicó a la jueza que muchas “víctimas lamentablemente no pudieron retornar para los efectos de esta audiencia [...] Ayer llegaron a las cuatro de la mañana sin desayuno y no tuvieron alimentación durante todo el día. Entendemos que hay una unidad de Víctimas y Testigos de parte del Ministerio Público y, por tanto, queremos que se de cuenta por parte del Ministerio Público cuáles son los recursos que puso a disposición de estas víctimas”.
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Consultado por la situación, el fiscal José Luis Pérez aseguró que no recibió reclamos ni ninguna situación particular para recibir a los familiares.
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Los abogados de las víctimas solicitaron suspender la audiencia. Sin embargo, esto fue rechazado por la jueza Carolina Gajardo.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, la señora Julia Rojas, madre de Claudio Ponce Rojas, víctima del terremoto y posterior tsunami, entregó también su versión.

“Tuve la oportunidad de escuchar cada escena, cada dolor, cada barbaridad”, señaló, agregando, que  “ayer todos los que estábamos en el Centro de Justicia viendo los monitores, todos, los periodistas, todos, llorábamos todos”.
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El hijo de Julia Rojas murió asfixiado producto de la caída de un árbol, luego de luchar por alrededor de media hora entre las aguas; razón por lo que es enfática en señalar, “yo tengo la esperanza de que el caso se pueda revertir”, pues lo que ella busca con esta audiencia es “que ellos paguen, que haya cárcel”.
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“Esto es una burla para el país, ¿en qué país estamos viviendo?, tenían teléfonos satélites y no sabían ni ocuparlos”, dicta con claro enojo esta madre, quien asegura, “quién tomó la decisión, quien es la culpable de todo esto,  es la señora Michelle Bachelet…. ella esconde la cara, como es con su hijo, como es con todo el mundo….Ella es la dueña de casa, ella es la que tiene que poner la cara”, dijo "La Gran Mañana Interactiva" de Radio Agricultura.

Las audiencias por el caso 27F mantienen al país en un estado anímico afectado, al conocer de primera mano los testimonios de los familiares de las víctimas, quienes no han encontrado consuelo pese al transcurso del tiempo, publico el diario electrónico El Líbero.
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LOS PAPELES DE PANAMÁ: ASÍ SE LLEVÓ A CABO LA MAYOR FILTRACIÓN DE LA HISTORIA DEL PERIODISMO

Por Miguel Ángel Ossorio Vega (*)

370 periodistas de 76 países, 109 medios de comunicación involucrados, 25 idiomas de trabajo y 2.600 GB de información: así se han gestado los Papeles de Panamá, el mayor ejemplo de periodismo de investigación que se recuerda.
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Principios de 2015, Munich (Alemania). Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, periodistas del Süddeustsche Zeitung, reciben una filtración anónima con documentos del despacho de abogados panameñon Mossack Fonseca. Entre el material que reciben hay correos electrónicos, escrituras legales, certificados bancarios, fotocopias de pasaportes, declaraciones juradas, facturas… Los periodistas comienzan a revisar el material y encuentran nombres relevantes. Pero tienen entre manos más de 11 millones de documentos fechados entre 1977 y 2015, una cantidad excesiva para dos periodistas e incluso para un único medio. De hecho, los archivos que poseen superarán los 2,6 terabytes (2.600 gigas): es 2.300 veces más grande que los documentos que recibió Wikileaks hace cinco años, cuando filtró unos 200.000 cables diplomáticos.
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“Cuando nos dimos cuenta de que habíamos encontrado algunas buenas historias internacionales, entendimos que se quedarían sin contar a menos que compartiéramos los datos”, explica Bastian Obermayer. Por eso, en abril de 2015 una delegación del ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) visitó la redacción del Süddeutsche Zeitung para reunirse con los dos periodistas alemanes y recibir varios discos con información. En ese momento se puso en marcha la maquinaria que, un año después, ha dado lugar al Panama Papers: la mayor filtración de la historia del periodismo.
Para llegar hasta aquí ha sido necesario más de un año de trabajo coordinado desde la sede del ICIJ, ubicada en Washington DC (Estados Unidos).
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Pero en esta historia hay muchos protagonistas y decenas de equipos humanos: en Madrid y Costa Rica comenzaron a realizar la primera revisión de los datos entregados al ICIJ. La periodista española Mar Cabra, los ingenieros Rigoberto Carvajal y Miguel Fiandor, y el desarrollador Matthew Caruana-Galizia lideraron la tarea. En paralelo, y desde Washington, la subdirectora del Consorcio, Marina Walker Guevara, se fue reuniendo con periodistas de distintos medios para que se unieran al mastodóntico proyecto.
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El 30 de junio de 2015 unos 30 periodistas llegados desde distintos puntos del planeta se reunieron durante dos días en Washington para acordar una agenda de trabajo y recibir los primeros documentos. Durante dos meses fueron rastreando los archivos en busca de nombres, datos, fechas y material que pudiera revelar información interesante. Pero para llegar a descifrar el contenido de los documentos era necesario crear una estructura de limpieza de datos: el ICIJ puso en marcha hasta 35 servidores para rastrear la información y clasificarla. Después, se creó una aplicación web de alta seguridad usando Linkurious para subir toda la información y facilitar la relación entre los distintos documentos de forma automática, como si fuera un buscador de Internet. Ahí es donde los periodistas involucrados irían subiendo los datos que limpiasen, creando una gigantesca base de datos estructurada que permitiera acceder al instante a los documentos filtrados. Una labor de clasificación e interrelación inédita en la historia del periodismo.
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Sin embargo, se estaba trabajando con información muy sensible, por lo que el ICIJ se esmeró con las medidas de seguridad: cada vez que un periodista accedía a Linkurious, todos sus movimientos quedaban registrados y eran monitorizados en tiempo real. Además, toda la información de la plataforma estaba encriptada, así como la comunicación entre los profesionales que trabajaban en el proyecto.
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En septiembre de 2015 una nueva reunión, esta vez en Munich, llevó a 70 periodistas a poner en común los datos que habían conseguido rastrear. Es ahí donde se comenzaron a gestar las primeras historias y donde se establecieron grupos de trabajo de cara a la publicación de los contenidos filtrados. Pero las fechas de publicación se iban retrasando por un sencillo motivo: el Süddeutsche Zeitung recibía periódicamente nuevos paquetes con información adicional. 

En menos de un año, el ICIJ actualizó hasta en cinco ocasiones la base de datos, llegando a añadir más de un millón y medio de documentos a los recibidos en un principio. Es entonces cuando se puso la fecha que escribe un nuevo capítulo en la Historia del Periodismo: 3 de abril de 2016, el día elegido para la publicación simultánea de las filtraciones en los distintos medios de comunicación que han participado, entre los que se encuentran The Guardian, la BBC, Le Monde, Univisión o los españoles El Confidencial y La Sexta.
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Los documentos publicados identifican 214.488 entidades (empresas, fundaciones y fideicomisos) y 14.153 clientes del bufete Mossack Fonseca, un pequeño despacho de abogados que lleva desde los años 70 operando en Panamá y que, pese a ser poco conocido, parece ser bastante poderoso en el país. Son datos de gran relevancia por las implicaciones políticas (hay 12 expresidentes de distintos países y 61 familiares asociados a ellos, además de 128 políticos), económicas (hasta 29 personas que aparecen en la lista de Forbes también están en los documentos filtrados), bancarias (podría haber hasta 500 bancos involucrados) y nacionales, porque estos documentos podrían demostrar una masiva evasión de impuestos en algunos casos, algo que la Justicia deberá determinar. Por el momento, la Fiscalía panameña ya ha abierto una investigación a Mossack Fonseca,  cuyo cofundador ya ha renunciado a su cargo de ministro consejero del Presidente de Panamá. 
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En España la  Fiscalía también investigará de oficio a todos los nacionales que aparezcan en los documentos filtrados, algo que las Autoridades de Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido también harán, aunque desde la Asociación Española de Asesores Fiscales y Tributarios  explican que este tipo de sociedades no son ilegales en sí mismas, por lo que es necesario analizar caso por caso para determinar si sus titulares o participantes tributaron previamente en sus países de origen. En cualquier caso, todo esto es sólo el principio: durante las próximas semanas, los medios participantes en la filtración irán desvelando nuevos nombres y publicarán más documentos.
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Esta masiva filtración gracias al trabajo coordinado de cientos de periodistas resalta el valor del periodismo de investigación como herramienta para conocer la realidad que se oculta tras complicados muros levantados por empresas, gobiernos e instituciones. En un momento en el que la mayoría de las cabeceras occidentales están bajo mínimos (con el perjuicio que eso causa a la investigación, que requiere esfuerzo, tiempo y dinero), estos trabajos coordinados demuestran la importancia de invertir en este tipo de productos informativos y lo necesarios que siguen siendo los periodistas y los medios como garantes de la libertad de información. Puede que cambie el modelo y que ahora sea necesaria una coalición de medios a nivel global para poder alcanzar temas que hace unos años podría haber realizado un solo medio, pero incluso con ese modelo, la prensa se hace más poderosa y gana herramientas para seguir investigando y publicando aquello que muchos quieren tapar. Bienvenidos al periodismo del siglo XX
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(*) El autor es investigador en la Universidad Complutense de Madrid

FILTRACIONES
DECLARACIÓN PÚBLICA DE PREMIOS NACIONALES DE PERIODISMO

¿Por qué nos oponemos a la "Ley Mordaza"?

Los académicos de la Universidad de Chile Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo 2011; Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005; María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009; y FarideZeran, Premio Nacional de Periodismo 2007, entregan esta declaración sobre las modificaciones que intentan endurecer las sanciones en caso de que las investigaciones de la fiscalía se filtren a la prensa.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado de Chile ha tratado en las últimas semanas introducir subrepticiamente una serie de modificaciones al Código Penal chileno que dañan seriamente los fundamentos mismos de cualquier régimen que se digne denominarse democrático. A ello se suman las reformas a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público que apuntan en el mismo sentido.
En concreto, esa instancia de la Cámara Alta ha propuesto, curiosamente de manera unánime, dos medidas que atentan gravemente en contra de la libertad de expresión y de prensa y el acceso de la ciudadanía a la información. La primera es ampliar el plazo de reserva de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de 40 a 90 días. Es decir, la ciudadanía tardará casi dos meses adicionales en enterarse de las causas que ejecuta el Ministerio Público. Es casi como volver al “secreto de sumario” que nos rigió hasta fines de los años 90, como lo ha destacado el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch.
La segunda medida es aún más grave. Con todos los votos de la oposición y de la Nueva Mayoría, esa Comisión, y después el Senado en pleno, aprobó también endurecer las sanciones en caso de que las investigaciones de la fiscalía se filtren a la prensa. Más allá de los tecnicismos –ya existen sanciones para los fiscales, pero no así para las partes relacionadas al proceso judicial que ahora también se someterían a penas–, se trata de una iniciativa legislativa que causa nuestra más profunda extrañeza y preocupación, ya que recuerda, aunque sea vagamente, a las constantes limitaciones que se imponían a la libertad de expresión en plena dictadura de Augusto Pinochet. Así, la propuesta de los senadores es aplicar una pena de presidio que va desde los 61 días hasta los 541 días a quienes participen de filtraciones a la prensa en causas judiciales bajo investigación. Bochornosamente, se trata de penas mayores a las que actualmente nuestra ley aplica al delito de cohecho, como las que podrían afectar al ex líder de la UDI, Pablo Longueira, según asegura el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.
Todas estas artimañas legislativas se enmarcan dentro de la llamada “Ley corta anti delincuencia” que, por desgracia, ha sido una suerte de "Caballo de Troya" de una parte importante de la clase política para introducir leyes que ya creíamos desterradas en democracia, como la restitución –en su versión más modernizada– de la detención por sospecha.
Resulta al menos curioso que senadores y dirigentes estén ahora tan preocupados de las “filtraciones a la prensa” –una herramienta que los propios políticos han utilizado hasta el cansancio con los medios para avanzar sus posiciones u obstaculizar las de sus adversarios– justo cuando la fiscalía, la prensa y la ciudadanía vienen a conocer la magnitud de la incestuosa relación que ha mantenido una parte de ellos con el poder económico.
De haber existido, y de haberse aplicado rigurosamente, una potencial ley como esta, el país no se hubiera enterado como lo ha podido hacer del caso Penta, del caso Soquimich o Caval, de la colusión de las papeleras, los pollos, las farmacias, de los desfalcos en nuestro fútbol o en el Ejército, o tantos casos más. 
Al respecto, sólo podemos recordar las sabias palabras pronunciadas por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1971, cuando en un fallo histórico desestimó la demanda del gobierno para favorecer a la prensa: “Una prensa fastidiosa, una prensa obstinada, una prensa agresiva es algo que debe ser soportado por aquéllos que ejercen la autoridad, precisamente con el fin  de preservar nuestros mayores valores: la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada”.
Pasados 50 años, es hora que nuestros políticos lo entiendan. Este martes, el Senado tiene la oportunidad de corregir su paso en falso. 
Sergio Campos Ulloa
Juan Pablo Cárdenas Squella
María Olivia Mönckeberg Pardo
FarideZeranChelech 

Premios Nacionales de Periodismo


ECONOMÍA CHILENA CRECIÓ EN FEBRERO UN 2,8 POR CIENTO

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Por encima de las expectativas estuvo el desempeño económico de Chile en febrero. El Banco Central informó esta mañana que el Indicador Mensual de la Actividad Económica (imacec) anotó una variación de 2,8% en el segundo mes del año. 
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La cifra supera las proyecciones de los expertos que, en promedio, esperaban un aumento de 2,4% y el débil 0,5% de enero.
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Se trata además de la mayor variación del índice en siete meses. La serie desestacionalizada aumentó 0,8% respecto del mes precedente y creció 1,9% en doce meses.
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El emisor dijo que en el resultado de febrero, que tuvo un día hábil más que en igual mes de 2015, incidió principalmente, el crecimiento de las actividades de servicios, minería y comercio.
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El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, había adelantado hace casi un mes que el desempeño de la economía en febrero sería mucho mejor que el del primer mes del año.
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"El dato de febrero va a ser mucho más alto que este (enero). Esperamos ver un crecimiento más robusto hacia adelante", manifestó el jefe de la billetera fiscal al comentar el Imacec de enero publica hoy el Diario Financiero.
CASO CAVAL SIGUE SIN VARIACIONES TRAS DECLARACIÓN DE ANA LYA URIARTE
La jefa de gabinete de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, descartó  cualquier tipo de irregularidad al responder un oficio enviado por la UDI en marzo en que se le solicitó esclarecer sus vínculos con la empresa Caval de Natalia Compagnon.
Según publica hoy La Tercera, la ofensiva de la UDI se dio luego de que el otro socio de Caval, Mauricio Valero, sembrara dudas respecto de los servicios que Uriarte prestó a la firma en 2012, al sostener ante la fiscalía que nunca tuvo acceso a los informes de su trabajo, pese a habérselos pedido a Compagnon. 
Así, en la respuesta enviada al diputado Issa Kort (UDI), Uriarte aseguró que los servicios sí se prestaron, pero que estos fueron por medio del estudio jurídico Sustentabogadas, y que las facturas a Caval se emitieron a nombre de esa firma.
 “No he hecho más que prestar servicios profesionales dentro del ámbito de mi especialidad, dentro del marco ético y legal, sin más pretensión que ejercer legítimamente mi profesión, sin que haya existido conflicto de ninguna especie en tal actuación”, se lee en las 16 páginas del documento, donde Uriarte también hace una extensa referencia a su trayectoria profesional y académica. 
“La relación con Caval se desarrolló entre los meses de mayo y julio del año 2012, está debidamente rendida, y durante su desarrollo imperó un trato estrictamente profesional y apegado, también estrictamente, a los términos en que la asesoría legal de carácter exclusivamente ambiental nos fue solicitada”, agrega en el texto. 
Junto con esto, Uriarte alude a las diversas reuniones que sostuvo con Valero y Compagnon durante el período en que asesoró a Caval y añade que “jamás he prestado servicios personales, como abogada independiente -ni en ninguna otra condición- a Caval, ni jamás he emitido boleta alguna a Caval ni tampoco he recibido, por parte de Caval como persona jurídica, ni de sus socios como personas naturales, pagos distintos a los efectuados por concepto de la asesoría jurídico ambiental”.
En esta línea, Uriarte establece que “los servicios ambientales prestados a Caval, en consecuencia, lo fueron en el marco de la relación profesional entre el Estudio Jurídico Sustentabogadas Ltda. (que emitió como he señalado las facturas respectivas) y Caval”. 
Desde la UDI valoraron la pronta respuesta de Uriarte. “Marca una diferencia respecto de otros funcionarios de La Moneda”, dijo el diputado Kort. 
Pero agregó que “queda claro que Caval ha montado una teleserie donde la nuera de la Presidenta y su socio sistemáticamente faltan a la verdad”.



EL CASO PIZARRO
JORGE PIZARRO, MÁS MACHUCADO QUE MEMBRILLO DE COLEGIAL

Por  Rafael Luis Gumucio Rivas

Jorge Pizarro no tenía ya otra salida que renunciar a la presidencia de la Democracia Cristiana – la verdad, nunca debió asumir ese cargo o bien, haber renunciado mucho antes – pues los conspiradores, desde chascones, príncipes y Martínez hasta parte de los pocos militantes que restan en el Partido,  le tenían preparado un “golpe certero”, a punta de puñaladas  - de frente y por la espalda -, y ya había sido contratada una empresa de aseo para limpiar el salón de honor del antiguo Congreso Nacional para borrar toda la suciedad.

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La actual Democracia Cristiana, igual que sus congéneres europeos y latinoamericanos, tiende a ser un partido envejecido, sin ningún papel importante dentro del panorama político y que sólo puede vivir de las glorias de la post guerra y, sobre todo corrompido, no sólo en los casos de los desaparecidos partidos democratacristianos italiano y venezolano, sino también en el chileno.
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En los aportes políticos de Soquimich a la Democracia Cristiana no sólo están “los informes verbales” de dos de los hijos del senador Pizarro, sino también la del hijo  del diputado Roberto León y de la tesorera de la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle – ya formalizada junto a Giorgio Martelli -. Recientemente, el fiscal a cargo del caso, Pablo Gómez, ha pedido informes a Estados Unidos sobre los dineros entregados por la empresa no metálica a la campaña de Frei Ruiz-Tagle.
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La mayoría de las Juntas Nacionales de la Democracia Cristiana tiene un carácter dramático indiscutible: así ocurrió, por ejemplo, en Peñaflor donde Eduardo Frei Montalva tuvo que emplearse a fondo para derrocar a la  directiva rebelde tercerista; posteriormente, en los años 70, cuando había que resolver entre formar parte de la Unidad Popular o seguir el camino propio; Radomiro Tomic, como candidato del camino a la presidencia de la República; hoy, el dramatismo estuvo en la renuncia sorpresiva de Pizarro antes del asesinato político por parte de sus camaradas.
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Hay una enorme diferencia entre las Juntas Nacionales de la  Democracia Cristiana en sus épocas de auge y la del último. Es cierto que en ambos casos han existido  funcionarios de gobierno  que han desempeñado cargos en la Junta Nacional, pero la diferencia radica en que antes había militantes de comunas, mujeres y juventud y ahora sólo hay directivos. Constatar esta realidad es demasiado triste, pues es evidente que el dicho “no hay democracia sin partidos políticos”, ahora más que nunca carece de sentido. No sólo la  Democracia Cristiana, sino también el conjunto de los partidos políticos llamados “históricos” son sólo cadáveres vivientes, burocracias y nidos de mafiosos que se han apropiado de todos los cargos públicos y del dinero de todos los chilenos – para qué hablar de la UDI -.
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Nada más ridículo que la postulación presidencial de un personero de este Partido corrupto y decadente, cuyo único destino es seguir mamando a costa del otrora prestigio de la actual mandataria, Michelle Bachelet – hoy puesto en cuestión – o, como último recurso, adherir a la posible candidatura de “San Expedito” de los empresarios. Los democratacristianos, como los radicales, no tienen mejor destino que ser segundones y, de esta manera, protegerse de los cruentos inviernos al calor de buenos cargos fiscales y chantajear siempre al presidente de la república.
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Sería muy cruel enviar a la Democracia Cristiana a los “basureros de la historia”. Más bien es mejor mantenerlos en un cálido hospicio de ancianos.
PSICOLOGÍA FAMILIAR
EL AUMENTO DE LOS EMBARAZOS MÚLTIPLES
Por Jessika Krohne
www.psicologiaglobal.cl
La avanzada edad de la mujer cuando se convierte la primera vez en madre y el aumento en el uso de diversas técnicas de fertilización asistida explican el incremento de los embarazos múltiples en Chile. 
Según cifras del registro civil, los nacimientos de madres de entre 40 y 45 años pasaron de 7708 a 9142 entre 2000 y 2010, es decir un aumento de un 18%.
Desde el año 2000 aumentaron los embarazos  en pacientes de 40 años o más. Estas mujeres estadísticamente tienen más embarazos múltiples, ya sea de forma natural o porque debido a su edad son más propensas a someterse a tratamientos de fertilización que incrementan la posibilidad de tener un embarazo múltiple. Por otro lado han disminuido los embarazos de trillizos, cuatrillizos y más, ya que los tratamientos de fertilización se regulan de mejor forma y se tratan de evitar los embarazos múltiples de más de dos bebés por los riesgos que eso implica.
En fin, ¿Qué significa psicológicamente hablando un embarazo múltiple en una familia? Claramente no se trata de una experiencia fácil. Convertirse en padres ya es una tarea muy compleja, ya que si bien se gana en muchos aspectos, también se pierde en otros y esas pérdidas a veces son muy difíciles de asumir. Cuando se trata de un embarazo múltiple, la situación se vuelve aún mucho más compleja, ya que la pareja se expone a un estrés muy fuerte y una carga emocional aún mucho mayor, donde el trabajo de la crianza se duplica o incluso se triplica y los gastos también. Eso puede generar muchos problemas y tensiones en la pareja, si es que ambos no logran manejar bien la situación. Los tiempos libres se reducen a 0 y las horas de dormir muchas veces también.
Cuidar de un lactante requiere de mucha paciencia y tiempo pero especialmente de la ayuda de la pareja y ojalá de otro familiar. Cuando se trata de 2 o tres bebés el apoyo de la pareja se vuelve mucho más importante aún. Aquí es fundamental organizarse con el tiempo y turnarse en el descanso y en las horas de sueño. Hay que tratar de establecer horarios tanto para los bebés como para uno desde el comienzo y cuidar los espacios en pareja. En esta etapa es importante apoyarse mucho sin culparse. Siempre hay que partir de la base de que ambos están haciendo lo mejor que pueden y nadie les enseñó a ser papá o mamá y menos de mellizos o trillizos.