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Altos funcionarios de la Fiscalía General de Venezuela que llegaron a Santiago esta semana, el director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público venezolano, Álvaro Cabrera, y el director general contra Delitos Comunes, Ángel Fuenmayor, pero, al parecer, ambos no están solo preocupados por aclarar el caso del oficial del Ejército venezolano Ronald Ojeda asesinado en Chile sino persiguen otros fines.
Con esta idea se reunieron este jueves con el jefe de la Unidad Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público, Juan Pablo Glasinovic, para tratar el tema del secuestro y homicidio del exmilitar Ojeda ocurrido en febrero pasado en Santiago de Chile.
Los dos enviados venezolanos, arribaron este martes, pero, sin embargo, comunicaron su visita solo un par de días antes, lo que imposibilitó, por problemas de agenda, celebrar una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia.
El fiscal general de Venezuela, Tarik Williams Saab, encargado de la notificación, solicitó una reunión con varias autoridades de la fiscalía nacional, con la Policía de Investigaciones (PDI), con los familiares de Ojeda, y visitar en la cárcel al único imputado por este crimen, y conocer el avance de las pesquisas.
Pese a la notificación, desde la Fiscalía indicaron
que los requerimientos exceden lo que permite la ley en el
actual estado de la investigación. Está también la sospecha de que el secuestro
y el asesinato de Ojeda, opositor del presidente venezolano Nicolás Maduro, haya
sido autoría de la Inteligencia venezolana.
El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, explicó que "con antelación, coordinación y en base también a los requerimientos de asistencia penal internacional, a nosotros se nos prohíbe ir a otro país, en el fondo, a poder realizar cualquier actuación o diligencia.
Por lo tanto, se tiene que hacer por los canales oficiales y la forma de hacerlo era de la forma que yo he indicado anteriormente. Eso unido al hecho de que la investigación se encuentra reservada, por lo tanto, malamente podría yo entregarle información referente a la causa".
El persecutor aseguró que no se ha reunido con los fiscales venezolanos, "tengo entendido que la idea es de cooperación, y la verdad es que esa coordinación la van a tener básicamente con la Unidad de Asuntos Internacionales, por lo tanto, no tengo mucho más que agregar respecto".
Por lo tanto, sea hoy o sea en 20 días más, la situación no va a cambiar mucho respecto a eso, porque no puedo entregarles información", complementó Barros.
El abogado representante de la familia de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, que ayer se reunió con los fiscales venezolanos, dijo que las palabras del fiscal Barros "dan cuenta que efectivamente esta reunión interinstitucional, más allá de su inminencia, puede tener grado de utilidad y coincidimos en que el objetivo es detener y extraditar a los inculpados hasta ahora determinados, sin perjuicio de otros".
"Desde ese punto de vista, creo que esta reunión interinstitucional ha sido útil y como querellantes, nos entrega un elemento más para seguir empujando en la pronta resolución del caso", añadió.
Hasta
el momento hay un solo imputado por el secuestro y homicidio de Ojeda: un joven
de 17 años, también venezolano. Otros dos sospechosos fueron identificados
y tienen una orden de detención vigente, pero se encuentran prófugos de la
justicia.
Este caso abrió una ola de sospechas por el temor a que a otros ex oficiales del Ejército venezolano que vivirían en Chile como asilados, pudieran correr la misma suerte que Ojeda. Registros confirmarían que el principal sospechoso del crimen del exteniente Ronald Ojeda en Chile trabajó para el régimen de Maduro
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