La Asociación Comité de Defensa Sandinista (CDS),
con personalidad jurídica desde 1990, solicitó su propia disolución debido a la
"falta de fondos suficientes", según una resolución del Ministerio
del Interior publicada en el diario oficialista La Gaceta.
Estos comités eran la continuación de los CDS
originales, establecidos durante el gobierno revolucionario sandinista
(1979-1990) para labores de vigilancia en los barrios, en una época en que
Estados Unidos apoyaba a los rebeldes 'contras' en su lucha contra el régimen
sandinista.
Los CDS de Nicaragua funcionaban de manera similar
a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) creados en Cuba por Fidel
Castro tras la revolución de 1959, siendo herramientas de control social y
represión.
Desde el retorno al poder del dictador Daniel
Ortega en 2007, su régimen estableció los Consejos del Poder Ciudadano, que
según la oposición, operan bajo la misma lógica de vigilancia y represión
comunitaria.
Además de los CDS, la Asociación Nicaragüense de
Amistad con la República Popular de China y su Pueblo, inscrita en 2006, y tres
entidades cristianas, también pidieron su disolución voluntaria, según el
informe de La Gaceta.
En un contexto de creciente represión, miles de ONG
han sido clausuradas en Nicaragua desde
las protestas de 2018 contra el régimen de Ortega, que dejaron más de 300
muertos en tres meses de bloqueos y enfrentamientos entre opositores y fuerzas
oficialistas, según la ONU.
El régimen, que calificó las protestas como un
intento de golpe de Estado promovido por Washington, acusó a varias ONG de
financiarlas, endureciendo así las leyes que regulan a estas organizaciones.
La oposición asegura que hasta abril han sido
clausuradas 3.494 ONG y 29 universidades, en un intento del gobierno de
silenciar voces críticas y consolidar su poder.
Este martes, el Ministerio del Interior informó
sobre la cancelación de otras 10 ONG, entre ellas seis entidades católicas y
evangélicas, por "incumplimiento" en sus reportes financieros. Los
bienes de estas organizaciones serán confiscados por el Estado, conforme a la
ley represiva.
Entre las entidades clausuradas se encuentran la
Asociación Ganaderos de Boaco y la Federación de Cámaras de Exportadores de
Nicaragua.
FUENTE: ONU
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