Seguridad Ciudadana
VIVIENDO CON MENOS LIBERTAD INDIVIDUAL
Por Hernán Ávalos
A pretexto de combatir la delincuencia callejera, robos y hurtos, principalmente, por iniciativa de la derecha y apoyo de la
Nueva Mayoría, hemos sido obligados por ley a ceder una cuota importante de
libertad individual, aprobando una facultad discrecional a las policías para
controlar la identidad de las personas, sin tener indicios de que han cometido delito
o falta alguna.
.
Así la opción política mayoritaria fue restringir uno de los
derechos más preciados como es el de transitar libre por el territorio nacional,
cuando las medidas de fondo que debieran ponerse en ejecución, debieran ser mejorar la eficiencia policial, invertir en
reinserción social de los convictos y atención de los menores vulnerables o infractores
de ley; mejorar la distribución de los ingresos y en general avanzar en protección social del
Estado, para erradicar la pobreza y la marginalidad, el entorno en donde son adquiridas las
conductas antisociales.
.
En comparación con otros derechos, el comportamiento de
nuestros dirigentes resulta contradictorio. Porque defienden con dedicación,
por ejemplo, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de emprender,
la libertad de culto, la libertad de prensa,
entre otras. Y no actúan con
igual celo cuando se trata del derecho a la libertad, exceptuando algunos que
son hoy una minoría como quedó en evidencia.
.
Los primeros resultados concretos sobre el control de
identidad preventivo (artículo 12 del Código Procesal Penal) serán conocidos transcurridos
tres meses de su vigencia, es decir, a fines de septiembre próximo. Por de
pronto Carabineros informó de redadas nocturnas donde detuvo personas
requeridas por los tribunales, ninguna de las cuales parecía de importancia o
no lo hizo saber. Tampoco ha sido medido
el impacto de este nuevo instrumento policial en la contención efectiva de los
robos y hurtos. Habrá que esperar y compara las estadísticas anuales para ver
la tendencia.
.
Ya la última modificación a la Ley de Tránsito hoy vigente,
impuesta en 1989 en las postrimerías de la dictadura de Pinochet, dio a los carabineros e inspectores
municipales la facultad de fiscalizar conductores sin tener indicios de falta alguna, permitiendo la formación de hileras de
vehículos a la vera de los caminos, para que sus conductores exhiban sus
licencias, antes de ser autorizados a continuar viaje.
.
En la práctica, un procedimiento abusivo
restrictivo de la libertad para transitar, sin obtener resultados en la
disminución de los accidentes carreteros, ni en el retiro de circulación de los
conductores de riesgo.
.
Luego, la promulgación de la Ley Emilia hizo más drásticas
las sanciones para quienes conducen ebrios o bajo la influencia del alcohol y
cometen infracciones de tránsito, aunque sus resultados habrá que observarlos
en el largo plazo.
Olvidos imperdonables: eficiencia en la gestión
.
En las últimas dos décadas el presupuesto de Carabineros tuvo
aumentos periódicos y significativo, superior a educación y salud. En 2015
recibió un aporte de $91.496 millones para financiar 6.000 nuevos efectivos,
1.500 por año. Para el 2018 debiera alcanzar una dotación total de 70.000
hombres, superando a las fuerzas regulares de Ejército, Marina y Aviación. No obstante, las pocas evaluaciones efectuadas
en su oportunidad por la Fundación Paz Ciudadana y la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad de Chile, arrojaron resultados discretos para la eficiencia y la
gestión policial. El Plan Cuadrante de
Seguridad reprobó. Y lo más llamativo en
un mundo donde los profesionales siempre están sometidos a evaluaciones: el desempeño policial no ha sido vinculante con
los ascensos en la carrera.
.
Por lo demás, Carabineros cumple funciones que en otros
países son realizadas por dos, tres o más policías, como son orden público y
seguridad interna, custodia y vigilancia de las fronteras, control de tránsito y carreteras, control de
drogas ilícitas e investigación criminal.
Es evidente que funciones tan relevantes para el acontecer nacional no
pueden estar concentradas en un mando. Y Carabineros tampoco puede seguir
creciendo indefinidamente, al extremo de anquilosarse en la burocracia
administrativa o ser impredecible para
el poder civil. Esto último quedó en evidencia en las manifestaciones callejeras
del 21 de Mayo último en Valparaíso. Los carabineros fueron inoperantes ante los exaltados encapuchados quienes hicieron
destrozos en el mobiliario urbano e incendios en dos edificios y murió un
guardia municipal. El Gobierno no tuvo otra alternativa que apoyar
al mando policial que no asumió su responsabilidad en los graves sucesos.
.
En 1933, hace 83 años, la “Sección Pesquisas” fue desgajada
de Carabineros para formar la Policía de Investigaciones, hoy PDI. El
fundamento para esa reestructuración institucional, fue separar los roles
policiales, evitar la dualidad de funciones y delimitar las responsabilidades.
Carabineros mantuvo su rol en la prevención del delito como policía uniformada,
visible y militarizada, y la PDI nació
como policía civil, científico-técnica, encargada de la investigación criminal,
la represión del delito y el control de pasajeros en los pasos fronterizos,
puertos y aeropuertos, como de los turistas y extranjeros residentes.
.
Con los años Carabineros siguió aumentando su dotación. Pero
la PDI, no obstante sus avances en la investigación de homicidios, secuestros,
fraudes y cibercrimen, tuvo incrementos acotados de personal, tanto por
episodios de corrupción interna que mellaron su prestigio, como por decisiones
políticas de los gobiernos de turno.
.
Hoy la PDI tiene una dotación de sólo 7.000 funcionarios (equivalente
al 10% de Carabineros) 3.000 de los cuales son oficiales policiales
(detectives). Los restantes son peritos, asistentes, conductores y personal de
apoyo administrativo. Luego, con el paso del tiempo, y principalmente en los
años 70 y 80, sin mediar ningún decreto sino que sólo a requerimiento de los
tribunales de la antigua justicia penal, Carabineros volvió a compartir con la
PDI funciones de investigación criminal y control de drogas ilícitas, como la
fiscalización de pasajeros en los pasos fronterizos donde no hay detectives.
.
La nueva justicia penal sancionó esta superposición indeseada
de roles, otorgándole a los fiscales la prerrogativa de elegir con cuál de las
dos policías investigar los delitos.
Pero esto tuvo un precio. Los 56.000 prófugos de la justicia
que los parlamentarios de derecha esgrimieron para fundamentar la instauración
del control de identidad preventivo. En rigor la PDI por su rol represivo tiene
la mayor responsabilidad. Pero los detectives en privado argumentan en su
defensa que ni siquiera tienen capacidad para diligenciar la treintena de
órdenes de investigar promedio que le asignan los fiscales mes a mes a cada uno de ellos, en su mayoría por robos
y hurtos.
Todos estamos bajo sospecha de haber cometido delito
Recapitulando, el control de identidad preventivo vigente
desde hace un mes puso bajo sospecha de delito a los ciudadanos sin distinción,
como asimismo a los extranjeros residentes y turistas, e impuso la obligación
de identificarse mediante documentos oficiales, otorgando discrecionalidad a las
policías para proceder con la revisión de antecedentes personales en lugares públicos, o privados con
acceso público y acreditar la honorabilidad de los requeridos, o detener a los
prófugos de la justicia.
En otras palabras, este nuevo instrumento policial restringe
drásticamente el derecho a la libertad individual y el libre tránsito por el
territorio nacional, con el único
propósito de facilitar el trabajo policial, es decir, la prevención y control del delito. Para que la historia lo recuerde,
su instauración concitó el acuerdo de los parlamentarios de derecha,
democristianos y socialdemócratas, y los votos en contra de socialistas y comunistas,
dividiendo a la Nueva Mayoría.
.
La presidenta Bachelet, militante socialista, pudo vetarlo,
pero lo promulgó pese a los reparos de la Corte Suprema, el Instituto de
Derechos Humanos y la academia, principalmente el Observatorio de Derecho Penal
de la Universidad Diego Portales. Y en
definitiva el Tribunal Constitucional no
le hizo reparos.
.
Entre los fundamentos para imponer el control de identidad preventivo
estuvo la existencia de 56.000 prófugos de la justicia, aunque sin desagregar
la cifra de los requeridos en denunciados, querellados, imputados, condenados o
testigos. O buscados por pensión alimenticia, quebrantamiento de condena,
simple delito o crimen.
.
También fueron argumentos para los legisladores las estadísticas
oficiales que sindican a la delincuencia callejera (robos y hurtos) como la
principal preocupación de los chilenos por sobre la educación o la salud, con
una victimización del 30% promedio observada por encuestas en hogares durante
los últimos 10 años y una percepción de inseguridad ciudadana del 80% promedio
en la última década.
.
Como se sabe por las mismas encuestas, la inseguridad o miedo
a la delincuencia callejera está siendo estimulada por los delitos reiterados
presentados por los canales de televisión, los cuales compiten por la audiencia
para obtener ingresos de publicidad.
.
También algunos estudiosos consideran que las respuestas de
los encuestados no sólo expresan el temor frente a la posibilidad de ser
víctimas de robos o hurtos, sino que sus respuestas frente a la delincuencia
están influidas con la inseguridad
frente al trabajo, al transporte, a la educación de los hijos, a las
enfermedades o a la vejez, siendo parte integrante de un Estado con gran número
de sus dirigentes cuestionados por corrupción y con escasa credibilidad, más
preocupados de avasallar a los ciudadanos restringiéndoles su libertad que de ofrecerles una verdadera protección
social.
.
Paradojalmente, pese a
la inseguridad ciudadana y los índices de victimización reportada por las
encuestas oficiales, Chile tiene bajos niveles históricos de criminalidad y en
2015 registró 3,6 homicidios cada 100 mil habitantes, la tasa más baja de
Sudamérica según la ONU, por tanto considerado como país seguro para vivir y
visitar. 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario