KRADIARIO

LOS ERRORES DEL MINISTRO

Por Walter Krohne

Hace unos dos años parecía que estábamos rodeados de terroristas chilenos y extranjeros. La bandera del terror y del miedo recorría nuestras calles y muchos habitantes de Santiago estaban asustados. Cada bomba que explotaba por las noches encendía una luz roja de alarma en La Moneda y luego aparecía hablando en la pantalla chica el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien era asesorado entonces por el ex fiscal metropolitano sur Alejandro Peña y que hoy trabaja en el mismo ministerio, muy cerca del secretario de Estado, como asesor de seguridad.

Los catorce implicados en el llamado “caso bombas” fueron detenidos uno a uno en sus lugares de residencia, en una noche fría y húmeda, con participación de fuerzas especiales que rompían todo lo que veían cuando entraban a las casas. Parecía una tropa que había estado encerrada sin agua ni alimentos antes del operativo, porque sus integrantes actuaban como enfurecidos.

Hinzpeter dijo que por fin Chile podía vivir tranquilo, sin nuevos bombazos, porque se había detenido a la banda de terroristas que el "sofisticado" sistema de seguridad del Estado buscaba. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario porque estos estallidos no se acabaron, sino que se intensificaron hasta el día hoy, como también han sido más frecuentes los robos a bancos.

En esa misma época, fue también detenido el paquistaní Saif Khan a quien se le acusó de estar implicado en actividades terroristas. “Capturamos en Santiago a un pescado grande, grande del terrorismo internacional”, se escuchó en el oficialismo. Saif, de 29 años, concurrió un día cualquiera voluntariamente al Consulado de Estados Unidos en Santiago para efectuar un trámite de rutina, donde un integrante de la guardia de seguridad insistió que el visitante era portador de trazas de explosivos en sus ropas. Allí comenzó la peor pesadilla de la vida del joven extranjero que trabajaba en el Hotel Europa donde se le había asignado la oficina recepción de pasajeros por el perfecto inglés que hablaba.

Su ingreso a Chile fue a través de EE UU y estaba dispuesto a comenzar en Santiago una nueva vida, alejado de la violencia que reinaba y sigue reinando en su patria. Conoció en Santiago a una joven con la que se casó más tarde. Sin embargo de la sede diplomática no regresó nunca a su vivienda en Providencia, sino directo a la Cárcel Pública.

La policía le hizo la vida imposible, le destruyó su departamento que allanó sin orden judicial,  en el marco de inútiles esfuerzos para encontrar pruebas que pudieran demostrar ante un tribunal que el joven era un peligroso terrorista. Fue tanto el alboroto que hasta algunas publicaciones oficialistas, aprovechando el ambiente que se vivía, recordaron el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y de otras acciones terroristas realizadas en el mundo. ¡Al fin teníamos en Chile algo del terrorismo islámico al estilo de Obama bin Laden!

Chile hizo el ridículo porque al paquistaní nunca le pudieron probar absolutamente nada, como tampoco hubo aciertos frente a las acusaciones en contra de los 14 supuestos implicados en el caso bombas, de los cuales los últimos seis fueron absueltos hoy.

Este último fue un fallo que dejo perplejo al ministro, además de quedar, yo diría para siempre, con el título (falso o verdadero) de “manipulador” y de politizar este tipo de casos como una forma de intentar demostrar que su Ministerio es exitoso en este tipo de investigaciones delicadas, que se vinculan directamente con la seguridad nacional , para así poder disimular quizá el fracaso que ha tenido el gobierno en el combate de la criminalidad, un problema que existe, es real y es verdaderamente serio, además de ser una promesa de campaña de Sebastián Piñera "se acabó la puerta giratoria en Chile", ¿se recuerdan? Todo le ha salido mal  al ministro, un fiasco.

Hoy apareció nuevamente en la pantalla chica lamentando el fallo del tribunal que “no pone fin ni debilitará el esfuerzo del Ministerio del Interior por procurar que los tribunales de Justicia esclarezcan quienes son los responsables de las bombas y de los artefactos explosivos.

Un buen consejo para el ministro sería que repensara toda su estrategia, que ya ha quedado comprobadamente equivocada, como lo demuestran los casos recordados y otros, porque de seguir así no sólo afectará al prestigio del aparato chileno de seguridad, sino que le costará mucho dinero al Estado. Sólo la aplicación en marzo de la Ley de seguridad a 22 personas en Aysén, de la cual tuvo que desistir después, le costó al Estado casi 20 millones de pesos, como lo determinó el juez Patricio Silva, titular del Tribunal de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén.