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lunes, 25 de junio de 2012

EL TRIBUNAL ELECTORAL Y LA CORTE SUPREMA LE DAN LA ESPALDA AL DESTITUÍDO EX PRESIDENTE  PARAGUAYO FERNANDO LUGO

El Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay aseveró hoy que el nuevo presidente, Federico Franco, "deberá completar" el mandato otorgado hasta agosto de 2013 y descartó cualquiera posibilidad de adelantar las elecciones previstas para abril de ese mismo año.

En un comunicado, el tribunal expresó que Franco "es el legítimo Presidente de la República del Paraguay y deberá completar el periodo constitucional 2008/2013", para el que había sido elegido vicepresidente junto al ahora destituido presidente Fernando Lugo.

"No existe ninguna posibilidad de adelantar la fecha de elecciones", añadió el tribunal, para asegurar que "las elecciones generales se realizarán el 21 de abril de 2013".

Entretanto, la Corte Suprema (derecha) dio a conocer su rechazo "in límine (sin analizar)" a la acción de inconstitucionalidad presentada el viernes por Fernando Lugo. Los ministros de la máxima instancia judicial de Paraguay Víctor Núñez, Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes firmaron el archivo de la denuncia.

La iniciativa de Lugo se basó en la supuesta parcialidad de los senadores, en el sentido de anunciar anticipadamente el resultado del procedimiento de juicio político (la destitución), además de violar el derecho a la defensa.

Lugo después del juicio político
El juicio político se desarrolló en apenas 30 horas y concluyó con un veredicto de culpabilidad por "mal desempeño" en sus funciones, la destitución de Lugo y su sustitución por Franco el pasado viernes.

El Tribunal Electoral dijo en su comunicado que Lugo "aceptó públicamente someterse al juicio político, antes de su inicio, con todas sus consecuencias" y acató el veredicto el día 22, pero el organismo obvió el cambio de idea del ex mandatario, que desde ayer llama a la resistencia.

La posición de Chile

A pesar que diputados de la Concertación y también de la alianza gobernante llamaron a La Moneda a adoptar medidas más claras ante la destitución del Presidente Lugo, y retirar el embajador de Chile en ese país, la posición del gobierno ha sido débil y en cierto modo algo indecisa.

Pasaron dos días de los hechos hasta que el Presidente Sebastián Piñera se manifestara sobre este golpe de estado parlamentario. Esto ocurrió ayer domingo, después que el mandatario fuera duramente criticado por algunos panelistas del programa de debate de TVN Estado Nacional.

El mandatario dijo que “no se respetó el legítimo derecho a la debida defensa que está contemplado en la propia Constitución de Paraguay, y también en el derecho internacional", comunicando que había llamado al embajador chileno en Paraguay, Cristián Maquieira para analizar el caso en Santiago.

Al mismo tiempo, enfatizó que el Ejecutivo chileno "no tomará ninguna medida que pueda significar un perjuicio para el pueblo de Paraguay".

"Pero sí vamos a tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos de Mercosur y Unasur: defender y proteger la democracia en nuestro continente y en todos los lugares del mundo", agregó.

Las críticas apuntaron a que el Gobierno y la posición chilena no se compara para nada con la línea dura de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, los que han denunciado un "golpe de Estado" y manifestaron que no reconocerán al nuevo gobernante, Federico Franco.

El diputado Marcelo Díaz (PS), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, sostuvo que el Gobierno ha actuado con un "exceso de prudencia" ante el hecho, que calificó como "golpe de Estado".

"Las cosas hay que llamarlas por su nombre y no caer en eufemismos. Lo que ocurrió en Paraguay fue un golpe de Estado y el Gobierno chileno tiene que calificarlo como tal y actuar en consecuencia", sostuvo el parlamentario.

A juicio de Díaz, "el Gobierno está siendo demasiado complaciente con la situación en Paraguay" y sostuvo que llamar a consulta al embajador le parece una medida "débil". Por esto, instó al Ejecutivo a retirar al embajador, como lo han hecho países como Venezuela, Argentina y Ecuador.

En la misma línea, la diputada Adriana Muñoz, jefa de la Bancada de los diputados PPD, sostuvo que "estamos en presencia de una especie de golpe de Estado con guante blanco, donde se abusó de las disposiciones constitucionales de Paraguay".

Por este motivo, sostuvo que "dentro de las medidas urgentes que debe tomar nuestro país, se encuentra el retiro inmediato del embajador chileno en Asunción".

Añadió que "también es importante que el Gobierno de Chile adopte una decisión acordada con el resto de los países que integran la Unasur y el Mercosur, ya que ambas instancias cuentan entre sus estatutos con la cláusula democrática, en que los países se comprometen a rechazar todo intento de gobierno antidemocrático en los países que lo integran".

Por su parte, el subjefe de la bancada PPD, Enrique Accorsi, remarcó que "como comunidad latinoamericana debemos cuidar la democracia y no reconocer el nuevo Gobierno paraguayo".

"Creemos que lo ocurrido en Paraguay fue una especie de golpe de Estado encubierto. Estamos hablando de un proceso completamente desprolijo, donde al Presidente Lugo no se le dio la oportunidad de un debido proceso", afirmó Accorsi.

Canciller paraguayo: Chile es positivo

La tímida reacción de Chile en defensa de la democracia en la región le dejó un espacio al nuevo canciller de Paraguay, José Félix Fernández (foto izquierda), para expresar que el Gobierno chileno ha tenido una actitud positiva en llamar a consulta al embajador.

La reacción que ha tenido Chile "me pareció positiva", dijo el nuevo jefe de la diplomacia guaraní en "radio ADN".

"En Paraguay nosotros creemos que el proceso se ajusta a las normas constitucionales del país. Chile llama a consulta a su embajador, me parece bien”.

El nuevo canciller paraguayo descartó hoy que Paraguay pueda ser "sancionado" por sus vecinos porque "no ha violado ninguna norma internacional" y restó importancia a la decisión de los socios del Mercosur de retirar o llamar a consultas a sus embajadores en Asunción.


En una conferencia de prensa con prensa extranjera, Fernández incluso se burló de la decisión anunciada ayer por el gobierno de Argentina de que retiraba a su embajador en Paraguay, Rafael Romá, "hasta que se restablezca el orden democrático" en el país.

Según dijo, aparte de no haber recibido ninguna comunicación oficial al respecto, Romá terminó su misión hace tres meses y ya había un encargado de misión al frente de la legación.

Aludió también a informaciones según las cuales la Unasur está convocando una reunión para el próximo miércoles para tratar la posible expulsión de Paraguay tras la destitución de Fernando Lugo como presidente, preguntándose cómo puede hacerse esa convocatoria si le corresponde a Paraguay como presidente temporal del bloque.

Juramento de los ministros de Franco
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El juramento de los nueve ministros del presidente Federico Franco, la mayoría del Partido Liberal, se produjo justo cuando estaba concluyendo la rueda de prensa del ex Mandatario tras la reunión de un gabinete paralelo que, dijo, se encargará de "monitorear" a los nuevos titulares.

Sólo dos de los nuevos ministros de Franco, los de Agricultura, Enzo Cardozo; e Industria, Francisco Rivas, formaban parte también del Ejecutivo de Lugo.

Los demás ministros del nuevo Gabinete son: de Relaciones Exteriores, José Fernández; del Interior, Carmelo Caballero; de Educación y Cultura, Horacio Galeano Perrone; Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis y de Defensa Nacional; María Liz García, la primera mujer en ocupar este cargo en el país.

El canciller chileno

Esta mañana el canciller Alfredo Moreno aseguró que Chile no sancionará con medidas económicas a Paraguay, tras la polémica salida de Fernando Lugo de la presidencia de ese país.

"Chile no va a tomar medidas que signifiquen un daño a la población de Paraguay (como) llegar al extremo de las sanciones comerciales", dijo Moreno en Canal 13.

Sobre qué posición adoptará entonces nuestro país, el ministro dijo que "tenemos aspectos que se denominan cláusulas democráticas en muchas de las organizaciones en las que estamos, y tenemos que ver cómo se aplican a una situación como ésta".

Añadió que dichas medidas será las que analizarán los presidentes de la región durante la reunión que se realizará en los próximos días.

Posteriormente en Radio Cooperativa, el secretario de Estado insistió en que la salida de Lugo del poder fue un proceso "legal" pero "ilegítimo".

"El punto es que aquí no hubo un debido proceso, no hubo la posibilidad de que el Gobierno se pudiera defender frente al juicio que se estaba iniciando en la Cámara y ante el cual el Senado opera como tribunal. Se le informó un día en la noche -a las ocho de la noche-, se le dieron 15 horas para que pudiera presentar su defensa al día siguiente, en la mañana, tuvo dos horas para hacerlo, y fue destituido de inmediato", apuntó Moreno.

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