Con un 39 por ciento de las actas escrutadas, la opción por el “si” a las propuestas del Ejecutivo ecuatoriano mantiene una moderada ventaja en las preguntas de carácter nacional que comprendió la Consulta Popular efectuada el sábado pasado en Ecuador. La diferencia con el “no” se acortó en las últimas horas y presenta un empate técnico en las preguntas relacionadas con el Consejo de Judicatura de Transición y el Consejo de Regulación de Medios, informó la agencia Púlsar.
Galo Mora, secretario del oficialista Movimiento Alianza País, afirmó que "la menor diferencia entre el “si” y el “no” es de 4 puntos, lo que significa unos 300 mil votos. El presidente del Consejo Electoral, Omar Simon, aclaró que los resultados oficiales serán dados a conocer esta semana, a medida que avance el conteo de los votos del padrón de 11 millones 158 mil personas.
Mientras la región litoral completa y 11 provincias de un total de 24 apoyan mayoritariamente al “si” en todas las preguntas, otras once provincias andinas y amazónicas votaron mayoritariamente por el “no” y en dos de ellas hay votos divididos.
Las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí son las que poseen mayor número de votantes que respaldan mayoritariamente las reformas planteadas al sistema judicial y los otros temas de la consulta.
En la Consulta se plantearon diez preguntas, cinco de ellas implican enmiendas a la Constitución y las otras cinco conllevan cambios a la legislación vigente. Uno de los puntos más polémicos es la regulación a la prensa.
Los temas de la consulta son muy diversos como la lucha contra la corrupción, el funcionamiento de la justicia, el maltrato de los animales y los juegos de azar. Asimismo, tendrán que responder a dos preguntas relativas a los medios de comunicación. Sin negar el interés de las preguntas formuladas ni el legítimo debate que suscitan, Reporteros sin Fronteras (RSF) declaró en un comunicado que comprende los temores que éstas últimas preguntas generan en el gremio comunicacional y periodístico.
La primera, incluida en un grupo de cinco orientadas a realizar una enmienda constitucional, precisa: “Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional […]?”
La segunda, parte de otro grupo de cinco relativas a la ley ordinaria, señala lo siguiente: “Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, la radio y las publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?”
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