CAVAL-KRADIARIO

AL HIJO DE LA PRESIDENTA LE SALE EL TIRO POR LA CULATA AL QUEDAR INCAUTADA TODA LA GANANCIA DE CAVAL EN EL TURBIO NEGOCIO

El fiscal Luis Toledo, quien tiene a cargo la investigación del caso Caval, incautó el cheque de $2 mil millones, que emitió Silca a la empresa Caval, por los terrenos en Machalí.

.

El cheque se encontraba en la notaría de René Benavente Cash y forma parte de los $9.500 millones que pagó el dueño de Silca, Hugo Silva, tras la compra de 44 hectáreas que subirían su valor con el cambio del uso de suelo.

La semana pasada, los abogados de la empresa Silca presentaron una querella por el delito de estafa contra la compañía, cuyo 50% pertenece a Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.

La acción judicial, que fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Rancagua “contra los representantes de Caval y todos quienes resulten responsables”, busca rescindir -es decir, dejar sin efecto- el contrato mediante el cual Silca le compró a Caval tres terrenos ubicados en la comuna de Machalí, en la Región de O’Higgins.

Personal del OS-9 de Carabineros llevó a cabo anoche una incautación en el Palacio de La Moneda que fue solicitada por el fiscal Toledo, informó  radio Bío-Bío.

La actuación judicial tuvo como escenario las oficinas correspondientes a la Dirección Sociocultural, que fue encabezada hasta el 13 de febrero pasado por el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.

La incautación se habría centrado en elementos utilizados por Dávalos mientras ejerció su cargo en el Palacio de Gobierno.

A principios del presente mes de marzo, el pesquisidor ordenó la realización de diligencias en el domicilio de Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, donde también fueron incautados computadores y elementos de almacenamiento de datos dentro de la residencia.

Una acción similar se llevó a cabo en la casa de Mauricio Velero, socio de Compagnon en la empresa.

La fiscalía efectúa pesquisas para aclarar las circunstancias de la millonaria adquisición de terrenos en Machalí realizada por Caval, cuyo precio se elevaría gracias a un proyectado cambio de uso de suelo enmarcado en el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua.

El Ministerio Público investiga la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible.

OPINIÓN DEL EDITOR-KRADIARIO

NO ES EL MEJOR CAMINO FRENAR LA  CORRUPCIÓN CON LEYES Y COMISIONES,  SINO TERMINAR CON LOS "AVIVADOS"

Por Walter Krohne

El camino de regulación por medio de leyes especiales para frenar el grave problema de la corrupción, que se ha expandido por todos los rincones del país,  no parece ser el más indicado para terminar con esta lacra que está conduciendo a la nación chilena precisamente en el sentido contrario al objetivo de la Presidenta de terminar con la desigualdad.

El problema no es la situación en que nos encontramos como chilenos frente a hechos quizá pocas veces vistos, porque aquí hay un sector empresarial que ha sido "promotor de delitos" y una clase política que "se ha dejado o ha estado dispuesta a corromperse" para mantener un nivel económico y social con cargos públicos representativos bien remunerados que a muchos les sería difícil, especialmente aquellos con bajos niveles de estudio, conseguir en otras áreas de la actividad humana.

Castigar a un bando o a ambos no significará la solución para esta epidemia, porque el mal está en el chileno mismo y sin querer ofender a nadie, la característica central en este problema es la carencia de ética y de principios que están fuera del control en la mente humana, especialmente de aquellos que lideran empresas o conglomerados políticos. No hay capacidad para tomar consciencia ni siquiera pensar de que no hay que robar ni dejar de pagar los tributos al Estado ni tampoco utilizar métodos truculentos para engañar a los organismos estatales que dicen tener el control de estas situaciones, pero que en realidad tampoco lo tienen y hasta caen igualmente contagiados en este remolino del mal como cualquier otro ciudadano. "La carne es débil", es un término que hoy se escucha muy a menudo.

Es que la avaricia se da bajo modelos económicos que permiten acumular grandes cantidades de dinero sin necesidad de mayores esfuerzos, sólo con ideas especulativas que surgen o se originan en las fallas del sistema mismo. Esto y mucho más nos es permitido por el neoliberalismo, porque la avaricia está en todas partes: en las farmacias, en las avícolas, en las Cascadas de Ponce Lerou, en Penta, en La Polar en La Moneda con el caso Caval y ahora en SQM, que aparece todavía como una caja de pandora. La única diferencia está en que los "capos" de estos males van ahora a la cárcel y se les confirma y reconfirma la prisión, como ocurrió el domingo con Délano, Lavín, Wagner e Iván Alvarez del SII. Ya no basta con ser millonarios como excusa para liberarse de una cárcel como la de Capitán Yáber con instalaciones rudimentarias y lejos de los hoteles cinco estrellas a los que han estado acostumbrados estos "ricachones" (con excepción de Alvarez). Este sólo hecho y el de estar expuestos ante la sociedad como "delincuentes", quizá hasta por 120 días,  ya es un castigo contundente para esta gente, aunque no del todo suficiente.

Pero el robo "neoliberalista" en todo sentido  lo estamos viendo desde al menos la era de Pinochet en que esta familia se enriqueció a través de negocios turbios como la venta de armas o el caso de la "desaparición" de los millones en joyas que mujeres ricas y pobres donaron al régimen militar para la reconstrucción nacional en 1973 accediendo a los llamados del régimen militar. Luego vinieron las ventas truculentas de armas y los Pinocheques y luego el proceso que quedó en la nada misma en que se confirmó la riqueza que estaba en poder de un ex comandante en jefe con un sueldo mensual de empleado público con el cual era imposible acumular los miles de millones que se comprobaron finalmente a través de cuentas bancarias con nombres falsos en el exterior.

El tema de la corrupción política y administrativa no tuvo relevancia en Chile hasta comienzos de los 90, porque antes no podía tratarse el tema en ningún ámbito al no existir libertad de opinión ni de prensa. En Chile, la preocupación académica sobre la corrupción era marginal ya que se partía del supuesto de que Chile había sido siempre honrado y probo y lo seguiría siendo, lo que estuvo y está muy lejos de la verdad.

El gobierno democrático comienza negando la corrupción, trata de controlarla y limitarla, llega a convivir con ella, justificarla y finalmente ampararla, para lo cual establece acuerdos con la oposición que está interesada en preservar la imagen de Chile (MOP-GATE-Diálogo y pacto Lagos-Longueira), con el sistema judicial al cual le ofrece satisfacer la ansiada aspiración de la independencia financiera y calma a la Contraloría General de la República con la entrega de millones de dólares para su mejoramiento.

Sin embargo todo fracasó, porque la corrupción al generalizarse se ha expandido hacia toda la sociedad infectando a los partidos políticos, las empresas, las universidades y las directivas del sector público. La esperanza radica en un cambio de orientación en la lucha por la probidad generada por una catarsis social que se centre en la transparencia y la participación. Igualmente el papel fundamental de los colegios que deben inculcarle a los nuevos chilenos desde niños principios de ética y de buenas costumbres. "Hay que cambiar la raza", dijo un analista.

Los argumentos nos permiten ver el horizonte y expresar que la creación de la "Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción", que preside un economista (no un político), Eduardo Engel, resolverá muy poco. El resultado será un exceso de deliberaciones filosóficas y principios de lo que disfrutan los intelectuales, que llenarán centenares de carillas de computación, pero hay escepticismo frente al logro de resultados concretos. Son las típicas comisiones de la señora Bachelet, como ya lo demostró en su anterior gobierno con los "pinguinos" y la reforma educacional, que en el fondo se trata de tapar con  "cubiertas políticas" escándalos, como el de Caval, o exceso de manifestaciones callejeras, con el único propósito de mostrarle a la ciudadanía que está haciendo algo para, en este caso, acabar o reducir la corrupción.

CORRUPCIÓN-SQM-KRADIARIO

FISCAL ESPERA ORDEN DEL JUEZ PARA ALLANAR LAS OFICINAS DE SOQUIIMICH 

La Fiscalía ingresó este martes la petición para allanar las oficinas centrales de la empresa Soquimich S.A., en medio de la investigación por presuntos aportes irregulares a campañas políticas.

A través de un escrito firmado por el fiscal Nacional Sabas Chahuán, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago recibió la solicitud para allanar e incautar libros de contabilidad de la empresa minera, ubicada en Avenida Los Militares 4290 en Las Condes.

De acuerdo a la petición, se trata de libros que van desde el 2009 al 2014. Todo, en el marco de la solicitud que paralelamente hizo el gerente de SQM, Patricio Contesse, para que el Tribunal Constitucional (TC) paralice todas las incautaciones y diligencias de los fiscales en esta arista del Caso Fraude al FUT.

.

Recordemos que este último recurso será revisado por el TC durante el mediodía de este martes, de ahí la urgencia del Ministerio Público por contar con los documentos antes que el organismo revise la petición de SQM.

CORRUPCIÓN-KRADIARIO

NOMBRES DE "ILEGALES" SUPERARÍA A LOS DE PENTA EN LA LISTA DE SQM

El diputado DC René Saffirio reitero hoy en una entrevista con CNN  que  los nombres que esconde SQM de las personas que podrían estar involucradas en financiamiento ilegal de campañas, sería superior en número a los involucrados en el caso Penta. Con montos tal vez superiores y una transversalidad política que hace en realidad mucho más complejo la manera de enfrentar esta situación insistió hoy en sus puntos de vista frente a la corrupción en una en una entrevista con CNN Chile.

“Lo que ha ocurrido en la arista SQM y la negativa por parte del SII de iniciar acciones judiciales, ha generado una serie de suspicacias, dudas, intranquilidades en el mundo parlamentario, que dan a entender que se está dando una situación muy compleja de manejar.

.

Consultado por el origen de esta información, Saffirio dijo que “me reservo la fuente, sólo puedo decir que hay muchísima inquietud producto de lo que pudiera hacer el Servicio de Impuestos Internos y yo me he limitado durante el fin de semana a hacer un llamado a la Presidenta de la República, un llamado personal para que iniciemos un proceso de recuperación de la credibilidad en las instituciones. Pero para que ello ocurra es indispensable que el Servicio de Impuestos Internos, denuncie o se querelle en contra de los eventuales y posibles responsables de este tipo de ilícitos tributarios”, dijo.

.

El parlamemtario dio algunas señales de la profunda inquietud que está generando este tema en el Congreso y el oficialismo y de la confusión que este tema ha dejado al descubierto al interior cde La Moneda. “Las diferencias, habidas entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, que han quedado más al descubierto hoy cuando el SII ha dicho que se va a reunir con el Fiscal Nacional y su equipo, y que a las pocas horas, el propio Fiscal Nacional ha desmentido esa información, esos hechos demuestran que hay una absoluta y total confusión en el Gobierno por una parte, y un intento manifiesto, no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta, de impedir que el SII inicie las acciones a las que está llamado de acuerdo con las responsabilidades administrativas y constitucionales que tiene”, aseguró.

.

Por último el legislador falangista dijo que esta es una oportunidad para seguir recuperando la credibilidad en las instituciones. “Hay que recordar que el director del Servicio de Impuestos Internos es un cargo de exclusiva confianza de la Presidenta de la República y ella tiene la capacidad de solicitar que se inicien esas acciones judiciales. Lo que se logró con el caso Penta, en terminos de credibilidad para el Poder Judicial y el Ministerio Público, no se puede derrochar ocultándose o negandose a iniciar acciones judiciales, porque los involucrados pudieran pertenecer a sectores de gobierno”

OPINIÓN POLÍTICA-KRADIARIO

FALSOS DILEMAS

Por Camilo Escalona

Cual un monstruo de mil cabezas, el proceso judicial que afecta al grupo Penta por el financiamiento ilegal de las campañas electorales de la UDI, acaba de cobrar una nueva víctima, ahora le ha tocado al diputado Ernesto Silva presentar su renuncia a la Presidencia de ese Partido.

.

La razón es evidente, no pudo controlar los efectos que cual una bomba de racimo se extienden extensa y ampliamente en la estructura y el entorno de esa formación política. No obstante, el respiro que le reportó el caso Caval, la formalización de los principales implicados, reabrió más intensamente el dolor causado por una herida que no sana y que daña aún más el organismo. Silva trató de soportar la cruda situación, pero la realidad es que la misma ya no daba para más.

.

El imperio de los hechos lo hizo un lado, obligándolo a apartarse sin más alternativa ni remedio. En cosa de minutos la dimisión de Silva se convirtió en una aguda pugna interna en la UDI, es la lucha por la sucesión, por asegurarse una cuota de poder en la nueva configuración del mapa de influencias en el que sigue siendo el más poderoso partido político de la derecha.

.

Lo curioso es como se ocultan o disfrazan los verdaderos dilemas en discusión. En efecto, se repite la frase que se estaría en presencia de un durísimo conflicto generacional, pero no se dice en torno a qué diseño,  qué conducta seguir,  cual estrategia instalar; en fin, el dilema que en el curso de las semanas se ha transformado en el más decisivo de la historia de ese partido permanece en la penumbra y se presenta al debate público una lucha de corte generacional.

.

Esa no es la esencia de la encrucijada que le toca vivir a la UDI. El problema radica en si serán capaces o no de aceptar el término de un sistema ilegal de financiamiento de sus candidaturas, o al menos de una parte fundamental de ellas, lo que significa renunciar a una ventaja indebida, ilegítima, la de capturar una abultada cuota de recursos extra legales provenientes de arcas empresariales que imponen ideas, criterios y comportamientos de acuerdo a sus estrechos intereses corporativos.

.

En esta situación el dilema es si se rompe o no se rompe la cohabitación entre política y negocios, es decir, si ese grupo político logra terminar con esas malas prácticas o se somete a la tutela de tales intereses que, en definitiva, determinan su financiamiento. Lo demás es una vieja táctica para distraer la atención hacia cuestiones o aspectos subalternos, que pueden parecer importantes pero que en el hecho no lo son.

.

La tarea de dirección política entregada a la Presidencia del diputado Ernesto Silva no estaba en condiciones de resolver la decisiva encrucijada que vive ese partido. Sus redes familiares, su propio y rápido ascenso en la larga escala del poder de esa rígida y jerarquizada organización estaba sellado por la pertenencia a esa telaraña de intereses entrelazados férreamente.

Por otra parte, en las filas de la Nueva Mayoría también existen los que tienen la tentación de atizar el falso dilema entre una supuesta “vieja guardia” y su lógica contraparte de una “nueva generación”, sin decir ni definir que serían una y la otra. Quiero insistir que las buenas o malas prácticas no se definen por su antigüedad o novedad, sino que por su contenido, por lo que cada una de ellas significa, así como por la inspiración que las anima y los objetivos que se proponen.

.

He visto a políticos como Clodomiro Almeyda, Aniceto Rodríguez y Raúl Ampuero, llegar al fin de sus días sin ninguna mancha personal y con la frente en alto, así como, se pueden observar lamentablemente figuras jóvenes que caen en el viejísimo error de querer alcanzar poder y dinero de manera fácil y de un día para otro.

.

Las ambiciones desmedidas se definen por su comportamiento, sus métodos y prácticas y no por su edad. Además, la odiosidad y la intolerancia de la dictadura dejó su marca, la que se expresa en que ciertos “políticos” no exponen ideas sino que sólo broncas, animosidades, querellas de bajo nivel; en cada una de sus acciones rebajan y denigran la dignidad del sistema político.

.

Por eso, que el actual desafío es tan decisivo, se trata de lograr que prevalezca la probidad, la decencia, el interés de servir al país, por sobre la política espectáculo, la codicia y el clientelismo, que rebaja a las personas a simples receptores de coimas de ínfima cuantía, como son baratijas como anteojos, paquetes de alimentos o artículos electrónicos que se ha repartido en las  últimas campañas electorales.

.

Es más que notorio el descrédito de la acción política y este se origina en las malas prácticas, en la corruptela que detecta la ciudadanía en la conducta de muchos “honorables”, es obvio que la edad no es el origen del problema sino que en violar el compromiso de probidad y honradez que inspira la pertenencia a una fuerza o partido de izquierda o del centro progresista. Hoy, la lucha es para que la política deje de ser un mecanismo para conseguir privilegios o abusar del poder.

.

Ante los lamentables hechos que preocupan a los militantes puros y sinceros, hay que volver a insistir en que somos mundos distintos; el socialismo promueve los derechos de los que o no tienen nada o tiene poco y necesitan ser respetados, en cambio, como se muestra ahora una vez más, la derecha defiende el estado de cosas que resguarda la desigualdad que Chile debe superar.

.

Nadie puede ser excluido por sus ideas, es por ello que el ancho espacio de la democracia engloba e incluye al conjunto del sistema político, suprimir una parte del espectro de posiciones sociales e institucionales es una pretensión totalitaria que fracasó rotundamente. Ahora bien, no nos podemos confundir,  el motor de la lucha del socialismo y la izquierda es una sociedad libertaria, pluralista, con pleno ejercicio de la diversidad y con una inquebrantable voluntad de justicia social.

.

Atiborrarse de dinero no es el afán de los que pertenecen a estas filas. Los negocios en su sitio, la política en el suyo. En una sociedad democrática pueden vivir cada cual en lo suyo, pero la confusión de ambos en una sola madeja, cuyos hilos se cruzan de forma promiscua nada bueno puede traer para una comunidad sana, para la mística ciudadana y el desarrollo económico, por el bien común estos mundos distintos se deben complementar pero jamás establecer un maridaje que socave la ética social y erosione la institucionalidad democrática.

.

Hay que vencer los falsos dilemas y las conductas impropias y vergonzosas, con ello la política será capaz de fortalecer la democracia y cumplir con su razón de ser, de estar al servicio del interés nacional.

CORRUPCIÓN-OPINIÓN-KRADIARIO

UNA RARA COMISIÓN

Por Carlos Peña (*)

.

Es imposible no referirse a la comisión anticorrupción recién creada: ¿Qué sentido posee? ¿Qué utilidad reviste?

Hay varios motivos para dudar de su utilidad. Uno de ellos se relaciona con su legitimidad; el otro con los casos que motivan su creación.

.

Desde luego, una comisión de esa índole carece de la legitimidad que confiere la mayoría. Y eso es grave cuando se trata de un gobierno que ha erigido al de mayorías en el supremo principio de legitimidad de la vida social.

.

Quienes la integran poseen saber y virtud en abundancia, de eso no cabe duda; pero no cuentan con la legitimidad que confieren las mayorías; esa legitimidad que el Gobierno echa de menos en la Constitución o en la exigencia de quórum que dan poder de veto a las minorías. La inconsistencia es obvia: ¿Por qué lo que es malo en materia constitucional o de leyes (que las mayorías no logren imperar) no lo es a la hora de resolver las cuestiones relativas a la ética pública? ¿Por qué si es malo que el Tribunal Constitucional limite las decisiones de la mayoría, no lo es que un grupo pueda, de hecho, hacerlo en cuestiones éticas?

.

Una de las quejas frecuentes de la izquierda y el movimiento estudiantil fue que la vida social se había naturalizado y convertido en un asunto regido por leyes y por principios que solo los expertos podían inteligir. El surgimiento de una cultura de expertos, se dijo, desplazó la deliberación ciudadana y la política, deteriorando de esa manera la vida democrática. La queja contra la cultura de expertos fue especialmente aguda cuando se trató de economía o de educación. Pues bien. Si a la hora de diseñar el sistema escolar o establecer las prioridades del gasto público, hay que eludir a la cultura de expertos, ¿por qué recurrir a ella en cuestiones éticas, harto más sinuosas y opinables? O, al revés, si resulta adecuado y nada problemático nombrar una comisión a la hora de abordar cuestiones éticas (esto es, cuestiones relativas a qué es correcto en la vida pública y qué no), ¿por qué no podría ser razonable hacer algo parecido en cuestiones constitucionales? ¿Qué razón habría para rechazar a los expertos en cuestiones constitucionales, cuando ya se les admitió en cuestiones éticas?

.

No cabe duda. Al formar esta comisión la Presidenta Bachelet se puso en medio de una obvia inconsistencia con el principio de mayorías que suele esgrimir y la narrativa de su propio programa. Y nada se saca, para resolver el problema, con declarar que serán los diputados y senadores quienes decidirán en definitiva. Luego de declarárseles incumbentes y parciales a la hora de deliberar sobre corrupción, son muy pocas las posibilidades que tienen de rechazar lo que esa comisión, esgrimiendo argumentos de autoridad, decida.

.

Pero el problema de la comisión no es solo de legitimidad. También deriva de los motivos que inducen a crearla.

.

Se trata de los casos Penta y el otro en que se involucraron Sebastián Dávalos y Andrónico Luksic.

.

Ocurre que son casos distintos. En el caso Penta el problema no es la falta de leyes, sino su incumplimiento. Y en el caso de Sebastián Dávalos, una de dos: o hay delito (en cuyo caso al igual que en Penta hay incumplimiento de una ley y no un defecto de ella) o simplemente hay descriterio, desaprensión de los involucrados (algo que la comisión, a pesar de sus abundantes virtudes, es difícil que pueda corregir). La comisión será irrelevante para esos dos casos y todos los que se le parezcan.

.

Pero, si no está en consonancia con el principio de legitimidad que el Gobierno suele esgrimir, ni parece consistente con los casos que en apariencia la motivan, ¿por qué se creó entonces?

.

La razón parece obvia. Ante la posibilidad que esos dos casos (y en especial el de Dávalos) siga resonando una y otra vez en la opinión pública, la creación de esa comisión está animada por el propósito de racionalizar (racionalizar, enseña Freud, equivale a eludir, a desplazar) el problema transformándolo en un asunto no de personas sino de instituciones, no de Dávalos, Luksic, Délano o Lavín, sino de reglas o incentivos. Ese propósito no tendría, por supuesto, nada de malo, si entre los casos que se trata de racionalizar no estuviera aquel en que está involucrada la familia de la Presidenta.

.

Pero desgraciadamente lo está. Y mientras ella no se pronuncie explícita y directamente sobre él, cualquier racionalización se verá mal.
.
(*) Columnista permanente de El Mercurio

ESCÁNDALO-SQM-KRADIARIO

SQM decidió esta noche poner término al contrato de Patricio Contesse como gerente general de la compañía. Según indicó la compañía en el documento enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), tras una reunión extraordinaria del directorio decidió nombrar como el nuevo gerente general a Patricio de Solminihac.

.

UN FUERTE "NO" A LA ENTREGA A LA FISCALÍA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE SEIS AÑOS DIO HOY SQM EN REUNIÓN DE DIRECTORIO

Leer también en esta edición:

SUMA Y SIGUE .....COMIENZAN A APARECER FIGURAS DE LA NUEVA MAYORÍA EN DEVASTADORA CORRUPCIÓN ESTATAL

El Directorio de SQM resolvió este lunes no entregar antecedentes contables solicitados por la Fiscalía dejando ahora abierta las puertas para que sea el Ministerio Público el que pueda solicitar una orden al tribunal para realizar allanamientos e incautaciones. La información requerida corresponde a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
.
La decisión de SQM se tomó una semana después del acuerdo entre los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias, y representantes de la firma, que establecieron la entrega de los datos de manera voluntaria. Ello, sin embargo, no se concretó porque dos días después del trato, el gerente general de SQM, Patricio Contesse -a través de su abogado Samuel Donoso- presentó una cautela de garantía para que sea el tribunal el que resolviera la entrega de antecedentes solicitados por el ente persecutor penal, acción judicial que finalmente no fue acogida a trámite.

Patricio Contesse

.
Ese mismo día (miércoles pasado), la empresa se desentendió del recurso y descartó haber presentado tal medida para dilatar la entrega de los mismos, aclarando a través de un comunicado que SQM analizaría la procedencia legal de la solicitud.
.
El requerimiento de la Fiscalía pretende reunir nuevos datos sobre presuntos delitos tributarios y financiamiento irregular de campañas políticas.
.
Esta línea de investigación se inició luego que aparecieran boletas ideológicamente falsas emitidas a nombre de la empresa por la firma Reactor SPA. Dichos dineros habrían servido para entregar recursos el ex alcalde y candidato a senador por Santiago, Pablo Zalaquett. Posteriormente, se estableció que la cuñada del ex subsecretario Wagner también emitió boletas por servicios no prestados y que Joaquín Lavín habría recibido aportes por la misma vía para su campaña senatorial. El último antecedente que vincula a un político, sería el pago de 4,4 millones de pesos que SQM habría realizado en 2009 a Mariela Molina, ex asesora del senador socialista Fulvio Rossi.

Navarro:  tienen que operar las instituciones 

El parlamentario del MAS, Alejandro Navarro fue enfático hoy en que el SII tiene que actuar en torno al caso SQM, destacó que "Un perdonazo de SQM por parte del SII sería un golpe mortal a la credibilidad de la Nueva Mayoría"e hizo un llamado a que operen las instituciones.

Asimismo, el senador cuestionó la diferencia entre el Caso Penta y SQM, "Los de Penta están en la cárcel y cuál es la diferencia? se preguntó y agregó que "hay que verlo, peor no me parecería que haya una discriminación  flagrante. 

CHILE-OBISPO BARROS-KRADIARIO

EL CONFLICTIVO NOMBRAMIENTO DE JUAN BARROS COMO OBISPO DE OSORNO

El obispo castrense Juan Barros respondió a las críticas de distintos sectores, en especial a la de hoy por la Congregación de los Sagrados Corazones, por su designación como obispo de Osorno.

.

"En este tiempo se han difundido una serie de opiniones en relación a mi persona. Jamás tuve conocimiento de alguna denuncia respecto del sacerdote Karadima siendo Secretario del Cardenal Juan Francisco Fresno, y jamás tuve conocimiento ni imaginé nunca de aquellos graves abusos que este sacerdote cometía con sus víctimas. No he aprobado ni participado en esos hechos gravemente deshonestos. Hubo una investigación exhaustiva por instancias competentes civiles y eclesiásticas para discernir las responsabilidades y sanciones. Con la gracia de Dios llevo más de treinta años como sacerdote, y mucha gente me ha conocido en distintas Parroquias y Diócesis con un feliz ministerio", dijo.

.

Barros indicó que "me duele profundamente el hondo dolor que por largos años les sigue afectando a las víctimas. Y reitero junto a toda la Iglesia que no hay lugar en el sacerdocio para quienes cometen estos abusos, y que la prevención y la promoción del buen trato deben ser un pilar de nuestro caminar eclesial. Quiero recordar que he adherido plenamente a la sentencia condenatoria de la Congregación para la Doctrina de la Fe al sacerdote Karadima. Como tantos jóvenes y familias, yo llegué a participar a la Parroquia del Sagrado Corazón en tiempos hermosos de espiritualidad y apostolado, pero terminé defraudado por este sacerdote y condeno absolutamente los delitos por él cometidos. El daño que ha causado es enorme".

.

"Lamento profundamente el desconcierto producido en miembros del pueblo de Dios y en la opinión pública. Junto a los hermanos Obispos y mi familia hemos padecido estos sufrimientos con la Iglesia, pidiendo que Dios nos ayude a todos a tener claridad y paz. 

.

Comprendo a quienes hayan sentido tristeza y molestia, pero confío en que al conocernos y trabajar juntos por la comunidad de Osorno podamos todos ir creciendo con la serena unidad en nuestra tan alegre tarea evangelizadora", agregó.

.

Respaldo desde Roma

.

La Nunciatura Apostólica en Chile manifestó ayer su respaldo a Juan Barros Madrid, nombrado por el Papa Francisco como el nuevo obispo de la diócesis de la ciudad de Osorno, el pasado 10 de enero.

.

El nuncio apostólico, Ivo Scapolo, señaló ayer a través de un comunicado publicado en la Conferencia Episcopal de Chile (Cech) que “la Nunciatura Apostólica renueva su confianza y apoyo a S.E. Mons. Juan Barros Madrid, Obispo electo de la Diócesis de Osorno”.

.

Además, en el documento se “invita a toda la Iglesia en Chile y, en manera particular, a la comunidad diocesana de Osorno a prepararse, mediante la oración y las obras de bien, al inicio del gobierno pastoral de monseñor Barros”.

.

La nunciatura agrega, asimismo, que “exhorta a ir adelante en el camino de conversión y fortalecimiento del corazón, que el Santo Padre ha invitado a recorrer mediante el Mensaje pontificio enviado para la Cuaresma 2015”.

.

Esta es la primera declaración oficial, institucional, de una entidad de la iglesia católica en Chile que manifiesta su respaldo a la figura del prelado Barros, quien ha recibido críticas por su presunta cercanía con el ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima; éste último, condenado por el Vaticano por abusos sexuales.

Los críticos

.

Entre los críticos a la designación se encuentra Juan Carlos Cruz-uno de los denunciantes del llamado caso Karadima- quien, en una carta dirigida a la Nunciatura Apostólica, manifestó su malestar por el nombramiento del prelado, sindicándolo como presunto “encubridor” de Karadima. Al interior de la Iglesia, en tanto, también ha surgido resistencia al nombre de Barros.

La Congregación de los Sagrados Corazones emitió su opinión frente a este tema, asegurando que esta nominación los ha dejado “perplejos”.

.

Aseguran que el hecho de estar vinculado a las acusaciones de abuso contra menores por parte del sacerdote Fernando Karadima, no se ha tomado “lo suficientemente en cuenta”, por lo que su cargo no está “en sintonía con la tolerancia cero que está queriendo instalar la Iglesia”.

.

Explican que esto parece ser una decisión que desarrolló en solitario el Nuncio Apostólico, sin el apoyo de la mayoría de los obispos de Chile, señalando que hay algo que “desafina” en relación con los últimos nombramientos episcopales.

.

“Hay aquí algo disonante, que “desafina” en relación a los últimos nombramientos episcopales, que nos han parecido muy en la línea de lo que quiere el Papa Francisco. Nos cuesta creer que él confirmase este nombramiento si hubiese tenido todos los antecedentes sobre la mesa”, señalan.

De esta manera aseguran que “a menudo se olvida que la comunión que estamos llamados a vivir en la Iglesia no es sólo del pueblo de Dios para con la jerarquía eclesiástica, sino también en el sentido contrario”. Por esta situación afirman que una buena señal sería que Barros renuncie al cargo eclesiástico.

Cardenal Ezzati

.

El pasado viernes, el Presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Ricardo Ezzati, dijo que “el Santo Padre ha elegido a un pastor para la iglesia de Osorno y nosotros, como católicos, estamos muy en comunión con el Papa”. Agregó que espera que el futuro obispo “haya asumido y siga asumiendo lo que el Papa le ha pedido. 

Y una vez que asuma, también los obispos vamos a ser hermanos, como lo hemos sido siempre, apoyando lo que haya que apoyar”. En tanto, sobre el vínculo entre Karadima y Barros, el Arzobispo de Santiago indicó que “no hay que unir las dos cosas. El Santo Padre ha tenido en sus manos la tarea de discernir el bien de una comunidad y nosotros adherimos a lo que ha decidido”.

.

La toma de posesión canónica de Juan Barros está programada para el próximo 21 de marzo, en la catedral de Osorno.

.

POLITICA-CORRUPCIÓN-DENUNCIA DE CIPER-KRADIARIO

SUMA Y SIGUE .....COMIENZAN A APARECER FIGURAS DE LA NUEVA MAYORÍA EN LA DEVASTADORA CORRUPCIÓN ESTATAL

Declaración de asesor de campañas confirma pagos desde SQM a equipo de Pablo Zalaquett

Parlamentarios del PS, UDI, PPD y DC figuran entre los clientes del otrora operador político y ahora experto en campañas electorales, Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el “Caso Coimas”. Hoy está bajo la lupa de Impuestos Internos y la Fiscalía por múltiples facturas que emitió la empresa Asesorías Cristina Zúñiga para encubrir aportes ilegales a campañas. Chaparro es el motor y “estrella” de esa empresa. Hasta ahora aparece con cinco facturas pagadas por Soquimich y una por Corpbanca para la campaña de Zalaquett. Entre sus clientes figura Javier Macaya, actual timonel de la UDI.

.

Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, una de las empresas que entregó facturas falsas para financiar campañas políticas y que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público y por Impuestos Internos, fue contratada por el presidente interino de la UDI, diputado Javier Macaya, para sus asesorías legislativas. Si es ratificado por la Comisión Política de este lunes 16 de marzo, Macaya encabezará la UDI al menos hasta el próximo 10 de abril, fecha en que está programado un Consejo General del partido que deberá determinar la nueva directiva que enfrentará la crisis por la que atraviesa el gremialismo. Y Macaya figura como uno de los rostros que podría integrar la nueva mesa.

En los 25 días que tendría por delante como timonel de la colectividad, Macaya deberá enfrentar los corcoveos y cuestionamientos por el juicio a los dueños del Grupo Penta y que afecta también a parlamentarios y dirigentes de su partido. El último remezón fue la renuncia del presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, con quien Macaya había forjado una estrecha alianza como secretario general de la directiva descabezada el miércoles 11 de marzo.

La tarea puede complicarse para Macaya, pues su nombre ya figura en el expediente de la Fiscalía como receptor de aportes legales de empresas del Grupo Penta, por la vía del Servicio Electoral –al igual que Silva-, para su campaña de 2013. A eso se suma su vínculo con la empresa de Cristina Zúñiga, la que emitió múltiples facturas y boletas de honorarios que están bajo investigación judicial y tributaria, pues habrían servido para encubrir aportes a candidaturas. Hasta ahora, en la investigación de las irregularidades del Grupo Penta hay constancia de que al menos seis de sus facturas habrían enmascarado aportes ilegales a la campaña senatorial de Pablo Zalaquett (UDI) por Santiago Poniente.

Macaya encargó trabajos de asesoría comunicacional a la empresa de Cristina Zúñiga Paredes por un total de $10,1 millones en los años 2013 ($5,3 millones) y 2014 ($4,8 millones). Esos montos fueron pagados por la Cámara de Diputados con cargo a las asignaciones parlamentarias del ahora presidente de la UDI.

Maya Fernández Allende

Tucapel Jiménez

El nuevo timonel gremialista no es el único diputado que ha contratado los servicios de Cristina Zúñiga. En la nómina figuran otros parlamentarios y no sólo de la UDI: Mónica Zalaquett (UDI), con $18,8 millones; Carlos Recondo (UDI), con $22,5 millones; Denise Pascal (PS), con $21,4 millones; Clemira Pacheco (PS), con $9,7 millones; Maya Fernández Allende (PS), con $3,2 millones; Daniella Cicardini (PS), con $4,8 millones; Tucapel Jiménez (PPD), con $5,6 millones) y Matías Walker (DC), con $5 millones.

En total, la Cámara de Diputados ha desembolsado $101,8 millones en asesorías pagadas a Cristina Zúñiga.

El Comité de Senadores de la UDI también ha contratado los servicios de la empresa de Cristina Zúñiga Entre 2013 y lo que va de 2015, el Senado le pagó con los dineros asignados al comité UDI una cifra global de $24,8 millones.

En suma, desde 2012 a la fecha el Congreso Nacional ha pagado más de $126 millones por asesorías de Cristina Zúñiga (hechas a través de sus empresas o como persona natural), de acuerdo a los registros que figuran en las páginas de transparencia de ambas cámaras.

La justificación formal del servicio prestado por Cristina Zúñiga al diputado Macaya indica que el trabajo consistió en “una asesoría comunicacional, administración de plataformas web y redes sociales”. Los trabajos realizados para distintos parlamentarios son de similar tenor, incluyendo otros ítems del mismo rubro: “desarrollo y producción de herramientas de comunicación”, “producción de plataforma multimedia de comunicación en internet”, “diseño y elaboración de manual gráfico de comunicación”, “elaboración de los contenidos de difusión y comunicación del trabajo parlamentario” y “producción de material de prensa en el distrito”, entre otros descriptores.

Para el comité de senadores de la UDI, la empresa ha desarrollado trabajos que se justifican bajo la siguiente glosa: “Asesoría comunicacional y política: Definición de plan de trabajo comunicacional; definición de plan de difusión parlamentaria en la región; propuestas gráficas (de) herramientas de comunicación y difusión; gestión y administración del sitio web y redes sociales; actualización de plataformas digitales de comunicación; actualización y generación de contenidos comunicacionales y políticos en redes sociales (fotos, videos, entre otros)”.

Además, las empresas de Cristina Zuñiga -Pecado Kapital y Asesorías Cristina Zúñiga- figuran en los registros del Servel como proveedoras de distintas campañas en la última elección parlamentaria. CIPER revisó las rendiciones de cuentas de los candidatos de la campaña de 2013 y estableció que en esa elección las sociedades de Cristina Zúñiga recibieron un total de $78,8 millones.

Los archivos del Servel indican que entre los candidatos que contrataron los servicios de Cristina Zúñiga para la campaña 2013 también figura el nuevo presidente interino de la UDI, Javier Macaya, quien le pagó $3,1 millones. A él se suman el senador Guido Girardi (PPD), con $23,8 millones; el senador Jorge Pizarro (DC), con $21,4 millones; la diputada Maya Fernández Allende (PS), con $4 millones; el derrotado aspirante a senador Pablo Zalaquett (UDI), con $5,2 millones; la consejera regional María Antonieta Saa (PPD), con $14,2 millones, y el Partido Démocrata Cristiano, con $7 millones ($2 millones para la campaña de consejeros regionales y $5 millones para la campaña de senadores).

Chaparro, el experto

Si bien la empresa figura a nombre de Cristina Zúñiga, el verdadero motor de su transversal participación en asesorías a partidos es Alejandro Chaparro Cavada (izquierda), un antiguo operador político que militó en el PPD, experto en diseño y planificación de campañas. Hace una década su nombre saltó a las primeras páginas cuando estuvo involucrado en la investigación por cohecho conocida como “Caso Coimas” y que dio pie a la indagación del escándalo político-financiero del Mop-Gate. Chaparro es la carta de presentación de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes en el mundo político.

En el “Caso Coimas”, Chaparro fue acusado de recibir un vale vista proveniente del pago de sobornos para permitir la instalación irregular de plantas de revisión técnica. Entonces era jefe de gabinete del ministro de Obras Públicas y Transportes del gobierno de Ricardo Lagos, Carlos Cruz.

En 2007 la Corte Suprema confirmó la condena de Chaparro por “cohecho aceptado” y lo sentenció a “sesenta días de prisión en su grado máximo, más una multa a beneficio fiscal de $5 millones, que corresponde al tanto del cohecho aceptado; y a la pena de inhabilitación especial perpetua para cargo u oficio público”.

Cristina Zúñiga aparece en el Diario Oficial como periodista, constituyendo empresas en el área de las comunicaciones, producción de eventos, servicios audiovisuales y diseño gráfico. En 2004 formó con cinco socios su primera empresa: Grupo Cinco. Dos años más tarde creó Pecado Kapital junto a Paola Lecaros Álvarez, quien poco después, en 2007, le cedió su parte. Fue en esta empresa que se inició su vínculo con Alejandro Chaparro.

De su etapa de militante del PPD –partido del que fue separado cuando se vio envuelto en el juicio por cohecho-, a Chaparro se le reconoce una gran experiencia en la administración de campañas, lo que le ha permitido a la empresa de Cristina Zúñiga gozar de un prestigio inusualmente transversal en el arco político.

En la declaración que prestó ante la Fiscalía el 15 de octubre del año pasado, por la investigación de boletas falsas para financiar campañas, el propio Chaparro indicó: “Trabajo en campañas políticas desde hace mucho tiempo (…). Desde 1995 o 1996 decidí profesionalizarme en algo que antes hacía de manera voluntaria. He asistido a cursos y seminarios para perfeccionarme (…). Con la ley de financiamiento político de 2002 o 2003 se me abre una oportunidad, por cuanto empieza a existir un financiamiento a las campañas, tanto estatal como privado. Trabajé en consultoras en este tema asesorando tanto a personas naturales y jurídicas”.

Facturas bajo investigación

Fue la diputada Mónica Zalaquett, quien contrató asesorías legislativas de Cristina Zúñiga desde 2012 a 2014, la que recomendó la empresa a su hermano, Pablo Zalaquett, para que la empleara en su campaña senatorial de 2013. Según señala una persona que trabajó en esa candidatura directamente con Zalaquett, Chaparro llegó precedido de la fama de conocedor de la circunscripción Santiago Poniente: “Decían que tenía mapeado todo el sector, que conocía en detalle los puntos donde debía desplegarse la publicidad y fortalecer la campaña”.

Ante la Fiscalía, Chaparro declaró que a través de la empresa Pecado Kapital trabajó en más de 50 campañas, primero con candidatos PPD y PS, para luego ampliarse hacia la derecha. También afirmó que fue Pablo Zalaquett quien se comunicó con la empresa tras su derrota en la elección municipal de 2012, cuando perdió la alcaldía de Santiago. La primera misión que les encomendó fue un estudio para medir sus posibilidades de ser senador. En marzo de 2013, declaró Chaparro, se integraron formalmente al grupo que trabajaba en esa campaña.

La investigación de la Fiscalía ha acreditado hasta ahora que Asesorías Cristina Zúñiga Paredes recibió pagos de dos empresas para las que no prestó servicios y que, en realidad, esos dineros eran para cancelar sus trabajos para Zalaquett. Esas empresas son la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) y Corpbanca. Esta última es controlada por Álvaro Saieh, principal financista de CIPER.

Las facturas que emitió la empresa de Cristina Zúñiga a Soquimich fueron cinco; a Corpbanca, una. Respecto de cómo se gestaron esos pagos, Chaparro indicó a los fiscales: “En abril de 2013 nos efectuaron (Zalaquett) el primer pago por lo ya hecho. Este pago se hizo con una factura por $10 millones de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL (…). Se facturó a nombre de Corpbanca. No recuerdo como se llegó a eso, pero me parece que debió haber sido a través de una conversación de ‘Coca’ de Castro (Carmen de Castro, jefa de la campaña) o con Cristina (Zúñiga). El pago se hizo mediante una transferencia electrónica a la cuenta de la empresa. No hay ningún servicio que se le haya prestado a Corpbanca”.

En el entorno de Zalaquett explicaron a CIPER porqué la factura fue pagada por Corpbanca: Pablo Zalaquett había hecho una asesoría personal a Corpbanca que aún estaba pendiente de pago. Cuando llegó el momento de cancelar los primeros servicios de Cristina Zúñiga, en abril de 2013, la campaña aún no tenía dinero en caja, por lo que al propio Zalaquett decidió que la empresa de Zúñiga extendiera la factura a nombre de Corpbanca, para que se pagara con el monto que él debía cobrar a ese banco por su asesoría. Según esta versión, fue el propio Zalaquett el que presentó a Corpbanca la factura de Cristina Zúñiga en lugar de una suya.

Cristián Canales, director Legal y Control de Corpbanca, señaló a CIPER que efectivamente Pablo Zalaquett había hecho una asesoría al banco. El trabajo encomendando a Zalaquett fue un estudio de varias licitaciones realizadas por municipalidades para la apertura y mantención de las cuentas corrientes comunales en las que Corpbanca había participado sin éxito.

Al momento de cursar el pago por la asesoría, explicó Cristián Canales, fue Zalaquett quien presentó al banco la factura de Asesorías Cristina Zuñiga.

-Lo importante es que hay un servicio prestado y que la persona que debía recibir el pago es la que presentó esta factura. Pudiera haber una falta de rigurosidad por no haber chequeado la relación de esta persona natural con la persona jurídica que facturó -señaló Cristián Canales a CIPER.

El ejecutivo explicó que es común que los profesionales que forman parte de una sociedad o que están contratados por una sociedad, presenten facturas de esa sociedad. Por eso, dijo, si el mismo profesional es el que presenta la factura y el trabajo está hecho, como habría ocurrido en el caso de Zalaquett, habitualmente se procede al pago sin mayores cuestionamientos.

Después de ese pago inicial, la jefa de campaña, “Coca” de Castro, determinó que el trabajo de Asesorías Cristina Zúñiga se cancelaría en mensualidades de $3,5 millones, según la versión que entregó Chaparro a la Fiscalía. En su declaración, el asesor adjuntó un correo de “Coca” de Castro en el que pidió que facturaran a Soquimich esas mensualidades:

“Para ello nos envío un contrato tipo para que lo firmara Cristina (Zúñiga) que venía vacío en cuanto al otro contratante, que era Soquimich (…). Tampoco hubo ningún servicio que se prestara a Soquimich. Los servicios eran para la campaña de Pablo Zalaquett. Y se facturó mensualmente, con las facturas 21, 27, 28, 37 y 60 por $3,5 millones cada una”.

POLITICA-MONEDA-KRADIARIO

RECIÉN AHORA INTENTAN COMBATIR LAS COLUSIONES

La presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó este lunes un proyecto de ley con el que se busca desincentivar prácticas de colusión, como las conocidas en el caso de las avícolas y farmacias, robusteciendo las multas y restituyendo castigos de prisión efectiva.

.

La iniciativa, que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia, establece un tipo penal particular para efectos de colusión, con penas en su grado mínimo que van desde los 5 años y un día a 10 años de cárcel.

.

Además, aumenta las multas, llegando al pago a un 30% de las ventas correspondientes al período durante el cual se desarrollaron las actividades ilícitas o al doble del beneficio económico obtenido por la infracción.

.

Según explicó Michelle Bachelet, las sanciones serán extensivas a quienes entorpezcan las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica.

Luego del caso colusión en las farmacias, se habló sobre la opción de reestablecer las penas de cárcel para ese delito. Una sanción que estaba en la ley chilena, pero que fue retirada en el gobierno de Ricardo Lagos. Sin embargo, la administración de Piñera estudió reincorporarla, aunque hubo entonces varios detractores, y uno muy importante: el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, quien argumentó en una entrevista con CNN el 14 de julio de 2014 que "en Chile, tuvimos sanción penal para los ilícitos de libre competencia, por más de 30 años, y no hubo ninguna condena".

Desde que se crea el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, el Legislativo eliminó la sanción penal de la ley y aumentó la sanción especularia. Ante este tema, Menchaca aseguró que "la delación compensada es el mecanismo más eficaz para descubrir carteles" y destacó que "enreda tener a dos tribunales persiguiendo la misma conducta".

.

El nuevo proyecto establece en materia de colusión  el perfeccionamiento de herramientas para combatir esta práctica y otras conductas contrarias a la competencia, mediante un tipo penal especial para dichos contemplados en el Código Penal, que establece una pena de reclusión menor en su grado mínimo que va desde 5 años y 1 día a 10 años, con el fin de disuadir de forma efectiva la participación de personas naturales en este tipo de prácticas.

.

“Es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás, y esto quede sin penas de cárcel efectiva. Porque con la colusión y otras malas prácticas, no sólo se daña la economía del país sino también se perjudica el bolsillo de las familias chilenas y eso es muy grave”, subrayó la Jefa de Estado.

.

También considera un nuevo límite para las multas aplicables por el Tribunal de Libre Competencia (TDLC), tanto a la colusión, como al resto de las conductas anticompetitivas.  En este caso las sanciones pecuniarias máximas podrían llegar al 30% de las ventas correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado o el doble del beneficio económico obtenido por la infracción.

.

Con ello, se espera que aumente sustantivamente la disuasión que hoy se ve impedida a raíz de la presencia de límites máximos a los montos de las multas.

.

Asimismo, incluye mejoras institucionales y procedimentales, entre las que destacan: el otorgar a la Fiscalía Nacional Económica la facultad de realizar estudios de mercado, para lo cual podrá recabar información tanto de particulares como de instituciones públicas; establecer sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE, con penas de prisión para quienes proporcionen información falsa, incompleta o de forma extemporánea, y multas para aquellos investigados que no respondan o respondan sólo parcialmente a las solicitudes de información efectuadas por la FNE, o para quienes injustificadamente no comparezcan a declarar; y contar con dedicación exclusiva de los ministros titulares del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

.

“Este proyecto nos permitirá entregar, sin duda, certidumbre a las propias empresas, tanto a quienes participan de estas operaciones como a sus competidores, y por supuesto permite proteger de mejor manera a los consumidores que son quienes finalmente pagan el mayor costo cuando se afecta y se daña el principio de la libre competencia”, enfatizó la máxima autoridad del país.

.

Junto con ello y en línea con lo sugerido por la OCDE en su Informe “Evaluación del Régimen de Control de Concentraciones en Chile”, la iniciativa del Gobierno propone avanzar hacia un sistema “híbrido”, instaurando que se deben notificar obligatoria y preventivamente todas las operaciones que sobrepasen ciertos umbrales monetarios, además de establecer sanciones por incumplir con esta obligación.

.

También sugiere que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sólo podrá investigar operaciones que califiquen bajo los umbrales y que no le hayan sido notificadas, hasta un año después que éstas se hayan perfeccionado.

.

Otro aspecto que aborda el texto legal es suprimir la posibilidad de que terceros ajenos a una operación la sometan al sistema de control, aunque podrán ser oídos por la FNE en la revisión de la operación.

.

Finalmente, se agrega un test sustantivo al sistema de control, que determina la aptitud de cada operación para “reducir sustancialmente la libre competencia” y es más exigente que el contemplado para el resto de las conductas, en que se exige “que se impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que se tienda a producir dichos efectos”.