Con el decreto firmado hoy se cumple al menos parcialmente el compromiso del presidente Gabriel Boric, que en su última cuenta pública señaló que el decreto de expropiación se firmaría en junio.

Durante la instancia, el ministro Gajardo se refirió al objetivo que se persigue con la expropiación y que se relaciona con la memoria y no repetición de las violaciones a los derechos humanos. “Son 117 hectáreas que se van a expropiar para que se transformen en un sitio de memoria, en un sitio de reflexión, en un sitio que le permita a todos los chilenos y chilenas ingresar libremente para conocer lo que ocurrió en ese lugar, los crímenes atroces que se cometieron, pero que además nos permita dar cuenta de que esto no puede volver a ocurrir en nuestro país”, dijo.

“Por lo mismo, esto es tan importante no solo para la construcción de la memoria, sino que es tan relevante para la conciencia moral de nuestra sociedad y para el fortalecimiento de la democracia”, agregó.

Las autoridades detallaron que con la firma del decreto de expropiación se inicia un proceso que podría tardar meses y que comienza con un estudio pericial, con el que se definirá cuánto le costará al Estado la expropiación y a quién exactamente se deberá compensar por la adquisición de los terrenos. Así lo explicó el ministro de Vivienda, Carlos Montes. 

“Nosotros quisiéramos que dentro de este año completáramos todo el proceso, que es complejo, no necesariamente dejan de aparecer problemas de distinta naturaleza, pero nosotros vamos a operar con ese horizonte. La idea es dejar todo terminado antes de que termine el gobierno”, aseguró el secretario de Estado.

Una de las grandes interrogantes que se abre con el proceso de expropiación es quienes serán compensados y en qué estado quedaran quienes aún viven en lo que fue Colonia Dignidad. 

Consultado al respecto, el ministro Gajardo afirmó que se seguirá de manera rigurosa lo que dice nuestra legislación respecto a las expropiaciones.

“Le vamos a pagar a los propietarios de los lotes a expropiar el valor de lo que cueste conforme a los estudios que realizan los peritos. Ellos van a recibir los recursos necesarios y suficientes que cuesta este bien expropiado para que tomen las decisiones que estimen pertinentes”, complementó el titular de Justicia.