Las amenzas comenzaron ya en los primeros días del paro, cuando el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, dijo que se aplicaría la Ley de Seguridad del Estado para acabar con el problema. Su intervención fue criticada por varios sectores, incluyendo a dirigentes de la coalición oficialista de Nueva Mayoría. Sin embargo, desde el punto de vista del Gobierno el alto funcionario dijo lo que él consideraba que había que hacer en ese momento, porque de lo contrario el movimiento se iba a extender más de la cuenta. Y justamente es lo que ocurrió y se ha vuelto a la misma amenaza pero esta vez no fue Aleuy sino que vino nada menos que de parte del ministro del Interior, Jorge Burgos, quien la primera vez se mostró critico a su aplicación.

Pero las amenazas no provinieron solamente de La Moneda sino que también del Ministerio de Justicia, cuya titular llamó a deponer la paralización, advirtiéndoles a los funcionarios que "mes que no se trabaja, no se paga". Nelly Díaz, en tanto, junto con calificar la última reunión de este miércoles como un retroceso, concurrió a la OIT a presentar una denuncia formal contra el Estado de Chile.

Siguen las reuniones y Nelly Díaz regresa a su sede reconociendo cada vez que la negociación aún está lejos de llegar a algún acuerdo, por lo que el paro se mantiene. "Nos bajamos todo lo que teníamos que bajar. El Gobierno me ha pedido todos los gestos y se los he dado. Ahora es el Gobierno el que tiene que hacer los gestos. No hemos negociado nada más que la oferta económica”.
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Javiera Blanco con altavoz en mano llama "a los trabajadores a honorarios y a aquellos que deben renovar sus contratos”, advirtiéndoles que “mes que no se trabaja, no se paga”.

En las oficinas de la OIT, la dirigenta Nelly Díaz, la mujer de hierro del sindicalismo chileno, dijo todo lo que quería denunciar: “Venimos a hacer una denuncia”, explicó. “Con amenazas no volveremos a trabajar. Cuando uno se desespera habla cosas que no corresponde. Que yo sepa ella tampoco tiene contrato fijo”, en alusión a la ministra de Justicia.

“Los funcionarios que no son de carrera son los que están dejando la embarrada. Así es que la Ministra que no venga con amenazas. Se ha criminalizado a los trabajadores públicos, que yo soy la cupable de este movimiento. Queremos garantías cuando volvamos a trabajar”, exigió Nelly Díaz.
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A la salida de la OIT, el presidente de la ANEF, Raúl de La Puente rechazó las amenazas de despidos de la ministra Javiera Blanco. “El Gobierno dice que es un paro ilegal, amparándose en una Constitución que es ilegal”, criticó el dirigente, agregando que “venimos a la OIT a denunciar que el Gobierno no está respetando los acuerdos internacionales ratificados por el Congreso. Es necesario que este paro termine pronto. El Gobierno es el que tiene los recursos, las facultades y el poder”, agregó el dirigente.
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Después que el recientemente designado director nacional del Registro Civil, Luis Acevedo, reconoció que - “el nivel de adherencia a la paralización ha ido fluctuando. Es un número variable que cambia todos los días. La mayoría de los funcionarios han adherido a la movilización, pero cada día se han ido incorporando más a trabajar”- surge la idea dentro del Gobierno que la salida "más digna" ahora podría ser el quiebre del movimiento.

Todo esto es posible que ocurra, pero no sería muy bien visto ya que se trata de un Gobierno de los trabajadores que llegó al poder con ese apelativo. Ya están a la vista las intervenciones de las actuales autoridades en el mundo laboral, como en el caso de las empleadas domésticas sacando una nueva ley de rigurosos derechos y obligaciones que hicieron imposible realizar nuevas contrataciones por parte de muchos hogares, bajando en más  de un 12% las posibilidades laborales para este sector. Igualmente la reforma laboral está lejos de mostrar claridad a los interesados y sus posibilidades de materialización efectiva son poco probables. En ambos casos también ha estado presente la intervención de la ministra Blanco.

El Gobierno está agotado por su debilidad política que le impide realizar un diálogo rápido y eficaz. Es así que este tipo de conflictos tienen siempre consecuencias que afectan a los usuarios, es decir a los chilenos en general. Esto ya se ha visto antes con huelgas en sectores del transporte público y también en la larga huelga de profesores y seguramente otros gremios estatales están esperando que se calmen las aguas para comenzar nuevas luchas salariales que le permitan enfrentar la carestía de vida que se registra en Chile y los problemas derivados y cotidianos. Hoy ya se habla de continuar con una huelga de hambre.