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ES LO ULTIMO: PARLAMENTARIOS EXCLUIDOS DE LA FUTURA LEY DE FIDEICOMISO

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La primera semana de abril, tras el receso distrital, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, llegará hasta la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados con un claro objetivo: retomar la discusión del proyecto de ley sobre fideicomiso ciego.

La iniciativa -que regula la obligación de ciertas autoridades públicas de constituir un mandato especial de administración ciega de su patrimonio- fue objeto de fuertes y, según varios parlamentarios consultados, sorpresivas modificaciones por parte del entonces ministro José Antonio Viera-Gallo.

Dos son, al menos, los principales cambios incorporados a través de una indicación sustitutiva que fue ingresada el pasado 28 de enero: la exclusión de los parlamentarios de la obligación de acogerse al fideicomiso y la eliminación del piso de 470.000 unidades de fomento (UF) de patrimonio a partir del cual se obligaba a las autoridades a entregar la administración a terceros.

A cambio se incorporó el deber a ministros, subsecretarios, jefes de servicio, superintendentes, alcaldes, intendentes y al contralor, y se planteó que el fideicomiso deberá ser establecido para los casos en que el patrimonio -ya sean activos o pasivos- pueda ser controlado por la autoridad en cuestión o bien entre al ámbito de sus competencias.Además, se establece que el Presidente de la República deberá acogerse a la figura "sobre la totalidad de su patrimonio", sin importar el tamaño de éste.

"Redujimos la figura a las personas que toman decisiones puntuales sobre una materia particular que podría ser afectada por un conflicto de interés. En el caso de los parlamentarios existen autorregulaciones reglamentarias que, por ejemplo, les impiden votar en determinados proyectos", explicó el hoy ex ministro Viera-Gallo, consultado sobre la exclusión del deber en el caso de los parlamentarios.

Añadió que se retiró la cifra que establecía un "piso" para el fideicomiso para evitar las críticas que apuntaban a que era un proyecto destinado a complicar al hoy Presidente Sebastián Piñera. "Se acogieron los estándares que establece la OCDE y se fijó la obligación del fideicomiso en función de los tipos de intereses", indicó.

El ex secretario de Estado remató afirmando que las modificaciones "recogen lo que señalaron los diputados y expertos invitados" al debate de la Comisión de Constitución.

Los cambios fueron tema de comentario ayer en la Cámara de Diputados, donde parlamentarios de todos los partidos evidenciaron su preocupación por el eventual daño a la imagen de la corporación."Todas las normas de transparencia tienen que incorporar a los diputados. Es impresentable que legislemos obligaciones para terceros, sin que nosotros nos tengamos que acoger a ellas", dijo el diputado Edmundo Eluchans (UDI), quien recalcó que "la exclusión de los parlamentarios surge de una indicación del Ejecutivo".

En la misma línea se manifestaron diputados de la DC y del PS. "Eso no fue objeto de debate en la comisión. Esto no tiene que ver con cargos, sino con patrimonio y el ejercicio de una función pública con un cierto tipo de volumen de patrimonio que debiera dar lugar a la figura de fideicomiso", señaló Marcelo Díaz (PS)."Me parece mal que la indicación del Ejecutivo haya eliminado a los parlamentarios; si somos colegisladores, tenemos que dar el ejemplo y espero que el actual ejecutivo reponga, en este tema, el proyecto original", sentenció Roberto León (DC). (Mercurio)