20-12-13-KRADIARIO-883
¿AFP DEL ESTADO?
Por Hugo Latorre Fuenzalida
En el programa de Bachelet está la
propuesta de crear una AFP estatal. Inmediatamente surge la idea de que la
gente se trasladará masivamente a cotizar sus ahorros en esta institución y
abandonará a las AFP privadas.
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Si esa es la intención es loable en su
centro pues establece una competitividad efectiva en el sistema, siempre y
cuando esta AFP estatal defina condiciones diferentes de costos y rentabilidad con
los recursos de los trabajadores.
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Pero, claramente el que se haga quebrar a
las AFP privadas por esta vía, no es suficiente, pues no resuelve el problema
de las bajas pensiones.
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Si el ahorro personal se mantiene, si la administración de
esos recursos sigue poniéndose a disposición del capital financiero para que se
enriquezca con esos dineros provenientes
del trabajo, entonces poco se habrá avanzado.
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Una AFP estatal debe imponer nuevos
criterios de uso y de inversión, de costos y de rentabilidad..
Respecto al uso, ahora esos dineros no
deben servir más de alcancía barata para los negocios privados y
prioritariamente financieros. Ahora esos fondos deben ser puestos al servicio
de los proyectos productivos con aval del Estado. Un ejemplo claro: si CODELCO
requiere dineros para invertir en refinerías o ampliar sus explotaciones,
entonces estos recursos de la AFP estatal pueden ser prestados a CODELCO a una
tasa de rentabilidad mínima garantizada (con garantía estatal). Es decir, ahora
los recursos se usarán para la inversión productiva, lo que acrecienta los
procesos de desarrollo industrial y mejora los salarios y, por tanto, el
volumen de cotización global.
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Esto es cambiar el eje de operación y
destino de los fondos de pensiones, los que hasta ahora se mantienen como un
fondo de capital social disponible para el enriquecimiento privado y en áreas
que no son de interés colectivo, lo que hace ser a este un sistema absurdo,
abusivo y de nula o escasa proyección estratégica como país.
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Por otra parte, una AFP estatal debe dar
garantías a los trabajadores chilenos de una administración realmente
conveniente y provechosa de sus dineros, para lo cual se hace imprescindible
que en el directorio de esta AFP estatal estén representado con peso específico
los trabajadores, ya sea a través de la CUT y de los diferentes entes
sindicales de relevancia nacional.
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Debe existir, igualmente, una propuesta de
integrar en las cotizaciones futuras una participación porcentual de los empresarios y del Estado:
Ni el Estado ni los empresarios deben sentirse perjudicados en los costos de
sus aportes, pues estos recursos serán invertidos en el desarrollo productivo
donde los empresarios y el Estado salen también gananciosos.
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Un sistema de reparto impone igualmente el
resguardo de una porción de esos recursos
para ser usados como fondos de capital del cual se pueda extraer una
rentabilidad mayor para los cotizantes y para impulsar el desarrollo de sus
mismas fuentes de trabajo. Repartir todo el ahorro sería equivalente a agotar
la fuente de agua al vaciarla, dejando inermes a la masa de fondos necesaria
para extraer utilidades de capitalización en las generaciones futuras. La
diferencia con el sistema actual radicaría en que la utilización de esos fondos
se hará para proyectos de
desarrollo con fuerte sesgo colectivo y
productivo, y no como ahora que es privado y especulativo financiero.
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Por otra parte, es sabido que una sociedad
que no tiene una creación y reproducción
suficiente de puestos de trabajos, con salarios suficientes y con estabilidad
en el tiempo, necesariamente caerá tarde
o temprano en las crisis de financiamiento en sus sistemas de pensiones. La
única posibilidad de asegurar una tasa de reemplazo adecuada, una estabilidad
creciente de las cotizaciones y un crecimiento económico global a largo plazo,
es mediante un proceso de industrialización, de crecimiento de la inversión
productiva y de una responsabilidad fiscal simbiótica con los propósitos de
crecimiento y desarrollo social.
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En consecuencia, una AFP estatal impone
varias exigencias que no se encuentran asumidas por las AFP privadas, de lo
contrario será más de lo mismo y, hasta puede ser, con un componente de burocratización
engorroso e indeseado.
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