KRADIARIO

LOS SUBTERFUGIOS DE LOS POLÍTICOS

Por Walter Krohne

La facilidad que tienen los políticos chilenos para conseguir objetivos utilizando vías indirectas o subterfugios destinados a vincularse o abordar los problemas nacionales, es realmente notable. Todo el mundo sabe que en Chile se lucra con la educación, especialmente en las universidades. Sin embargo, ha sido necesario llegar a una acusación constitucional en contra de un ministro para sancionarlo publicamente por no adoptar medidas destinadas a fiscalizar este  mal.

Sin poner en duda lo que dice el ministro acusado Harald Beyer, de que el Ministerio de Educación carece de las necesarias herramientas de fiscalización, no deja de dar vueltas y vueltas en la mente de mucha gente el funcionamiento a las mil maravillas de un mecanismo que se compone de tres elementos: universidades, inmobiliarias y lucro. Esta combinación es el punto central donde se generan las ganancias de estos planteles educacionales en este negocio fabuloso que no sólo les permite a los sostenedores vivir como reyes, sino también a enriquecerse. Y todo esto funciona a la vista y paciencia de todo el mundo a pesar de que existe una ley que prohíbe sin excepciones el lucro en la educación.

No se discute que el lucro sea como el pan de cada día dentro del sistema universitario, lo que se ve en todos lados. Basta con caminar por la Avenida Pedro de Valdivia para toparse con una de las obras de construcción más caras y fabulosas de la comuna de Providencia: es la del nuevo campus de la Universidad Autónoma de Chile, a la cual está directamente vinculado el renunciado ex ministro de Justicia Teodoro Ribera. En los letreros de la construcción se menciona a vista y paciencia de todo el mundo que quien construye es la universidad sin mencionarse a ninguna empresa inmobiliaria paralela que constituye la parte esencial de este negocio.

Estas empresas inmobiliarias son la fuente donde se genera el lucro dentro de estas potentes organizaciones educacionales, sistema conocido en todos los niveles y que se respalda en el modelo del mercado, que nadie ha estado dispuesto a corregir en 22 años de democracia. Esto tiene resultados desastrosos, como lo demuestra el más reciente caso protagonizado por el quiebre de la Universidad del Mar.

Pero el tema da para mucho más. Tras haberse aprobado una acusación contra Harald Beyer en la Cámara de Diputados, "la pelota" está ahora en poder del Senado que debe decidir si el ministro es o no candidato a la destitución. Como el panorama se ve “negro” para el oficialismo, sorpresivamente se ha descubierto un error cometido en la redacción del texto del libelo acusatorio al señalarse equivocadamente en uno de sus artículos que al ministro se le acusa, por ejemplo, “de no custodiar el orden público”, obviándose el motivo real de la acusación que es la no fiscalización del lucro en la educación superior. Este error, que es grave y demuestra una vez más la negligencia de los parlamentarios, se produjo al copiarse íntegro el texto del libelo de una acusación anterior, fracasada, que estuvo dirigida en contra de otro ministro, el ex titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Este texto equivocado o erróneo les sirve ahora a algunas voces oficialistas, incluyendo al Presidente, para demandar la suspensión del proceso acusatorio, a pesar que todos los diputados han debatido correctamente dentro del verdadero espíritu del libelo sin que nadie se confundiera ni tampoco se percatara del error. Esto está indicando que los parlamentarios en Chile o no leen los textos o simplemente reciben instrucciones por secretaría de cómo tienen que votar o el error fue hecho a propósito para poder tener una herramiento de escape en el último minuto.

Sin embargo, lo lamentable es que ejemplos como el lucro o casos de estructuras que funcionan con irregularidades que son conocidas por todos, hay muchas en Chile. Mencionar la colusión de las farmacias o los reajustes de las tarifas en las isapres son ya temas muy viejos y conocidos, pero lo lamentable es que nadie adopta medidas concretas para cambiar o corregir estos funcionamientos. Son el Sernac o los tribunales de justicia los que han tenido que hacerse cargo obligadamente de las múltiples denuncias por abusos.

Si usted visita las tres cadenas de farmacias para comparar precios, perderá el tiempo, porque en las tres encontrará más o menos los mismos precios, salvo raras excepciones. Es decir la libre competencia no existe en Chile, a pesar de todos los escándalos y las multas anunciadas que por lo general jamás se llegan a pagar.

Esto nos lleva a pensar que la estructura comercial en este país es una verdadera selva en la cual cada sector hace lo que más le conviene o le parece. Como ejemplo tenemos también ahora el caso de los pagos a tres y cuatro meses que realizan ciertas empresas a los proveedores de productos y no a 30 días como sería éticamente correcto. Pero, a pesar de las regulaciones que desea imponer el Ministerio de Economía, los grandes supermercados, como Cencosud, no reaccionan a favor del país o de las Pymes  sino completamente al revés. Lo mismo ocurrió con las tarifas de los estacionamientos de los centros comerciales o malls que comnenzaron a subir inmediatamente después que las autoridades económicas pidieron a sus dueños un cobro más moderado.

¿Estamos viviendo un período en que los políticos están tan desprestigiados que ya no tienen ni siquiera la capacidad de imponer o de ser escuchados con credibilidad?