KRADIARIO

LA GUERRA DE LA ARAUCANÍA Y LA DEBILIDAD DE PIÑERA

Por Walter Krohne

La nueva crisis mapuche tiene al Gobierno frente a un problema con escasas posibilidades de solución. El manejo de una nueva estrategia para calmar los ánimos en una región de conflicto histórico le significará al Presidente de la República, Sebastián Piñera, una nueva brusca caída en el respaldo ciudadano y una baja de la confianza. Esto, porque el mandatario está atado de manos y entregado a peligrosas iniciativas que, en su mayoría se inclinan por una solución que mira sólo los instrumentos policiales y penales disponibles, sin considerar para nada el problema desde sus raíces más fundamentales.

Antes de una reacción con más violencia sería interesante que el Gobierno escuchara a quienes conocen y hayan estudiado el problema a fondo. Uno de ellos es el Premio Nacional de Historia 2012 Jorge Pinto de la Universidad de La Frontera de Temuco, para quien “las políticas asistencialistas actuales dentro de la comunidad mapuche no dan los resultados esperados, es como apagar el incendio con bencina. Este clima de violencia tiene profundas raíces históricas, hay un problema de fondo que las autoridades no comprenden cabalmente”, aseguró Pinto, y agregó que “hay una historia de abusos y discriminación”, en una entrevista con Radio ADN.

De sus palabras se desprende que en este conflicto el gran responsable es el mismo Estado chileno por los errores que han cometido los Gobiernos de turno que, en vez de frenar la violencia, la han incrementado desde el Siglo XIX. “No atacar los problemas de fondo es eludir una situación que hoy se refleja en episodios lamentables” como los ocurridos el viernes pasado que causaron la muerte del matrimonio Luchsinger-Mckay.

Desde ya hay una confusión generalizada, porque cuando los estudiosos del tema sugieren abordar el fundamento del problema, las autoridades están convencidas que la aplicación de salidas violentistas es una de las vías más adecuadas y consistentes, lo que aparece como un grave error. Muestra de ellos son las opiniones conocidas hoy por el ministro del Interior, Andrés Chadwick: "Nosotros no descartamos ningún instrumento garantizado en nuestra Constitución para resguardar a las personas", dijo.

Agregó que “necesitamos disponer de mejores herramientas legales para combatir con decisión, con fuerza y sin debilidades los últimos actos terroristas y en ese sentido respetamos la opinión distinta que puedan tener los partidos de la Concertación y la oposición, pero el gobierno está muy decidido y muy claro en continuar con las acciones judiciales de la ley antiterrorista”.

Al respecto el presidente socialista, Osvaldo Andrade, reiteró el rechazo del bloque a la posibilidad de decretar alguno de los Estados de excepción para enfrentar los hechos de violencia. “El Estado de derecho en Chile es lo suficientemente estable como para recurrir a situaciones de esa naturaleza", dijo Andrade, posición apoyada por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. “Queremos que se haga justicia” pero sin estado de excepción ni la aplicación de la ley antiterrorista”, señaló.

Para el Fiscal Nacional, Sabas Chahúan, habría que aplicar lo que señala la estructura y el poder del Estado. “A primera vista, corresponde a un atentado terrorista” y si existe la ley antiterrorista, en este caso “corresponde aplicarla”.

Hay aquí una serie de críticas en contra, por ejemplo, en torno a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que nadie sabe lo que hace y no hace, porque las sombras de su propia burocracia interna no la capacitan para darse cuenta de quienes están detrás de estas olas violentistas. Para Chahuán, la ANI no tiene una labor investigativa, sino de coordinación. La información que nos proporciona sólo puede ser utilizada cuando permite revelar el secreto. La información que nos ha dado la ANI no ha sido útil y no se ha podido usar en juicio alguno”, comentó.

Pero como la guerra en la Araucanía está ya declarada, los enfrentamientos siguen y esta madrugada el aparato estatal atacó nuevamente a una comunidad mapuche, resultando herido el comunero Pablo Milanao.

Mucho más equilibrada resultó la declaración hoy de Lorenzo Constans, presidente de la Confedereción de la Producción y el Comercio (CPC) en Radio Cooperativa, quien dijo que era necesario buscar una vía de entendimiento y de diálogo con el objetivo de encontrar una salida a la situación que ha recrudecido en los últimos días. Para ello "se requiera el compromiso de todos los actores sociales, incluyendo también la sensibilidad de los pueblos nativos. Aquí nadie está afuera, todos deben sumarse, porque es un desafío de país".

Sin embargo, la gran sombra del actual gobierno es la constante incapacidad para negociar políticamente o buscar caminos que conduzcan a soluciones políticas. El caso más claro y notorio fue el tratamiento que se le dio a la huelga de hambre que protagonizaron 34 comuneros mapuches en septiembre de 2010. El tema entonces era evitar la muerte de cualquiera de los comuneros por el problema político interno que se hubiese originado y no tanto mirando a favor de una solución real y efectiva del problema.

Lo peor es que la mediación no existe y las mesas de diálogo han quedado en el papel.

Tanto se ha hablado y hablado, pero tan poco que se ha logrado. Hemos repetido hasta el cansancio que el pueblo Mapuche no busca separarse del estado chileno, busca una nueva relación con éste, un reconocimiento como pueblo-nación, una medida estructural por la cual Chile se reconozca como un estado multiétnico y pluricultural,  reconocimiento de la tierra y el territorio que legítimamente le corresponde y busca que las forestales no destrocen sus tierras plantando pinos con subsidio directo del estado (dinero de todos los chilenos), mermando las reservas de napas subterráneas y dejando al mapuche sin este recurso elemental. Busca poder vivir en paz y no ser extinto.

Si embargo, el Presidente Sebastián Piñera viajó a la Araucanía para anunciar "la ampliación de la guerra" al fijar una serie de medidas para luchar "contra la delincuencia y el terrorismo", como definió a los supuestos sectores involucrados en el conflicto de esa región. No sabemos si en este grupo están también incluidos  los empresarios o dueños de tierras que han amenzado con armarse para “matar mapuches”. El mandatario dijo: “Vamos a aplicar sin ninguna contemplación todo el rigor de la ley", con aumento de la dotación represiva, entrega de vehiculos blindados y un helicóptero. Es decir fueron anuncios que van precisamente en la dirección contraria a una solución estratégica de largo plazo. Más violencia origina irremediablemente más violencia.

Mientras las gestiones no se orienten hacia un diálogo, no habrá ninguna posibilidad de paz en la Araucanía. El werken de la comunidad Mapuche de Temucuicui, Jaime Huenchullán, declaró: "Los mapuches estamos abiertos a dialogar, hemos zanjado un diálogo, pero el estado no comprende la situación real de la movilización mapuche. Cuando se establezca una mesa de conversación, cuando los temas profundos estén presentes, ahí vamos a entendernos con el Estado, sino esta situación va a continuar de manera mucho más complicada".