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martes, 20 de octubre de 2015

NUEVA CONSTITUCIÓN
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CORTE SUPREMA RESPALDA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA CARTA MAGNA

El vocero de la Corte Suprema, ministro Milton Juica, señaló que la posición del máximo tribunal chileno se alinea con la “opinión mayoritaria del país” en torno a analizar una nueva Constitución.

Sus palabras las pronunció tras reunirse con la presidenta Michelle Bachelet junto a ministros de la Corte, con el objeto de abordar el itinerario del proyecto constituyente.

“Ningún ministro manifestó una oposición a estudiar una nueva Constitución”, sostuvo Juica respecto a las temáticas que se abordaron en la cita.

Si bien señaló que el concepto “estudiar” no es lo mismo que “obligar”, sí reconoció que existe apertura en la Corte Suprema para evaluar esta materia.

“Creemos que la opinión, como es la opinión mayoritaria del país… en el sentido de que es necesario entrar a estudiar [una nueva Constitución]. Estudiar no significa obligación. Conversar, consensuar un cambio político en el país que a lo mejor es necesario”, dijo el ministro Juica.

Derecha apoya a Piñera en nueva Constitución

Los presidentes de la UDI y de RN respaldaron las palabras del ex presidente Sebastián Piñera, respecto de que la oposición debe realizar un proyecto de una nueva Constitución paralelo al del gobierno. Los dirigentes de Chile Vamos indicaron que conformarán un equipo para comenzar a trabajar en la materia.

En la oposición insistieron en que el Gobierno debe entregar propuestas concretas respecto del proceso constituyente, y respaldaron las palabras del ex presidente Piñera, quien durante la jornada de ayer lunes planteó un proyecto paralelo al Ejecutivo sobre una nueva Carta Magna.

Al respecto, el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, sostuvo que coincide plenamente por lo planteado por el ex mandatario, ya que a su juicio hay que dar el debate sobre esta materia.

En ese sentido, reiteró sus críticas a la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet y aseguró que el proceso que diseñó es muy largo, sin contenido e incierto.

El parlamentario afirmó que el Ejecutivo tiene que que explicar qué quiere hacer y qué quiere modificar de la actual Constitución. Además, agregó que tendrán una propuesta común como Chile Vamos y que conformarán un equipo para cumplir con ese objetivo.

Desde la UDI, en tanto, colectividad que le presentó un documento al Ejecutivo denominado “Chile no necesita una nueva Constitución”, su presidente, Hernán Larraín, dijo que están abiertos al debate, pero sobre contenidos concretos.

En esa línea, Larraín respaldó las palabras del ex gobernante en el sentido de que como conglomerado pueden estar preparados con una iniciativa propia para enfrentar el tema.

Sin embargo, el legislador insistió en que una nueva Carta Magna no es prioridad.


Por otro lado, ya hay contactos entre presidentes de RN y la Democracia Cristiana para abordar el proceso constituyente y buscar puntos de encuentros en el tema.
OPINIÓN POLÍTICA
FACULTADES INDELEGABLES
Por Camilo Escalona


A propósito del interés suscitado por las designaciones para Contralor General y Fiscal Nacional, personas que deben ser propuestas por la Presidenta de la República al Senado que ratifica las mismas con un elevado quórum, que complejiza al máximo el proceso de decisión, se ha ido creando una expectativa de enorme trascendencia nacional.

En tal contexto, se insinuó a través de repetidas filtraciones mediáticas, por obvios motivos anónimas, que lo mejor era la solución negociada de ambas responsabilidades; es decir, la vieja y gastada idea del “trueque”, que todos quedasen contentos, unos se quedan con uno y los demás con el otro.

Una especie de club informal de agentes todopoderosos y desconocidos, pero tan potentes, como para que sus presiones fuesen de tal entidad que llegasen a resolver estos temas cruciales de la actualidad del presente político, incluso obligando a que la autoridad presidencial firmase el nombre por ellos decidido.

Finalmente, algunos medios han perfilado una leyenda en que se mezcla la megalomanía de ciertos personajes con la fría capacidad de presión de otros.

Por tanto, el problema principal pasa a ser la intencionalidad de estos trascendidos. En mi opinión, intentan opacar, enturbiar y horadar la transparencia que requieren estos pasos institucionales. Ese es el punto en cuestión, no es que los senadores apoyen o no la propuesta, en un tema en el cual deciden.El propio gobierno abrió consultas sobre la materia, haciendo público el rol en las gestiones de los ministr@s del Interior y de Justicia; lo impropio se establece en el verdadero canje que se estaba propiciando para socavar la autoridad presidencial y del que se ha tomado nota con las filtraciones.

Ante la designación de ambas investiduras, tras las cuales están decisivas responsabilidades de Estado, la tarea del Senado es la valoración de los antecedentes, idoneidad para el ejercicio y eficacia en el cumplimiento de las mismas de las personas que postulan; en consecuencia, no se trata de armar un puzzle de carácter micro político, que no haría más que menoscabar la relevancia de las funciones a realizar en tales cargos.

Ahora bien, es de especial cuidado la situación que rodee la designación del Fiscal Nacional. Como es sabido, la tarea es clave en la indagatoria de las irregularidades vinculadas al financiamiento indebido de campañas electorales que mantienen preocupado al país, así como el llamado caso Caval que afecta al hijo de la Presidenta.

La rectitud con que actúe el futuro Fiscal Nacional será determinante para la opinión pública, no puede haber sombra alguna en su actuar.La persona designada para suceder a Sabas Chahuan no puede ser motivo de sospecha. Cualquier duda, en el sentido de ser permeable a presiones o lobby sería fatal. El descrédito hacia el sistema político, enorme; no puede haber ningún “arreglín”, menos en un contexto de opinión pública en el que se desatarían las peores expresiones de rechazo, ante tal impensable despropósito.

El escenario político es resbaladizo, es allí donde se inserta el Senado y en el cual su disposición juega un rol crucial, no puede sino asumir su decisión con plena responsabilidad del momento que vive el país. No hay espacio para darse lujos de ningún tipo. La transparencia de su actuar es fundamental.

De manera que hechos que dañen la transparencia en este proceso no son bienvenidos, no pueden conducir a buen puerto.

Lo que se espera ahora es que la propuesta presidencial sea votada, respaldada y no intermediada por ninguna escaramuza que afecte la objetividad y correcto actuar de la nueva autoridad aprobada que estará bajo celosa observación del país
OPINIÓN DEL EDITOR
LOS NUEVOS REVESES QUE ORIGINA LA DECISIÓN DE BACHELET SOBRE EL NUEVO FISCAL EN LA MONEDA
 Por Walter Krohne

En la coalición de Gobierno hay serias discrepancias con la Presidenta Michelle Bachelet por haber nominado a Jorge Abbott como Fiscal Nacional, nombre que ahora debe ser confirmado por el Senado. 
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En las filas oficialistas ya había conformismo y cierto entusiasmo con  el nombre de José Morales, otro de los elegidos en la misma quina enviada a La Moneda por el Poder Judicial, pero la carta les fue cambiada en el último minuto antes del mensaje que la Mandataria enviara desde Quito en medio de su visita oficial al Ecuador.
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El problema tiene varias aristas:

Primero que Morales aseguraba a algunos sectores políticos que haría cierta vista gorda o mejor dicho, no se concentraría tan intensamente en los casos de políticos involucrados en las irregularidades por campañas políticas, porque hay algunos que piensan que esta crisis de falta de credibilidad podría resolverse en parte con la imposición de una especie de “punto final”, lo que, desde luego, no se dice en voz alta. Había también un apoyo transversal en el Senado en torno a su nombre, como lo pudo comprobar el día 12 de octubre la ministra de Justicia, Javiera Blanco tras conversar con los negociadores de RN y UDI,  Alberto Espina y Juan Antonio Coloma, respectivamente.
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Segundo, la designación de Morales estaba ciertamente  vinculada a la elección de Enrique Rajevic como Contralor General, es decir elegir al candidato de la Presidenta como máxima autoridad en ese organismo y luego apoyar a Morales como Fiscal Nacional, era  una posibilidad para terminar con el impasse en el  nombramiento de dos figuras claves en la administración pública. Como no fue así,  no había tampoco ninguna obligación, ni acuerdo ni fórmula política de consenso  para continuar con el esquema prefijado informalmente.
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La derrota de Rajevic desmoronó visiblemente a “su padrino” el ministro del Interior, Jorge Burgos, por la fracasada negociación y diálogo, de lo cual se culpó precisamente a él como jefe del Gabinete. Como no se lograba en ninguna parte los 22 votos que se requerían para elegir a Rajevic se llegó al extremo de recurrir al cuestionado  socialista Fulvio Rossi, quien estuvo de acuerdo en interrumpir su licencia médica por un cáncer de tiroides, que desde el punto de vista médico era irrompible o incorregible.
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Tercero, con el derrumbe anterior, tampoco La Moneda aprendió las lecciones que dejan los errores. La clave la dio el domingo en La Tercera el presidente del Senado Patricio Walker, quien dijo que “a la Presidenta no le gusta que la pauteen”. Así, Bachelet, sin comentar con nadie ni tampoco hacer proposiciones,  nominó a Jorge Abbott, nombre  que fue recibido como un balde de agua fría en el Senado, donde se interpretó este hecho como un nuevo desaire de la Mandataria a la Nueva mayoría. Sin hacerse asesorar nombró a  Abbott tras una larga conversación  con Sabas Chahuán, el actual Fiscal Nacional, después del acto de aniversario del Ministerio Público, donde se habría abordado el tema de la necesidad de que en el trabajo de la Fiscalía Nacional hubiese una continuidad y, precisamente Abbott es cercano a la actual máxima autoridad persecutora, sin ser amigos como se ha aclarado. En este esquema jugaban en contra José Morales y también el candidato Guzmán, ya que ambos prometían impulsar una reestructuración que radicalizaría las distintas reparticiones de dicho Ministerio, lo que no era ni es por el momento  del agrado ni del interés de una parte del oficialismo.
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Cuarto, sin embargo Bachelet tomó en cuenta, al parecer, solo la parte técnico-profesional en su decisión y no el lado político, inclinándose por un candidato ligado indirectamente a la derecha opositora por ser Jorge Abbott Charme primo del ex ministro de Relaciones Exteriores de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno Charme, actual presidente del Banco Penta, lo que no consideró la Presidenta, como lo criticó el presidente del  Partido por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, quien no ha ocultado su profundo malestar.
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“¿A quién no le puede hacer ruido una situación como esa?”, dijo tras la reunión de coordinación entre los timoneles oficialistas ayer y los ministros del comité político. Y reforzó su cuestionamiento con otra interrogante: “¿Qué es más delicado: que un grupo de senadores haya estado dispuesto a entregar apoyo a uno de los postulantes o que uno de los postulantes tenga una red de apoyo en un grupo empresarial que está siendo investigado?”.
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“Es una pésima señal ciudadana. Uno no elige a los parientes, pero es un dato que debió haberse tenido en cuenta”, dijo el líder del MAS, Alejandro Navarro.
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Ambos recriminaron una vez más la falta de diálogo  como el principal factor y argumento que se repitió antes con la fracasada nominación de Rajevic como Contralor.
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En resumen o como balance, el resultado de esta nueva nominación permite vislumbrar un nuevo fracaso, porque otra vez no se encuentran los votos que en esta pasada deben provenir de 25 senadores como mínimo. En el oficialismo ya hay dos inhabilidadades: Carlos Montes y Fulvio Rossi y una probable abstención de Jorge Pizarro. Esto hace al Ejecutivo muy inseguro…¿Estarán los 25 para no hacer nuevamente el ridículo como con Rajevic? Es la pregunta que se escucha todas las mañanas en La Moneda.
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Quintana atacó de nuevo: “En una nominación como ésta, por mandato constitucional deben intervenir los tres poderes del Estado. Y las atribuciones de cada uno deberían ejercerse a plenitud, no a medias”, declaró.
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El presidente del PR, Ernesto Velasco, confirmó que “los números no están claros”, y lo atribuyó a una falta de diálogo en el proceso. La líder del PS, Isabel Allende, añadió que esperaba que estén todos los votos, pero advirtió que “no lo podemos asegurar”. Es decir todo indica que los errores de falta de diálogo y negociación presentes en La Moneda se vuelven a reeditar.
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En este sentido, Quintana señaló que los votos “nadie los puede asegurar hoy día”, ya que -recalcó- “el Senado no es un buzón”. Y desdramatizó un eventual rechazo del nombramiento. “Si estamos convencidos (...), será el apoyo. Y sino, será el rechazo. Eso es normal”, aseguró.
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Para peor, los senadores PPD  acordaron libertad de acción. En todo caso, al menos dos senadores, Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber, están con Abbott. La DC Carolina Goic aseguró que su partido respaldaría también al nominado por Bachelet.



SQM
LA DERROTA DE PATRICIO CONTESSE EN TRIBUNALES - DEMANDA CONTRA SQM FUE PRESCRITA












Una  gran derrota en tribunales sufrió el ex gerente general de Soquimich  Patricio Contesse al declarar el magistrado del Primer Juzgado de Letras del Trabajo, Ramón Barría, como prescrita la demanda laboral que el ex ejecutivo  interpuso por cerca de $ 4.000 millones contra la minera no metálica por lo que alega fue un despido injustificado luego de trabajar ahí por 25 años.
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El juez  acogió la excepción de prescripción de la demanda presentada por SQM, luego de que la defensa de Contesse  presentara la acción judicial fuera de los seis meses establecidos para entablar una demanda.
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El entredicho entre ambas partes se produce porque la carta de renuncia está fechada el 16 de marzo, por ende desde ahí se cuentan los seis meses legales. Sin embargo, la defensa del ex ejecutivo sostiene que fue notificado de su despido el 27 de ese mes, lo que retrasó la demanda.
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Tras escuchar la sentencia, la abogada de Contesse aseguró a los medios que recurrirán a la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar comprobar que la demanda no está prescrita y que puedan seguir adelante con el juicio. "Nosotros consideramnos que no está prescrita", aseguró Daphne Basiliu.
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Contesse es investigado por su rol en los aportes irregulares que se hicieron a campañas políticas por parte de SQM, la que hasta el momento ha rectificado ante el Servicio de Impuestos Internos cerca de US$ 13 millones de gastos sin respaldos. Actualmente se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total mientras dura la investigación.
Según Patricio Contesse, la minera debe compensarlo por término de contrato y otras prestaciones luego que fuera despedido en medio de las presuntas irregularidades en las que habría incurrido la minera para financiar campañas políticas y que son perseguidas por la Fiscalía Nacional en el denominado caso SQM.
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Según se detalla en el libelo, se le adeuda $71.736.429 por aviso previo, y $3.808.011.075 por años de servicio. A ello, se le deben agregar los impuestos que correspondan.
DD HH
LOS DEGOLLADOS DEL RÉGIMEN MILITAR TENDRÁN MEMORIAL EN PROVIDENCIA

El concejo municipal de Providencia aprobó hoy por 5 votos a favor y 3 en contra la construcción del memorial en nombre de las tres víctimas del caso degollados, ocurrido en marzo de 1985: Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada.
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Según señaló la edil, María Josefa Errázuriz,  los concejales Iván Noguera, Pedro Lizana y Pilar Cruz se opusieron al proyecto. Un cuarto opositor, Manuel José Monckeberg, no asistió a la reunión del Consejo. Aprobaron la iniciativa, encabezados por la alcaldesa,  los concejales David Silva, Jaime Parada, Nicolás Muñoz y Rodrigo García Márquez. Este último criticó el lugar donde se construirá el memorial, y propuso cambiarlo a una plaza que se ubica a dos cuadras de distancia.

Errazuriz dice que "los oponentes creen que Providencia no debería estar construyendo memoriales en las esquinas.Yo creo que hay una razón política detrás", asegura.

En tanto, entre los vecinos del lugar, en la esquina de El Vergel con Los Leones, la argumentación para rechazar que el memorial se construya  es el  temor a que baje la plusvalía del sector.


Pese a esto, el proyecto ya fue visado por el Consejo de Monumentos Nacionales, que el pasado viernes envió un oficio a la municipalidad comunicando la aprobación del memorial, luego que el municipio solicitara su pronunciamiento.
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A comienzos de mes, la presidenta del Comité de Administración del Edificio Espacio Los Leones, que se encuentra en el mismo lugar donde estaba el colegio Latinoamericano, desde donde fueron secuestrados dos de las tres víctimas, aseguró que el 88% de los vecinos se opone a la propuesta.
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Sus motivos son que les quitará espacio al área que utilizan como antejardín, aunque es parte de la vía pública, las luces de la construcción apuntarán hacia arriba y podrán llegar a iluminar los departamentos y por eventuales manifestaciones.
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En esa esquina fueron detenidos dos de los tres opositores a la dictadura de Pinochet que posteriormente fueron degollados.

La alcaldesa de Provincia declaró tras la votación que en la esquina de Los Leones con El Vergel es justamente el punto donde ocurrió la detención de las víctimas y por eso que el memorial no puede estar en otros lugar que no sea ese, por razones históricas. "Con este memorial queremos decir nunca más. Las mencionadas tres personas fueron degollados solamente por el hecho de pensar distintos al régimen militar. Una sociedad sin memoria no avanza", declaró la alcaldesa.

lunes, 19 de octubre de 2015


POSICIÓN CRÍTICA DE PIÑERA
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CON REUNIÓN ENTRE BACHELET Y EX PRESIDENTES COMENZÓ DIFÍCIL DEBATE SOBRE NUEVA CONSTITUCIÓN 

Tres de los cuatro ex presidentes -sólo no llegó a La Moneda el ex presidente Patricio Aylwin- se reunieron este lunes con la actual mandataria, Michelle Bachelet (igualmente ex Presidenta), para conversar sobre el inicio del proceso constituyente anunciado la semana pasada, siendo el opositor Sebastián Piñera el único en plantear una posición crítica y prometiendo la presentación de un proyecto concreto de Carta Magna que elaboraría su nuevo conglomerado opositor Chile Vamos, aunque acentuó que está a favor de una reforma constitucional.
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Junto a Piñera asistieron a la reunión los ex presidentes, los concertacionistas Ricardo Lagos y Eduardo Frei, quienes expresaron también sus posturas respecto a la iniciativa de La Moneda.
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Lagos expresó que es el momento de dar un paso para “modernizar lo que tenemos” y Frei manifestó que no es partidario de una Asamblea Constituyente.

Constitución no debe ser "ideológicamente sesgada"

El ex Presidente Lagos, quien junto con aludir a la positiva historia constitucional de nuestro país, aseveró que "la Constitución del 2005 (bajo su mandato) fue un paso adelante respecto de lo que teníamos (…) porque hubo ese cambio el 2005 es posible iniciar el debate de hoy, que es actualizar y poner al día un cuerpo constitucional que pasaba y pasó el test de la democracia como lo dije en este Palacio de La Moneda el 2005”.

Acto seguido, Lagos recalcó que "lo que yo demandaría de la nueva Constitución, junto con discutir contenidos, sin perjuicio de lo importante que es discutir la forma en que se va a adoptar la nueva carta, es establecer con claridad que así como no me gusta una Carta Constitucional ideológicamente sesgada que impide a una mayoría aplicar sus puntos de vista cuando es elegida como tal. Así también me parece que tenemos que tener una Constitución que no sea ideológicamente sesgada en la otra dirección".

"Esperaría que en este debate ciudadano que se va a iniciar, haya claridad en la opinión pública en lo que implica una Carta Constitucional", afirmó.

Posición de Piñera

Para Piñera “la propuesta del gobierno abre un largo e incierto proceso de discusión sobre la Constitución que se va a extender por muchos años y que va a coincidir con las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales y que no aporta ninguna definición, ni en cuanto al contenido de fondo, ni en cuanto a los mecanismos de reforma, todo lo posterga”.
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Además añadió que es partidario de “perfeccionar” -y a su juicio- “no desmantelar” la actual Constitución, ya que se “podría generar más desconfianza, más incertidumbre, más inestabilidad en la sociedad chilena”, lo que podría “agravar el estancamiento que afecta hoy día a la economía chilena”, sentenció.
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Indicó también que los cambios a la Constitución debieran ser sometidos a un plebiscito ciudadano para su aprobación definitiva, de forma tal que la Constitución de deje ser el eje del debate permanente en nuestro país y se transforme en el marco que nos da estabilidad, confianzas y certezas a todos”, concluyó.

Larraín: Queremos que el gobierno muestre sus cartas
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Por otra parte, también en la oposición, el presidente de la UDI, Hernán Larraín declaró que "queremos que el gobierno muestre sus cartas, y que diga cuál es el proyecto de nueva Constitución que le ofrece a Chile. Que el debate sea sobre una propuesta concreta y no sobre esta idea vaga de una reforma constitucional o de una nueva Constitución".

"No queremos que hablen de nueva Constitución sin que le digan a los chilenos cuál es el proyecto, cuáles son los contenidos de constitución que quieren para Chile, y ahí tengamos el debate. De lo contrario estamos de alguna manera engañando a la gente llevándola al mundo de ilusiones", añadió el senador udi.

En esta línea, aseveró: "Queremos debate pero sobre la base de un proyecto que el gobierno tiene que presentar ya, no este otro año, no en dos años más. Le pedimos al gobierno que se abra a mostrar su carta y suponemos que no tiene miedo  a que la ciudadanía conozca lo que el gobierno quiere".

El proceso constituyente es "tramposo"

"Más nos preocupa aún el procedimiento. Chile Vamos considera que es un procedimiento tramposo, es un procedimiento que al final, bajo el pretexto de un debate, lo que va a hacer es buscar el adoctrinamiento político, comprar conciencias a través de un debate manipulado (...) es un procedimiento que conduce a un resultado incierto porque solo el futuro Congreso y gobierno va a resolver qué hace con todo lo discutido en estos dos años", dijo el legislador.

Piñera dijo que "voy a proponer a Vamos Chile que presente en forma breve un proyecto de reforma constitucional con contenidos claros y concretos que permita en forma participativa poder aprobar una nueva Constitución la cual en mi opinión debiera ser posteriormente sometida a un plebiscito ciudadano para su aprobación definitiva”.
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En esta línea, añadió que esto “sin duda provocará más desconfianza, incertidumbre, inestabilidad (…) y eso va a agravar el estancamiento que afecta a la economía chilena y postergar las urgentes soluciones a los graves problemas de seguridad, salud, educación y empleo”.

“Estoy convencido que lo que Chile requiere es confianza, certezas, estabilidad para resolver de verdad los problemas y volver a poner a Chile en la senda del progreso”, dijo Piñera.

Tras la habitual reunión programática del conglomerado de oposición Chile Vamos, el timonel de la UDI,Hernán Larraín, llamó al gobierno a adelantar y transparentar el proyecto de nueva Constitución que será enviado al Congreso en 2017, según anunció la Presidenta Michelle Bachelet.

En esta línea, aseveró: "Queremos debate pero sobre la base de un proyecto que el gobierno tiene que presentar ya, no este otro año, no en dos años más. Le pedimos al gobierno que se abra a mostrar su carta y suponemos que no tiene miedo  a que la ciudadanía conozca lo que el gobierno quiere".

OTRA VEZ SEBASTIÁN DÁVALOS
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GOBIERNO DESCARTA REALIZAR SUMARIO POR FORMATEO DEL COMPUTADOR DE SEBASTIÁN DÁVALOS

Para la oposición, “desestimar una investigación a priori lo único que hace es aumentar las sospechas y fortalece nuestra convicción de que se quieren ocultar irregularidades”.
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El Gobierno descartó sin mayores explicaciones la posibilidad de realizar un sumario administrativo luego de la eliminación de datos del computador de Sebastián Dávalos, mientras era director sociocultural de La Moneda.
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A través de un oficio que publica La Tercera, la Secretaria General de la Presidencia (Segpres) responde al escrito presentando por los diputados Diego Paulsen y Marcela Sabat, ambos miembros de la comisión Caval.
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“Erróneamente, los diputados presumen que toda la información que obra en los computadores de los funcionarios debe ser respaldada una vez que éstos dejan sus funciones, lo que no se condice con la normativa que regula esta materia”, dice el oficio.
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Posteriormente, la respuesta de La Moneda afirma que “conforme al marco jurídico, los órganos del Estado cuentan con el deber de respaldar la información ‘crítica’ para los funcionarios del servicio. No existe el deber de respaldar la información personal de los funcionarios almacenada en los equipos una vez que dejan la institución”.
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Además, la Segpres alude a la “política de resguardo de activos de información” de la Presidencia de la República, vigente desde 2011, en donde Palacio argumenta que “en ningún caso se exige respaldar toda la información (…), la que es información personal de los funcionarios o irrelevante para los fines de la institución”.
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Como conclusión y de acuerdo a lo que consigna el matutino, La Moneda establece que “carece de sustento afirmar que toda la información debe ser respaldada, y que se presuman irregularidades en el proceso de respaldo de la información del computador del ex director Sociocultural de la Presidencia”.
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Conocido el oficio y consultada por La Tercera, la diputada Marcela Sabat señaló que “desestimar una investigación a priori lo único que hace es aumentar las sospechas y fortalece nuestra convicción de que se quieren ocultar irregularidades”.
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“La relevancia de la información para el servicio es un tema, pero otro muy distinto es la posible intervención de un equipo fiscal durante su custodia, que a nuestro parecer amerita al menos una investigación”, añadió la parlamentaria, anunciando que insistirá en que se lleve a cabo la indagatoria.
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Por su parte, el diputado Diego Paulsen añadió que “los criterios que ha utilizado La Moneda últimamente han sido tan cuestionables que es necesario que se respalde toda la información”.
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La presentación de los legisladores llegó luego que el director de administración de La Moneda, Cristián Riquelme, afirmara que el propio Sebastián Dávalos pidió el formateo del computador, horas antes de renunciar a la dirección Sociocultura de la Presidencia por el caso Caval.
COLUMNA SEMANAL DE PSICOLOGÍA FAMILIAR 

EXISTE CADA VEZ UNA MAYOR ACEPTACIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL

Por Jessika Krohne
www.psicologiaglobal.cl
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Se han realizado muchos cambios en la sociedad chilena en el momento de aceptar la diversidad sexual en nuestro país. Estamos más abiertos frente a estos temas y toleramos mejor la expresión de la sexualidad de diferentes maneras.
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La sexualidad ya no es un tabú y se sabe que ésta tiene un importante papel en el desarrollo de una vida plena y gratificante, no se puede separar el derecho al placer del derecho a la vida. Sin embargo, esta visión positiva de la sexualidad es algo reciente y a lo largo de la historia de la humanidad, por múltiples razones (religiosas, políticas, morales etc.), la sexualidad y el disfrute del propio cuerpo han sido reprimidos, juzgados o prohibidos.
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Es importante tener en cuenta la diversidad sexual con la que nos encontramos hoy en día. Las personas están cada vez más libres, abiertas y sin tabúes de expresar su aceptación sexual. Nuestra sociedad ha cambiado en ese aspecto. En eso seguramente han contribuido también las noticias mediáticas a la que hemos sido expuesto en los últimos años.
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Una ha sido el caso de Daniel Zamudio Vera. Él fue un joven chileno, convertido en símbolo contra la violencia homofóbica en nuestro país, después de ser atacado y torturado en el Parque San Borja de Santiago por un grupo de jóvenes, quienes, tras varias horas de golpiza, le provocaron heridas que terminaron semanas después con su vida. Posterior a eso en nuestro país se promulgó en el año 2012 la ley anti discriminación o también llamada ley Zamudio. Es una ley chilena que tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria, estableciendo un procedimiento judicial y medidas sancionatorias en casos de un acto de ese tipo.
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Otro caso que causó mucho revuelo en nuestro país, fue el de una niña transexual de 5 años, cuya historia fue presentada este año en un programa televisivo. Andrea nació como Baltazar, y cuando creció, sus padres notaron algo distinto en él. "Sus padres cuentan que siempre se puso la ropa de la mamá y que jugaba a tener el pelo largo", señala el reportaje. Ante la insistencia de Baltazar por ser tratada como una niña. "Lo primero que hicimos fue decirle que lo aceptábamos tal cual era y que nunca lo íbamos a dejar de amarlo", indicó el padre.
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La decisión de sus progenitores fue clave, ya que el reportaje advierte que la "depresión y los suicidios son muy elevados en los jóvenes trans".
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Sin embargo, se toparon con obstáculos en el ámbito escolar, ya que el colegio rechazó tratar a Andrea con su género femenino. Esto motivó que presentaran acciones judiciales por "discriminación arbitraria".
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Son estos algunos de los casos que se han dado a conocer en nuestro país y que han contribuido a una mayor aceptación de la diversidad sexual. Se habla más libremente del tema y las personas están más tolerante frente a estos temas.  
PRESIDENTA
BACHELET VUELVE A CAER EN LA ENCUESTA CADEM A PESAR DEL ANUNCIO SOBRE EL PROCESO CONSTITUCIONAL

  
La aprobación a la presidenta Michelle Bachelet volvió a retroceder, pese al anuncio del proceso para cambiar la Constitución, según la encuesta Plaza Pública Cadem de este lunes.
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La aprobación a la mandataria llegó al 27%, bajando un punto respecto a la semana pasada.
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En tanto, la desaprobación subió dos puntos, situándose en 62%.
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Esto ocurre dos semanas después de que la presidenta lograra un 30% de aprobación, su cifra más alta en más de 5 meses.
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La aprobación al gabinete ministerial también descendió, pasando de 22% a 20%. Su desaprobación se mantuvo en 66%.
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El ministro mejor evaluado continúa siendo el canciller Heraldo Muñoz con 59% de aprobación, seguido del titular de Interior, Jorge Burgos (45%) y el vocero Marcelo Díaz (44%).
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Recordemos que la semana pasada, Bachelet anunció el inicio del proceso para cambiar la Constitución Política de Chile.
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En ese sentido, 71% manifestó que efectivamente nuestro país necesita una nueva Constitución, mientras que 18% está en desacuerdo con modificar la actual.
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Además, 46% dijo que está de acuerdo con la decisión de la presidenta, referente a que sea el próximo Congreso y no el Gobierno actual quien defina el mecanismo para cambiar la carta magna.
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En ese mismo ítem, 41% se expresó en desacuerdo.
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Por otra parte, 51% estima que es muy o bastante prioritario cambiar la Constitución, versus 26% que cree que es poco o nada prioritario, y 18% que opina que es “algo prioritario”.

Sobre los beneficios que traerá una nueva carta magna, los encuestados opinaron que lo principal es que “permitirá superar los problemas que hoy experimenta el país en temas como educación, seguridad y salud”, y que “hará de Chile un país más justo y con menos desigualdades”.

OPINIONES DEL FIN DE SEMANA
LABERINTO CONSTITUCIONAL
Por Max Colodro
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Luego de meses de divagaciones e indefinición, finalmente el proceso constituyente anunciado por el gobierno se inicia de la única forma posible: descartando cualquier vía extra-institucional y dejando en manos del actual y el próximo Congreso todas las definiciones sustantivas. En los hechos, una autoridad que asumió la primera magistratura prometiendo ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley’, nunca tuvo otra opción. Se jugó, sin embargo, durante largo tiempo con el beneficio de la ambigüedad, pero las cosas han terminado -o más bien empezado-, en el único cauce del que no podían salir.
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Asistiremos entonces en los próximos meses a la puesta en escena de un país masivamente convocado de vuelta al colegio: con cursos de ‘educación cívica’, clases de nivelación, debates entre padres y apoderados sobre qué es una constitución y para qué sirve. Luego se le preguntará a los participantes qué quieren agregarle o modificarle a la Carta Magna vigente, para concluir por último en la instancia decisiva: la discusión en el presente período legislativo de un proyecto de reforma constitucional que permita habilitar al próximo Parlamento, para discutir sobre los diversos mecanismos de generación propuestos. Y, todavía más importante, que sólo podrá concluir en esa instancia si se logra la aprobación de 2/3 de los actuales congresistas, es decir, si obtiene respaldos significativos de la actual oposición.
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Únicamente si esta situación llega a ocurrir, a partir de marzo del 2018 se abrirá una discusión legislativa para definir el mecanismo de creación constitucional y comenzará el análisis del proyecto de Carta Fundamental que envíe el actual gobierno. Dicho proyecto será a su vez el espacio donde se incluirán los contenidos plasmados en los diálogos ciudadanos. Pero, de nuevo, todo lo que se resuelva en ambas materias -mecanismo y proyecto- deberá ser ratificado luego por 3/5 del próximo Congreso, es decir, también con votos decisivos que difícilmente podrán ser sólo de la Nueva Mayoría.
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A primera vista, parece casi un contrasentido que haya sido precisamente la actual Presidenta quién optó por este largo y complejo laberinto constituyente, que termina dando a sus opositores un rol destacado en las ‘clavijas’ que permiten abrir o cerrar las instancias relevantes. No pocos actores han visto en ello simplemente la intención de usar el debate constitucional como arma en las próximas campañas electorales. Otros han preferido poner el acento en la extensión que tendrá todo este proceso y en la larga incertidumbre que, inevitablemente, afectará las decisiones de inversión. Pero también cabe también otra interpretación, sin duda más benévola: Michelle Bachelet al final se convenció de que no puede haber una nueva Constitución, que resuelva el problema de la ‘ilegitimidad de origen’ que la actual arrastra desde hace 35 años, si en su generación no se respeta la plena vigencia de la actual institucionalidad. Paralelamente, no podría existir una Carta Fundamental en la que todos los chilenos se sientan integrados, si en su creación no participan al menos representantes de las dos principales coaliciones políticas del país.
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Hay sin duda riesgos, temores e incertidumbre en un proceso de esta naturaleza, pero el gobierno sabe que el cambio constitucional posee hoy un respaldo mayoritario y ha decidido por tanto que el país está en condiciones de afrontarlo. Y lo ha hecho, al menos, de la única forma en que podría asegurarse que los ‘déficits de origen’ de la actual constitución no vuelvan esta vez a repetirse.
OPINIONES DEL FIN DE SEMANA
HABLÓ LA PRESIDENTA
Por Jorge Navarrete
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Michelle Bachelet propuso a Jorge Abbott como próximo Fiscal Nacional. Fue una decisión que descolocó a la clase política y a todos quienes observábamos este proceso con algo de atención, pues especialmente a horas de haber sufrido una derrota con otro nombramiento en el Senado, todo hacía presagiar que Bachelet no estaría dispuesta a correr más riesgos con motivo de estas colegiadas decisiones. La oportunidad estaba servida para asegurar el éxito proponiendo a José Morales, un postulante que concitaba el transversal apoyo en el Congreso.
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No conozco al fiscal Morales. Sin embargo, confieso que siempre me pareció sospechoso que en torno a él se generara tanto entusiasmo por parte de los miembros del Senado. En un momento en que se cuestiona severamente a muchos de nuestros representantes a raíz de los bullados casos de corrupción, y tratándose adicionalmente de investigaciones en pleno desarrollo, no fue muy prudente el privado y transversal despliegue que muchos materializaron para que se nominara a un candidato que se erigió como el niño símbolo de la clase política dirigente.
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Es aquí donde la decisión de Bachelet adopta ribetes éticos muy significativos. Consciente de la crisis de confianza y credibilidad por la cual atraviesan nuestras instituciones, especialmente cuando se ventilan prácticas que afectan la honorabilidad de muchos políticos, las que incluso implican a un miembro de su propia familia, es que la Presidenta da una contundente señal a favor de la democracia; por la vía de garantizar la continuidad del trabajo que está desarrollando la Fiscalía Nacional, asegurando así que las investigaciones se desarrollen sin ninguna otra consideración que no sea aplicar la justicia a todos por igual, al margen de la investidura pública o la condición socioeconómica de los involucrados.
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De igual modo, y pese a que persisten varios riesgos, la decisión de Bachelet es tácticamente impecable. Una cosa es que varios senadores hayan abusado de los eufemismos y la hipocresía, echando mano a absurdos argumentos para abstenerse o votar en contra del candidato a Contralor que les propuso el Gobierno; pero otra, muy distinta, será justificar en frente a los ciudadanos, de manera pública y dando razón de sus dichos, de por qué podrían eventualmente  rechazar el nombre de este candidato a Fiscal Nacional, cuya función futura -aunque no la única- será justamente liderar las investigaciones que afectan a varios de sus colegas y que tanto daño le han hecho al prestigio y transparencia de nuestro sistema político.
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Y aunque nada de esto significa desconocer las atribuciones del Senado, Abbott no sólo cumple con todas las condiciones objetivas para desempeñar el cargo, sino que también satisface con los criterios ya adelantados por varios de los que decidirán en definitiva. De esta forma, es difícil imaginar con qué argumentos la Corporación podría volver a bloquear esta proposición de la Presidenta de la República, sin terminar por confirmar las peores sospechas que subyacen a dicho rechazo.
OPINIONES DEL FIN DE SEMANA

ALEGRÍA CONSTITUCIONAL

Por Carlos Peña

Una de las cosas más misteriosas de la condición humana es la alegría. La gente se alegra, se contenta y se felicita por las cosas más disímiles.

Un buen ejemplo es lo que podría llamarse la alegría constitucional.

Cualquier observador desprevenido hubiera predicho que los partidarios de una nueva Constitución solo se alegrarían si el Gobierno anunciara un procedimiento preciso para aprobarla y alguna idea del contenido que debiera poseer.

Pero ha ocurrido algo sorprendente.

Todos (desde los que firman AC hasta quienes se inclinan por fórmulas más tibias) se manifiestan felices, esperanzados y orgullosos porque el Gobierno, según comunicó la Presidenta el martes, decidió renunciar a ambas cosas: tanto a diseñar un procedimiento, como a elaborar ideas para el futuro contenido constitucional. En vez de promover un procedimiento, el Gobierno hizo un listado de todos los procedimientos posibles, y en vez de elaborar ideas relativas al contenido de una nueva Constitución, comunicó su propósito de educar a la ciudadanía en un lapso de seis meses para que fuera ella la que lo elaborara.

¡Y todos están felices!

El fenómeno prueba, por supuesto, que la alegría no es racional.

Porque es evidente que nadie que se detenga a pensar siquiera un momento creerá que la población podrá recibir educación cívica eficaz en el breve lapso de seis meses. Si algo así se lograra, el urgente problema educacional de Chile -que ha tenido ocupada a la esfera pública durante casi una década- habría sido un espejismo. Los problemas de lectoescritura y de comprensión de textos abstractos no serían producto de lo que hasta ahora se creía, sino el fruto de la simple desatención, de no haber advertido que una campaña intensa y decidida podría resolverlo todo.

Quienes están felices con la fórmula de la educación cívica, o son hipócritas (y están contentos porque saben que de ella no resultará nada, que es lo que en verdad anhelan), o no la entienden (y por eso creen que funcionará), o son cínicos (y esperan de esa forma expandir sus propias ideas).

También es obvio que los diálogos ciudadanos tendrán un efecto más performativo que deliberativo; serán una forma de poner en escena la participación más que un mecanismo para dialogar de veras. Y es que ese tipo de diálogos -fuera de las obvias distorsiones que introduce la presencia de minorías consistentes- tiene un problema de representatividad incluso superior al que se reprocha al actual Congreso. La representatividad tiene, por decirlo así, tres versiones: en una de ellas, cada uno de los individuos del universo de que se trata (en este caso, la ciudadanía) tuvo la misma oportunidad de integrar el grupo que pretende representarlo (representatividad muestral); en la otra, un grupo reproduce fielmente y a escala en todos sus rasgos el conjunto a que pertenece (representatividad pictórica); en la tercera, un grupo representa a otro porque ejecuta su voluntad o su mandato (representación como agencia). Es evidente que ninguna de esas formas de representación se satisfará en este caso.

Y así las bases de la nueva Constitución no podrán obtenerse inductivamente como, sin embargo, sugirió la Presidenta.

Salta a la vista, en fin, que la Comisión ("ciudadanos de reconocido prestigio") que se nombraría para vigilar el proceso tampoco provee motivos para un contento racional. Fuera de la dificultad de hallar en estos tiempos a ciudadanos nobles y prestigiosos, se tropezará con un viejo problema: ¿desde cuándo los procesos políticos están supervigilados por una entidad que, por trascenderlos, es capaz de controlarlos epistémica o procedimentalmente? Sería útil que la prensa averiguara a quién pudo ocurrírsele esa tonta idea según la cual los procesos políticos -un proceso constituyente, nada menos- debe contar con una especie de comisión arbitral que los vigila. Porque ¿quién custodiará a los custodios?

Si todo lo anterior es tan trivialmente erróneo, ¿a qué se reduce entonces el anuncio constitucional?

Se reduce (fuera de situarlo en el incierto futuro: en el ejercicio del próximo gobierno) a una disminución del quórum de reforma constitucional de dos tercios hoy día existente, a tres quintos. Ese es el único objetivo de este enrevesado diseño. Aprobar ese quórum es el único papel que -como dijo la Presidenta- a pesar de su opacidad, débil legitimidad y falta de representatividad, le corresponderá al actual Congreso.

Pero es probable que, así y todo, los miembros del actual Congreso -la condición humana es misteriosa- estén contentos.