20-5-13: N°854
La democracia está también en crisis en América Latina
EN EL TÚNEL
Por José María Maravall (*)
La desafección por la política, manifestada en opiniones y
en el crecimiento de partidos populistas y xenófobos, indica que la democracia
representativa afronta en toda Europa problemas serios
Estamos no solo ante una crisis económica muy grave, sino
ante serios retos de la democracia representativa. Estos se manifiestan en un
crecimiento de partidos populistas y xenófobos, situados en la extrema derecha,
y también en una creciente desafección hacia las instituciones democráticas
nacionales y hacia la Unión Europea. Es necesario hoy, tanto en España como en
Europa, pensar y hacer más, no solo sobre la economía, sino sobre la
democracia.
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La simple descripción es complicada. La confianza en las
instituciones nacionales ha caído de forma dramática en un corto espacio de
tiempo. Según datos de fines de 2012 (Eurobarómetro 78, diciembre de 2012),
solo un 28% de los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea confía en
sus Parlamentos; un 27% en sus Gobiernos. Esto significa una reducción de 15
puntos respecto de la confianza existente cinco años atrás. La confianza en la
Unión Europea es un poco más elevada: la mantiene un 33% de los ciudadanos.
Pero su colapso ha sido más grave: 25 puntos en esos cinco años.
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Es cierto que esta crisis de confianza en las instituciones
varía mucho en el seno de los 27 países. Así, un 68% de los suecos confía en su
Parlamento; un 59% en su Gobierno. Los porcentajes son también elevados en
Finlandia, Dinamarca, Holanda o Austria. Por el contrario, en Italia o España
solo un 11% y un 9%, respectivamente, confía en sus Parlamentos; un 17% y un
11% en sus Gobiernos. En España, ante el clamor de "lo llaman democracia y
no lo es" o "no nos representan", la "política del
avestruz" sería irresponsable.
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Cabría también pensar que los problemas de la democracia no
afectan a los países "virtuosos". Si bien es verdad que sus
ciudadanos son mucho más benevolentes hacia las instituciones democráticas, los
problemas políticos son considerables. En particular, ha sido en estos países
donde los partidos de extrema derecha han crecido de forma más considerable,
arrojando sombras sobre el sistema político.
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Sabemos que en Francia, el Frente Nacional tiene en estos
momentos una intención de voto de un 11% (encuesta de Le Figaro); que en Reino
Unido, el UKIP (United Kingdom Independence Party) atrae un 23% de la intención
de voto (encuesta de la BBC). En Austria, un país que ha figurado como ejemplo
de gestión de la crisis económica, la extrema derecha en su conjunto (el
Partido Liberal -Freiheitliche Partei Österreichs- y la Unión por el Futuro
-Bündnis Zukunft Österreich-) fue respaldada por un 29% en las elecciones de
2008. Hoy el Partido Liberal por sí solo tiene una intención de voto de un 27%.
En Finlandia, otro ejemplo de "virtud", el Partido de los Verdaderos
Finlandeses (Perussuomalaiset) obtuvo un 19% de los votos en las elecciones de
2011, convirtiéndose en el tercer partido del país.
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Es cierto que en otros dos países "virtuosos",
Holanda y Dinamarca, los apoyos de la extrema derecha se han reducido en las
últimas elecciones. Pero en todos los casos, el apoyo electoral a la extrema
derecha es superior al que tiene en Grecia el partido neonazi Aurora Dorada,
que alcanza hoy el 10% de la intención de voto. Ni en Portugal ni en España han
surgido partidos políticos de este corte.
Esta desafección, manifestada tanto en opiniones como en el
auge de partidos racistas y antisistema, indica que la democracia
representativa afronta en toda Europa problemas serios. Sin embargo, en la
Unión Europea apenas se ha prestado atención a la democracia. Y tanto sus
instituciones como sus políticas han contribuido a extender la sensación de que
"no hay alternativa". Si los ciudadanos entienden que tanto con el
Gobierno como con la oposición la política será la misma, concluirán que
"todos los políticos son iguales", que "los políticos siempre
mienten": ofrecerán promesas diferentes pero luego las traicionarán para
hacer lo mismo. Las elecciones serán en tal caso una pantomima: unos votos
irrelevantes para las políticas subsiguientes.
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Sin embargo, este diagnóstico facilita que ganen malos
gobernantes, daña a la democracia y socava el apoyo a la UE. Debería resultar
obvio que la protección de los derechos varía en sus países según quién
gobierne, ya se trate de la despenalización del aborto, del matrimonio entre
personas del mismo sexo, de la educación y de la sanidad públicas. Lo mismo
sucede respecto de la igualdad. Hoy día los ingresos del 20% más rico de los
españoles son 6,8 veces superiores a los del 20% más pobre (Eurostat,
Statistics on income and living conditions, 2013). Somos el país con mayor
desigualdad en el seno de la UE, el doble de la existente en Suecia, Dinamarca,
Austria, Holanda o Bélgica. Esta desigualdad, por el contrario, se redujo
sustancialmente en España a lo largo de la década de los ochenta. Los años en
que ha gobernado la socialdemocracia en un país son una causa fundamental de
que las diferencias en las condiciones de vida de los ciudadanos sean menores.
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Ello es compatible con la eficacia económica en el seno de
la UE. Ni la globalización ni la ortodoxia económica han uniformizado las
políticas. Por poner ejemplos, Dinamarca, Suecia y Finlandia han sido los
países que han cumplido de forma más rigurosa la regla de estabilidad
presupuestaria desde 1999. A la vez, en estos países el gasto público
representó en 2011 más de un 50% del PIB. Es decir, Gobiernos con economías muy
competitivas alcanzaron un equilibrio fiscal mediante un gasto público y unos
ingresos fiscales simultáneamente altos.
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Por el contrario, el Programa de Estabilidad que acaba de
presentar Rajoy prevé que el gasto público se reduzca hasta un 38% del PIB en
2015, y que la recaudación fiscal sea aún más anémica. Esa es una ingente
diferencia política. Un Estado así no podrá cumplir con las obligaciones de
atender a las necesidades de sus ciudadanos: esa atención dependerá de los
medios económicos de que dispongan. Piénsese, sin embargo, que en España el
desequilibrio presupuestario no se ha debido a un gasto público descontrolado,
sino a unos ingresos fiscales anémicos que se derrumbaron seis puntos del PIB
en cuatro años y son ahora nueve puntos inferiores al promedio de la UE. Sin
embargo, en vez de reducir el fraude fiscal, la amnistía decretada por el
Gobierno no ha incrementado la recaudación, simplemente ha legalizado a los
defraudadores.
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Si no caben en Europa devaluaciones de la moneda,
"devaluaciones internas" pueden ser inevitables para recuperar
competitividad, pero esta no se consigue solo con reducciones de los costes
laborales, sino con una inversión pública que incremente la productividad de
los factores, en una educación y formación adecuadas, en I+D+I, en
infraestructuras. Las diferencias en el seno de la UE son ingentes. Si para un
país como España, tan escasa de ahorro interno, atraer inversión exterior
resulta esencial, sabemos que ello depende del equilibrio macroeconómico, de
una fiscalidad predecible, de la estabilidad política. Ello no son rasgos de la
izquierda o de la derecha. Sí lo son los niveles y los componentes del gasto y
de los ingresos públicos. No, no todos los partidos son iguales.
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La desesperanza con la política deriva en buena parte de que
los políticos no hablan de en qué país querrían vivir al final del túnel, para
que se entiendan sus políticas. Al revés de Rajoy, Felipe González no atribuyó
la responsabilidad de políticas de ajuste a la UE o al FMI, no dijo nunca que
él y los españoles carecían de elección. Dijo también que al final de un túnel
que podía durar 10 años, su objetivo era un país que se respetara a sí mismo
-es decir, que protegiera a sus ancianos, atendiera a las personas necesitadas,
ofreciera oportunidades a sus jóvenes- y que por ello fuera respetado
internacionalmente. Hoy, por el contrario, nadie indica dirección alguna. Así,
con angustia y desconcierto, los ciudadanos piensan que en este sistema no hay
alternativa y no saben qué les espera. Pero la necesaria desconfianza no puede
derivar en ceguera.
(*) - José María Maravall, sociólogo y político, fue ministro de
Educación y Ciencia (1982-1988) en los Gobiernos de Felipe González. Other News
Yo observo a cada una de
estas personas y veo tantas vidas diferentes, tantas historias, tantos
sentimientos y por dios cuántos problemas diversos debe esconder cada uno de
estos personajes detrás de esta máscara de la apariencia que llevan puesta. Creo
que hay solo una cosa en común. Estas personas pertenecen al estrato más
privilegiado de la sociedad y lo que los economistas denominan el estrato ABC1.
