Y sigue la polémica
ABOGADOS DEL CDE RECHAZAN DESIGNACIÓN PRESIDENCIAL DE
JAVIERA BLANCO EN ESTE IMPORTANTE CONSEJO DEL ESTADO CHILENO
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La Asociación
Nacional de Abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) dio a conocer a la
Presidenta Michelle Bachelet su preocupación por el nombramiento de Javiera
Blanco como nueva consejera de la institución.
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A través de una carta, la asociación indicó que “vemos con
preocupación, dolor e impotencia como se ha denostado el nombre del Consejo de
Defensa del Estado en algunos medios de comunicación y redes sociales, en el
marco del debate antes señalado”.
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Junto con esto, agregó que el CDE existen abogados “con una
vasta experiencia profesional, excelentes litigantes y con una vida entregada
al servicio, los que cumplen con creces los requisitos legales y cuentan con
las competencias para asumir y ejercer adecuadamente el cargo de Abogado
Consejero”.
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Por último señaló que “nos asiste el convencimiento de que
lo antes propuesto en modo alguno afecta a la facultad exclusiva que la Ley
confiere al Presidente de la República y contribuiría a mantener en alto el
buen nombre del Consejo de Defensa del Estado, como una institución
eminentemente técnica, y de quienes en él nos desempeñamos”.
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La designación de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa
del Estado ha recibido críticas de todos los sectores. ¿Por qué?
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El último fin de semana se publicaron numerosos comentarios
criticando esta designación como la del Rector de la Universidad Diego Portales
y columnista de El Mercurio, Carlos Peña, quien dijo que la designación de Javiera Blanco en el Consejo
de Defensa del Estado ha recibido críticas de todos los sectores. ¿Por qué?
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La respuesta a esa pregunta puede arrojar luz sobre algunas
características de la actual cultura de lo público.
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Por definición, lo público es aquello que escapa al dominio
particular de alguien. Mientras el dominio consiste en la facultad de usar algo
arbitrariamente, al compás de cualquier motivo que la propia subjetividad
valide (no siendo contra la ley o el derecho ajeno, como explicó Bello en el
Código Civil), lo público es una esfera de asuntos que obliga a la
imparcialidad, a cuidar todos los intereses y puntos de vista en juego, sin que
quien adopta la decisión pueda esgrimir nada más que su voluntad como
fundamento de la misma.
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Sin embargo, eso último (su propia voluntad y no las razones
que la amparaban) es lo que, desgraciadamente, subrayó la Presidenta cuando se
le consultó por la designación:
"...he realizado ese nombramiento -dijo- en virtud de
mis facultades como Presidenta, después de evaluar distintas alternativas y
conversarlo también con el presidente del CDE".
Pero nadie ha discutido que al designar a Blanco ella hizo
uso de una prerrogativa que le pertenecía. Lo que se cuestiona -habría que
decirle a la Presidenta- es si ella empleó correctamente esa facultad, si la
usó como una facultad de índole pública o si, en cambio, lo hizo como si fuera
una atribución privada, algo que le perteneciera solo a su personal
discernimiento.
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¿Atendió la Presidenta solo a la índole y las funciones del
Consejo a la hora de esta designación o consideró, a la luz de las circunstancias
que saltan a la vista, características ajenas a él?
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El Consejo de Defensa del Estado es un antiguo órgano (en el
caso de Chile, viene del siglo XIX, y en el derecho comparado sus orígenes se
remontan a la defensa del rey) cuyo objetivo es la defensa jurídica de los
intereses del Estado. Posee una larga tradición….
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….La pregunta entonces que cabe plantear es si acaso la
designación de un miembro del equipo político de la Presidenta (que comenzó
como vocera de su candidatura, ejerció de ministra del Trabajo y concluyó como
ministra de Justicia), entre cuyas abundantes virtudes no se cuentan las
propias del jurista, una persona que es de su entera confianza y que posee
total convergencia con su propio punto de vista, es la designación más
razonable atendida la índole y las funciones públicas del Consejo, o si, en
cambio, parece objetivamente una designación partisana, motivada más bien por
consideraciones privadas como, por ejemplo, la de retribuir servicios
gubernamentales y adhesión política.
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Y la conclusión es obvia para quien no se arroje tierra a
los ojos. El simple examen de las circunstancias objetivas lleva a ella: la
designación de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado constituye
una designación partisana, aparece como una retribución a una lealtad política
más que una selección por méritos de esos que la índole del Consejo de Defensa
del Estado exige.
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"Quien ejerce el cargo de Presidente de la República a veces
debe elegir entre dos intereses: los que emanan de la índole de las
instituciones y los de quienes le sirvieron de apoyo para alcanzar el poder.
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La Presidenta Bachelet escogió, esta vez, uno de los
segundos.
Al hacerlo, actuó mal", opinó Peña".
