Por Manuel González Peña (*) ARTICULO
Comandante de la FARC muerto Raúl Reyes |
Parecía un tema superado pero no es así. La Corte de Sucumbíos (Ecuador) decidió, a finales de junio, encausar a los altos mandos militares colombianos que dirigieron en febrero de 2008 la operación que acabó con el líder de las FRAC "Raúl Reyes" y su santuario en el vecino país así como la incautación de sus controvertidos ordenadores.
Como no podía ser de otra forma el presidente Santos, entonces ministro de Defensa, se ha manifestado máximo responsable de aquella exitosa operación y ha respaldado a los militares que la llevaron a cabo.
La canciller M.A. Holguín rechazó inmediatamente y de forma categórica la decisión de la justicia ecuatoriana afirmando su incompetencia para proceder "en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil". Pocos días después, tras reunirse con el embajador ecuatoriano en Bogotá, suavizó su postura manifestando que las relaciones bilaterales eran tan sólidas que no se verán afectadas por la llamada a juicio a los mandos militares de la operación.
Coincidiendo con estos acontecimientos la policía ecuatoriana detuvo en un centro comercial al líder de las FARC "Danilo" que según parece había acudido allí en busca de asistencia médica para sus dolencias; fue detenido junto a otro correligionario y acusados ambos de estar indocumentados así como de entrada ilegal en el país. Parece obvia la estrecha colaboración entre los organismos de inteligencia de ambos países. El presidente Santos agradeció al gobierno de Correa la captura del cabecilla que aún no ha sido deportado a Colombia.
Hasta aquí todo parece correcto pero se nos antoja que el gobierno ecuatoriano seguirá presionando pues la operación en su territorio que no es un asunto cerrado ni mucho menos máxime cuando la opinión pública continúa sensibilizada con el tema. Difícil problema para la diplomacia de ambos gobiernos ya que si el presidente Santos desea, y necesita, continuar contando con la colaboración ecuatoriana en temas de seguridad nacional no es menos seguro que el presidente Correa exigirá contrapartidas a cambio de ello y mucho nos tememos que al final se rompa la baraja por la parte más débil y, como ocurre tantas veces en política, "la culpa sea del mensajero" o sea inculpando a algunos mandos militares por la forma de ejecutar la operación. Hacemos votos por que en esta ocasión no ocurra así.
¿Nuevo proceso de desmovilización de los paramilitares?
Entre tanto de nuevo están sobre el tapete de la política colombiana los paramilitares herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuyo proceso de desmovilización se llevó a cabo entre los años 2002 y 2006 bajo la presidencia de Uribe y al amparo de la denominada Ley de Justicia y Paz.
La fiscal general está estudiando un borrador para reformar la citada ley que sería presentado al Congreso cuando se inicie la nueva legislatura a finales de julio. El proyecto pretende eliminar la fecha de junio de 2005 como límite para que los desmovilizados puedan acogerse a los beneficios de la ley permitiendo incorporar a aquellos que desde entonces y hasta la actualidad hayan desertado de las filas del paramilitarismo con la condición de reparar a las víctimas y colaborar con la justicia. Aunque el presidente Santos siempre ha negado la posibilidad de negociación con los herederos de las AUC , no es menos cierto que no ha cerrado las puertas al sometimiento de lo que es buena prueba el borrador que estudia la Procuraduría.
En la controversia ha mediado el obispo de Montería, monseñor Vidal, experto conocedor del tema que ya actuó de mediador en el anterior proceso y que ha manifestado el interés de cerca de 5.000 nuevos paramilitares para someterse a la justicia.
Difícil papeleta para el habilidoso gobierno colombiano que confiamos sabrá solventar de forma eficiente y esperanzadora.
(*) Es coronel de infantería español y ha sido agregado de defensa en Colombia y Ecuador (1994-98) - Revista Ateneo de Madrid.
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