El senador socialista José Miguel Insulza (ex ministro del Interior) dijo este lunes que el Gobierno debería considerar «seriamente» la posibilidad de decretar Estado de Sitioen el sur del país, para frenar los atentados que se producen casi a diario en la zona.
La situación en la Araucanía se agravó este último fin de semana tras el nuevo atentado incendiario que dejó 13 camiones destruidos en Paillaco, en la Región de Los Ríos.
«Yo soy muy cuidadoso con esto y lo he pensado mucho, pero realmente hay un momento en que uno tiene que poner orden, porque, si no, la democracia no va a sobrevivir. Y después va a haber otros que, a pretexto de poner orden, van a poner fin a la democracia», dijo con toda claridad el ex ministro del Interior del Presidente Eduardo Freo Ruiz Tagle, entre 1994 y 2000, en en entrevista con Radio Pauta.
Si embargo, a pesar del nuevo desastre en el sur, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve descartó extender el actual estado de excepción aún vigente.
Insulza agregó más tarde a los medios que «decretar Estado de Sitio sería una señal de orden en la zona que debilitaría a los grupos armados que, él presume, no están por la vía del diálogo».
«Si los grupos armados, como se ha dicho, están dispuestos a ir al diálogo, no seré yo quien lo impida, de ninguna manera, peromi experiencia me enseña, generalmente, que mientras sientan que están ganando, no van a ir a ningún diálogo», aseveró el senador socialista.
La idea de Insulza fue criticada por el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que apuntó que «el problema que tenemos es más bien de inteligencia; es decir, qué grupos están realizando este tipo de acciones, porque ya van varios atentados en la Región de Los Ríos, pero no sé si esto se arregla con un Estado de Sitio».
El Titan, un pequeño sumergible con un tamaño similar al de una miniván, desapareció con cinco personas a bordo en la noche de este domingo en la zona donde reposan los restos del transatlántico Titanic, confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos. El Titan era una nave operada por la empresa turística OceanGate.
«Tras recibir una llamada iniciamos las operaciones de búsqueda en la escena», dijo en conferencia de prensa este lunes John Mauger, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos.
Agregó que estaban en contacto con barcos comerciales para que apoyarán las operaciones.
De acuerdo con Mauger, el sumergible fue diseñado con una ventana de 96 horas de oxígeno para casos de emergencia, por lo que su ubicación es también una carrera contra el tiempo.
El Instituto Marino de la Memorial University de Newfoundland (Canadá), que participaba con Ocean Gate en estos recorridos, dijo en un comunicado que la empresa se percató de la desaparición del sumergible recién en la noche de este domingo.
El Titan tenía la capacidad de llegar al lecho marino donde descansan los restos del Titanic, a unas 2.4 millas (3.8 kilómetros) bajo el nivel del mar (ver foto arriba). Esta era la oferta de la empresa turística: visitar los restos del transatlántico británico Titanic que naufragó en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 frente a las costas de Terranova (Canadá) en su viaje inaugural entre los puertos de Southampton y Nueva York. El Titanic colisionó con un iceberg y fue la causa del desastre en el cual murieron 1.500 personas.
OceanGate, una empresa que ofrece recorridos en aguas profundas, fue fundada en 2009. La compañía comparaba su proyecto, el primero en su tipo, con el turismo espacial.
El precio de una expedición para llegar al fondo del Titanic tenía en 2023 un costo de US$250,000, el doble de lo que tenía en sus primeros viajes (US$125,000). Un boleto de Virgin Galactic para un viaje espacial vale US$450,000.
La compañía anunció estas expediciones en noviembre de 2020 y los primeros viajes se realizaron entre mayo y septiembre de 2021.
La noticia fue dada a conocer el fin de semana por el canal 13 TV de Santiago. Una profesora utilizaba una doble identidad para ejercer como funcionaria del Ministerio de la Cultura y en su tiempo libre como activista social.
Sin embargo, el mismo Ministerio comunicó esta tarde que caducó el contrato a honorarios de la funcionaria que identificó como Claudia Soto.
Además de su nombre «oficial», utilizaba también el de de «Gloria Bascuñán», para su rol como dirigente de una ocupación ilegal denominada «Toma 17 de mayo» en la que participa en el barrio santiaguibo de Cerro Navia.
El ministro Jaime de Aguirre habían precisado que la profesional prestaba servicios a honorarios desde 2020 a la fecha en el área de Transformación Digitial del Ministerio.
Este lunes, en otro comunicado, la cartera sostuvo que «analizados los antecedentes expuestos por un canal de televisión con relación al rol de la profesional Claudia Soto, se ha determinado poner fin a su contrato de prestación de servicios a honorarios, informó emol.com.
Cuando el ingeniero comercial Miguel Mellado Suazo activó la grabadora de su celular, puso en marcha uno de los procedimientos tecnológicos que utilizan los periodistas. Por algo, antes de ser diputado de Renovación Nacional fue director de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Temuco.
Y antes, bajo la primera administración del presidente Sebastián Piñera, fue gobernador de la provincia de Cautín, en la región de la Araucanía a la que ahora representa en el Parlamento. Por esa investidura, junto a otros parlamentarios, fue invitado a una reunión privada con el Presidente de la República para analizar los problemas de la Araucanía..
– Espero que no me estén grabando –dijo el Presidente Gabriel Boric al comenzar la reunión. El mandatario no sabía que uno de sus invitados traicionaría su buena fe. Y el Honorable Diputado tampoco sabía que, al grabar esa conversación privada, cometía un delito que puede ser castigado hasta con cinco años de cárcel y 500 UTM (más de 30 millones de pesos). Los periodistas sí lo saben, porque así lo dispone el Código Penal en su artículo 161 A, que señala:
“Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, grabe, capte, intercepte o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado”.
Si los tribunales aplican esta disposición, Mellado perderá su fuero parlamentario y comparecerá como autor de un delito. Por cierto, no sería su primer conflicto con la justicia. Cuando dejó su cargo como gobernador provincial de Cautín, hace una década, Radio Biobío reveló que tenía 23 querellas por giro doloso de cheques.
Del mismo modo que ahora, el exgobernador no admitió inicialmente sus faltas, pero terminó confesando que “fue una situación realmente lamentable para mí”. “Aprendí muchísimo, maduré montones”, aseguró.
“Cualquier persona puede caerse en la vida y lo importante es levantarse”, dijo en ese entonces. Y Mellado se levantó. Llegó al Parlamento, primero en marzo de 2018 y luego en marzo de 2022, para un segundo período como diputado.
Y cuando la tarde del jueves se filtró la conversación entre el Presidente y sus invitados, el parlamentario no sólo guardó silencio, como hace algunos años, sino que condenó la filtración. Así fue: Condenó la filtración…
“Es lamentable y se quiebran las confianzas con esta filtración”, afirmó en tono severo, sin el menor asomo de pudor.
Pero con el paso de las horas, vio que su intento de ejercer el periodismo había desencadenado un escándalo de proporciones. Los medios de comunicación difundieron el audio que él les envió y desde todos los sectores repudiaron la filtración. Unos y otros se preguntaban quién era el desubicado que cometió tan grave delito.
Sólo entonces el diputado admitió ser el autor de la grabación. Explicó que ignoraba que no debía grabar las palabras del Presidente, cuando Boric se manifestó dispuesto a enfrentar “sin tapujos” el “terrorismo” en la Araucanía. Eso era lo que a Mellado le interesaba difundir.
“Si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los ministros y a los parlamentarios”, declaró, en un mensaje por las redes sociales.
Su “mea culpa” no convenció sin embargo a todo el mundo. El exministro del Interior Jorge Burgos se mostró escéptico. Estimó que “probablemente realizó esta declaración porque lo tenían pillado, no se explica de otra forma”. “Es de las cosas más ordinarias que he visto en la política”, agregó.
Al día siguiente –viernes-, la actitud del diputado filtrador volvió a experimentar un cambio. Con el apoyo de algunos de sus colegas de la derecha opositora, optó por aplicar aquella sentencia popular según la cual “la mejor defensa es el ataque”.
“No siento vergüenza”, dijo, tal como lo hizo años atrás cuando fue acusado de falsificar cheques y estuvo prófugo de la justicia. “Lo que sí, hay –admitió- es un tema que. mirado al día de hoy, es un tema de ética”.
Y ése es el punto, porque en muchas ocasiones los mandatos de la ética y las normas legales se encuentran y son similares. Es lo que sucede con el uso de la grabadora, como bien lo expuso el periodista y escritor Gabriel García Márquez, en una conferencia ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el 10 de octubre de 1996.
“El manejo profesional y ético de la grabadora está por inventarse”, advirtió el intelectual colombiano, (Premio Nobel de Literatura en 1982). Este pequeño artefacto. que ahora se oculta en un celular, no es un substituto de la memoria sino una evolución tecnológica que reemplaza a la modesta libreta de apuntes. Y García Márquez, en una de sus habituales genialidades, proclamó esta enseñanza para los jóvenes periodistas (o viejos diputados):
“La grabadora oye pero no escucha, repite -como un loro digital- pero no piensa, es fiel pero no tiene corazón”.
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Esta edición incluye además artículos especiales de los periodistas Martín Poblete y Enrique Fernández
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El presidente iraní Ebrahim Raisi firmó acuerdos de cooperación con Cuba, donde realiza su última escala de su primera gira por América Latina dentro de los esfuerzos de Teherán para estrechar vínculos con tres países de la región a los que considera aliados en medio de un contexto de fricciones con Washington.
Raisi llegó a La Habana procedente de Nicaragua. El presidente iraní visita los tres países de América Latina gobernados por dictaduras: Cuba, Nicaragua y Venezuela, que mantienen añejas fricciones con Washington y enfrentan severas sanciones de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Raisi con Miguel Díaz-Canel presidente de Cuba
Al recibir a Raisi, en una visita oficial a Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel expresó su deseo de que esta alianza con Irán «permita también enfrentar de manera conjunta esta política agresiva del imperio», refiriéndose a Estados Unidos.
Ambos regímenes presidieron la firma de memorandos para cooperación en materia de aduanas, telecomunicaciones y justicia.
Por la mañana, Raisi asistió a un foro de negocios, donde dijo que su país está decidido «a trabajar con Cuba en lo científico, tecnológico».
También se mencionó la intención de cooperar en la operación de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, así como en la minería.
«Con los países amigos como Cuba, por la posición que tiene nuestra política exterior, es de suma importancia», subrayó.
Raisi comenzó su gira latinoamericana el lunes en Venezuela y la continuó el martes en Nicaragua. En ambos países se entrevistó con los dictadores Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua.
El presidente iraní comenzó su visita centroamericana y caribeña el lunes en Venezuela y la continuó el martes en Nicaragua y ahora también en Cuba. En los tres ha firmado acuerdos de cooperación en diversas áreas.
En sus escalas previas, el presidente iraní recibió el respaldo y sintonía a sus cuestionamientos y críticas alusivas a Estados Unidos, al que consideró un “enemigo común” compartido con sus socios latinoamericanos.
Antes de partir de Managua hacia La Habana, Raisi se reunió con la Asamblea Nacional nicaragüense dominada por el sandinismo, lo despidieron Ortega y la designada vicepresidenta Rosario Murillo. Igualmente con Daniel Ortega.
Tras dos días en Nicaragua, anunció la firma de tres memorandos de cooperación y la creación de una comisión mixta binacional que desarrollará los convenios alcanzados. En Venezuela, la delegación de Raisi suscribió diversos acuerdos de cooperación.
Entre los acuerdos con Nicaragua figura colaboración en materia judicial, intercambio y cooperación comercial y económica, y en áreas tecnológica y científica. La exportación de servicios técnicos y de ingeniería de Irán al país centroamericano y la cooperación en materia de salud y apoyo farmacéutico son otros sectores incluidos, indicó Raisi.
Irán y Cuba tienen además un historial de relaciones en materia tecnológica. Durante la pandemia de la COVID-19, la isla recibió apoyo en el desarrollo de estudios clínicos para lograr la vacuna Soberana 02, que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se decretó, después de dos días de formalización, la medida cautelar de prisión preventiva contra el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, luego de que fuera considerado como un «peligro para la sociedad».
El ex jefe comunal, acusado de los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos, cumplirá la decisión judicial el anexo carcelario Capitán Yáber, a pedido de su defensa.
Consultado sobre si creía que esta acción judicial significaba una persecución política en su contra, el exjefe comunal señaló que «no quiero calificarlo así. Yo quiero que la institución funcione».
Torrealba reiteró que es inocente frente a las imputaciones de cargos en su contra e indicó que «no tengo nada que decir, salvo hasta que terminemos esta sesión».
El fiscal acusó al exalcalde de 29 delitos de fraude al fisco que habría cometido. Mismo número para el exdirector de los programas Vita, Domingo Prieto, y para el contador Augusto Silva.
La formalización es encabezada por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendariz, y el fiscal jefe de la Fiscalía local Santiago Centro, Francisco Jacir. La magistrada es María María Herrera.
La Fiscalía asegura que inversiones de Torrealba en 2018 fueron un 21% mayores que su renta como alcalde, lo que la parte acusatoria pone en duda al cifrarlas en mucho más.
La magistrada sostuvo durante la audiencia que el imputado en su calidad de alcalde tenía el deber de «observar una conducta funcional intachable, tener un desempeño honesto de su cargo, para lo cual fue elegido por los ciudadanos». En ese sentido, agregó que «no respetó la preminencia del interés general sobre el particular y muy especial la afectación de los derechos o las legítimas expectativas de la ciudadanía.
«Con su actuar, a juicio del tribunal, Torrealba socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes, que tanto perjudican la estabilidad política del sistema democrático», añadió.
Y es que por esto mismo motivos, «hacen considerar que su libertad es un peligro para la sociedad», señaló la magistrada.
El exmilitante de Renovación Nacional negó que haya existido una asociación ilícita, e indicó que «lo que ocurre hoy es que voy a saber de qué se me imputa. Hasta el momento lo único que he visto son notas de prensa. Con todo el respeto que tengo por la prensa, no es forma de tramitar un caso como este»
