Agotadas las críticas destempladas al procedimiento
investigativo:
EL PENTAGATE ENTRÓ EN PROCESO DE DESACELERACIÓN MEDIÁTICA
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El caso judicial comenzó hace más de un año con una denuncia
del Servicio de Impuestos Internos (SII) por fraude al Fondo de Unidades Tributables
(FUT).
Por Hernán Ávalos Narváez
Han cesado las críticas destempladas al procedimiento
judicial efectuado en la arista política del Pentagate, mientras continúa bajo
reserva la investigación efectuada por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad
de la Fiscalía Oriente, con una escasa cobertura periodística. Podría decirse
que el bulllado caso judicial que involucra a este holding entró en un proceso
de “desaceleración mediática”.
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Los representantes
legales del conglomerado empresarial fueron denunciados por el Servicio de
Impuestos Internos (SII) por el delito de evasión tributaria mediante la
presentación de boletas y facturas falsas, con las cuales pretendieron
justificar aportes ilegales a las campañas de algunos políticos, en su mayoría
de la derechista UDI.
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Así en dos oportunidades el Octavo Juzgado de Garantía ha
ratificado las diligencias efectuadas por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo
Norambuena, como son los allanamientos, los interrogatorios, los careos y demás
procedimientos de la investigación penal contemplados en la ley.
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Primero fue el juez Sergio Córdova en la audiencia del 14 de
octubre pasado quién negó conocimiento del expediente a la defensa de los
controladores de Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Luego fue
el juez Daniel Aravena quien en audiencia efectuada dos días después resolvió
lo mismo respecto del ex gerente del Banco Penta Hugo Bravo.
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En ambas audiencias se les comunicó a Délano, Lavín y Bravo
que estaban siendo investigados por los delitos denunciados por el SII y que
cómo aún la investigación no está formalizada, resultaba improcedente que sus
abogados tengan acceso al expediente reunido por los fiscales Gajardo y
Norambuena. Sus respectivas defensas admitieron el revés y no recurrieron de
apelación.
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La queja de Velasco fue improcedente
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Así quedó en evidencia la inconsistencia del reclamo
profusamente difundido por el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, por el
supuesto atropello a sus derechos, en el allanamiento de su oficina en busca de documentación. En los
hechos los fiscales solicitaron la orden al juez de garantía de turno, para que
la policía incautara computadores, agendas, boletas, facturas, chequeras, entre
otros papeles que puedan servir como evidencia.
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Ocurre que los fiscales tienen la responsabilidad de llevar
adelante la acción penal con miras a un eventual juicio oral. Para ello cuentan
con el auxilio de la policía y demás instituciones del Estado. Y tratándose de
restricciones a los derechos de las personas, sus actuaciones deben ser
autorizadas por el juez de garantía. Así resulta insensato decir que había que
esperar el regreso de Velasco al país, para obtener eventuales pruebas en su
contra.
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La arista política del caso Penta comenzó, oficialmente, el
8 de octubre último, con la denuncia criminal del SII ante la Fiscalía Oriente,
por la presentación que hizo Penta entre los años tributarios 2009 a 2010 de
258 boletas y facturas falsas destinadas a financiar campañas políticas,
mediante asesorías profesionales que nunca se realizaron, causando una evasión
tributaria por un monto líquido de $615.745.000 en perjuicio del Estado. Sólo
Penta Corredores de Bolsa, filial de Banco Penta presentó $2.000 millones en
papeles falsos.
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En su denuncia a la justicia el SII tuvo especial cuidado en
direccionar su acción en contra de “los representantes legales”, sin
mencionarlos, pertenecientes a las sociedades Penta S.A., Inversiones Penta III
Ltda., Inmobiliaria Duero Ltda., Inversiones Challico Ltda., Inversiones Santa
Sarella Ltda., e Inversiones Perkita Ltda., todas integrantes del mismo
conglomerado empresarial.
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Pero los implicados ya habían sido mencionados una semana
antes, el 30 de septiembre último, por el reportaje de Ciper Chile titulado
“Las Caja Negra de las Platas Políticas Que Sacude a la UDI”, como en otros que
le sucedieron, ninguno de los cuales ha solicitado rectificación a la
publicación, ni menos ha presentado querellada por injurias y calumnias con
publicidad.
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Además de Velasco fueron mencionados por Ciper Chile
obteniendo financiamiento ilegal de Penta para sus campañas políticas mediante
la emisión de facturas falsas, la senadora Ena Von Baer, el senador Iván
Moreira, el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquet, el diputado Antonio Kast, el
ex diputado Alberto Cardemil, el ex candidato presidencial Laurence Golborne,
la ex candidata presidencial Evelyn Matthei y el diputado y presidente de la
UDI Ernesto Silva. Y el presidente de la Fundación Jaime Guzman, Jovino Novoa,
sólo en la función de distribuir los dineros malhabidos.
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Luego que su nombre fuese involucrado, Andrés Velasco demoró
dos semanas en explicar en público y ante la prensa que, efectivamente, había
ofrecido asesorías profesionales a Penta. No dio detalles a la opinión pública.
Pero al igual que los restantes políticos mencionados deberá explicar ante los
fiscales y, eventualmente, probar en el
juicio oral, la cantidad de $20 millones que recibió en pago por esas
asesorías, a quiénes se las ofreció, sobre qué materias versaron, los días y
horas dedicadas a ese trabajo para el cual habría sido contratado.
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Lo curioso fue que Andrés Velasco después de ser
precandidato presidencial del conglomerado de centroizquierda Nueva Mayoría que
ganó las últimas elecciones con Michelle Bachelet, formó tienda aparte como
abanderado del movimiento del centro político Fuerza Pública, con un discurso
sobre la transparencia en la función política. Pero a poco de aparecer
involucrado en el caso Penta, condujo su referente hacia la derecha y formó
alianza con el movimiento Amplitud, desgajado del derechista partido Renovación
Nacional.
El caso Penta comenzó hace 12 meses
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El caso Penta comenzó un año antes en la investigación por
fraude al Fondo de Utilidades Tributables (FUT). El 22 de octubre de 2013 el SII detectó
devoluciones indebidas de impuestos entre los años 2007 y 2010 que beneficiaron
a 122 contribuyentes y sociedades comerciales con un perjuicio para el Estado
por $2.546 millones. Luego presentó una querella criminal contra el contador
Sergio Enrique Pérez, el ex fiscalizador del SII Eduardo Álvarez Díaz, otros
siete contribuyentes que prestaron sus identidades y de quienes resulten
responsables.
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Avanzada la investigación penal, el 25 de julio de 2014, el
SII amplió la querella a otras 76 personas y sociedades comerciales. Entre
ellas la ex funcionaria del SII Mitzi Carrasco Rioseco, el abogado Roberto
Freeman Cáceres y los contadores Hernán Díaz Bahamondes y Eduardo Tillería
Hinojosa.
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Los implicados en el fraude fueron formalizados de la
investigación y en su mayoría están con la medida cautelar de prisión
preventiva. Arriesgan penas de entre tres y 15 años de presidio.
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Prosiguiendo con la investigación cuatro días después, el 29
de julio pasado, el SII presentó una denuncia criminal ante la fiscalía en
contra del ex director del Banco Penta Hugo Bravo López, por haber obtenido
devoluciones ilegales de impuestos por intermedio de las sociedades Inversiones
Challico Ltda. e Inversiones Santa Sarella Ltda. El perjuicio contra el Estado
fue calculado en $260 millones entre los años tributarios 2007 y 2013. Bravo
había renunciado al banco sólo seis días antes de que fuese denunciado a la
justicia.
En sus declaraciones Bravo ofreció cooperar con la
investigación para aminorar su eventual responsabilidad penal y reveló
procedimientos dolosos realizados en las sociedades en que tuvo participación,
para obtener devoluciones indebidas o burlar los impuestos. Así el 26 de agosto último el SII dedujo una
denuncia criminal ante la Fiscalía Oriente, en contra de los socios
controladores del Grupo Penta, Carlos
Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
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En la especie la acusación contra Délano y Lavín, fue por
utilizar boletas de honorarios falsas presentadas por sus cónyuges, para
disminuir la base imponible del impuesto a la renta en las sociedades
comerciales Penta III Ltda. y Los Estancieros Ltda., las cuales ellos
representan, causando un perjuicio al Estado por $400 millones. La presentación
del SII involucra a los gerentes Marcos Castro Sanguinetti, Samuel Irarrázaval
Larraín y al propio Bravo López.
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El 29 de agosto pasado Délano, Lavín y sus cónyuges fueron
interrogados en calidad de imputados por los fiscales Gajardo y Norambuena en
dependencias de la Fiscalía Oriente, por el caso de las boletas falsas. En los
días siguientes participaron en similares diligencias los tres gerentes imputados
y la investigación derivó en la realización de complejas pericias documentales
y contables. El procedimiento siguiente debería ser la audiencia en la cual los
imputados son informados de la formalización de la investigación, luego de la
cual sus abogados defensores tendrán acceso al expediente reunido por la
Fiscalía Oriente con las diligencias efectuadas hasta ese momento.
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La arista política tiene un desarrollo investigativo
reciente y como involucra parlamentarios, tendrá la complejidad de los juicios
previos para quitarles el fuero de que gozan, antes de ser interrogados por los
fiscales.
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