26-5-2014-KRADIARIO-Nº899
LA REITERACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ABORTO
Por Hugo Latorre Fuenzalida
El elemento conservador de la sociedad chilena emergió con
la dictadura de una manera tan fundamentalista que representa un quiebre
abismal con el Chile que tuvimos antes de ese gobierno cívico-militar.
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Chile fue durante el siglo XX una comunidad humana relativamente progresista, adelantada muchas
veces en varios temas: trabajo de la
mujer, instalación ferrocarrilera, leyes laborales, etc.
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También se adelantaron políticas públicas en salud que nos
pusieron a la cabeza de América Latina, entre ellas las políticas sobre
reproducción, en que la esterilización de mujeres era política oficial y el
aborto terapéutico también..
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Nadie se escandalizó por ello en esos años, y eso que
teníamos una Iglesia Católica mucho más influyente que lo que es hoy.
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Entonces, lo que ha
acontecido en este tiempo, es que, al parecer, tanto al interior de la
Iglesia Católica como de los partidos de derecha, se han posicionado, como
factor dominante, una horneada ultramontana, totalista y absolutista, no sólo
en política, sino también en valores.
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Deconstruyendo el discurso
Si a uno le preguntan de
sopetón ¿es usted partidario del aborto? Yo personalmente diré que no.
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Pero si bien uno está de acuerdo en que la vida es sagrada
desde la concepción hasta la muerte, como definición doctrinaria, no es menos
cierto que la vida no es un “absoluto” literal, tampoco la doctrina es un dios
inmutable (cuando lo es, entonces viene seguido del crimen como destino
indefectible de sus aplicaciones a lo concreto, pues se vuelve totalitaria,
además de totalista).
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En práctica médica se dan casos numerosísimos en que un
embarazo pone en riesgo la vida de la madre, de tal manera que si no se
interrumpe el embarazo la madre seguramente morirá y el no nato, es probable
que tampoco sobreviva. Este dilema evidencia la lógica de salvar
prioritariamente la vida de la madre a expensas del no nato. Diferente es
cuando el no nato tiene grandes posibilidades de sobrevivir si se sacrifica la
madre arriesgando un embarazo a término o una cirugía de cesárea. Ahí la
decisión es soberanamente de la madre, pues nadie la puede obligar legalmente a
sacrificar su vida en pro de su hijo. Puede
ser una opción válida, pero depende nada más que de ella. También puede
darse el caso que la madre no se encuentre en capacidad de decidir (por no
estar consciente o mentalmente alerta), entonces cabe la pregunta ¿quién define
el dilema de la vida o la muerte de estas dos personas involucradas? Alguien
debe hacerse cargo.
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¡La ley!, puede decir usted. Obviamente, pero la Ley debe
determinar las condiciones de esa decisión, ante lo cual, si la ley prohíbe
absolutamente o define una única vía de acción, el Estado, a través de sus
leyes, estará condenando definitivamente a una de las dos personas, y, lo peor,
sobre criterios inmudables y consecuencias irreversibles.
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Pero la ley puede establecer un sistema consultivo, es decir
un comité de personas calificadas moral y técnicamente, para adoptar las
decisiones más naturalmente aceptables en casos de disyuntivas extremas. Este
recurso es esencial, pues muchas veces las familias no pueden ser capaces de
resolver estos dilemas, por razones de shock psicológico o de conflictos de
opinión al interior de los miembros de
esas familias.
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En casos menos dramáticos, que no impongan definiciones de
vida o muerte, se puede ser más estricto en la definición doctrinaria; tal es
el caso del aborto como consecuencia de
una violación.
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Es verdad que un hijo indeseado es cosa difícil de llevar,
pues, además, es producto de una violencia que suele ser brutal y marca la
psiquis de por vida. Parece justo que el no nato, producto de una violación, es
una vida humana y por tanto es doctrinariamente poseedor de todos los derechos.
Pero también es cierto que el Estado puede prohibir matar a ese niño (que, mal
que mal, es hijo de esa madre afectada), pero también es cierto que el Estado
no puede exigir ni obligar a esa madre ni a la familia a hacerse cargo de esa creatura una vez
nacido, a menos que sea una decisión voluntaria o compartida.
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Entonces, conclusión lógica para estos casos: no se puede
autorizar el aborto, pues se atenta contra una vida, pero entonces el Estado
debe hacerse cargo de esa creatura, una vez nacida, a menos que la madre, el
padre identificado o las familias respectivas deseen asumir esa
responsabilidad. El Estado, debe hacerse cargo del recién nacido, mantenerlo en
lugares de acogida, debidamente dotados, y luego podrá dar en adopción a ese
niño y supervisar su desenvolvimiento a lo largo de su vida, hasta ser adulto.
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Porque en estas materias tan delicadas, el Estado o la Ley
no sólo tienen el rol de prohibir o limitar, también debe hacerse cargo de las
consecuencias de su mandato.
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El aborto por no querer tener el hijo, pero sin agravantes o
condicionantes de salud o criminalidad, pasa a la prohibición absoluta pero
condicionada a que el estado se haga cargo del niño una vez nacido. Esta es una
postura bastante obvia y consecuente con lo arriba argumentado. No puede ser
razonamiento atendible el que muchas mujeres pobres se practiquen aborto a
riesgo de sus vidas y que es preferible-en defensa de la vida-el que se
practiquen abortos en centros debidamente dotados de salud.
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Esa realidad existe y constituye un problema. Ahí la mujer embarazada
llegará con un cuadro de urgencia, por intentar auto-interrumpir su embarazo,
ante lo cual los médicos deberán practicar un aborto forzoso, que no puede
clasificarse de “terapéutico”. En estos casos, la madre debe ser juzgada sobre
la base de un aborto prohibido.
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En una sociedad como la nuestra, en que la natalidad cae
visiblemente, se puede incluso implementar políticas de remuneración por cada
embarazo llevado a término, en casos de la población más vulnerable; luego el
Estado se hace cargo del niño o se entrega un subsidio a la madre si permanece
con su hijo.
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En fin, sobre estos temas se deben asumir políticas
integrales, pero nunca basadas en un simplismo doctrinario.
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Si la derecha chilena fuese tan absoluta en su doctrinaria
postura acerca del valor de la vida, entonces deberían pedir perdón de rodilla
por los crímenes cometidos durante el tiempo en que ellos fueron gobierno con
los militares. Ahí se asesinaron mujeres y niños, chilenas embarazadas fueron
torturadas y asesinadas, en consecuencia nadie puede tener mucha confianza en
la honestidad de una postura tan extemporáneamente absolutista.
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Si la Iglesia Católica fuese tan defensora de la vida,
entonces debía retirar a todos los sacerdotes en funciones militares, pues la
guerra- y las declaraciones de “estado de guerra”, interna o externa-son los
principales enemigos de la vida y del derecho a la misma. Su presencia en los
aparatos militares, que son aparatos de muerte, sí constituye una contradicción
doctrinaria total y absoluta.
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Si predicamos el respeto a la vida, debemos rechazar el
aborto (en eso estamos de acuerdo), pero la vida es más compleja que las
declaraciones universales; por tanto se debe razonar con lucidez sobre los
casos en que la realidad supera a la doctrina y las soluciones desafían al buen espíritu de las leyes.
