viernes, 30 de diciembre de 2016

Perú al día
LA CORRUPCIÓN EL MAL MAYOR EN LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS
Por Roberto Mejía Alarcón
La situación está de candela en el país. Pronto, muy pronto, podría producirse el milagro de saber, con pruebas y todo, nombres y apellidos de quienes se han enriquecido en los últimos tiempos, haciendo mal uso del poder político que les entregó la ciudadanía y que ellos juraron solemnemente respetar. Si es que no se producen baches u otros obstáculos de último momento, ni interferencias inesperadas, es casi seguro que por fin la justicia podrá cumplir su alta misión y dispondrá que sufran carcelería, aquellos que además de haber mancillado el honor de la patria, han prostituido lamentablemente la función gubernamental.
Está claro que ahora se presenta la gran oportunidad de ponerle freno a ese cáncer que no otra cosa es la corrupción imperante en la administración pública. Oportunidad que podría frustrarse si el poder invisible, ese poder que cree que todo lo puede, se inmiscuye en las investigaciones pertinentes. El mundo ha cambiado, la sociedad está mejor organizada y, por eso mismo, lo recomendable sería que nadie, absolutamente nadie, tome partido a favor de quienes deben ser investigados en el marco de lo previsto por la ley.
En estas dramáticas circunstancias para la historia de la nación, no tiene sentido alguno que haya quienes gasten saliva, diciendo que ponen las manos en el fuego a favor de quienes se encuentran en el ojo de la tormenta. Si estos son encontrados culpables o inocentes, es una cuestión que tendrán que dirimir los organismos técnicos y que tienen autoridad suficiente para actuar con la mayor imparcialidad. Los hechos se encargarán de revelar quién es quién sobre el enojoso caso que nos ocupa y que está referido al multimillonario soborno confesado por la empresa constructora brasileña Odebrecht, que involucra a gobiernos de doce países, entre ellos al de Perú, correspondientes a los ejercidos entre los años 2005 al 2014.
En tal sentido es plausible la actitud del presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, quien ha pedido que no meta su cuchara el Congreso de la República y que deje que sea la Fiscalía de la Nación la que cumpla su cometido. Es su deber. Nombrar comisiones investigadoras, tal como acostumbra el Poder Legislativo y que con frecuencia sirven para politizar lo que no debe salir del marco de la investigación judicial, sería un tremendo error y un escándalo de proporciones. Bien se sabe que no faltan congresistas que aprovechan la ocasión para revelar lo que se debe mantener en reserva, obtener un poco de popularidad y lo más grave poner en evidencia lo que podría significar prueba importante para el proceso.
Odebrecht que es el nombre de la empresa constructora de la familia del mismo apellido afincada en Brasil, ha declarado la decisión de colaborar en el proceso investigativo que se sigue desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tal cooperación que servirá para conocer los nombres de aquellos políticos, incluyendo presidentes de la república, que recibieron sobornos por un monto de 788 millones de dólares y que en el caso peruano asciende a 29 millones de dólares, ya ha comenzado a dar sus primeros resultados.
Así como en Colombia ha salido a la luz el rostro de alguien muy cercano al exmandatario Uribe, también aquí, en Perú se ha caído el antifaz de Josef Maiman, íntimo del entorno del expresidente Alejandro Toledo. La información da cuenta de millonarias transferencias a cuentas bancarias del mismo en Tel Aviv. Maiman es el personaje, coincidentemente involucrado en la adquisición de inmuebles costosos y pagos de hipotecas sobre las propiedades de dicho político. Pero además, trasciende las 16 veces que un representante de Odebrecht visitó Palacio de Gobierno, durante la gestión de Alan García y las 12 entrevistas personales con el exgobernante, de la misma manera como destacan los apuntes del máximo mandamás de la constructora correspondientes a un programa titulado con las iniciales “OH” y que significó el desembolso de 3 millones de dólares a favor, supuestamente, del expresidente Ollanta Humala.
Lo referido, por tanto, tiene la elocuencia de descubrimientos jamás antes pensados y que están marcados como ilícitos que ponen en la picota a quienes podrían haberse beneficiado, pero embarrándose delincuencialmente. No escapa en consecuencia a la urgencia de conocer toda la verdad y tampoco a la necesidad de dejar, sin estorbo político alguno, que la Fiscalía de la Nación, ejerza su trabajo con la mayor eficacia. Esa sería el inicio de la redención del Perú, hoy en día viviendo en medio de penurias, entre ellas las causadas, al parecer, por la corrupción de gobernantes que desgraciaron moralmente al país.

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