La campaña del gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la nominación republicana a la Casa Blanca parece estar mostrando signos de debilidad, al punto que algunos personajes republicanos ya hablan abiertamente de su final anticipado.
DeSantis, quien hace pocos meses era visto como una posible alternativa a la candidatura de Donald Trump, está viviendo las dificultades que presenta querer mostrarse como un sustituto a la candidatura del expresidente sin atacarlo por los problemas legales que enfrenta, teniendo que buscar otras maneras de criticarlo que pueden alienar a los votantes. DeSantis ha evitado a toda costa criticar a Trump, tanto por las acusaciones criminales que enfrenta tanto a nivel federal en el caso de la retención ilegal de documentos confidenciales de la Casa Blanca, como a nivel estatal en Nueva York, como por el caso de la falsificación de récord corporativos para ocultar el pago a la actriz pornográfica Stormy Daniel a cambio de su silencio por una presunta relación sexual que mantuvo con el expresidente.
Después de que las acusaciones penales fueron hechas del conocimiento público, el apoyó de Trump ha crecido entre los votantes de las primarias republicanas, principalmente en detrimento de la candidatura de DeSantis, y ninguno de los precandidatos, con la excepción del exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, se ha atrevido a criticar al expresidente.
De hecho, DeSantis no solo defendió a Trump, sino que prometió que lo indultaría en caso de llegar a la presidencia de Estados Unidos.
Sin embargo, la campaña de De Santis compartió un video en Twitter en el último día del mes del orgullo LGTBQ+ con la leyenda: “Para concluir el ‘Mes del Orgullo’, escuchemos al político que hizo más que cualquier otro republicano para celebrarlo…”.
El video muestra a Trump en su discurso de aceptación en la convención republicana de 2016, semanas después del tiroteo en el club nocturno Pulse en Orlando, diciendo: “Haré todo lo que esté en mi poder para proteger a nuestros ciudadanos de la comunidd LGBTQ” y continúa mostrando al expresidente haciendo declaraciones en las que apoya a políticas que protegen a la comunidad transgénero.
El video cierra mostrando titulares e imágenes relativas a las distintas leyes que ha promulgado DeSantis en Florida para negar derechos a la comunidad LGBTQ+ del estado y mostrando a DeSantis como una persona resuelta a combatir a esa comunidad.
Al menos 157 personas han sido detenidas en la sexta jornada de disturbios que vive Francia, que está inmersa en un fuerte estallido social que comenzó el pasado martes tras la muerte policial de un adolescente de 17 años. Desde entonces, más de 3.000 personas han sido detenidas.
Seis días de protestas que no parecen llegar a su fin. Motivo por el cual, durante la noche de este lunes, el Gobierno francés mantendrá el amplio dispositivo de seguridad.
A pesar del claro descenso de la violencia, 157 detenidos frente a más de 400 en la noche del sábado, las autoridades francesas consideran crucial mantener el despliegue para continuar la desescalada.
Esta noche también se suspendió el servicio de autobuses y tranvías desde las 21.00 hora local en París y su región circundante para evitar que los vehículos puedan ser incendiados. La muerte de un bombero anunciada por el ministro de Interior, Gérald Darmanin, a través de la red social Twitter, no está relacionado con los disturbios, pese a lo que podía interpretarse en un primer momento. La Fiscalía de Bobigny ha puntualizado que no hay ninguna prueba de que el fallecimiento tenga que ver con los altercados.
Entre los incidentes más graves vividos hasta ahora está el ataquede varios individuoscontra la casa del alcalde de la ciudad de L’Haÿ les Roses, en las afueras de París, Vincent Jeanbrun, en la noche del sábado al domingo.
Jeanbrun no se encontraba en su domicilio cuando los agresores lanzaron un coche incendiado contra la casa, pero sí estaban dentro su esposa y sus dos hijos, de 5 y de 7 años. La mujer y uno de los niños resultaron heridos en unos hechos que están siendo investigados por la Justicia como una tentativa de asesinato.
Macron cita a los alcaldes de 200 municipios afectados
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha citó a los alcaldes de 200 municipios afectados por los disturbios para este martes. Macron, que ha trastocado totalmente su agenda para dedicarse por entero a la crisis abierta por este estallido social, ha recibido este lunes a lospresidentes de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher.
Por su parte, la primera ministra, Élisabeth Borne ha convocado a los líderes de los principales partidospolíticos. Asimismo se han abordado algunos de los planes del Gobierno para los próximos días, cuyos detalles han trascendido a la prensa aunque ni el jefe de Estado ni los ministros han hecho declaraciones públicas tras la reunión.
Antes de esto, ambos se reunieron en el Elíseo con Borne para hacer una evaluación detallada de la situación actual, tanto a nivel de seguridad como judicial y de impacto económico de los disturbios.
MANIFESTACIÓN MASIVA DE ALCALDES Y CONCEJALES
Por su parte, los alcaldes y concejales se han manifestado este lunes por toda Francia para demostrar su repudio a la violencia y su solidaridad con Vincent Jeanbrun, primer edil de L’Haÿ-les-Roses (en la periferia sur de París), cuya residencia familiar sufrió un ataque durante la madrugada del domingo.
El llamado a manifestarse al mediodía frente a los ayuntamientos del país lo anunció David Lissnard, presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF, por sus siglas en francés) y primer edil de la turística localidad de Cannes, en la Costa Azul.
«Vemos aumentar la violencia, que es una de las expresiones de la crisis de incivismo en la que estamos», señaló Lisnard, que hizo notar que es un fenómeno que dura desde hace años y ante el que Francia necesita un «despertar cívico».
Al menos 719 detenidos en la quinta noche de disturbios en Francia tras la muerte de un joven a manos de la Policía02.07.2023
El Presidente Gabriel Boric presentó este lunes a los expertos que conformarán la nueva Comisión Ministerial para la Regulación de la Relación entre las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y el Estado, impulsada por el Gobierno después de que salieran a la luz presuntas prácticas corruptas en la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), conocido como caso Convenios.
El equipo de especialistas, que tendrá un plazo de 45 días para poder entregar propuestas en torno a cinco objetivos específicos, estará dirigido por María Jaraquemada, directora de Chile Transparente. Entrevistada por la Radio de la universidad de Chile, Jaraquemada declaró que “hemos visto que muchas veces hay bastantes casos que impactan a la opinión pública, pero que no generan el mismo impacto en los poderes del Estado que son los que tienen el poder para generar cambios».
En medio de la polémica que ha suscitado la Fundación Democracia Viva, producto de la firma de millonarios convenios con el Ministerio de Vivienda de Antofagasta, la directora de Chile Transparente dijo esperar que el caso marque un punto de inflexión respecto al tratamiento que tienen los hechos de corrupción en el país.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada vio con buenos ojos la opción de avanzar en mejores políticas de probidad y transparencia en el Parlamento para enfrentar el mal uso de recursos públicos y que, en esta ocasión, tiene bajo la lupa a militantes de Revolución Democrática, cercanos a la diputada Catalina Pérez.
“Creo que de las crisis siempre hay que tratar de tomar oportunidades y, en el fondo, no es sólo importante investigar posibles irregularidades y sancionarlas, sino que también hay que generar los cambios institucionales que se requieran para que estos casos no vuelvan a repetirse. Muchas veces estos casos nos demuestran dónde hay debilidades y, por lo tanto, creo que la solución correcta es una estrategia complementaria. Así que esperemos que de esta crisis se pueda fortalecer nuestra institucionalidad”, reforzó Jaraquemada.
Agregó que “Chile es un país que dentro de la región y para los estándares internacionales tiene una bastante buena evaluación en la lucha contra la corrupción, pero esa lucha tiene que ser permanente. La corrupción es dinámica, va cambiando y va aprovechando los espacios que tenga. Entonces, creo que tenemos que estar también constantemente actualizando nuestra normativa y perfeccionando nuestra institucionalidad porque, si nos dejamos estar, ocurren este tipo de situaciones”.
Jeannette von Wolfersdorff, legalmente, Sonia Jeannette Schiess, es una ingeniera comercial alemana, cofundadora de la fundación Observatorio fiscal y primera mujer en ser parte del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago.
El órgano también estará formado por Ramiro Mendoza, excontralor de la República; Valeria Lübbert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia (CIPyT); la alemana Jeannette Schiess von Wolfersdorff, miembro del Consejo Fiscal Autónomo (CFA); Francisco Agüero, profesor de Derecho de la Universidad de Chile; eIgnacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Los primeros dos objetivos, dijo Boric desde La Moneda, serán «identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado» y «proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación con el Estado, que faciliten el conocimiento de la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades».
Como tercera tarea, el comité deberá «proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones, para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos».
En cuarto lugar, el equipo tendrá que «revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses».
Finalmente, los expertos deberán «proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas entidades y de quienes correspondan involucrados en estas faltas».
Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala quedaron para la segunda la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla
Arévalo se ha convertido en la sorpresa de los comicios, ya que los sondeos colocaban en segundo y tercer lugar al diplomático Edmond Mulet y a la exdiputada Zury Ríos, que fueron desplazados hasta el quinto y sexto lugares, respectivamente.
Otro de los indicadores que destacó en primera vuelta el 25 de junio fue el porcentaje de votos nulos, con 17,39% y 6,9% de votos en blanco. El proceso electoral estuvo marcado por las denuncias de fraude luego de la exclusión de tres candidatos populares en las encuestas. Para algunos sectores, el autoritarismo está ahuyentando las inversiones y el empleo digno, mientras la cúpula empresarial confía en que las elecciones son una garantía democrática
¿Quiénes se quedan en un país donde la gente que quiere trabajar y quienes aspiran a mejorar las condiciones se ven forzados al exilio y a migrar? Esa pregunta intriga a la economista Sonia Escobedo en un país donde el 60% de la población vive en condiciones de pobreza y cuya economía se sostiene por las remesas de los migrantes que cada año se van del país en busca de mejores oportunidades, como destacó el diario El País de España.
La Organización Internacional para las Migraciones calcula que 1,4 millones de guatemaltecos han migrado hacia otros países de una población total de más de 17,5 millones. Según encuesta del Centro Duke para el Desarrollo Internacional entre las personas deportadas, en su inmensa mayoría salieron de Guatemala en busca de un empleo que les permita mejorar su situación económica.
Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla
Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Políticos a la justicia
A la falta de trabajo, se suman ahora las amenazas autoritarias que han forzado al exilio a jueces y fiscales que llevaron ante la justicia a políticos, funcionarios y empresarios acusados por corrupción. En los últimos meses, columnistas y periodistas también han tenido que irse. Estos ramalazos autoritarios, que se aceleraron durante el Gobierno actual de Alejandro Giammattei, preocupan a parte del sector empresarial. Temen que, además de seguir forzando a los guatemaltecos al exterior, ahuyente las inversiones.
Rodrigo Salguero, el presidente del Consejo Nacional Empresarial (CNE), un grupo que surgió hace dos años con la visión de generar desarrollo en condiciones de igualdad, considera que no es posible atraer inversiones a un país sin institucionalidad democrática o como sucede ahora, bajo “una confederación de actores e instituciones, muy bien manejadas por el presidente, para anular candidaturas o perseguir a ciudadanos”. Para él, en el país existe una erosión de la libertad de expresión. “Expresarnos es un peligro, porque nos pueden armar un caso y meternos a la cárcel”, agrega.
“La gente ya no solo está migrando por la precarización de la vida, sino quienes trabajan y tienen ingresos ven las desventajas de vivir en un país donde la corrupción se come mis tributos y no me los devuelve con servicios, con obras… y para colmo, pareciera que ya no se puede quejar”, relata la economista Escobedo.
La ausencia de trabajadores calificados también se resiente en el sector agrícola, la principal actividad productiva en Guatemala. “En el campo nos estamos quedando sin personas capacitadas para trabajar en la producción agrícola, porque la mayoría prefiere migrar. La gente está huyendo porque no se garantizan los derechos mínimos para vivir en un país dominado por el autoritarismo”, agrega Salguero.
Gobierno actual
Para cubrir las necesidades básicas de un hogar en Guatemala se necesita de 1.100 dólares al mes, según el costo de la canasta básica estipulado por el Instituto Nacional de Estadística. Pero el salario mínimo mensual ronda los US$425 en la ciudad y diez dólares menos para las actividades agrícolas. Después de un año de aumento generalizado de precios, en 2022 la inflación cerró en 10 por ciento, la más alta en los últimos 14 años.
Una visión distinta tiene la cúpula empresarial, que considera que las elecciones son una prueba de que no existe autoritarismo, un peligro que el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Ignacio Lejárraga, sí que ve en otros países de la región. “El seguro que uno puede tener para que ese tipo de autoritarismos no llegue al país es que exista libertad de que haya un proceso electoral y que se pueda elegir a las personas idóneas”, asegura el líder gremial.
El actual presidente Alejandro Giammattei es un político y médico que ocupa el poder desde el 14 de enero de 2020.
Alejandro Giammattei
Antes se desempeñócomo director del Sistema Penitenciario de Guatemala entre 2005 y 2007, además de haber participado de las elecciones generales de 1999 y 2003 como candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala y en las elecciones generales de 2007, 2011 y 2015 como candidato presidencial.
Giammattei ha mantenido una posición en favor de la pena de muerte y el uso militar en la seguridad ciudadana, pero durante su gobierno no lo ha implementado; y es contrario al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es considerado conservador y de derecha.
En las elecciones de agosto de 2019, triunfó frente a la candidata Sandra Torres
La represión
Además, en los últimos diez años, las instituciones en Guatemala enjuiciaron a decenas de criminales de cuello blanco, esto provocó que ellos organizaran una contraofensiva brutal cuyo resultado ha supuesto una condena contra José Rubén Zamora, uno de los principales periodistas del país, y prisión contra la fiscal Virginia Laparra, presa de conciencia por Amnistía Internacional, y el exilio de más de un centenar de personas, entre los que se cuentan decenas de operadores de justicia, periodistas y activistas perseguidos por ser considerados incómodos.
El clima represivo que se ha implantado es tal que ha implicado que Guatemala integre, junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua –por segundo año consecutivo–, la lista de países del hemisferio que viola los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta criminalización ha sido impulsada por quienes se autodenominan como “derecha”, implantando en el país las mismas tácticas represivas que le achacan a los totalitarismos de izquierda.
Los guatemaltecos regresarán a las urnas el próximo 20 de agosto para votar en segunda vuelta quién será su próximo presidente. La contienda es entre la ex primera dama Sandra Torres y el diputado Bernardo Arévalo. En Panorama Mundial, el experto político Alberto de Aragón analizó la contienda electoral de Guatemala y vaticinó sobre qué puede pasar en el país centroamericano.
En el camino hacia la segunda vuelta se espera que se mueva mucho dinero, redes clientelares, narcotráfico, desinformación y el empuje de todo el crimen organizado contra Bernardo Arévalo. Sin embargo, este imprevisto desenlace electoral le ha dado al país un nuevo aire de esperanza, pues el arrastre de Semilla, que se potenció tras las protestas de 2015, incluyó a jóvenes que impulsaron marchas desde las universidades y que ahora integrarán el Congreso. Una fuerza política que se ha venido organizando y activando, en protestas, colectivos sociales y en liderazgos, y que ha mantenido oposición crítica todos estos años ha encontrado finalmente un lugar donde pueda ser representada. Uno de los ofrecimientos de Arévalo el día de las votaciones fue trabajar con los jueces y fiscales en el exilio para revitalizar la lucha anticorrupción.
La candiata de la derecha y el emprsariado es Sandra Torres, esposa de quien fuera presidente de Guatemala entre 2008 y 2012 Álvaro Colom Caballeros en representación del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
ESCÁNDALO CHILE: HAY PEDIDO DE CABEZAS PERO ÉSTAS NO RODARÁN , SALVO QUE…..
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