El controversial acuerdo de la
Unión Europea con
la dictadura
en Cuba vuelve a
la palestra, luego de que el Partido Popular de España presentara una
querella por la continuidad del incumplimiento al respeto de los derechos
humanos universales en la isla caribeña.
El acuerdo bilateral de la Unión Europea con el régimen cubano, restablecido en 2017, apela por la colaboración económica y política con el apéndice incluido “respeto a los derechos humanos universales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes sobre derechos humanos”.
Reportes sistemáticos procedentes de Cuba reconfirman la continuidad de una doctrina autoritaria que suma más de seis décadas e impide el desarrollo de agrupaciones políticas y sindicales autónomas e incluso imparciales, así como manifestaciones populares, que conllevan a la persecución de quienes difieren del Gobierno cubano, la cárcel y el exilio forzoso.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados de España presenta una iniciativa que solicita al Gobierno español de Pedro Sánchez la realización de las acciones necesarias para la suspensión del denominado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba (ACPC).
La propuesta asume el llamado realizado por las organizaciones de oposición cubana participantes de la plataforma Pasos de Cambio en octubre ante la profunda crisis humanitaria y de represión política desatadas por la dictadura cubana.
Es previsible que la iniciativa comience a
debatirse el 9 de diciembre en la sede del Congreso nacional español en Madrid.
La iniciativa se refiere al reciente éxodo cubano, que califica de "histórico", y a más de 1.000 presos políticos agregados a la larga cadena represiva de una dictadura que cumple 66 años en enero.
“En los últimos meses, la crisis económica se ha
agudizado con los constantes apagones de electricidad, afectando a casi toda la
isla y añadiendo un nuevo elemento de desesperación del pueblo cubano”, plantea
la propuesta.
La presentación alude a la crisis energética que dejó a millones de cubanos “sin acceso a electricidad, agua potable, internet o transporte”. Pero subraya que “éste no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de décadas de comunismo y del inmovilismo de un régimen que no garantiza los derechos básicos de la población”.
“Es el momento de escuchar a la sociedad civil cubana”, afirma el texto de la iniciativa que se hace eco de la declaración impulsada por Pasos de Cambio que ha sido firmada por una veintena de representantes de la sociedad civil cubana.
En el documento se advierte que “Cuba vive en condiciones de estado fallido” y llama a “los gobiernos democráticos a parar toda forma de financiamiento del aparato represivo en Cuba y a presionar a los dictadores para que se sometan a la voluntad de cambio democrático de la ciudadanía”.
En resumen, la propuesta parlamentaria solicita al Gobierno español proceder con la suspensión del acuerdo europeo de colaboración mediante “la activación del artículo 85, apartado 3, letra b) del Acuerdo de Diálogo de Político y Cooperación con Cuba, hasta que el país ofrezca garantías de avance en el respecto de los derechos humanos”.
Asimismo, tal como solicita la declaración
impulsada por Pasos de Cambio,
la proposición solicita al Gobierno español la condena a las crecientes
violaciones de los derechos humanos, la liberación inmediata de los presos
políticos, el seguimiento del número de presos con nacionalidad española y la
solicitud de información sobre las acciones a favor de la democracia y los
derechos humanos por parte de las embajadas españolas.
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