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viernes, 13 de diciembre de 2024

DIECIOCHO PAÍSES LATINOAMERICANOS SE UNEN PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO


El ministro chileno de Justicia, Jaime Gajardo, resaltó en una entrevista con Radio Pauta de Santiago desde la capital de Barbados, Bridgetown, que la próxima creación del Gobierno de Gabriel Boric será una Fuerza Especial de Máxima Seguridad en Gendarmería para permitir enfrentar el crimen organizado con más y mejores herramientas.

El crimen organizado es una de las máximas preocupaciones que deben enfrentar los países debido al impacto que provoca en la seguridad, la violencia asociada y los efectos económicos por la cantidad de dinero que mueve ilegalmente. Este próximo desafío fue expuesto en Pauta por el ministro en una entrevista exclusiva.


El secretario de Estado reconoció que “las propuestas sobre este tema de Evelyn Matthei --exalcaldesa de Providencia y muy posible candidata de la derecha (hoy en la oposición) a la Presidencia de la República en las elecciones presidenciales de 2025-- van muy alineadas con las que tiene actualmente el Gobierno” (de izquierda) en Chile.

Gajardo se encuentra actualmente en Barbados, donde participó junto a otros 17 países latinoamericanos y del Caribe para suscribir una Alianza por la Justicia, la Seguridad y el Desarrollo que contará con el apoyo y patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Uno de los grandes problemas que tenemos es que esta criminalidad está organizada transnacionalmente; la banda que opera en Chile también lo hace en Ecuador y en Colombia y además tienen conexiones para utilizar las debilidades de los distintos estados para enfrentar el crimen organizado”, sostuvo Gajardo.

En este sentido, destacó que el acuerdo de Barbados permitirá impulsar un sistema como Ecris (European Criminal Records Information System),  que permite “saber si una persona que ingresa a un penal ya ha estado antes en otro penal a través de la interconexión de las bases de datos“.

En Europa Ecris está compuesto por: Un programa informático que interconecta las bases de datos de antecedentes penales nacionales y es una infraestructura de comunicación cifrada que es responsabilidad de la Comisión Europea.

El ministro Gajardo declaró que el sistema “efectivamente en el sistema carcelario de América Latina, muchas de las bandas de crimen organizado han surgido desde las cárceles, por ejemplo, el Primer Comando Capital (PCC) en Brasil, o se han fortalecido desde los establecimientos penitenciarios, como el Tren de Aragua en Venezuela”.


Alianza de Barbados

Dieciocho países de América Latina y el Caribe (ALC) lanzaron en Bridgetown, Barbados esta semana la Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo, en una conferencia promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta alianza sin precedentes une a gobiernos, organizaciones multilaterales y sociedad civil para hacer frente al crimen organizado.

La Alianza operará sobre tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados y flujos financieros ilegales. Los países que se unieron a esta Alianza son Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.

“El crimen organizado opera a través de fronteras y exige una acción regional audaz y coordinada. Una mejor colaboración es fundamental para proteger a las comunidades, fortalecer las instituciones y capacidades, y desincentivar las actividades ilícitas en toda la región”, subrayó el presidente del BID, Ilan Goldfajn. “La Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo permitirá concretar asociaciones estratégicas y movilizar recursos esenciales para amplificar el impacto de los esfuerzos de nuestros países en abordar el crimen organizado”.

La Alianza estará dirigida por un comité directivo y tres grupos de trabajo técnicos en los que participarán más de 20 países. Estos grupos ya están avanzando en iniciativas específicas como la reducción de la violencia y el tráfico en comunidades en riesgo, la mejora de los sistemas de seguridad a través de la tecnología y la colaboración, y la reducción de los mercados ilícitos con herramientas y coordinación avanzadas.

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