KRADIARIO

LA HAYA-CHILE-BOLIVIA-KRADIARIO

DEMANDA DE BOLIVIA CONTRA CHILE EN EL TRIBUNAL DE LA HAYA

EL PEOR DE LOS MUNDOS POSIBLES

Por Rafael Luis Gumucio Rivas

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La guerra del salitre, (1879-1883),  no es un episodio histórico que se ha extinguido con el pasar del tiempo, por el contrario, las consecuencias de cesiones territoriales, en  los Tratados de 1904, con Bolivia, y  de 1929, con Perú, se mantienen hasta nuestros días. En el caso de Bolivia, se pensó en poner en cuestión la validez del Tratado de 1904 sosteniendo que, en su época, el gobierno de La Paz fue presionado por Chile, no sólo para que lo firmara, sino también para que lo ratificara el Congreso.

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Es evidente que ambos gobiernos – de Morales y Piñera, respectivamente – recurren al chauvinismo para afirmar su posición en el conflicto político interno; en el caso del Presidente chileno, se sabe muy bien que los dos candidatos de su conglomerado están derrotados de antemano, y el único argumento que les resta el  exacerbado nacionalismo que, a su vez, pretenden transmitir al electorado. En el caso del Presidente Morales, el despertar del nacionalismo produce muchos réditos en el pueblo boliviano; en este plano, ha llegado a  excesos tales como reivindicar la soberanía de Antofagasta y Calama.

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Aún no conocemos el contenido del documento que presentará (esta semana)  Bolivia ante el Tribunal de la Haya, pero se presume que planteará un término jurídico referido al derecho a las “expectativas”, es decir, que Chile ha ofrecido, en reiteradas ocasiones, entrega territorial con soberanía a Bolivia, como son los casos del Presidente Domingo Santamaría, que ya en el siglo XIX ofreció Tacna y Arica, antes de que fueran repartidas, en 1929, la primera para Perú y la segunda, para Bolivia. Durante el gobierno de Gabriel González Videla, en 1948, se planteó la entrega de una franja  soberana, a cambio del aporte energético por parte de Bolivia. En 1975, en acuerdo las dos dictaduras militares – de Bánzer y Pinochet – Chile entregaría una franja territorial en una línea cercana a la actual frontera con Perú. Por último, la “hoja de ruta”, de trece puntos, que establecieron los gobiernos de Michelle Bachelet y Evo Morales, que incluía el tema de una salida al mar para Bolivia, negociación estancada por el gobierno de Sebastián Piñera.

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En el plano de las expectativas, el gobierno boliviano reclama por haber sido engañado con promesas que nunca se llevaron a la práctica, sin considerar que la oposición de Perú hizo  imposible que el acuerdo de Charaña se llevara a cabo, recurriendo al Tratado de 1929 que señala que toda cesión territorial, cercana a la línea de La Concordia, debe ser acordada entre los dos países – Perú y Chile -.

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Nuestro país podría rechazar la jurisdicción del Tribunal de La Haya en la demanda boliviana, pero esta acción sería sumamente riesgosa, pues el Tribunal continuaría tratando el conflicto sin la presencia de uno de los litigantes. Otra posibilidad es que la demanda boliviana se base en el incumplimiento del Tratado de 1904; en este plano, el Tribunal, eventualmente, podría exigir a Chile el cumplimiento de aquellos aspectos del Tratado no efectuado, pero en ningún caso podría  anular el Tratado mismo.

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La perspectiva de anular los Tratados, vía Tribunal Internacional, provocaría, tanto en Europa, como  en América, un verdadero caos, pues dejaría nulas todas las cesiones de territorio producto de conflictos bélicos internacionales. Me parecería difícil que Bolivia planteara en el documento una anulación completa del Tratado.

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Dejando de lado el aspecto jurídico, estamos en el peor de los escenarios posibles en las relaciones  con los países hermanos de Perú y Bolivia, con los cuales, si se restablecieran las relaciones de buen vecino, podríamos construir un polo cultural, económico y político de gran poder en América Latina, capaz de profundizar la necesaria unidad de los países del Cono Sur. La política de nuestra Cancillería, hoy dirigida por la derecha nacionalista, no puede ser más funesta.