OPINIÓN-COLUMNA DE PEÑA-KRADIARIO
POLÍTICA ACANTINFLADA
Por Carlos Peña (*)
¿Seguirán los miembros de la Nueva Mayoría y el Gobierno con
el alma en un hilo, temiendo que cada nueva revelación de Martelli o de
cualquier otro los envuelva o los salpique?
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Es de esperar que no.
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Pero para eso es indispensable reconocer de una vez lo
obvio: los políticos profesionales (Peñailillo es el ejemplo paradigmático)
debían pagar sus obligaciones alimentarias y para eso remunerarse de algún modo
(si bien Jaime Guzmán creía en la existencia de seres angélicos que carecen de
necesidades, es de esperar que nuestros políticos no). ¿De dónde obtenían el
dinero? Ya se sabe, pero con estúpida persistencia se sigue negando: de las
empresas.
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A diferencia de quienes donan su tiempo a la política (v.gr.
quienes integraron comisiones programáticas), los políticos profesionales
(Weber los definió de manera inmejorable como quienes viven de la política y
para la política) se pagan con ella. Para eso organizan una empresa (este es el
caso de la que conducía Martelli) cuya única tarea es colectar los fondos que
se han reunido de múltiples donantes. Para incorporar los fondos donados a la
empresa se emiten facturas y así la empresa donante oculta la donación, o la
descuenta de su base impositiva, o ambas cosas.
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De esa manera todos ganan. Los políticos profesionales
tienen con qué vivir; las empresas adquieren un vínculo hacia los que tendrán
en sus manos el poder; la sociedad se alimenta con ideas acerca del manejo del
Estado. El mecanismo no es raro en la experiencia comparada (los political
action committees de la política norteamericana son distintos, pero cumplen una
función parecida).
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¿Se han cometido delitos?
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No necesariamente.
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Un grupo de personas tiene derecho a dedicarse a promover
ideas y otro grupo, si quiere, a financiarlas mediante una donación e incluso a
disfrazar a esta última. En la relación entre ambos no se comete delito alguno
mientras el donante no exija decisiones a cambio (si lo hiciera, habría
soborno), o el político se comprometa a adoptar una decisión (si lo hiciera,
habría cohecho). Pero salvados los casos de soborno o cohecho, en la relación
entre donante y donatario no hay delito alguno.
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Otra cosa es lo que ocurre con el destino de las facturas.
Si se declaran como gasto para producir la renta, hay rebaja de la base
impositiva y perjuicio fiscal. Si en cambio se dejan como constancia de un bien
que simplemente se compró (un informe cualquiera) y no hay perjuicio fiscal es
difícil sostener que exista también un delito.
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¿Cuál es, entonces, la grave amenaza que parece latir en las
declaraciones de Martelli?
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No es penal, es política.
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Pero, como suele ocurrir, en política se trata de un peligro
que es consecuencia de las propias acciones u omisiones de quienes hoy día
aguantan la respiración cada vez que escuchan el nombre de Martelli. Porque el
problema en este caso es el esmerado ocultamiento que se ha hecho de estas
relaciones, procurando una y otra vez o que ellas no existen (fue el caso de
Peñailillo), o que carecieron de relevancia propiamente política (es el caso de
quienes niegan lo que se ha llamado precampaña); o que esas relaciones aún
saltando a la vista de todos, solo no fueron advertidas por la Presidenta (que
es lo que ahora se dice).
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Todas esas explicaciones no convierten a la política en una
actividad corrupta sino que arriesgan transformarla -lo que quizá sea peor- en
una actividad cantinflesca, con ribetes payasos, en un quehacer que consiste en
inventar explicaciones altisonantes que sustituyen la falta de verdad por la
abundancia de palabras y de giros que acaban subrayando lo que, torpemente, se
pretende ocultar.
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El problema que se está enfrentando con el caso Martelli,
entonces, no está relacionado tanto con el valor de la justicia como con la
importancia de la verdad en política. Aristóteles definía la verdad de una
forma enrevesada pero inmejorable: decir de lo que es, que es, es verdadero;
decir de lo que no es, que es, es falso. Traduciendo el asunto a la política de
hoy: decir que no hubo precampaña cuando se voceaba el nombre de Bachelet y se
preparaba un programa, es falso; declarar que quienes se pagaban con boletas de
la empresa de Martelli prestaban servicios independientes, es falso; insistir
en que la Presidenta nada sabía ni nada pudo saber es, también, falso.
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En todos esos casos se dice de lo que es, que no es. Se
niega la verdad que salta a la vista de todos.
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Y ese sí que es un problema.
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(*) El autor es columnista estable de El Mercurio
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