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EL FIN DE LA RED QUE INSTALÓ PEÑAILILLO EN LOS MINISTERIOS PARA EJERCER EL CONTROL

         INVESTIGACIÓN DE CIPER CHILE

Uno de los sellos de Bachelet en su primer gabinete fue la ausencia de un segundo piso empoderado, con asesores de experiencia que hiciera el seguimiento de las metas sectoriales. El control político lo ejercía el ex ministro Rodrigo Peñailillo a través de una red de personas de su confianza que instaló en puestos estratégicos y que le reportaban directamente. La mayoría forma parte de la G-90 del PPD, el grupo generacional que lidera Peñailillo y que ahora enfrenta un duro momento. Ese modelo es hoy objeto de una fuerte crítica que alcanza a quienes integraban esa red en distintas reparticiones.

Alguna vez los llamaron “los maletines”. El mote, que en el PPD achacan a Jorge Schaulsohn en el momento de su quiebre con ese partido, se refería a un grupo de jóvenes militantes, entonces bastante desconocidos, que empezaban a ocupar cargos estratégicos pero de tercera línea en los gobiernos de la Concertación. Referirse a ellos como los funcionarios que llevaban los maletines de sus jefes era una forma de mofarse de quienes empezaban a emerger como la generación de recambio en el PPD, conocida como la G-90. Ya entonces su líder era el ingeniero comercial Rodrigo Peñailillo. Hoy el futuro político del grupo aparece atado a su salida del gobierno.

Lejos de ser un estigma, la G-90 convirtió “los maletines” en un estilo de hacer política. “Crecieron al alero del Estado”, resume un dirigente del PPD, en oposición a los militantes que hacen carrera a través de puestos de elección popular o vida partidaria. Se consideraban los encargados de hacer los cambios estructurales que no hizo la generación anterior y se mostraban orgullosos de su origen meritocrático, con un fuerte componente de militantes provenientes de regiones y formados en liceos públicos. Por su forma de funcionamiento, también generaban distancia con otros grupos, que los veían como demasiado cerrados, casi endogámicos. “Eran un grupo estructurado, que tenía jefatura, pero no te dejaban entrar si alguno de ellos no te presentaba”, recuerda una ex dirigente de la Juventud del PPD.

El estilo de la G-90 se coronó el 14 de marzo de 2014 cuando Rodrigo Peñailillo asumió a los 40 años como ministro del Interior y Seguridad Pública, el más joven jefe de gabinete desde el regreso a la democracia. ¿Qué hizo entonces? No sólo instaló a personas de confianza en su propio equipo, sino que desplegó una red de funcionarios en puestos secundarios pero clave de los principales ministerios. Ahí los anónimos integrantes de la G-90 se transformaron en protagonistas, aunque siempre en la tercera línea, con una fuerte presencia en las jefaturas de gabinete ministeriales y otros cargos estratégicos.

11 de Mayo de 2015, Rodrigo Peñailillo deja el Ministerio del Interior

De alguna manera el diseño de Peñailillo reemplazó la presencia de un segundo piso presidencial fuerte, como había sido tradicional hasta ahora, centralizando todo en Interior. La estrategia buscaba tener un flujo constante de información de lo que pasaba en las distintas reparticiones de gobierno, de modo de mantener la coordinación y hasta cierto grado el control político desde la jefatura de gabinete del gobierno. Hay algunos nombres conocidos, como Harold Correa o Flavio Candia, pero lo cierto es que son decenas de profesionales instalados en todo el aparato público. “Fue un modelo de trabajo”, explica un dirigente PPD que conoce de cerca al grupo.

Pero el de Peñailillo era un modelo personalista, que empezó a resquebrajarse al irrumpir en la investigación de cómo Soquimich financiaba ilegalmente la política, una arista insospechada: la empresa de Giorgio Martelli y sus pagos a través de boletas a Peñailillo y algunos de sus hombres de confianza en el gobierno. La sospecha que surgió de inmediato fue que esos pagos corresponden a servicios prestados durante la precampaña de Michelle Bachelet. Conscientes del cuestionamiento que se avecinaba, los militantes de la G-90, que funcionaron siempre como un grupo autónomo, intentaron revitalizar sus lazos con el PPD en busca del apoyo institucional.

El sábado 18 de abril organizaron un inédito encuentro en el hotel Gran Palace. A la llamada cita del “Progresismo 2015” invitaron a exponer al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, al entonces diputado y hoy ministro de la Presidencia, Jorge Insunza, y al vicepresidente y tesorera del PPD, René Jofré y Pía Castelli respectivamente. Desde la G-90 replican que se trató de una convocatoria transversal. Los asistentes consultados por CIPER lo interpretaron como un intento de acercamiento del grupo y lo claro es que el partido les prestó apoyo hasta el final. Aun así, la estructura diseñada por Peñailillo se derrumbó definitivamente este lunes 11 de mayo, cuando la Presidenta lo removió del Ministerio del Interior.

MARTELLI, HAROLD’S AND JOHNS

La figura de Peñailillo comenzó a tambalear durante febrero, por dos hechos aislados pero igualmente complejos. El 6 de febrero la revista Qué Pasa destapó el negocio inmobiliario de Caval, la empresa de la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon. Con Bachelet de vacaciones, fue el ministro del Interior quien enfrentó la primera etapa de la crisis, lo que terminó finalmente con un cuestionamiento severo por no haber instado a la Presidenta a volver a Santiago y por la forma en que su hijo Sebastián Dávalos terminó renunciando a la jefatura del área sociocultural de La Moneda. Aunque la crisis no amainó, el ministro se fue de vacaciones. Muchos identifican ese momento como el inicio de una guerrilla interna de Peñailillo con el subsecretario del Interior,Mahmoud Aleuy (PS), por el manejo de los conflictos, disputa que se fue acrecentando hasta llegar a un límite insostenible en mayo.

Por esos días, el escándalo por el financiamiento irregular de la política comenzaba a tomar un nuevo rumbo. La investigación del Ministerio Público giró desde el Grupo Penta hacia Soquimich (SQM), empresa que también realizó pagos en negro para campañas políticas. El financiamiento ilícito dejaba de ser un problema exclusivo de la oposición y en La Moneda se encendieron las alarmas por el alcance que podía tener la investigación si seguía avanzando. Peñailillo lideró entonces un acuerdo político de todos los sectores que fue visto como un intento de bajar el perfil de las irregularidades para detener la debacle. Bajo cuerdas, el ministro del Interior, aliado con su par de Hacienda, Alberto Arenas, hacía intentos por evitar que el Servicio de Impuestos Internos avalara los avances de la fiscalía.

Peñailillo sabía perfectamente los riesgos de que aquella investigación avanzara. La hebra de SQM llegaba a Giorgio Martelli, recaudador de las campañas de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, quien había recibido pagos de la minera a través de su empresa Asesorías y Negocios (AyN). El 2 de abril, a pesar del freno que intentaron imponer Peñailillo y Arenas, el SII amplió su querella contra Soquimich, y le pidió al Ministerio Publico investigar a 173 personas y empresas como receptoras de pagos que en la contabilidad de SQM no tenían respaldo. A partir de ese momento ya nadie podría parar la investigación.

Harold Correa

El 16 de abril, The Clinic reveló que Peñailillo había emitido cuatro boletas, por $ 4 millones cada una, a la empresa de Martelli. Dos semanas más tarde, el mismo medio publicaría una lista más extensa, que incluía a los principales asesores de Peñailillo y Arenas, quienes recibieron pagos durante el periodo de pre campaña. La estocada final la publicaría el mismo The Clinic el 6 de mayo, al dar a conocer que, mientras recibía pagos oficiales del comando de Bachelet a través de la empresa SOMAE, Peñailillo boleteó a Harold’s& Johns Business &Law, una empresa de su amigo en la G-90, Harold Correa, a quien puso como jefe de gabinete del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

Las explicaciones de Peñailillo resultaban a todas luces insuficientes. Como último esfuerzo dio a conocer los supuestos informes realizados por esos pagos al diario La Tercera, desatando inmediatamente las críticas: resultaban inverosímiles por su similitud con párrafos publicados en internet.

Intentando enfrentar el flanco comunicacional, en paralelo se hizo una maniobra desesperada. Junto al ministro Arenas buscaron aplazar al menos el avance de la investigación de la Fiscalía, nuevamente a través del Servicio de Impuestos Internos. Con el cambio de gabinete ya anunciado, la revelación de las presiones sobre el SII hizo insostenible la permanencia de Peñailillo y Arenas, quienes habían sido los puntales del programa y la campaña de Michelle Bachelet.

EL CASTILLO DE NAIPES

La jugada que puso a Harold Correa en el Ministerio de Educación significó mover una pieza importante del esquema cuidadosamente diseñado por Rodrigo Peñailillo para tener el control del gabinete. Ocurrió en junio de 2014, cuando el ministro Eyzaguirre se encontraba en su punto más bajo por las críticas a su manejo de la reforma educacional. Correa, que se desempeñaba como asesor en la Presidencia, fue enviado entonces a apoyarlo.

Harold Fabián Correa Angulo (39) es el más político de los militantes destacados de la G-90 y uno de los más cercanos al ex ministro del Interior, a quien conoció cuando ambos participaban en la Confech. Fue en la juventud del PPD, con Peñailillo como presidente y Correa como vicepresidente, que se hicieron notar ante dirigentes históricos como Sergio Bitar y Francisco Vidal, quienes se convirtieron en sus padrinos políticos. Eran “laguistas” y enemigos del “girardismo”, tendencia a la cual se han acercado con el tiempo.

Tras un fuerte trabajo territorial durante la campaña presidencial de Ricardo Lagos, en marzo de 2000 Vidal los fichó para su equipo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Junto a Correa y Peñailillo, llegaron Cristián Riquelme y Adolfo Galindo.

Cristián Riquelme

Quienes trabajaron en la Subdere en esa época recuerdan que el grupo generaba ruidos internos entre los funcionarios de la repartición: nadie sabía muy bien qué responsabilidades laborales tenían y se los veía como operadores políticos con sueldos gubernamentales. Varias veces Vidal recibió quejas y les llamó la atención, pero valoraba su capacidad ejecutiva y su lealtad. No dudó en recomendar a Peñailillo cuando en 2002 le pidieron nombres para un cambio de gobernadores. Si bien sugirió a Peñailillo para Concepción, terminó asumiendo en Arauco. Ahí conoció al socialista Camilo Escalona, quien junto a Bitar y Vidal sería clave en su acercamiento a Bachelet.

El camino de sus ex compañeros de la Subdere sería el tradicional de la G-90: tras bambalinas. Harold Correa, magallánico y abogado de la Universidad de Chile, fue dos veces jefe de gabinete de Sergio Bitar, primero en el Ministerio de Educación y luego en el de Obras Públicas. También lo fue de Ricardo Lagos Weber en la Secretaría General de Gobierno, pero tuvo que renunciar en 2006 tras verse vinculado al desvío de fondos desde Chiledeportes a campañas del PPD.

Comenzó entonces a explotar su veta privada. En 2007 creó junto a Alex Matute Johns la sociedad Harold’s & Johns Business & Law y un año después Harold’s & Johns Investments. La primera de ellas recibió y pagó boletas de honorarios de Peñailillo entre 2011 y 2013 por más de $41 millones. Correa tiene además, otras dos sociedades. En 2012 volvió al sector público, como jefe de gabinete de la actual alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá. Ese mismo año emitió boletas a la empresa AyN, de Giorgio Martelli. Luego se convirtió en uno de los primeros de la G-90 en desembarcar en el segundo gobierno de Bachelet: primero, entre marzo y junio de 2014, como asesor del gabinete de la Presidenta, con un sueldo bruto de $6,4 millones; luego como hombre de confianza de Peñailillo a la cabeza del gabinete de Eyzaguirre, donde actualmente percibe ingresos brutos por $5,3 millones.

Aún no está definido su futuro. Su rol de interlocutor político entre Eyzaguirre y Peñailillo era la razón de su presencia ahí y, por lo tanto, ya no se justifica. Además, su situación se ve agravada por los cuestionamientos por las boletas.

Fernando Adolfo Galindo Fuentes (40), más conocido por su segundo nombre, fue de los G-90 que formaron parte activa del primer gobierno de Bachelet y es muy cercano a una de sus principales recaudadoras, Carolina Echeverría. Entre 2006 y 2007, cuando Echeverría era subsecretaria de Marina, Galindo fue su jefe de gabinete. Los siguientes años, hasta mayo de 2010, los pasó en La Moneda, como funcionario de apoyo en la avanzada presidencial. Ganaba poco más de $1,8 millones. Poco después de su salida, en julio de ese mismo año, se asoció con Echeverría y Loreto Cabrera -esposa del ex subsecretario Patricio Rosende y actual jefa de Recursos Humanos de Interior- para crear la sociedad comercial Colectivo 9010 S.A.

En la segunda campaña de Bachelet, Galindo fue parte del equipo que preparó el arribo de la mandataria desde Nueva York. SOMAE, la empresa creada en abril de 2013 especialmente para hacerse cargo de la logística de la campaña, le pagó al menos dos sueldos de $1,8 millones por su participación en la primera vuelta. Tras la victoria de Bachelet, Galindo se convirtió en el hombre que Peñailillo puso en el Ministerio de Minería, como jefe de gabinete de Aurora Williams. Ahora, tras la salida del “hijo político” de Bachelet, en el PPD apuestan porque la cercanía que Galindo ha logrado con la ministra Williams le permita mantener su cargo. Como ella no tiene redes políticas, Galindo se ha convertido en un activo importante para la ministra. Es, además, el único de la G-90 que ocupa un cargo en la orgánica del PPD, como miembro de la comisión política.

En 2014, Cristian Gonzalo Riquelme Urra (42) volvió a ocupar el mismo cargo que ostentó durante todo el primer gobierno de Bachelet: director administrativo de la Presidencia. También es el rol que cumplió en el comando de la última elección presidencial: administrador de SOMAE. Es de la facción de la G-90 que proviene de la VIII Región. Según reportes de prensa, conoció a Peñailillo en la educación media, cuando ambos estudiaban en el Liceo A-49 de Coronel. Desde entonces son amigos. Luego, los dos coincidieron en la Universidad del Bío-Bío, donde Riquelme estudió Ingeniería Civil Industrial. Ahí fue compañero de Flavio Candia, con quien crearía más tarde dos empresas: Greentec Ltda. (2008) y Asesorías e Inversiones Nido de Águila SpA (2014). Sólo de la segunda sigue siendo socio activo. Riquelme cursó un magister en gerencia pública en la USACH. Como administrador de La Moneda, recibía en 2010 $5 millones brutos. Hoy su sueldo en el mismo cargo es de $7,3 millones, sólo ligeramente superior al de su antecesor en el gobierno de Sebastián Piñera.

EL CÍRCULO DE HIERRO DE INTERIOR

En la larga nómina de asesores que Rodrigo Peñailillo fichó para el Ministerio del Interior, se identifica a dos como los más influyentes en sus decisiones políticas. Quienes cuestionan la gestión del ex ministro ven en ambos las huellas de consejos que demostraron mal manejo de las situaciones de crisis.

Robinson Pérez

Pese a que Robinson Erbert Pérez Vera (58) era el que más se alejaba del perfil político y generacional de la G-90, se convirtió en pieza clave del modelo de Peñailillo. Asumió en marzo de 2014 como jefe de asesores del Ministerio del Interior y rápidamente fue notorio que era su principal consejero. Era sin duda el más experimentado del gabinete ministerial. Militante socialista, vivió el exilio en la ex RDA, donde conoció a Michelle Bachelet. Comenzó a asesorarla cuando era ministra de Salud y durante su primer mandato trabajó en la Secretaría General de Gobierno. En 2010 emigró a la Fundación Dialoga, junto al bacheletismo duro, pero no fue hasta la segunda campaña que su figura apareció públicamente como un actor importante del diseño político comunicacional, reemplazando a lo que hacía Juan Carvajal en su primer gobierno. Pero una vez de regreso a La Moneda, se ubicaría en Interior, junto a Peñailillo. Según The Clinic, Pérez entregó boletas a la empresa de Martelli entre 2012 y 2013. Durante la campaña recibía un sueldo de de $1,9 millón de SOMAE y en el gabinete del ministro ganaba $ 6 millones.

Flavio Hernán Candia Gallardo (41) fue el encargado de la Unidad de Análisis Estratégico del Ministerio del Interior, pero sus responsabilidades excedían lo que puede sugerir el cargo. Su misión principal era anticiparse a las crisis y gestionar su resolución. Se hizo amigo del ex ministro del Interior en la Universidad del Bío-Bío, donde estudió Ingeniería Civil Industrial: Candia fue su brazo derecho en la Federación de Estudiantes y luego su sucesor como presidente.

Es parte de la G-90 y antes del primer gobierno de Bachelet hizo campaña por ella desde Holanda, donde cursó un MBA, pero su carrera no ha sido política. Su nombre aparece entre los socios de seis sociedades distintas, y en tres de ellas hay vínculos políticos. En Stoas Agri Business Chile, creada en 2000, figura como socio del diputado Ricardo Rincón (DC). En un documento presentado a Corfo en 2008, aparece representando a Harold’s & Johns, la empresa de su amigo Harold Correa. Ese mismo año registró a su nombre el sitio web Accesspharma.org y en 2012 fue nombrado gerente regional de ventas para América Latina de Missionpharma A/S, una empresa danesa proveedora de fármacos genéricos y dispositivos médicos.

Luego crearía otras dos sociedades con miembros de la G-90: en Greentec Ltda. (2008) compartió propiedad con el administrador de La Moneda Cristián Riquelme y con el experto en Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Eduardo Varela Arredondo, aunque sólo hasta enero de 2013, cuando Candia se retiró. En junio de 2014, volvió a asociarse con Cristián Riquelme para crear Asesorías e Inversiones Nido de Águila SpA. Para entonces ya estaba instalado en el Ministerio del Interior como uno de los asesores más cercanos a Peñailillo y miembro del comité de crisis. Candia emitió boletas para AyN de Giorgio Martelli durante 2013. Ese mismo año SOMAE le canceló una remuneración de $1,3 millón durante la campaña. En Interior sus honorarios alcanzaban los $5,3 millones.

Entre los cuestionamientos que se le hacen a Candia en el gobierno está su mal manejo de las crisis vinculadas al mundo indígena. Se menciona el reciente viaje a Isla de Pascua, donde la tensión en vez de disminuir, aumentó; el auspicio de una asociación de alcalde mapuches con respaldo estatal, que generó fuerte molestia de parte de otros ediles “huincas” que gobiernan comunas con alta población mapuche; y, recientemente, la criticada compra del fundo del empresario Carlos Heller por parte de la Conadi.

Estas críticas dan cuenta de una consecuencia directa del “modelo Peñailillo”, que puso en la Conadi a Alberto Antonio Pizarro Chañilao (40), considerado un satélite de la G-90. Los conflictos indígenas no pasaban por el Ministerio de Desarrollo Social, de quien depende la Conadi, sino que se manejaban directamente desde Interior. Ahí la coordinación estaba en manos de Candia, quien era secundado por su ex socio en Greentec, Eduardo Varela (52). Este último, egresado de técnico universitario en electricidad, fue traído a Interior por Peñailillo desde la Gobernación de Arauco, donde también estaba a cargo de temas indígenas.

Flavio Candia

Otro asesor clave de Interior era Héctor Manuel Cucumides Calderón (34). Abogado y administrador público, era el encargado de coordinar las actividades públicas. En la última campaña, trabajó activamente en el comando de Bachelet, por lo que recibía un sueldo a través de SOMAE de $2.250.000, superior incluso al de Peñailillo, quien ganaba $2 millones. Antes de eso, entre 2012 y 2013, emitió boletas a la empresa de Martelli. Como asesor de Peñailillo -tal como hizo notar El Mercurio- Héctor Cucumides ingresó con un sueldo bruto de $2,2 millones. Un año después su salario se había más que duplicado: $5,3 millones.

Su hermana mayor, Carolina Cucumides (38), es conocida como una hábil dirigente del PPD. Contemporánea a Peñailillo en la juventud de ese partido, también está vinculada a la G-90. Actualmente es gobernadora de la provincia de Colchagua. De ese grupo, fue junto a Peñailillo la que tuvo un rol más destacado durante la primera campaña de Bachelet, luego de lo cual fue contratada como jefa de gabinete de la presidencia de Conicyt, con un sueldo de $ 2,4 millones, pese a que aún estaba estudiando Ingeniería Comercial.

En Conicyt se topó con otro G-90 duro, Ricardo Andrés Vásquez Quilodrán (41), quien asumió como jefe de Administración y Finanzas tras pasar por el INP y por la JUNJI. En Conicyt estuvo entre 2006 y 2010, y salió tras un juicio de cuentas del que fue absuelto en segunda instancia. En 2009 cursó en la Universidad de Chile un Magíster en Gestión y Políticas Públicas y al año siguiente fue elegido por Alta Dirección Pública en Capredena, también para encabezar la División de Administración y Finanzas (DAF), donde se mantuvo hasta que Peñailillo lo llamó al Ministerio del Interior para asumir como jefe de Administración y Finanzas. Vásquez también viene del grupo de la VIII Región: al igual que Candia y Riquelme, estudió Ingeniería Civil Industrial en la U. del Bío-Bío, donde conoció a Peñailillo.

Los lazos entre los ex estudiantes penquistas son fuertes. Sus coetáneos en el PPD aún recuerdan que cuando Vásquez, Riquelme y Peñailillo llegaron a Santiago vivían todos juntos en un departamento de calle San Martín junto a otro amigo. Eran inseparables.

LA RED MINISTERIAL

De todos los integrantes de la G-90 que Peñailillo instaló en el gobierno, Juan Eduardo Faúndez Molina (37) es el que quedó en mejor posición como subsecretario de Servicios Sociales. Inicialmente Bachelet había nombrado también a una cercana al grupo, Carolina Echeverría, en la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, pero debió renunciar antes de asumir. De todos modos, Faúndez la fichó en Servicios Sociales como encargada de implementar el nuevo instrumento para el catastro de personas en situación de emergencia, con un sueldo de $3,6 millones.

Cuando en 2002 se hizo una elección para reemplazar a la directiva de la Juventud del PPD, que encabezaba Peñailillo e integraban Harold Correa y Carolina Cucumides como vicepresidentes, el elegido fue Juan Eduardo Faúndez. Todo quedó en la familia de la G-90. Faúndez es reconocido entre dirigentes del PPD por su buena formación académica. Antes incluso de haberse titulado de sociólogo en la Universidad de Chile, ingresó a la CEPAL como consultor en 2001. Tenía 24 años. Dos años después fue electo presidente de la Juventud del PPD. En 2006 la Presidenta Bachelet lo nombró director nacional del INJUV. Allí se mantuvo hasta marzo de 2010, a pesar de que su nombre fue vinculado en un mail anónimo que publicó El Mercurio por supuestamente haber recibido fondos públicos de Chiledeportes que por entonces dirigía otro G-90, Orlando Morales Becerra.

Juan Eduardo Faúndez

Es uno de los militantes de la G-90 más cercanos a Peñailillo. En 2010 partieron juntos, primero a estudiar inglés a Inglaterra, y luego a España. Faúndez cursó un master en Sociología de la Población, el Territorio y las Migraciones en la Universidad Complutense de Madrid. Peñailillo siguió un master en Análisis Político en la misma casa de estudios. Ambos recibieron una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ya de vuelta en Chile, Faúndez participó activamente en la campaña presidencial de Bachelet: SOMAE le pagaba un sueldo de $2 millones. Es uno de los miembros del grupo del ex ministro del Interior que hasta ahora no aparece recibiendo pagos ni de Martelli ni de otra empresa bajo investigación.

Cuando fue director del INJUV Faúndez tuvo como jefe de gabinete a otro integrante de la G-90, Gabriel Rodrigo Sepúlveda Espinoza (36), quien en este gobierno asumió como jefe de gabinete del ministro de Energía, Máximo Pacheco. Es administrador público y magíster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas. Su carrera en el Estado partió en 2004, con Ricardo Lagos de presidente y un contrato en la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, desde donde pasó al INJUV en 2006. Después, en 2008, Sepúlveda fue asesor en el MOP con Sergio Bitar de ministro, el primer gran padrino de la G-90. Aunque en los registros oficiales su contrato figura con fecha de término en diciembre de 2008, en su LinkedIn dice que estuvo allí hasta marzo de 2010. También dice que, al igual que Peñailillo y Faúndez, al llegar Sebastián Piñera al poder, emigró a estudiar a España un master en Desarrollo Económico y Políticas Públicas, aunque no en la Complutense, sino en la U. Autónoma de Madrid.

Un año después, al volver, Sepúlveda formó parte del equipo que allanó el camino para el retorno de Bachelet. Recibió pagos de la sociedad de Martelli con boletas emitidas entre 2012 y 2013. Ya en campaña, y con un sueldo de $1.350.000 a través de SOMAE, se encargó de los contenidos. Como jefe de gabinete del ministro Pacheco tiene un sueldo de $6,4 millones. Es el administrador del dominio www.ricardolagosweber.cl.

Entre quienes asumieron como jefes de gabinete de la G-90, uno de los primeros en dejar su cargo tras el cambio de ministros el 11 de mayo, fue Nicolás José Abelardo Cruz España (31), quien era jefe de gabinete de la ex ministra de Cultura, Claudia Barattini,desdeseptiembre de 2014. Allí llegó desde la Secretaría General de Gobierno, donde era asesor de prensa. En 2008, siendo egresado de Ciencias Políticas de la ARCIS, ingresó a trabajar con Sergio Bitar en el MOP. Primero como asesor comunicacional, luego como asesor en seguimiento de programas y proyectos de infraestructura. Ahí estuvo hasta marzo de 2010. Entonces emigró a París a estudiar un master en Comunicación Política y Social en la Université Panthéon Sorbonne. A su regreso, a mediados de 2011, asumió como asesor de la entonces presidenta del PPD, Carolina Tohá, quien lo llevó a la Municipalidad de Santiago. Ahí estuvo hasta abril de 2013, cuando se sumó a la campaña de Bachelet como jefe del equipo digital. SOMAE le pagaba $1.350.000 por ese trabajo.

Otra figura emblemática para quienes critican el modelo de Peñailillo es su cuñada, Claudia Palma Núñez. Militante PPD e ingeniera en ejecución en administración de la Universidad de Los Lagos, tras trabajar en el comando de Bachelet llegó en marzo de 2014 al Ministerio de Obras Públicas a un cargo de coordinación con un sueldo de $3,6 millones, que luego subió a $3,9 millones.

A nivel de subsecretarías, hay al menos tres jefes de gabinete a quienes se identifica como parte de la estructura construida por Rodrigo Peñailillo: José Bernardo Guerra Amaya (34), en Deportes;Nicolás Barrientos Alonso (40), en Servicios Sociales y Óscar Carrasco Carrasco (41) en Transportes, quien fue candidato a diputado del PPD por el distrito 49 de la Araucanía, en 2009.

EL FIN DE UN MODELO

“Hay mucho de mitología sobre nosotros” se queja uno de los integrantes “históricos” de la G-90, quien no comparte las tesis conspirativas que se tejen en torno al grupo y a su líder, Rodrigo Peñailillo, aunque reconoce que hay circunstancias que pudieron alimentar la idea de una maquinaria que operaba en el gobierno.

Su esfuerzo por “desmitificar” al grupo parte por el mismo nombre -Generación 90- que no se pusieron ellos, así como tampoco tienen una jerarquía, cargos ni cobran cuotas, como se comenta entre otros dirigentes políticos. Les dolió la salida de Peñailillo, aunque se resignan a que “el poder es oscilante”. Pasado el primer impacto, dijo a CIPER que no se sienten “echados de gobierno, así que no nos hemos propuesto ni articularnos ni rearticularnos como dicen algunos. Seguiremos apoyando a Bachelet y a su programa desde el PPD, porque creemos en los cambios prometidos y nos importa que la Nueva Mayoría persista. Rodrigo se preocupó mucho de ser inclusivo con todos los partidos pues entendía que el programa es el pegamento que la mantiene unida”.

Algunos de quienes los vieron con simpatía dentro del PPD, se muestran desilusionados con el desenlace. Creen que se marearon con el poder y los altos sueldos, perdiendo de vista su reivindicación meritocrática. “El error de Peñailillo es que se sintió sobre seguro y eso lo demostraba. Lo de instalar jefes de gabinetes fue una sobreactuación que generó animadversión. La gota que rebasó el vaso fue su intento de explicar lo de las boletas”, resume un dirigente que fue cercano al grupo.

Según un alto dirigente del PPD, en los últimos días algunos integrantes de la G-90 han manifestado su temor de que venga una suerte de razzia política contra ellos. “Los han puesto poco menos que como una mafia”, se queja. Sin embargo, lo más probable es que sólo salgan del gobierno unos pocos y sobre todo aquellos que trabajaban en el círculo más cercano de Peñailillo en el Ministerio del Interior. Lo que desaparece es la forma de gobernar de Peñailillo, construida sobre una red distribuida en cargos estratégicos, pero no necesariamente quienes ocupan dichos cargos.

El Club de Madrid

Los postgrados que Rodrigo Peiñalillo y Juan Eduardo Faúndez estudiaron en la Universidad Complutense de Madrid trajeron un inesperado efecto en el gobierno: un grupo de sus antiguos compañeros de diversas nacionalidades aterrizaron en Santiago para sumarse al gobierno. Medio en broma, hay quienes los llaman “El Club de Madrid”, haciendo una analogía con la organización de ex presidentes que se reúne en la capital española.

Son al menos cuatro. Una de ellas es la esposa del subsecretario Faúndez, la estadounidense Sarah Ann Lyons, con quien se casó en Minnesota en 2013. Licenciada en Español y Justicia Criminal, al igual que su esposo estudió el master en Sociología de la Complutense, con especialización en migraciones, lo que explica que Lyons haya llegado a trabajar a Extranjería, servicio dependiente del Ministerio del Interior. Ahí realiza una labor de coordinación con distintos organismos en temas de inmigración y colabora en la integración de los inmigrantes a organizaciones de la sociedad civil. Su salario es de $1,9 millón.

El iraní Touraj Jafarieh trabaja con Faúndez como asesor de la Subsecretaría de Servicios Sociales. Según su Linkedin, es licenciado en Filología Hispánica en la Allameh Tabatabai University de Irán, y tiene un master en Literatura Contemporánea y en Periodismo Multimedia en la Universidad Complutense de Madrid. Es fundador y editor del sitio Open Society Online, en el cual Faúndez figura como asociado y ha publicado un par de artículos. Sus labores en el gobierno son variadas, según la información de la página de transparencia. Coordina servicios de la página web y elabora contenidos, pero también realiza trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema de beneficios. Sus honorarios han variado entre $2 millones y $3,3 millones.

La colombiana Diana Pinzón Ibáñez asesora a la Dirección de Investigaciones del Ministerio del Interior. Al igual que Peñailillo, estudió un master en Análisis Político en la Complutense y actualmente estudia otro en Ciencias Políticas en la Anepe. Recibe honorarios por $1,7 millón.

El último integrante del “Club” es Ignacio Salaberri, asesor de la Subsecretaría para la Prevención del Delito. Siguió el mismo master que Pinzón y Peñailillo, y antes había estudiado Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Argentina.