Un sistema hecho para robar
El sistema administrativo de Guatemala está hecho específicamente para entorpecer la función pública y alentar distintas formas de corrupción. El problema no se termina con la elección de un "hombre justo" porque mientras toda la estructura del Estado opere sin control ni fiscalización y con procedimientos deliberadamente enredados, no habrá forma de erradicar el cáncer.
La lucha contra la corrupción demanda una especie de cruzada nacional porque, obviamente, en ese juego no participan únicamente los políticos, funcionarios o empleados públicos. En nada es tan cierta la expresión de que hacen falta dos para bailar tango como en el tema de la corrupción y pecan por igual los que reciben o piden dinero como los que lo ofrecen y dan para obtener privilegios y negocios que se vuelven muy lucrativos por la forma en que se manejan los recursos públicos.
Es indispensable contar con instrumentos de control y verificación, modificando procedimientos para contratar o para comprar, a efecto de que exista no sólo una auditoría del ente contralor, sino de la misma sociedad. La publicidad sobre la forma en que se gasta el dinero, ahora más fácil gracias a las nuevas tecnologías de internet, es un instrumento eficiente que ha dado resultados en otros lugares, pero aquí hace falta más que el control. Es indispensable la sanción legal para los pícaros, del sector público y del sector privado, y por ello es que leyes como la extinción de dominio y la de enriquecimiento ilícito tienen que implementarse con velocidad y los ciudadanos tenemos que ser exigentes para que sean aplicadas.
Cuando pensamos en la corrupción en el sector público siempre ponemos los ojos en el policía que pide mordida (coima), el ministro que hace lo propio o el presidente que enajena los bienes del país y sus recursos no renovables. Pero también hay que ver que si los particulares tuviéramos una actitud de cero tolerancia ante la corrupción, no habría el nivel escandaloso que tenemos que soportar, pero al final la impunidad que es histórica en el país ha servido para alentar distintas formas de corrupción.
Empiezan justamente con las campañas políticas, derecho de llave para el tráfico de influencias porque los financistas se despachan después con la cuchara grande para recuperar su inversión. Fertilizantes, medicinas, autos, computadoras, armas, libros de texto y, en fin, todo lo que adquiere el Estado dentro del giro de sus funciones, se condiciona desde la campaña porque los financistas apuntan y lo hacen bien. No digamos los contratistas de obra pública que, tanto desde grandes empresas constructoras de "prestigio y renombre" como de las que denominan de cartón, son de los grandes beneficiarios del régimen de corrupción.
El juego hasta ahora les ha salido relativamente bien, tanto a las empresas tradicionales como a las del capital emergente. Pero ahora tienen un gran competidor que no ve la mordida como un gasto sino como una forma de lavar su dinero. El narcotráfico es infinitamente más rico que los capitales tradicional y emergente juntos y puede sobornar con mayor facilidad a los funcionarios públicos y adjudicarse todas las compras y los contratos. Los corruptos diseñaron un sistema que les funcionó durante años en esa complicidad entre políticos y empresarios, pero al empresario ahora lo expulsará del juego el dinero del narcotráfico que es ilimitado y que con tal de lavarse, correrá a manos llenas para satisfacer la ambición desmedida de quienes entienden la función pública como la oportunidad de hacer dinero.
Los empresarios que han jugado el juego de la corrupción no se han dado cuenta aún de las consecuencias de su pertinaz tarea para corromper las instituciones y creen que eternamente serán los beneficiarios del juego. Pero nuevos ingredientes que están ahora en escena cambian por completo la correlación de fuerzas y no podrán competir.
El país necesita controles efectivos y sanciones severas para la corrupción. Sin la combinación de esos dos factores el dinero público seguirá siendo, como hasta ahora, la caja chica de los sinvergüenzas y cada cuatro años estaremos generando una nueva casta de millonarios que amasan fortuna en el ejercicio de la función pública.
Apelar a una revalorización de la sociedad y de la función pública es hablar paja porque no sólo el sistema está diseñado con otras intenciones, sino que además la prédica del materialismo consumista en el que la persona vale por lo que tiene entre la bolsa y no por lo que tiene en el cerebro y el corazón, hacen que los valores antañones sean trasnochados. Severa aplicación de la ley y despojar al pícaro del dinero mal habido es el único camino y el único remedio.
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