Así,
este caso es el más estruendoso ocurrido al interior de un Gobierno o al menos
que se recuerde en los últimos años. Los daños al interior de este son
gigantescos y las consecuencias se mantienen de día en día en una gran
incógnita.
Y, aunque esta
audiencia pudo haber sido reservada, como querían sus representantes, el juez
Ponciano Sallés determinó que sería transmitida por el canal del Poder
Judicial. El Ministerio Público no se opuso a su publicidad. Tampoco María
Elena Santibáñez, la abogada que asumió el martes la representación de la
funcionaria, pero pidió que “cada vez que se haga alusión a la persona que está
afectada por estos hechos”, no se indique su nombre, sino que se utilice la
denominación legal de víctima.
El médico
cirujano, de 59 años, un exdiputado por cuatro periodos (2006-2022) que
renunció este jueves al Partido Socialista tras una militancia desde los años
ochenta (la formación lo expulsó este viernes), enfrenta una acusación por
hechos ocurridos entre la noche del domingo 22 de septiembre y la madrugada del
lunes 23.
Según la
querella, Monsalve cenó junto a su asesora, de 32 años, a quien habría citado
para hablar de asuntos laborales, en un restaurante ubicado en el centro de
Santiago, donde bebieron alcohol. Tras ello, su subalterna ha señalado que
despertó al día siguiente sin recordar nada, en el hotel Panamericano —ubicado
a pocas cuadras de La Moneda— donde residía el entonces subsecretario del
Interior (financiado por La Moneda).
Pese a su alto
cargo, Monsalve estaba sin sus escoltas, y no hay que olvidar que era llamado
por algunos medios como “el zar de la seguridad en Chile”. Ahora que está en
una cárcel pública, varios “poderosos jefes de bandas criminales” esperan pasarle
la cuenta, a quien era la autoridad principal a cargo de la
seguridad pública en Chile, lo que significa que su propia vida
puede estar en peligro.
La Fiscalía
también indaga otro hecho, del 1 de septiembre, cuando Monsalve, en un parque
de la zona oriente de Santiago, según relató la denunciante, la habría besado
sin su consentimiento, lo que podría configurar un abuso sexual “por sorpresa”,
señaló Armendáriz.
Como dijimos ya,
la acusación en contra de Monsalve ha golpeado
fuertemente al Gobierno de Boric, declarado feminista desde que
asumió el 11 de marzo de 2022.
Desde que el
caso se hizo público, a través del diario La Segunda el
mediodía del jueves 17 de octubre, la Administración progresista ha
enfrentado una serie de
cuestionamientos debido a que la ministra del Interior,
Carolina Tohá, y luego el mandatario, se habían enterado el martes 15 de la
situación de Monsalve, a través de Eduardo Cerna, el jefe nacional de la
Policía de Investigaciones (PDI).
Pese a eso, al
alto funcionario se le permitió viajar a la región de Biobío, ubicada a unos
450 kilómetros de Santiago, para hablar con su familia. Además, siguió en sus
funciones por 48 horas más e, incluso, asistió a exponer a una comisión de
presupuesto del Senado. Cuando salió del Congreso, Chile ya sabía que había
sido denunciado por un delito sexual. No le quedó otro camino que renunciar a
su cargo desde La Moneda.
Durante una
semana, el Gobierno trató de explicar lo inexplicable, en diversas vocerías,
por qué Monsalve siguió en su puesto y ha insistido en que su renuncia ya
estaba decidida 48 horas antes de que La Segunda revelara que
era investigado.
Se suma a
todo esto una
controvertida rueda de prensa de 53 minutos, del viernes 18 de
octubre, en la que Boric abrió varios flancos cuando contó pormenores de la
reunión que sostuvo el martes 15 de octubre con el entonces subsecretario para
tratar el tema. En otras palabras, su conferencia de prensa hundió mucho más al
gobierno y especialmente a su propia figura, quedando como un político mediocre
y limitado.
Pero, este
miércoles, tras la
intervención de Armendáriz ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago,
aunque el Ministerio Público todavía no ha formalizado la investigación, el
fiscal realizó una serie de las revelaciones sobre las actuaciones de Monsalve
como subsecretario, entre ellas, que hizo gestiones a través de la PDI para
llegar “al círculo íntimo de la víctima” previo a que fuera denunciado. Al día
siguiente de la entrega de esos antecedentes, el Gobierno cambió radicalmente
el tono frente al caso. Y así, en medio de la crisis política que golpea al
oficialismo, el Ejecutivo inició su primera ofensiva en contra de su ex hombre
de confianza.
Armendáriz, por
ejemplo, cuando se refirió a Monsalve, señaló ante el juez que, como Fiscalía,
“sabemos que ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia ni
ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado” y
que “ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que no solo
asistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que, además,
llegaron al círculo íntimo de la víctima”. Y agregó que “el primer detective
que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias
ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé
exactamente cómo encuadrar esa actividad, hasta que tengamos completos los
hechos por parte del imputado. Se acercaron a su departamento”.
El Ministerio
Público detectó muy poco después de que se presentó la acusación que Monsalve,
cuando todavía trabajaba en La Moneda y la asesora no había concretado la
acusación, realizó las gestiones como pedir a funcionarios de inteligencia para
que revisaran las cámaras de seguridad del restaurante donde cenó con su
subalterna, y también las del hotel Panamericano.
Monsalve, para
el fiscal, “aprovechándose de su condición y del tipo de funcionario público
que era y su contacto con la Policía de Investigaciones, pidió llevar adelante
diligencias para buscar antecedentes de cámaras respecto del 22 al 23 de
septiembre (en el restaurant y en el hotel)”.
El
exsubsecretario —agregó el fiscal— le señaló, cuando lo vio el 15 de octubre en
el transcurso de una diligencia de orden y registro a su habitación del hotel,
un allanamiento, que no se acuerda de nada de lo que ocurrió la madrugada del
23 de septiembre.
Previamente,
para poner en contexto las gestiones que realizó Monsalve antes de ser
denunciado, Armendáriz también se había referido a la asimetría que existía
entre el ahora exsubsecretario y su asesora. “Entre el imputado y la víctima
hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra. Pero, además, no es
cualquier jefe. Es una figura pública. Es una figura que tiene peso en el
ámbito social. Tiene poder, tiene influencia, tiene alcance. No es cualquier
jefe”. Y añadió: “Por un lado, tenemos una persona de peso, en un delito, en un
contexto de la esfera de la sexualidad, de una persona que es subordinada a
suya, y que lleva adelante actuaciones que pueden, podrían significar pérdida
de evidencia”.
Tras los dichos
de Boric, por la tarde del jueves, a través de la ministra Tohá, el Gobierno
hizo su primera ofensiva en contra de Monsalve y pidió al Consejo de Defensa
del Estado (CDE) que evalúe si el exsubsecretario, como funcionario público,
pudo incurrir en un “potencial ejercicio indebido de funciones” y cometido
eventuales delitos. Y, pocas horas después, por la noche, Eduardo Cerna, el
director de la PDI, anunció que ordenó “el retiro absoluto” de la jefa nacional
de Inteligencia Policial, la perfecta inspectora Cristina Vilches “en razón al
estándar de prudencia necesaria para llevar a cabo las actuaciones en el marco
de la Ley de inteligencia” y en el marco de los hechos “relacionados con el
exsubsecretario del Interior”.
El viernes, el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero
(bajo a subsecretario después de ser ministro de Justicia), contó que la
noche del jueves, previo a la destitución de Cristina Vilches, Cerna se reunió
con él y Tohá en La Moneda para comunicarles la decisión. Y explicó que, además
de las razones que entregó el jefe de la PDI, que la salida de la jefa de
inteligencia también pesaron “los antecedentes adicionales que se han conocido
estos últimos días y, especialmente, aquellos que se exhibieron por parte del
Ministerio Público en la audiencia de garantías”.
