EDUCACIÓN

GIORGIO JACKSON TIENE RAZÓN

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Por Sebastián Edwards

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El diputado Giorgio Jackson no está contento. Otra vez el gobierno lo ha defraudado.  En vez de una reforma universitaria profunda que cree un nuevo paradigma para el siglo XXI, la administración propuso un conjunto de medidas improvisadas y puramente economicistas, que no cambian nuestro mediocre sistema de educación superior.

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Hace unos días, el diputado expresó su malestar con claridad, cuando dijo: “Me da bastante pena que el debate se haya transformado en quién recibe más lucas el próximo año o quién recibe menos lucas, porque la reforma educacional no se trata de un traspaso de recursos del Estado a las familias, se trata de entender la educación de manera distinta”.

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El gobierno reaccionó ante estas y otras críticas en forma predecible: nombró una “comisión consultiva” para estudiar los antecedentes -¡otra vez!- y “trabajar sobre la ley de educación superior”. Para Jackson y muchos de sus colegas, esta es una pésima idea. Lo peor, dicen con un dejo de razón, es la presencia de Sergio Bitar, a quien sindican como creador del sistema que repudian. Nombrar a Bitar es como poner al zorro a cuidar a las gallinas.

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Hace unos días apareció la versión para el año 2015 del ranking mundial de universidades Arwu, elaborado por la Universidad de Shan-ghai. Como ya ha sido una tradición, las universidades chilenas aparecen en posiciones mediocres, mucho más abajo que aquellas de países pequeños a los que debiéramos emular. Ninguna universidad nacional se encuentra entre las primeras 300 del mundo; la Universidad de Chile está ubicada entre los lugares 300 y 400 y la Universidad Católica, entre el 400 y el 500. En contraste, cuatro instituciones de Israel y dos de Nueva Zelandia están entre las 300 mejores.

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El primer documento que debieran recibir los miembros de la “comisión consultiva” es este ranking. Un análisis de los primeros 20 lugares da pistas para entender cómo son los sistemas de excelencia universitaria.

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Resulta que seis de las 20 mejores universidades del mundo están en California. Vale decir, un 30% de las instituciones de educación superior de excelencia están ubicadas en un lugar que contiene a menos del 1% de la población. Pero esto no es lo más importante. Lo verdaderamente impresionante es que cuatro de estas seis universidades descollantes son públicas y, para todo efecto práctico, son gratuitas, entre ellas, mi propia Ucla, en el lugar 12. Estas universidades públicas -que también incluyen a las universidades de California en Berkeley, San Diego, y San Francisco- son favorecidas por el gobierno, del que reciben billones de dólares de financiamiento de base y directo. La mayoría de sus estudiantes son universitarios de primera generación -muchos hijos de inmigrantes pobres-, y reciben ayuda federal (Pell Grants) o préstamos subsidiados.

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Entre las 20 primeras hay, también, dos universidades privadas de California: Stanford, en el segundo puesto, y el California Institute of Technology, en el lugar siete. La primera es la cuna de la revolución informática y tecnológica, y la segunda, ubicada en Pasadena, es líder en ciencias duras, física nuclear y química. Ninguna de estas dos universidades recibe financiamiento “basal” o directo del gobierno. Muchísimos de sus estudiantes tienen becas gubernamentales y préstamos subsidiados del Estado, y muchos de sus profesores tienen cuantiosos financiamientos del gobierno para sus proyectos de investigación. Pero lo importante de esto es que estos fondos son “portables” y quienes los reciben -profesores o estudiantes- se los pueden llevar con ellos si deciden cambiarse de universidad.

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Vale decir, el Estado financia a individuos asociados con estas grandes universidades privadas, pero no a las instituciones propiamente tales. En contraste, el esquema ideado por el gobierno de Michelle Bachelet considera otorgarle financiamiento de base directo a una serie de universidades privadas, incluso a universidades confesionales, como la Universidad Católica. En la esencia misma de toda sociedad moderna y democrática está la estricta separación de la Iglesia y del Estado, lo que, entre muchas otras cosas, significa que los fondos públicos no se deben usar para financiar en forma directa a entidades religiosas -universidades u otras. Ayuda indirecta, por medio de becas a sus alumnos vulnerables y fondos a sus profesores, sí, pero ayuda en la base no. Esta distinción no es puramente lingüística, está construida sobre principios políticos y filosóficos. También tiene efectos prácticos. Por ejemplo, si el profesor Jorge Costadoat hubiera tenido un proyecto de investigación financiado por el gobierno, al ser desvinculado por el cardenal de su cátedra en la Universidad Católica, hubiera podido llevarse ese financiamiento a otra casa de estudios.

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Otro tema fundamental es el gobierno de las grandes universidades. Nuevamente tomemos el caso de las cuatro universidades públicas californianas que están entre las 20 mejores del mundo. ¿Qué podemos aprender de ellas? Algo simple y poderoso a la vez: su sistema de gobierno no está basado en elecciones directas de autoridades. Los estudiantes no votan por rectores, ni decanos, ni directores de departamentos. Los profesores tampoco votan para elegir a las autoridades. Son consultados, pero no hay votaciones formales. Los funcionarios no participan en el gobierno universitario. Están agrupados en sindicatos que negocian las condiciones de trabajo, pero no tienen injerencia en el manejo de la universidad.

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La instancia superior en la Universidad de California -sistema que agrupa a 10 universidades, incluyendo Berkeley, Ucla, San Diego y San Francisco- es el Consejo de Regentes, un cuerpo colegiado formado por 26 miembros. De ellos, siete son miembros por derecho propio, incluyendo al gobernador y vicegobernador del estado de California. Del resto, 18 miembros son nombrados por el gobernador y ratificados por el Senado, y sirven por períodos de 12 años. No pueden ser removidos de sus puestos. Estos 25 regentes nombran a un representante estudiantil, cuyo puesto dura sólo un año. Además, en el Consejo de Regentes participan dos representantes del Senado Académico con derecho a voz, pero no voto.

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Vale decir, en estas universidades públicas, que se encuentran entre las mejores del mundo, no hay “triestamentalización”. Son universidades de calidad con un sistema de gobierno que refleja el sentimiento de la sociedad -los nombra un gobernador y los ratifica un Senado democráticamente elegidos-, pero que es altamente especializado y no está basado en elecciones directas.

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Pero éstas no sólo son universidades públicas. También son universidades combativas, altamente solidarias, con estudiantes con un gran sentido del activismo político. Berkeley fue la cuna de la resistencia a la guerra de Vietnam, y Ucla fue la casa de la dirigente Angela Davis. Son instituciones políticamente involucradas, y de una altísima calidad académica. Si esto es posible en California, ¿por qué no en Chile?

CHILE-BOLIVIA

CRÍTICAS AL EQUIPO QUE DEFIENDE A CHILE EN LA HAYA FRENTE A BOLIVIA - PIDEN QUE UN EX PRESIDENTE SEA EL VOCERO DE LA POSICIÓN CHILENA

El canciller Heraldo Muñoz y el agente Felipe Bulnes abordaron  con los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado la próxima etapa que deberá enfrentar Chile en la demanda de Bolivia por la cuestión marítima, encuentro que no estuvo libre de críticas al equipo chileno que ha representado los intereses nacionales en el Tribunal de La Haya, sugiriéndose reforzarlo con la incorporación de nuevos asesores.

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No se abordó la posibilidad de cambiar a algunos integrantes, pero si se solicitó incorporar a  historiadores al grupo. Esto, a raíz de lo que para algunos políticos fue una falta de proactividad del equipo chileno frente a la aseveración -en el fallo de la Corte- de que Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú.

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A la salida ayer de la reunión, el canciller Muñoz aseguró que “los equipos se mantienen, pero ciertamente se pueden agregar (especialistas), porque hay elementos que no estaban presentes en la etapa preliminar”.

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En todo caso, las mayores críticas de los parlamentarios apuntaron al aspecto comunicacional, sobre el que se estimó que Chile ha estado al debe y ha sido ampliamente superado por Bolivia, que ha logrado mayor solidaridad internacional con su aspiración, como consigna hoy La Tercera.

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“Los análisis tenemos que hacerlos, tenemos propuestas para mejorar la campaña de Chile, sobre todo la campaña comunicacional. Hay que reconocer que Bolivia ha tenido cierto éxito como, por ejemplo, hacer que el Papa Francisco se pronuncie. Esos son éxitos comunicacionales”, comentó el jefe de la bancada PPD y ex diplomático, Jorge Tarud.

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Este déficit se graficaría, a juicio del presidente de la comisión  de RR.EE. del Senado, Francisco Chahuán (RN), en el “desaprovechamiento” de la visita esta semana del secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, a Chile. “Me hubiera gustado que él pudiera haberse pronunciado respecto a la demanda boliviana. Eso habría sido importante. Él fue consultado por el tema y dijo que no tenía antecedentes. Ahí tenemos una dificultad. Nos habría gustado que Kerry hubiese llegado con los antecedentes para opinar al respecto”, dijo el senador.

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En opinión del ex canciller y actual senador DC Ignacio Walker, la nueva etapa del juicio debe consistir en “una estrategia jurídica que no excluye la dimensión politico-comunicacional, que entiende que hay un sólo objetivo: convencer a la mayoría de los 16 jueces de La Haya de que Chile no tiene ninguna obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia”.

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A raíz de los reparos por el área comunicacional, dentro de la comisión se pidió estudiar la posibilidad de designar un vocero, para que desempeñe un rol similar al que ejerce el ex mandatario boliviano Carlos Mesa, e incluso algunos aventuraron que podría tratarse de un ex presidente.

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“Hemos desaprovechado el prestigio y la experiencia de nuestros ex presidentes. Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera podrían ser excelentes voceros de la causa chilena, la que debe ser sometida a revisión en su estrategia y en sus equipos”, comentó el diputado PPD Daniel Farcas.

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Si bien los tres ex jefes de Estado han difundido la posición de nuestro país durante sus viajes al extranjero, algunos parlamentarios creen que ese rol debe tenerlo una sola persona, y con mayor fuerza, tal como es el caso de Mesa, agregó la versión de La Tercera.

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Así, algunos consideran que la mejor carta para esto es el ex presidente Lagos. “Replicar la estrategia de Bolivia de tener un vocero internacional, como lo es Carlos Mesa, es una medida razonable. Ricardo Lagos Escobar tiene un prestigio a nivel internacional, tiene un respeto a nivel de ex mandatarios que pocos tienen”, aseveró el diputado Leonardo Soto (PS).

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Otros parlamentarios, sin embargo, no están de acuerdo con esta visión. “No soy partidario de presidencializar la defensa chilena. Chile no puede utilizar políticamente esta instancia. Eso nos distingue de Bolivia”, dijo el diputado independiente Vlado Mirosevic. El senador Igancio Walker coincidió y dijo que si bien es necesario tener una vocería, y no tenía dudas de que Lagos sería un buen vocero, considera que ese rol corresponde al canciller.

Pacto de Bogotá

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El diputado RN José Manuel Edwards sostuvo que “es muy importante que Chile se retire del pacto de Bogotá. Entiendo que esto no tiene efecto en este juicio, sin embargo, si la Corte obliga a Chile a negociar un acceso soberano y Chile no entrega territorio, Bolivia podría demandarnos por incumplimiento de ese mismo fallo”, dijo.

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Consultado por una eventual autocrítica, el canciller respondió que “todos tenemos que estar dispuestos a analizar lo que se ha hecho, y aquí de lo que se trata es de continuar defendiendo el interés nacional”.

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Además, Muñoz insistió en celebrar que la Corte explicitara que no se pronunciará sobre los términos de una eventual obligación de negociar con Bolivia. “Debe ser muy frustrante para el gobierno boliviano tener que explicarle a su población que de ahora en adelante a lo máximo a lo que puede aspirar es a que la Corte puede referirse a una supuesta obligación de negociar, y no al resultado que pretendían, que no era otro que acceder soberanamente a través de nuestro territorio al mar”, agregó.

ECONOMÍA

¿VUELVE A CHILE EL FANTASMA DE LA INFLACIÓN?

El Instituto Nacional de Estadísticas informó esta mañana que el Índice de Precios al Consumidor anotó una variación de 0,5% en septiembre.

Con este resultado, la inflación acumulada llega a 4% en el año y a 4,6% en doce meses, por encima del rango de tolerancia de entre 2% y 4% del Banco Central. El emisor estimó que 2015 cerrará con una inflación de 4,6%.

El INE dijo que en septiembre, nueve de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron incidencias positivas y tres presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones que presentaron alzas destacaron: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (1,1%), con incidencia de 0,222 puntos porcentuales (pp.); Vivienda y Servicios Básicos (0,5%), con incidencia de 0,073 pp. y Transporte (0,4%), con incidencia de 0,059 pp. Las restantes divisiones con incidencias positivas sumaron 0,194 pp.

La división que registró la mayor baja este mes fue Bebidas Alcohólicas y Tabaco (-0,7%), con incidencia de -0,027 pp.

HUELGAS EN CHILE

ASÍ ESTÁ LA COSA: GENDARMERÍA REANUDA SUS LABORES, PERO EL REGISTRO CIVIL SIGUE EN HUELGA, MOVILIZACIÓN QUE YA DURA DIEZ DÍAS

Mientras la huelga del Registro Civil cumple este jueves diez días de movilización nacional, los funcionarios de Gendarmería reanudaron sus labores tras llegar anoche a un acuerdo con las autoridades, después que en la mañana habían endurecido su postura por el nulo acercamiento del Gobierno, respecto a la entrega de un bono comprometido por el ex ministro de la cartera, José Antonio Gómez.

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Entretanto, en el Registro Civil la situación es desesperada para los usuarios, ya que para obtener los documentos necesarios deben madrugar y así poder obtener uno de los escasos números de atención disponibles cada día.

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Lentitud, faltas de oficinas y poca agilidad acusan quienes necesitan con urgencia obtener pasaporte, cédula de identidad y certificados de antecedentes y nacimientos, trámites que son prioridad en el turno ético que mantienen los funcionarios movilizados.

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Mientras tanto en Gendarmería, después que la ministra de justicia, Javiera Blanco, rompió el dialogo con los huelguistas, el director de Gendarmería, Tulio Arce, pudo retomarlo con dificultad después que los funcionarios habían ya radicalizado la protesta a nivel nacional.

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A partir de esas conversaciones, surgió un protocolo de acuerdo que fue discutido durante la tarde por los funcionarios de todo el país, quienes finalmente lo aprobaron. Arce dijo que entre los términos de éste se garantiza la no aplicación de sanciones contra los funcionarios huelguistas.

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En un comunicado, Gendarmería añadió que “el acta de acuerdo compromete, principalmente, remitir a la Contraloría a más tardar el día 16 de octubre del presente año, el escalafón de oficiales y suboficiales, para cursar resoluciones de ascenso pendientes a la fecha”.

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Asimismo, la dirección del organismo “se compromete a reactivar la participación de gremios y expertos de la institución, en la mesa de trabajo sobre la discusión de la reestructuración de las plantas de oficiales, suboficiales y civiles, para permitir de mejor manera el desarrollo de la carrera funcionaria”, indica.

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Otra medida comprende la constitución de una mesa de trabajo “que dé cuenta a las 9 asociaciones de la institución sobre el estado de la llamada agenda corta antidelincuencia, y cómo ésta afecta a Gendarmería”.

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Fueron casi cinco horas de negociaciones entre las cuatro asociaciones de funcionarios de Gendarmería, la dirección nacional de la institución y el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, para deponer un paro que alcanzó a durar tres días. Finalmente salió “humo blanco” pasadas las 21.00 de anoche, luego que los líderes de las agrupaciones gremiales se reunieran extensamente con sus bases.

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“Acabamos de cerrar un acuerdo con las asociaciones gremiales, es por eso que a partir de este minuto se levantan todas las movilizaciones a lo largo del país (...) Nunca cerramos los canales de conversación y esperábamos llegar a este buen puerto”, señaló el jefe de Gendarmería, Tulio Arce. Joe González presidente de la Ansog, señaló que “confiamos en la palabra empeñada por nuestras autoridades”. 

De esta forma, se tuvieron que destinar 238 efectivos de Gendarmería -provenientes de la dirección general, las escuelas de formación y reparticiones que no estaban adscritas a la movilización- para realizar labores de cuidado y traslado de reos en los tribunales.

Esta medida, adoptada en la mañana de ayer, permitió liberar a los 200 carabineros que estaban en estas labores. La paralización también tuvo una repercusión directa en el manejo de los penales. Específicamente, en un total de 12 cárceles se realizó algún tipo de manifestación.

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Registro civil: La huelga sigue

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Si bien el gobierno logró llegar a un acuerdo con Gendarmería, en el Registro Civil hoy continúa el paro indefinido. Ayer, unos 600 funcionarios del servicio marcharon por Santiago para manifestar sus demandas, sin embargo, Justicia sigue realizando las gestiones para lograr un cese también de esta movilización.

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En la ocasión, acusaron que el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, no cumplió con un bono comprometido y del cual tampoco se precisó el monto.

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Sin bien los trabajadores lamentan los problemas que se han generado, aseguran que las autoridades son en parte responsables de esta situación, al mantener suspendida la mesa de trabajo. Por ello, se mantendrán paralizados, afirmó la presidenta de la asociación del Registro Civil, Nelly Díaz.

HACIA UNA CAMPAÑA DE RESPETO POR LA PROPIEDAD AJENA

EL ESTIGMA DEL DELITO DE ROBO

Los delitos contra la propiedad, y en particular el robo, constituyen la delincuencia real que causa inseguridad en la población chilena desde hace una década.  Los gobiernos  han impulsado leyes, programas y sistemas para su persecución penal.  Pero se necesita reforzar los valores,  para empezar a borrar este verdadero estigma de nuestro pueblo.

Por Hernán Ávalos Narváez

El decano de derecho de la UDP Juan Enrique Vargas señaló ante los ministros de la Corte Suprema durante su exposición para concursar al cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público,  que la sensación de impunidad ante la delincuencia que tiene la ciudadanía, “se explica por los delitos contra la propiedad (robos o asaltos) de carácter violento. Estos ilícitos son aproximadamente el 8% de las causas que ingresan al sistema. El problema (para la investigación) es que el 80% de estos no tiene imputado conocido”.

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Luego como se trata de elevar la eficiencia de la persecución penal, propuso mejorar la coordinación con Carabineros y la PDI y generar protocolos específicos de acción para levantar mejores evidencias que contribuyan a generar pruebas de los delitos,  individualizar a los  imputados y contribuir a crear convicción ante los jueces, de modo de obtener sentencias condenatorias y evitar archivar temporalmente las causas. Y por último sugirió una mayor preparación  de los casos llevados a juicios orales.

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Aceptando el diagnóstico de Vargas, habría que preguntarse ¿qué se está haciendo para prevenir y controlar los robos que constituyen la verdadera delincuencia causante del índice de inseguridad del 80% promedio en la ciudadanía durante los últimos 10 años? Las respuesta son aumento de la dotación de Carabineros para llegar a una cifra de 70.000 uniformados;  racionalización de funciones para disponer de más policías en los barrios más amagados por los antisociales y relanzamiento del Plan Cuadrante de Carabineros con la contratación de profesionales para potenciar la inteligencia policial.

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Otra iniciativa en desarrollo que tiene consonancia con el diagnóstico del abogado y académico de la UDP está a cargo del Ministerio de Interior,  el cual hacia finales del 2016 habrá ejecutado el Plan Comunal de Seguridad Pública, focalizando recursos en 74 comunas que concentran el 82% de las denuncias por delito de mayor connotación social y más del 72% de la población del país.  Los 9.000 millones de pesos de que está dotado están siendo asignados de acuerdo a las prioridades locales  y por lo general están referidos a iluminación de áreas oscuras, recuperación de espacios públicos, instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles, casetas para guardias municipales, adquisición de vehículos y cámaras de tele vigilancia.

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En línea con el diagnóstico de mejorar la persecución criminal, el Gobierno de Bachelet   promulgó la ley que aumentó en 122 las plazas de fiscales del Ministerio Público, aumentó su presupuesto anual en 30.000 millones de pesos, fortaleciendo la institución con la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, destinados justamente, a evitar que las denuncias por robos sean enviadas al archivo temporal, por ausencia de imputados y de ese modo contribuir a una justicia efectiva que es lo que está demando la ciudadanía.

Y de seguro hay otras iniciativas destinadas a mejorar el control de la delincuencia y en especial los delitos de robo que aquejan a la población de todo el espectro social.

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Por ejemplo, capturar los 56.000 prófugos de la justicia. Esta tarea es responsabilidad principal de la PDI. Y para que cumpla su misión con eficiencia, es preciso aumentar su dotación, la cual hoy representa el equivalente al 10% de los funcionarios de Carabineros, esto es, 7.000 funcionarios, entre detectives, peritos y empleados. Según indican por redes sociales, están sobrepasados por largas jornadas de trabajo, abrumados con la obligación de diligenciar numerosas órdenes de investigar emanadas de los tribunales, además de atender las variadas instrucciones de los fiscales. Por consiguiente, en general tienen escasos resultados, o éxitos investigativos esporádicos, principalmente de unidades especializadas dotadas de mayores recursos.

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Otra variable que necesita cambiar son los sistemas de evaluación de los actores de la persecución penal. Todos ellos son evaluados anualmente por sus pares más antiguos en comisiones ad hoc. Pero sus decisiones están influidas por los mandos superiores, por  vínculos de amistad o favoritismo.  No siempre por los resultados de la gestión profesional. Los fiscales son evaluados uno a uno por las causas terminadas o enviadas al archivo temporal; los detectives por el número de investigaciones con resultado en las que participan y los carabineros no tienen evaluaciones individuales de desempeño, sino grupales, por las unidades a las que pertenecen.

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Así todas las instituciones externas que han analizado tanto al Ministerio Público, a la PDI y Carabineros, como son la Facultad de Economía y Administración de la PUC, o la Fundación Paz Ciudadana, entre otras, han concluido con críticas al método empleado en sus evaluaciones, recomendando consideración preferencial el desempeño individual de sus funcionarios, por intermedio de comisiones anuales rotativas conformadas por sorteo entre superiores calificados, vinculando sus resultados a los ascensos en la carrera profesional y a los incentivos económicos. En  la actualidad, un funcionario mediocre puede vegetar en su institución.

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También en cultura y valores debieran planificarse iniciativas tendientes a desincentivar el robo y condenarlo a todo evento como un delito injustificable. Es curioso porque hay campañas de prevención contra accidentes de tránsito, contra la drogadicción, contra el sida, contra el alcoholismo, entre otras, pero nunca contra el  robo, que en sus distintas modalidades,  por lejos constituye el delito de mayor ocurrencia en el país. Tampoco se han diseñado afiches para colocar en las estaciones de trenes, buses, o recintos de alta concurrencia pública.  Por lo demás, el 7° mandamiento de la Iglesia Católica dispone  “no robar”  y  los sacerdotes podrían recordarlo en sus sermones, haciendo una contribución actualizada del respeto a la propiedad ajena.

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En este contexto hay que entender el reciente acuerdo de la Cámara de Diputados en primer trámite legislativo que crea el Archivo Policial Unificado y el Banco de ADN para convictos de robos con sentencias sobre cinco años de cárcel, puesto que ayudan a desincentivar los delitos contra la propiedad.  Igual propósito tiene el acuerdo para elevar las penas para la receptación (venta de bienes robados) y la eliminación de las atenuantes en los delitos contra la propiedad (robos y hurtos).  Sin embargo,  como efecto indeseado habría que esperar un aumento progresivo de la población penal.

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En el mismo proyecto de ley llamado “Agenda Corta Anti Delincuencia” y con  votación transversal, la Cámara aprobó aumentar las penas por atentados contra los funcionarios policiales y la modificación del control de identidad, otorgando a los policías facultades discrecionales para actuar en cualquier lugar y circunstancias.  Esto último resultó controvertido y podría ser modificado en el Senado,  pues restringe  el derecho a la libertad, eliminando del Código Procesal Penal el requisito para los carabineros y detectives de tener indicios de delito,  previo al control de identidad.

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Según el modelo económico social de mercado vigente,  para ser efectivas estas medidas en el mediano y largo plazo,  deben ir combinadas con reformas estructurales destinadas a mejorar la distribución del ingreso, e instaurar la educación gratuita y universal en todos los niveles de la enseñanza, con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades para los jóvenes (los más expuestos a delinquir),  las cuales desincentivan particularmente los robos,  mejoran la calidad de vida,  contribuyen a una sociedad más equitativa y  en definitiva a la paz social.

PELIGRO DE LA GUERRA SIRIA

MERKEL Y  HOLLANDE ADVIERTEN SOBRE ESCALAMIENTO DE LA GUERRA EN SIRIA QUE PODRÍA LLEGAR A EUROPA

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El presidente francés, François Hollande, instó hoy a la Unión Europea (UE) a actuar para evitar una "guerra total" en Siria que pueda desestabilizar a toda la región del Medio Oriente  y acabar llegando incluso a "territorio europeo". Hollande advirtió, en una alocución junto a la canciller alemana, Angela Merkel, ante el pleno del Parlamento Europeo, del riesgo de permitir que sigan desarrollándose "enfrentamientos religiosos" en la región.

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"No pensemos que estaremos a salvo, será una guerra total una guerra que podrá afectar también a nuestro propio territorio, así que tendremos que actuar", alertó.

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Hollande aseguró que Francia "ha tomado sus responsabilidades militares ante la amenaza" y que "toda Europa entera debe comprometerse en el plano humanitario, político, diplomático".

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Instó a "construir en Siria, con todos los que puedan contribuir a ello, un futuro político que dé a la población siria otra alternativa que Bachar (al Asad, el presidente sirio) o Daesh (el grupo terrorista Estado Islámico)".

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"Es nuestro deber frente a los sirios y es nuestro interés como europeos", recalcó.

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Por ello pidió "firmeza ante el drama sirio", dado que el régimen de Al Asad "ha creado y sigue alimentando este desastre" y "todavía hoy bombardea, mata, masacra".

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"Lo que pasa en Siria concierne a Europa porque lo que se juega ahí determinará durante mucho tiempo el equilibrio de toda la región de Oriente Medio", insistió.

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El presidente francés llamó al mismo tiempo a Europa a "presionar para que esta transición política pueda hacerse" y a la colaboración entre la UE, Rusia, Irán, los países del Golfo y Estados Unidos para lograrlo.

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Hollande llamó a la "solidaridad frente al terrorismo" porque "cada atentado cometido en uno de nuestros países va contra Europa entera, su cultura, su forma de vida", pero también a la "solidaridad ante los refugiados, víctimas de las convulsiones en Oriente Medio y África".

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Reclamó asimismo extender esa solidaridad "con los estados europeos que sufren la presión en primera línea" de sus fronteras y con los países vecinos que acogen a los refugiados de manera numerosa.

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En su opinión, la UE "ha tardado en darse cuenta de que las tragedias en Oriente Medio o en África no podían no tener consecuencias para ella".

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Según Hollande, Europa no ha ofrecido suficiente ayuda a los países que deben acoger a gran cantidad de refugiados y ha tenido que "actuar con urgencia para ser digna de su tradición de asilo y organizar el retorno de los que no puedan ser acogidos de manera duradera".

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"La UE está obligada primero a salvar vidas, a luchar contra los criminales gracias a Frontex", la agencia europea de control de fronteras exteriores, apuntó.

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Hollande defendió además dar más asistencia a Turquía para que pueda mantener a los refugiados o, de otro modo, "inexorablemente vendrán", así como poner en marcha centros de acogida e identificación, "condición esencial para que nuestras fronteras sean respetadas".

REFUGIADOS EN EUROPA

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UE DEPORTARÁ A MÁS DE 400.000 INMIGRANTES ILEGALES QUE HAN LLEGADO ESTE AÑO A PAÍSES DE LA UNIÓN

Diario The Times revela plan secreto elaborado en Bruselas

La Unión Europea planea deportar a la mayoría de los 400.000 inmigrantes que han llegado ilegalmente en lo que va del año, según reveló este miércoles el diario británico 'The Times'.

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Los principales afectados serán los inmigrantes "económicos" procedentes de países como Nigeria o Eritrea que no serán considerados como "refugiados".

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Miles de peticiones de asilo de ciudadanos procedentes de Siria, Libia o Afganistán también podrían ser rechazadas, de acuerdo con el plan secreto de Bruselas.

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El plan incluye la creación de una nueva agencia europea de fronteras, Frontex, creada expresamente para hacer frente a la "inmigración irregular" y acelerar los planes de detención y deportación".

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Aunque los países miembros tendrán una responsabilidad directa para tomar las medidas adecuadas y facilitar los recursos, Frontex ejercerá una labor de apoyo para facilitar y organizar las operaciones de retorno", puede leerse en el documento revelado por 'The Times'. El anuncio de la ministra británica de Interior, Theresa May, de restringir el derecho de asilo en el Reino Unido estaría alineada con la propuesta europea e incluiría la revisión de miles de peticiones de asilo concedidas en los últimos años.

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Para garantizar la deportación, la UE planea una ofensiva diplomática amenazando con retirar la ayuda internacional, los tratados comerciales y la concesión de visados a los países de origen de los inmigrantes "económicos", en su mayoría africanos.

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El plan incluiría el desmantelamiento de los campamentos como el de Calais (Francia), donde se han recrudecido los enfrentamientos con la policía en los últimos días tras los nuevos asaltos de inmigrantes que pretenden cruzar al Reino Unido por el Eurotúnel. Varios refugiados sirios fueron rescatados en lunes en el Canal de la Mancha cuando intentaban llegar a un barco con destino a las costas británicas.

Normativa Dublín está obsoleta

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La canciller alemana, Angela Merkel, consideró hoy que la normativa Dublín que regula el asilo en la UE ha quedado "obsoleta" y abogó por un nuevo sistema de reparto equitativo y justo entre los Estados miembros de los refugiados, a raíz de una crisis que, dijo, transformará Europa profundamente. "Honestamente, el sistema Dublín en su estado actual en la práctica está obsoleto. Tenía buenas intenciones pero ha demostrado no ser sostenible. Por eso abogo por un nuevo procedimiento para un reparto justo y solidario", señaló Merkel.

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Merkel habló ante los eurodiputados en "momentos en que Europa tiene por delante de nuevo un gran reto, una prueba de dimensiones históricas", sostuvo, en referencia a los miles de personas que huyen de conflictos y de la persecución para buscar protección en Europa, especialmente sirios.

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La canciller admitió que ni Europa, ni sus socios transatlánticos, en referencia a EEUU, han podido lograr con sus esfuerzos diplomáticos y políticos que llegue la paz a Siria, tampoco han conseguido evitar el "reforzamiento" del Estado Islámico en ese país árabe y en Irak, ni llenar el "vacío de poder" en Libia.

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Según Merkel, el extremadamente gran número de refugiados que llega a Europa, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, "cambia la agenda diaria" de la Unión Europea (UE), porque supone un reto "para nuestros valores y los intereses".

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"Nadie abandona su país ligeramente, tampoco los que vienen por motivos económicos, pero a éstos les debemos decir que no pueden quedarse, precisamente para que podamos ayudar realmente a los que necesitan nuestra protección", dijo la canciller alemana.

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A su juicio, Europa tiene que enfocar más su política exterior y de desarrollo hacia la solución de esos conflictos y en la lucha contra las raíces que provocan que tantos refugiados huyan a Europa, y la UE tiene que "hacer más financieramente".

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Todas estas decisiones deben "tomarse rápidamente", enfatizó Merkel, quien resumió que todo ello "va a cambiar de nuevo a Europa", al igual que lo hicieron profundamente hace 25 años las revoluciones pacíficas en Centroeuropa y el este de Europa y que tuvieron su máxima expresión en la reunificación de Alemania.

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"Necesitamos un proceso político para solucionar el conflicto en Siria, con todos los actores regionales e internacionales y con un papel reforzado de Europa", recalcó, y "tenemos que ayudar a los estados vecinos de Siria", para lo que es clave el diálogo con Turquía y crear un gobierno de unidad nacional en Libia, añadió.

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Europa en todo esto no puede cerrarse al mundo o desvincularse de los acontecimientos globales, y tampoco puede someterse a la "tentación de regresar a las actuaciones a escala nacional".

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"Justo ahora necesitamos más Europa. Más que nunca necesitamos la valentía y la unidad que Europa siempre ha demostrado cuando hacía falta", señaló, y solo "juntos podremos luchar contra las causas mundiales de la crisis de refugiados y solo unidos podemos establecer los centros de registros e identificación y proteger mejor las fronteras exteriores de la UE", destacó.

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Todo ello sin amenazar a "la Europa sin fronteras", insistió.

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"Tenemos que admitir, incluso si intentáramos aislarnos completamente (...) no solucionaríamos ningún problema, sino que se agrandarían", agregó.

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"Solo juntos lograremos acuerdos de devolución y solo juntos lograremos un reparto justo y adecuado entre todos los Estados miembros", sostuvo, al igual que de forma unida Europa podrá afrontar la enorme labor de la integración de los refugiados, concluyó Merkel.

La normativa de Dublín, establecida en 1990 para los 28 países de la Unión Europea,   estipula que los refugiados reciban asilo en el país por el que entraron, lo que expone a graves problemas a ciertos países, como Italia, Grecia o Hungría, que reciben a la mayor parte de los refugiados.

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Solo a Hungría llegaron en lo que va de año unos 167.000 refugiados, a los que en teoría debería registrar y procesar sus peticiones de asilo, lo que en Grecia tampoco sucede.

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Sin embargo, la enorme mayoría de estas personas en Hungría pide seguir hacia el norte de Europa, sobre todo a Alemania y Suecia.

GENDARMERÍA EN PARO NACIONAL

SUBOFICIALES DE GENDARMERÍA RADICALIZAN POSTURA HUELGUÍSTICA TRAS RUPTURA DEL DIÁLOGO POR PARTE DE LA MINISTRA JAVIERA BLANCO

La ministra anunció en la madrugada que el diálogo con los huelguistas se había acabado

Cuatro organizaciones gremiales encabezadas por la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) decidió iniciar este miércoles un paro a nivel nacional indefinido hasta que se concreten sus demandas laborales.

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Jorge Pinochet, dirigente de la Ansog, explicó que “son 16 los centros que están paralizados desde Arica, Iquique, La Serena, Antofagasta, Valparaíso, Rancagua y así hacia al sur en otras unidades penales”.

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“La situación es bastante tensa y confusa. Nosotros creemos que Carabineros, en algún momento, tendrá la orden de desalojar pero la verdad es que también lo vemos muy complicado porque generaría una situación de conflicto permanente”.

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Pinochet calificó de lamentables las declaraciones de Javiera Blanco, quien aseguró que el diálogo con los gendarmes se acabó.

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“Es lamentable [...] Gendarmería está acostumbrado a ser el patio trasero de la seguridad, se implementan más carabineros, se implementan más PDI y por lo tanto dan mayor eficiencia policial, redunda en sobrepoblaciones en las cárceles. Nos sentimos postergados eternamente”, declaró.

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Además, la autoridad catalogó a los gendarmes movilizados como un grupo muy reducido de funcionarios “que le han dado una bofetada a la gente, porque ellos anteponen sus intereses, por sobre la seguridad de las personas”.

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El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, Joe González, manifestó su disposición a dejar su cargo con el fin de que exista diálogo.

Al respecto, Joe González, dijo que llamar minoritarias y reducidas a asociaciones que representan a un grupo importante de gremios, es una pésima señal para el país. Y enfatizó que las palabras de la ministra le recordaron a otra época del país.

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El dirigente lamentó la situación y cuestionó el espíritu democrático de la ministra y el hecho de que la autoridad asegure que no se va a dialogar y que en la tarde se les haya enviado un protocolo de acuerdo firmado por el subsecretario de Justicia.

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El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile sostuvo que la actitud de la ministra de Justicia iba a encender los ánimos.

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El dirigente de los gendarmes sostuvo que está dispuesto a afrontar lo que se viene y que está dispuesto a dejar su cargo con el fin de que exista diálogo. Y enfatizó que existe una persecución “que en democracia no se puede concebir”.

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Finalmente, Joe González destacó que el papel de dirigente gremial trae aparejada la persecución desde el aparato estatal y hay que asumirlo.

Los funcionarios de Gendarmería no vislumbran una salida temprana a la movilización que iniciaron tras las palabras de la ministra de Justicia,  quien cerró la puerta al diálogo con quienes se encuentran en paro desde la madrugada del lunes, a quienes se sumaron los oficiales.

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En la mañana de este miércoles se registraron forcejeos entre dos grupos de gendarmes al interior de la cárcel Santiago Uno.

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Se trató de una discusión entre gendarmes que se encuentran adheridos al paro nacional indefinido y quienes se encuentran trabajando normalmente. El enfrentamiento comenzó cuando éstos intentaron sacar  tres buses en cuyo interior había 160 imputados que deben ir hasta el Centro de Justicia para su formalización de cargos.

“Es penoso el escenario con el que tengo que toparme, tener que llegar a estas instancias netamente por un problema de Gobierno”, explicó uno de los gendarmes que se encontraba en el lugar, informó Radio Biobío.

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Junto con eso indicó que al recinto penitenciario sólo ingresarán vehículos de emergencia para no vulnerar los derechos de los detenidos.

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Bajo este marco, en el Palacio de La Moneda se reunieron este miércoles los ministros del comité político, encabezados por el titular de Interior Jorge Burgos, donde también participó el subsecretario Mahmud Aleuy y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

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Los personeros evaluaron el petitorio y el escenario actual, marcado por los retrasos en los juicios y en los ingresos de formalizados a los recintos penitenciarios que han sido restringidos por los gendarmes y analizaron los escenarios a seguir, en medio de los emplazamientos al Gobierno para aplicar alguna medida como la Ley de Seguridad Interior del Estado para contrarrestar los alcances de la movilización.

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Si bien los asistentes salieron de la cita sin realizar declaraciones, en La Moneda han advertido que quien debe cursar una solución a esta problemática y al paro del Registro Civil es la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

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Por el momento no se materializarán anuncios hasta que la ministra Blanco presente una propuesta y se busquen caminos al diálogo.

NUEVA COMISIÓN CAVAL

CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA CREACIÓN DE UNA SEGUNDA COMISIÓN CAVAL PROTEGIENDO AL PAÍS DE LA IMPUNIDAD

Después que la Cámara de Diputados rechazara en septiembre en dos oportunidades ampliar el plazo de funcionamiento de la comisión investigadora por el caso Caval, hoy la Sala aprobó la creación de una segunda comisión en un nuevo intento de proteger al país de la impunidad.

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Por 61 votos a favor y 9 abstenciones (de parlamentarios PS y PC), se creó una nueva comisión investigadora que tendrá un plazo de 30 días para seguir indagando en el caso Caval que involucra al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y a su nuera Natalia Compagnon.

"Acá primó la sensatez y el sentido común de las cosas. Haber tenido que crear esta comisión investigadora fue solo por el capricho de algunos que no quisieron dar la unanimidad", (entre ellos el ex presidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade (izquierda), Jenny Alvarez, también PS (derecha), y el PPD Enrique Jaramillo), dijo el diputado Juan Luis Castro.

En tanto, la comisión Caval "número uno" se reunirá en las próximas horas para programar el informe final que debiera entregarse durante este mes. "Eso no quita que nos podamos coordinar y sincronizar de manera tal que no haya ningún obstáculo frente a eso", dijo Castro.

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La comisión Caval de la Cámara de Diputados tiene como objetivo central investigar a fondo las supuestas irregularidades cometidas en la controvertida compraventa de terrenos en Machalí realizadas por la empresa de propiedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y de su hijo Sebastián Dávalos Bachelet. 

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El primer revés que sufrió la comisión Caval se produjo a finales de septiembre, cuando los diputados Osvaldo Andrade (PS) (arriba, izquierda) Jaramillo (PPD) (derecha), no dieron la unanimidad de la Sala para extender las labores de la instancia por segunda vez. Luego se añadió también el voto de la socialista Alvarez (izquierda en la foto).
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Esto generó críticas de la oposición y también del oficialismo, donde se acusó de un "bloqueo" a la investigación, lo que planteó el presidente de la comisión, Gabriel Silber (DC), generando consenso también entre legisladores de la Alianza.

En el caso Caval, la nuera de la presidenta Natalia Compagnon está siendo indagada por el Ministerio Público por los delitos de negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, violación de  secreto y tráfico de influencias.

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El diputado Andrade se defendió de las críticas asegurando que no dio la unanimidad porque no quiere fomentar la “flojera” de los parlamentarios que conforman la comisión investigadora. Lo anterior, debido a la baja asistencia que se había registrado en las últimas sesiones.
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A juicio del parlamentario oficialista, si sus colegas no lograron avanzar en el tiempo que estaba determinado, incluso con una prórroga que se había aprobado, no había razones para continuar adelante con la comisión investigadora.

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“Esta es la segunda prórroga, y yo no estoy para estimular la flojera. He tenido la oportunidad de ir a la comisión, ayer estuve por ejemplo como un diputado más y habían 6 diputados de los 13″, señaló.
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A juicio del diputado DC René Saffirio, lo sucedido en la Cámara podría terminar repercutiendo para peor en el oficialismo, en caso de aprobarse la constitución de una nueva comisión, como ocurrió hoy.
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La investigación de la Cámara de Diputados, ha permitido ir conociendo nuevos antecedentes, como por ejemplo se descubrió que fue el propio Dávalos quien pidió borrar toda la información que contenía el computador  que usó en La Moneda cuando estaba a cargo de la Dirección Sociocultural.
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Pero además, durante las audiencias de la comisión se confirmó la reunión que sostuvo Juan Díaz, gestor inmobiliario que habría prestado servicios a Natalia Compagnon, con el director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme. Todo, por unos $340 millones de pesos que le adeudaría la nuera de la presidenta Bachelet.

OPINIÓN DEL EDITOR

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LA FÓRMULA "REPUBLICANA" QUE SE ESTARÍA NEGOCIANDO PARA NOMBRAR AL NUEVO CONTRALOR Y AL FISCAL NACIONAL

Por Walter Krohne

Un nuevo escándalo, o mejor dicho uno detrás de otro, es lo que aparece mostrando el Gobierno de Michelle Bachelet con el nombramiento de cargos claves dentro de la institucionalidad chilena y la vida republicana. El candidato a contralor general de la República, Enrique Petar Rajevic Mosler,  abogado cercano a la DC, está perdiendo la carrera para asumir uno de los puestos del Estado más importantes, porque el Gobierno lanzó su nombre sin "testear" antes si encontraría el apoyo necesario en el Senado, lo que hasta hoy aparece casi imposible.

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Esta situación expuso a La Moneda a un nuevo "papelón" porque ya han pasado seis meses desde que el anterior contralor Ramiro Mendoza dejó el cargo, y si bien hay una funcionaria subrogante, en la práctica Chile ha estado todo este tiempo sin un funcionario, oficialmente nombrado, encargado de aprobar las decisiones del Estado y lograr que las tareas se realicen con la máxima o total probidad.

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Ante el fracaso de hoy para conseguir los 22 votos que se necesitan en el Senado, la Presidenta Bachelet prorrogó en treinta días la elección del candidato. El presidente del Senado, Patricio Walker (DC) fue  quien encendió la luz roja al anunciar esta tarde  a todos los vientos que los votos no estaban para nombrar a Rajevic.  Así, la Mandataria decidió retirar la suma urgencia que tenía el nombramiento, cuyo plazo vencía el próximo jueves 8 de octubre.

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El hecho significa un nuevo y fuerte golpe para La Moneda, pero quien corre mayor peligro es el  ministro del Interior, Jorge Burgos, quien propuso  a Rajevic como el candidato de La Moneda e insistió ciegamente en su decisión, por la amistad que los une y la cercanía del candidato al PDC, donde milita el secretario de Estado.

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Sin embargo, con esta renovación de la urgencia el Senado tendrá 30 días más para que se concrete esta votación.

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Por otra parte, el jefe de bancada opositora de Renovación Nacional (RN), Baldo Prokurica ha pedido explicaciones a la mesa, respecto a porque se ha producido cambio en algo que había sido ya acordado y se había resuelto que la votación sería mañana miércoles.

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El senador agregó que el Gobierno no debe retirar la urgencia del nombramiento,  sino que derechamente retirar el nombre de Rajevic para que en definitiva el proceso comience de nuevo con un nombre que dé garantías de imparcialidad y que asegure que se ejercerá correctamente la función de contralor general de la República.

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Como ex director Jurídico del Consejo para la Transparencia, hombre cercano a la Democracia Cristiana y al actual ministro de Interior, Rajevic ha sido esbozado como la mejor opción de La Moneda, pese a las críticas y cuestionamientos por una demanda que fue entablada en su contra por el Consejo de Defensa del Estado debido a una beca de estudio que recibió y que cumplió 11 años después.

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Asimismo, se le criticó por la poca claridad con respecto al cumplimiento del compromiso con el Estado, ya que al haber ganado la beca debía responder a ciertos requerimientos como regresar a Chile al término del periodo, para integrarse a universidades, entidades de investigación, o a la administración pública, pero el abogado permaneció el doble de tiempo en el extranjero.

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Tras ser consultado en la Comisión de Constitución del Senado,  Rajevic señaló que ha cumplido con todo lo que se le ha pedido, pero es imposible terminar con un doctorado en tres años y medio. Asimismo señaló que desde el punto de vista reglamentario cumplió con todo lo exigido en la beca.

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Eso sí, no aclaró si finalmente pagó el dinero que debía devolverle al fisco, y lamentó que el Consejo de Defensa del Estado no haya llevado adelante la notificación para evitar cuestionamientos.

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Cabe recordar que de acuerdo a la Constitución, dicho nombramiento debe ser aprobado por los tres quintos de los senadores en ejercicio (22 votos si no existe algún senador con permiso constitucional).  El abogado Enrique Rajevic, actual asesor del Ministerio de Vivienda contaría hasta ahora con sólo 17 de los 22 votos necesarios para su ratificación.

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Entre los requisitos para ser nombrado Contralor se encuentra el tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. El cargo tiene un período de duración de ocho años, sin posibilidad de ser designado para el período siguiente.

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Un punto importante que ha surgido en la discusión de hoy es que el nuevo contralor debería ser un personaje destacado que no registrara pertenencia alguna a un determinado partido político porque su tarea debe ser desarrollada bajo la más completa imparcialidad sin estar expuesto a  presiones partidarias.

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En ese sentido, debe existir una visión de Estado porque son cargos que tienen que ejercerse por el bien de todos y tienen que tener una neutralidad, respecto de lo que son sus comportamientos a futuro.

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Algunos sectores, tanto oficialistas como de la oposición, destacaron precisamente que es muy malo que se produzcan alineamientos de sectores políticos, si están a favor o en contra como bloque.

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Pero el colmo de los colmos son las versiones que circularon hoy en algunos medios, como Radio Biobío, sobre que en este período de treinta días de prorroga podría darse o surgir una fórmula negociada entre la Nueva Mayoría y la oposición para ponerse de acuerdo  en el nombre del candidato a Contralor, pero  agregando dentro de “la oferta” también el nombre de quien podría ser el próximo Fiscal Nacional. Es decir se trataría en la práctica de un “paquete” muy poco republicano en que los políticos se pondrían de acuerdo en la elección de los dos cargos más importantes para la institucionalidad del país que tienen que ver con la probidad y la seguridad de todos los chilenos.

Aquí el problema está en que uno de los que integran la quina para nuevo fiscal nacional es el del ex Fiscal de Rancagua, Luis Toledo,  que estuvo a cargo del caso Caval que involucró al hijo de la Presidenta Sebastián Dávalos y a su nuera Natalia Compagnon  en el marco de una controvertida compraventa de terrenos en Machalí que le prometía una suculenta ganancia. Las críticas ya están circulando antes de la elección final, porque han surgido voces opositoras que acusan, según The Clinic, que  el gobierno de la Presidenta Bachelet "conspiro" para incluir al fiscal Toledo en la quina. Esto, con la supuesta intención de "enterrar" definitivamente la investigación sobre el caso Caval.

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Es decir así se dan las cosas en esta nueva democracia: Primero un desórden y tradanza en el desarrollo de los procesos para lograr  los nombramientos y luego “la típica cocina” ya muy popular frente a numerosos otros acuerdos históricos en el Congreso Nacional, como ya se dio antes con la reforma tributaria y también en numerosos otros casos.