Por Vivian Lavín (*)
Del total del recurso hídrico existente en el planeta, el 97 por ciento corresponde a agua salada y sólo un 3 por ciento a dulce, sin embargo, sólo un 1 por ciento está disponible para los ecosistemas y el consumo humano y animal. El 2 por ciento restante está congelado en glaciares y Polos.¿Qué factores que afectan la disponibilidad y calidad de agua dulce en el planeta? Pues el aumento de la actividad humana y la contaminación. Un reciente estudio publicado por el programa Chile Sustentable revela los Conflictos por el Agua en Chile, un recurso que está tensionado entre los derechos humanos y las reglas del mercado, como reza su título.
Este estudio es un esfuerzo mancomunado que desarrollaron junto a otros integrantes de la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida donde muestran un panorama nada alentador al asomarse a los 26 conflictos allí expuestos.
La primera y gran pregunta que surge es: ¿cómo el agua, un bien nacional de uso público, como la define el Código de Aguas, llegó a estar en manos de unas pocas empresas? La historia no es tan larga, es más reciente de lo que imaginamos. “El marco jurídico tiene su origen en el Código de Aguas, un año después de la dictación de la Constitución Política de 1980 y un año antes de la Ley de Minería, todos animales de la misma familia que permitió privatizar la propiedad del agua y, por primera vez en la historia de Chile, separar agua del dominio de la tierra para permitir su libre compra y venta, para hacerla un objeto de mercado”, dice Sara Larraín, ex candidata presidencial , directora de Chile Sustentable y coeditora del estudio.
El aspecto más crítico del Código de Aguas de 1981 es que define el agua como “un bien nacional de uso público”, pero al mismo tiempo como un “bien económico, autorizando la privatización del agua a través de la concesión de derechos en forma gratuita y a perpetuidad, no fijando límites a dicha concesión”.
Los que sufren las consecuencias
Quillagua es un oasis en la cuenca del río Loa, en la comuna de María Elena, al noroeste de la ciudad de Calama. El conflicto socio-ambiental que confronta a la comunidad indígena de esa localidad con las mineras de Codel Norte y Soquimich se debe al desecamiento y contaminación del río, provocado por ambas empresas. La historia comenzó hace varias décadas hasta que el río más largo de nuestro país, el Loa, fue declarado agotado por el Estado.
“Fue en 1998 cuando contaminaron nuestras aguas hasta que el 2001 el Loa fue declarado agotado por el Estado de Chile y no ha hecho nada hasta hoy. Los responsables de esta contaminación son Codelco Chile y Soquimich, quien además siguió comprando derechos de agua, aprovechándose de la necesidad económica de la gente. Hoy, no tenemos recursos para la agricultura. El agua que recibe Quillagua viene de Calama y está contaminada. Tengo rabia con el Estado chileno”, dice el agricultor y presidente de la Comunidad Aymará de Quillagua, Víctor Palape.
Una situación que se repite en otras 25 oportunidades y que están detallados en el estudio mancomunado que liderara Chile Sustentable.
El Código de Aguas distingue dos tipos de derechos, los consuntivos y los no consuntivos, dependiendo si es que el agua se usa completamente o si se debe devolver a su cauce una vez utilizada para la generación eléctrica, por ejemplo. En el caso de estos últimos, se favoreció una extrema concentración de la propiedad de este recurso, a tal punto que actualmente sólo tres empresas concentran la propiedad del 90 por ciento de los derechos de agua para generación eléctrica a nivel nacional.
“La concentración ha sido tan brutal que hoy el 81 por ciento de estos derechos en nuestro país pertenecen a Endesa. Estamos peor que en el período de la conquista”, dice Sara Larraín.
Esto ha forjado un “mercado de aguas”, donde el propietario privado de derechos de agua, los puede arrendar, comprar y vender como cualquier bien inmueble.
“Primero, fue el régimen militar el que a través de un Código y de una Constitución permitió que el Estado cediera estos derechos de agua a privados de manera gratuita y a perpetuidad; sin cobros diferenciados por el uso del agua, ni impuestos a la red de alcantarillado. Un marco jurídico que se terminó de consolidar ya en los gobiernos de la Concertación, específicamente, bajo la presidencia de Eduardo Frei y Ricardo Lagos con la privatización de las empresas sanitarias”, explica el estudio editado por Sara Laraín y Pamela Poo.
De esta manera, hoy en Chile la totalidad de las empresas sanitarias que sirven a las grandes ciudades en todas las regiones son privadas, con la excepción de Emapa, aún bajo propiedad del Municipio de Maipú.
Un panorama que incluso ha significado la desertificación de importantes áreas de nuestro territorio privando a comunidades del llamado “bien nacional de uso público”, agotando los recursos. El gobierno militar configuró a las empresas regionales que luego fueron vendidas en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos.
El negocio de las empresas sanitarias es redondo cuando la nueva legislación les garantizó una rentabilidad de 10,3 por ciento de sus utilidades, una suerte de garantía que les entregaba el Estado de Chile para asegurarles buenos dividendos. Sin embargo, las rentabilidades fueron más allá alcanzado cifras de un 25 por ciento sobre su patrimonio, lo que resulta un negocio espectacular y lo mejor de todo, con aval del estado.
Donde sí se produjeron cambios fue en el alcantarillado, sin embargo, éste finalmente, ha sido costeado por los mismo usuarios, de modo que en Chile se paga tres veces por el agua: la que se usa, la que se deshecha y la que se recicla, llegando a ser una de las más caras de América Latina”, acusa Sara Larraín.
La industria versus la gente
El único mecanismo correctivo a este mercado fue el “pago por no uso” en el año 2005, que buscaba desincentivar la acumulación ociosa. Sin embargo, terminó siendo un incentivo perverso que aumentó las transacciones de ese mercado.
El mercado de las aguas en Chile tensiona las relaciones entre ciertas áreas productivas de nuestra economía, como la agricultura, minería y el sector energético con las comunidades locales y, finalmente, con toda la población. ¿Qué hacer para visibilizar este conflicto que es tan claro para quienes viven cerca de las cuencas y que pareciera tan ajeno para quienes viven en la ciudad? “Se trata de una tensión estructural y lo que hay que hacer es un sinceramiento entre lo que implica el agua para el uso esencial de las personas y lo que implica el uso productivo. Sin embargo, esto es una ley de la selva donde el Estado no tiene ninguna posibilidad de regular”, dice.
Esta suerte de ley de la selva es la que permite que los gritos de la comunidad de Quillagua no se sientan en Santiago o en los centros de poder, pero que son desesperados y piden ser escuchados, como el de los habitantes de Quillagua, el último pueblo de la cuenca del Loa y que ni siquiera cuenta con una red fija telefónica.
“La consolidación de esta inequidad es inaceptable –argumenta Sara Larraín- y nuestra estrategia es mostrar lo que está sucediendo para educar a la población de modo que ésta luego, defienda una agenda de cambios que debe luego traducirse en un marco jurídico nuevo”.
La decisión queda en sus manos. O abre la llave y mientras mira correr el agua se olvida de lo que les pasa a otros, o la cierra y se pone de pie junto a quienes no la tienen.
(*) Chile Sustentable
