Mundo Global: Narcos y terroristas matan estructuras estatales en América Latina y EE UU

Por Rudova Wakroto

Ya lo dijo esta semana la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton: Está latente el peligro de que la violencia del narcotráfico, en la forma como se ve afectado México, donde esta guerra ha dejado ya 28.000 víctimas fatales desde 2006, de ellas al menos mil eran adolescentes, se extienda rápidamente a Centroamérica.

Durante la semana conocimos la violencia en San Salvador, donde las denominadas pandillas callejeras se han tomado parte de la ciudad asaltando a los buses del transporte público y a los comercios, pero también conocimos una masacre en Honduras con 11 personas muertas en Silín, departamento de Colon. Estos hechos están vinculados con los carteles del narcotráfico que operan ya en todos los países de América Central.

El narcotráfico se ha mezclado también en algunos casos con el terrorismo o la guerrilla, como se aprecia desde hace tiempo claramente en el caso colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional que intensifican una guerra de varias décadas y que si bien se sabe que no tiene ningún destino, está allí, activa, y deja cada semana un sinnúmero de bajas en las Fuerzas regulares de Seguridad de Colombia. Recién el último viernes de madrugada cayeron ocho policías adolescentes que intentaron evitar la ocupación del municipio San Miguel de Putumayo. La semana pasada fueron otros catorce.

"México tiene la capacidad de fuerza y la ha estado utilizando" contra los narcotraficantes, pero los países de Centroamérica no la tienen, advirtió Clinton, quien enfatizó que el presidente Felipe Calderón merece "altas calificaciones por su valor" para combatir a los narcos.

Lamentablemente la situación en México es incontrolable y no coincide plenamente con las palabras de Hillary Clinton. Recién hace 48 horas, 89 reos se fugaron de una cárcel del estado mexicano de Taumaulipas con ayuda de los guardias, echando por tierra todos los avances que se habían hecho tras las detenciones de narcotraficantes como La Barbie, Nacho Coronel o Arturo Beltrán Leyva.

Sólo días antes de la fuga masiva del penal fueron encontrados los cuerpos sin vida de Roberto Jaime Suárez, el fiscal investigador de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas (México) y Juan Carlos Suárez, secretario de seguridad del poblado de San Fernando (Tamaulipas, noreste).

Ambos habían desaparecido el pasado 24 de agosto, tras haber sido los primeros en visitar el rancho tras la masacre y el enfrentamiento entre miembros del cartel que custodiaban la hacienda donde se perpetró el crimen y agentes federales.

En la masacre murieron una decena de ciudadanos hondureños, otros tantos salvadoreños y también hubo víctimas fatales de Brasil y Nicaragua. Los 72 que fueron atacados eran migrantes que querían cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos, para lo cual había pagado cada uno entre 1.200 y 1.500 dólares.

En estas condiciones, cuando los narcos asesinan a los investigadores y los carceleros ayudan a huir a los encarcelados, estamos frente a un país en el cual ya no hay ni Dios ni Ley.

Es el temor que también tiene hoy Estados Unidos con el terrorismo, lo que se está denominando como la “americanización del terrorismo”. Esto ocurre nueve años después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, que dejaron 3.000 muertos, hechos recordados ayer sábado en Nueva York.

Un estudio de 43 páginas escrito por quienes encabezaron la Comisión 9/11 que abordó los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, concluye que Estados Unidos enfrenta una amenaza cada vez más creciente de insurgentes.

Describieron la actual situación como un llamado de alerta sobre la radicalización de los musulmanes en Estados Unidos y la estrategia cambiante de Al Qaeda y sus aliados.

"La amenaza que Estados Unidos enfrenta hoy es diferente a la que veía hace nueve años", sostuvo el reporte, preparado por el Centro de Política Bipartidista, con sede en Washington.

"Podríamos argumentar que la situación de Estados Unidos en este momento no es muy distinta que la de Europa en términos de que cuenta con un problema terrorista doméstico que involucra a inmigrantes y a musulmanes nativos, así como a individuos convertidos al Islam", indicó el documento.

El informe fue conocido justo en el momento en que el presidente Barack Obama hizo un llamado a la tolerancia religiosa el viernes en momentos en que las pasiones se han agitado por planes de un pastor de Florida de quemar copias del Corán, lo que finalmente no lo hizo, además de la propuesta de construir un centro cultural y mezquita cerca de la llamada Zona Cero en la ciudad de Nueva York.

Todos los sectores políticos han reprobado el examen frente a los mapuches

Por Walter Krohne

La crisis de los mapuches ha tenido un mal manejo político de parte de todos los sectores involucrados, llevando el caso a un punto extremadamente peligroso que podría derivar en un conflicto mucho mayor si llegara a fallecer uno de los 34 comuneros que están desde hace 66 días en huelga de hambre.

El ministro de salud Jaime Mañalich, advirtió ya que cuatro o cinco de los huelguistas están en condiciones muy precarias y podrían figurar en la lista de posibles casos fatales si no se toman  medidas más urgentes como sería la suspensión inmediata de esta forma de protesta.

En primer lugar, los mapuches no están dispuestos a dejar el ayuno sin que se les de una señal clara de que la ley antiterrorista ha sido reformada y que en el futuro los casos serán ventilados en la justicia civil y no militar, que es el fondo de la actual huelga. La desconfianza que tiene este pueblo en la clase política se debe a un problema histórico de las “promesas incumplidas”. Todos los gobiernos le han hecho a este pueblo grandes promesas que con el tiempo han quedado en la nada misma.

La demostración de esta desconfianza se ha visto reflejada en el hecho de no pronunciarse o no aceptar cuando se mencionan a las Iglesias como intermediarios o mediadores y también en las muestras de rechazo que recibió la presidenta del Partido Por la Democracia (PPD) y vocera de la Concertación, Carolina Toha, quien tuvo que resistir la violencia verbal de los familiares de los presos.

Segundo, ha sido pésima, por no calificar de otra forma, la actitud de los cuatro diputados que no tuvieron mejor idea que plegarse a la huelga de hambre -Hugo Gutiérrez (comunista), Sergio Aguiló (socialista), Tucapel Jiménez (PPD) y Manuel Monsalve (socialista)-. La verdad es que a muchos chilenos les debe dar vergüenza tener representantes que en vez de ayudar a resolver un problema crucial intentan apagar un incendio con gasolina.

En tercer lugar hay que reconocer si en este contexto, que el actual problema de los mapuches es una herencia que le dejó la Concertación al actual gobierno. En veinte años no se preocupó de resolver los problemas más cruciales de este pueblo, limitándose casi únicamente a repartir tierras, que para los expertos en el tema, no es precisamente el punto más importante, porque el 70 por ciento de los mapuches vive hoy en las ciudades y no está interesado en regresar al campo. Por otra parte, la cantidad de tierras devueltas es mínima en relación a la cantidad usurpada, 600.000 hectáreas contra 5.000.000 de hectáreras que les fueron quitadas violentamente, como reconoció el padre Luis Manuel Rodríguez, especialista en el tema, en el programa Estado Nacional de TVN (ver mapa abajo izquierda).

Los mapuches reclaman otras cosas aparte de territorio, como ser reconocidos como nación, porque ellos, como lo han dicho abiertamente, no son ni quieren reconocerse como chilenos, empero no buscan separarse del Estado chileno; persiguen si una nueva relación con este. Buscan ser reconocidos como pueblo-nación, demandan una medida estructural que Chile se reconozca como un estado multiétnico y pluricultural. Hay que recordar que los mapuches tuvieron su territorio propio y que fueron los chilenos los que los desalojaron violentamente.

Para abordar este tema seriamente, debería formarse una mesa de diálogo, porque de acuerdo a estas peticiones será necesario estudiar una reforma constitucional que incluya regiones autónomas como podrían ser el territorio mapuche y también la Isla de Pascua, donde comienzan ya las primeras reivindicaciones independentistas. El único presidente que intentó este reconocimiento fue Patricio Aylwin pero se encontró con una fuerte oposición de los partidos de derecha.

Dijimos que este es un problema heredado en el cual una gran responsabilidad la tendría la ex presidenta Michelle Bachelet, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformar la Ley Antiterrorista y no lo hizo porque no le dio al proyecto las prioridades adecuadas o las urgencias necesarias para que la iniciativa fuera despachado con la rapidez necesaria.

El 13 de agosto de 2009, cuando Bachelet estaba aún en el poder, había 37 dirigentes políticos mapuches en prisión en distintos penales del sur de Chile. De ellos 28 eran procesados o estaban ya condenados por la ley antiterrorista (No.18.314.) -heredada de la dictadura de Pinochet-. 60 comuneros estaban en prisión o en libertad condicional por sentencia o medidas cautelares. Tres mapuches tuvieron que buscar refugio político en Argentina y Suiza. Hoy, 42 mapuches se encuentran en prisión preventiva desde hace dos años, porque así lo permite la Ley Antiterrorista.

Sin embargo, el padre Luis Manuel Rodríguez estima que la responsabilidad en este tema no es ni de la Concertación ni de la derecha, sino que es un problema histórico del estado chileno.

El problema actual es que el gobierno de Sebastián Piñera eligió el camino que cree ser el más corto, como  reformar la Ley Antiterrorista, pero será difícil hacerlo bajo tanta presión, porque el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad, especialmente para la seguridad nacional chilena en general.

En esta materia se habla del despacho de “una Ley corta” que consiste en aprobar sólo los puntos en lo que hay acuerdo. Así y todo, la discusión puede durar unos diez días, lo que es un tiempo muy largo si se piensa en la delicada situación de salud de algunos comuneros que llevan ya 66 días en huelga de hambre

El gobierno actuó muy lentamente y con atrasos y comenzó a abordar el tema en serio hace algunas semanas y no lo hizo hace dos meses cuando la huelga estaba recién comenzando.

Han pasado doscientos años

Por Eugenio Alvial Díaz

Según como se mire, ha pasado mucho tiempo o poco tiempo. Nos sentimos tentados de hacer un recuento de los acontecimientos, al estilo de lo que algunos medios hacen cada fin de año, pero sería una tarea ardua y tal vez aburridora, por lo tanto, mencionaremos algunos aspectos muy determinados, tratando de conformar un análisis muy general de lo que se ha hecho o no en dos siglos en Chile.

En primer lugar, debemos recordar que el 12 de febrero de 2018, nuestro país celebrará el bicentenario como país independiente del reino de España. Las celebraciones actuales se refieren a la Primera Junta Nacional de Gobierno, que fue obviamente, un paso previo a la independencia.

Si bien es cierto que es conveniente hacer un recuento de los logros y acontecimientos, errores y fracasos que han acaecido en dos siglos de historia, tampoco es menos cierto que basta examinar los textos que dan cuenta de ello para tomar conciencia y experiencia de lo acontecido en el país.

A nuestro entender lo hecho, hecho está, luego debemos fijar como siempre nuestra atención y afanes en lo que viene, procurando examinar francamente, con responsabilidad ciudadana y política, lo que ha quedado por hacer y que debemos llevar a cabo.

Es de perogrullo decir que un país está formado por hombres y mujeres, que son ciudadanos y viven bajo una bandera. Pues bien, es deber entonces de todos los estamentos, que estudian, trabajan y gobiernan para conducir el país, preocuparse de ellos, sin distinción de sexo, condición social, raza y creencias.

La bandera obliga

Viene entonces la primera pregunta de este examen Bicentenario: ¿ha sido bien resguardada la salud de TODA la población chilena?

Segunda pregunta: ¿TODOS los ciudadanos han tenido y tienen acceso garantizado a una buena educación inteligente?

Tercera pregunta: ¿las leyes que se aplican a todos, marcan el medio del fiel de la balanza de la justicia?

Cuarta pregunta: ¿todas las personas que nos gobiernan son las más idóneas?

Quinta pregunta: ¿en Chile hay habitantes de primera, segunda, tercera y cuarta categoría?

Sexta pregunta: ¿las actividades empresariales, productivas y financieras respetan todas las leyes que las rigen?

Séptima pregunta: ¿están convenientemente cautelados los recursos no renovables del país?

Octava pregunta: ¿los beneficios que recibe el Estado, como aporte por la explotación de los bienes no renovables, guardan relación con el vacío definitivo que provocan?

Novena pregunta: ¿existe en la ciudadanía conciencia real acerca del cuidado que debemos brindar a toda la naturaleza, que es la que conforma nuestro medio ambiente y que nos sustenta la vida saludable?

Décima pregunta: ¿hay voluntad política de los gobernantes para impulsar y sostener la práctica masiva de todos los deportes?

Undécima pregunta: ¿los partidos políticos, en su accionar, buscan realmente beneficiar al país o sólo persiguen mantenerse vigentes, a fin de llegar a posiciones y puestos de conveniencia para la elite de sus dirigentes?

Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas o positivas, creemos que los chilenos llevamos bien puesto los doscientos años de vida independiente; si no es así, ha llegado el momento de tomar conciencia y nota de las tareas pendientes irrenunciables que debemos asumir para enfrentar con éxito el futuro de hijos, nietos y bisnietos.

¿Quién manda en la salud en Chile?

Ofrecemos hoy  la segunda parte del aporte de Ciper Chile sobre la agenda de salud del gobierno chileno. Ayer nos concentramos en  Fonasa, en las deudas del Estado con los privados y en los verdaderos planes en el sector salud que tiene el nuevo gobierno, y hoy responderemos la pregunta de quién manda en la salud en Chile. Esta es la respuesta que nos da Ciper.


Por Marcela Ramos
CIPER CHILE

En el mundo de la salud es comentario obligado el protagonismo que ha adquirido el director de Fonasa. Al traspasarle Piñera el control de gran parte del manejo financiero del Ministerio de Salud le dio fuerza a la muñeca negociadora de Mikel Uriarte frente a los privados y aumentó su poder sobre los servicios públicos (mal que mal, es el que abre o cierra la llave). Como consecuencia de ello, el ministro Jaime Mañalich y sus subsecretarios se han concentrado en “lo sanitario”; y cada tanto se los menciona como candidatos a dejar sus cargos en un eventual cambio de gabinete.

Pero hay otro hecho en este cambio de roles y planes pilotos que ha pasado mucho más inadvertido: el peso del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet. En el gobierno confidencian que monitorea en forma constante lo que pasa en Salud y que su influencia es notoria en las decisiones del área.

Su interés no es nuevo. En 2008, el entonces director del Instituto Libertad y Desarrollo publicó un artículo en La Tercera. Allí señaló, a propósito de la vergonzosa inauguración del hospital de Curepto -con camas y pacientes prestados-, que “cada cierto tiempo la prensa nos informa de casos de negligencia, de incumplimiento de los compromisos del Auge y largos tiempos de espera”.

Según Larroulet, esto era consecuencia de que los hospitales públicos no poseían la institucionalidad adecuada. “No están los incentivos ni la organización adecuada para el buen servicio”, sentenció. Y propuso entonces tres políticas que podrían solucionar los problemas. La primera era permitirles a los ciudadanos que escogieran libremente dónde atenderse: hospital público o privado. Para ello se les entregaría, “a los sectores bajos y medios”, un bono de salud “que haga posible la libertad de elección”.

Su segunda propuesta fue “permitir la competencia” entre todas las instituciones de Salud. Así, “éstas se esfuerzan para atender mejor a los enfermos”. La tercera era cambiar la organización de los servicios públicos, transformando a los hospitales y consultorios “en empresas estatales con autonomía y flexibilidad”.

Larroulet imaginaba sociedades anónimas hospitalarias, constituidas “con participación minoritaria del Estado, dando una opción preferente a sus funcionarios y abiertas a la incorporación de entes privados interesados en asociarse”.

Ahora que Larroulet está en el motor principal del gobierno, muchos piensan que tiene en su mano la llave para aplicar sus recetas. Una fuente oficialista asegura que la agenda privatizadora de Libertad y Desarrollo pesa en Salud. Larroulet habría sugerido algunos de los puestos clave de esa cartera, incluyendo la subsecretaria Lilian Jadue y los principales asesores.

Otro factor que refuerza esa influencia es la composición de la comisión de expertos creada por Piñera para reformar la salud. Entre los doce convocados, casi la mitad están vinculados directamente a la salud privada: Fabio Valdés, director de la Clínica Dávila e íntimo amigo del Presidente; Rafael Caviedes, director ejecutivo de la Asociación de Isapres y director de la Asociación Latinoamericana de Salud Privada; Gonzalo Simón, gerente de estudios de la Asociación de Isapres; César Oyarzo, gerente general de Integramédica y Andrés Tagle, ex vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Isapres

-Siempre hay intereses detrás de estas comisiones, pero lo bueno es que aquí están explícitos –se consuela uno de los integrantes de esa comisión, quien dudó si valía la pena integrarse a ella.

En la Concertación analizan los pasos a seguir. Ex autoridades del ministerio se han agrupado para oponerse a lo que estiman un proceso privatizador en marcha. Pero el debate interno es ácido: un sector de la DC le echa la culpa al PS por parar las concesiones de hospitales que Lagos había comenzado y Bachelet tenía que inaugurar. Mientras allí se discute, los que saben de este negocio siguen moviendo sus fichas.

A comienzos de mayo el Grupo Said, controlador de Parque Arauco y la embotelladora Andina, anunció la compra de Integramédica, una red de trece centros que en 2009 tuvo ingresos por 120 millones de dólares y que se presenta como “el principal prestador de salud ambulatoria del país” en las páginas económicas de los diarios. Para adquirir Integramédica, los Said se asociaron con el fondo de inversión Linzor Capital.

El mismo equipo adquirió a fines de 2007 la isapre ING, la cual, ahora como Cruz Blanca, dio vida a un holding que hoy está compuesto por la isapre, la red de centros Integramédica y otras tres clínicas privadas. El domingo 5 de septiembre, en El Mercurio, los rostros de este negocio ahondaron en sus planes futuros. “Lo esperable es que la industria como tal se duplique de aquí a un período de 10 años. Eso abre un enorme campo de oportunidades para seguir creciendo”, afirmó Tim Purcell, fundador de Linzor Capital, director de Celulosa Arauco y Cruz del Sur. De acuerdo a revista Qué Pasa es conocido en el mundo de los negocios como un “cazador de oportunidades”, un talento que varios ejercitan en estos días para maximizar los beneficios que se esperan en el mercado de la salud.

El error de las listas de espera

A fines de julio, el Presidente Piñera hizo un anuncio espectacular: en sólo 70 días su gobierno había logrado reducir a la mitad las listas de espera Auge. Sin invertir más recursos ni realizar operativos especiales, su administración había avanzado en sólo dos meses más que la Concertación en los cuatro años del Auge.

“De las 360 mil personas que teníamos (en listas de espera) el 21 de Mayo, 180 mil han sido atendidas en estos 70 días y las listas de espera se han reducido a la mitad, es decir, a 180 mil personas. Y esa es una muy buena noticia”, se felicitó el Presidente. Estaba en La Moneda, rodeado por los 12 profesionales del Panel de Expertos en Salud convocados para abordar temas de fondo: proponer las bases para una gran reforma a la Salud y hacerse cargo de los efectos del fallo del Tribunal Constitucional entre los afiliados a las isapres, entre otros puntos.

Tras la noticia, llovieron las acusaciones. Vivianne Bachelet, vocera del Frente Amplio de Defensa de la Salud Pública, señaló que el anuncio era tramposo, pues tras la reducción no había acciones médicas sino informáticas.

A los pocos días el Presidente reconoció que sí, que había existido una depuración. Pero afirmó que se trataba de 40 mil casos, un porcentaje menor, que no opacaba el logro. De acuerdo a los antecedentes recogidos por CIPER, al Presidente le faltó aclarar otro error de su anuncio: en la lista de espera Auge no se suman personas sino garantías. Esto quiere decir que, si hubo una disminución del 50%, no significa, como se dijo, que 180 mil personas fueron atendidas y de alguna manera sacadas del sistema. Sino que X personas (no sabemos cuántas), beneficiarias de 180 mil “garantías de oportunidad”, fueron atendidas. Ahora, es muy probable que esas personas hayan salido de una lista para ingresar a otra, pues una misma enfermedad puede generar varias garantías. El sistema es una trenza y cada problema de salud tiene sus etapas y tiempos de atención.

El Presidente tampoco explicó de dónde sacó los 360 mil casos que fijó el 21 de Mayo. “Esa cifra viene de la investigación que hizo el gobierno y ellos determinaron que había 360 mil”, justifica Mikel Uriarte, director de Fonasa, institución que administra el sistema informático del Auge.

Días después del discurso ante el Congreso, El Mercurio informó que los casos atrasados sumaban 272.278. Luego, el 9 de julio, La Nación publicó que, al mes de junio, los retrasos eran 246.724. Es decir, en un mes, las garantías retrasadas ya habían disminuido en 100 mil.

¿Puede explicar cómo lo lograron?, consultó CIPER a Uriarte.

-Las primeras bajas que existieron fueron 40 mil por temas estadísticos, personas que estaban muertas, gente que se fue a la libre elección. Después se disminuyeron 120 mil reales. Al final los servicios empezaron como locos a hacer las cataratas, lo que tenían pendiente, y ya estamos en 180 mil.

-El milagro de las cataratas podría llamarse…

-No, además hubo otras cosas, que son muy sencillas.

Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los retrasos reales en las garantías del Auge. Ni el Presidente ni el director de Fonasa ni los encargados del sistema informático del Auge, el SIGGES. Por varias razones: porque el sistema tiene inconsistencias; porque el Ministerio no puede hacer un seguimiento al detalle de las atenciones por nombre o RUT del paciente; y porque hay enormes diferencias informáticas entre los hospitales y los consultorios, encargados de ingresar los datos al sistema.

En septiembre de 2007, la Cámara de Diputados creó una Comisión Especial Investigadora para indagar sobre las causas de retrasos e incumplimientos en el Auge. Una de sus “áreas de trabajo” fueron las serias deficiencias del SIGGES, pues costó caro (5 mil 600 millones de pesos) y no funciona bien. Como el Transantiago.

Según se explica en el informe ejecutivo de la Comisión Investigadora, “no existen mecanismos de control que permitan asegurarse que los funcionarios del sistema digiten la información y el registro de las atenciones”. Luego se concluye: “FONASA se ha demostrado incapacitado para operar el sistema informático diseñado por Entel. Esto trae como consecuencia que todo el registro del Plan GES y su fiscalización no es confiable, poniendo en peligro la reforma completa”.

Un año después del informe de la Comisión de la Cámara, la Contraloría realizó una investigación en Fonasa. El objetivo era evaluar el funcionamiento integral del servicio y rápidamente se les apareció el SIGGES. Tras dos años de investigación, a comienzos de 2010, Hernán Monasterio (PS), ex director de Fonasa, fue sancionado por no haber puesto término al contrato con Entel, pese a las evidentes fallas del sistema.

Camas millonarias

Por Lissette Fossa

“Todos vamos a tener que hacer el esfuerzo de llevar los precios de las prestaciones privadas a los aranceles de Fonasa”, decía en marzo el empresario Andrés Navarro, al anunciar que la Clínica Las Condes, de la cual es socio, participaría en la licitación de camas que el gobierno haría para suplir los espacios que se perdieron producto del terremoto. Finalmente la oferta de dicho centro asistencial privado para camas UTI fue la más cara: $963.707 por día.

Si bien la Clínica Las Condes es la más cara y exclusiva del mercado, la experiencia abre dudas sobre cuán conveniente resulta la anunciada alianza público-privada para satisfacer las demandas que los servicios estatales no pueden cubrir. Los gremios de la salud exigen abrir más camas en los hospitales, pero el modelo apunta a complementarlo con una mayor participación de los establecimientos privados.

El Ministerio de Salud se ha centrado en la respuesta inmediata, que consiste en facilitar la compra de días camas a entes privados, un proceso iniciado en los últimos años de gobierno de la Concertación. Se argumenta que la nueva versión ha abaratado costos, pues se ha eliminado la incertidumbre del costo final de las prestaciones logrando buenos precios de camas integrales (que incluyen medicamentos y exámenes). Sin embargo, el precio pactado con muchas de las clínicas puede llevar a pagar el doble o el triple de lo presupuestado inicialmente.

Ya en 2005 y 2007 Fonasa había licitado ciertas prestaciones médicas, éstas últimas con otro tipo de cama integral. El convenio fijaba precios de referencia, como una cama UCI adulto en $165.610 y una cama básica adulto en $26.000. La adjudicación de 2007 bordeaba esas cifras, siendo la más costosa una cama UCI para adultos: $345.000. Desde 2009, los pacientes eran derivados por la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) del ministerio, que privilegiaba las camas disponibles en el sistema público y luego en el privado, desde la más económica hasta la más cara.

Sin embargo, en abril de este año, el nuevo equipo ministerial decidió realizar una nueva licitación, con camas integrales que incluían más atenciones. A pesar de las expectativas, sólo se logró licitar 708 camas.

El análisis de los datos recopilados por CIPER muestra que el valor licitado es alto: las camas más demandadas, UCI y UTI adulto, presentan un valor promedio de la licitación de $1.048.000 y $720.000 respectivamente. En el caso de la cama básica, el valor promedio es de $313.000. Entre los oferentes más caros en camas UCI en regiones se encuentra la Clínica Universitaria de Concepción, con $1.500.000, mientras que en Santiago, las más caras son la Clínica Santa María, Clínica Alemana y Clínica Las Condes, que sobrepasan el millón de pesos por día cama UCI.

La licitación supone que se fije un precio promedio por todo lo que incluye la cama integral, es decir, el servicio es el mismo en todas las instituciones, pero debido a que el riesgo de los pacientes es alto, varias clínicas fijaron el precio en el valor más alto que podría costar el día cama, aunque esos exámenes o medicamentos pueden no realizarse.

Chile: ¿Podrá sobrevivir la clase media?

Por Hugo Latorre Fuenzalida

Algo pasa con la llamada “clase media”, pues todos hablan de ella, pero nadie puede hacer finalmente nada por aliviar sus cuitas.

La clase media fue la gran esperanza de este país durante el siglo XX. Hoy parece ser la capa más débil del sándwich, pero la que más nutre al organismo social con sus responsabilidades económicas y culturales.


En su responsabilidad económica, como la clase media suele ser la clase que posee empleos formales, es la que más tributa, ya que casi el 70% de los ingresos del fisco proviene del IVA. De hecho, la clase media con lo que paga en impuestos es la que financia el 12% de las transferencias públicas que van a dar a manos del 20% más rico de la sociedad; también financia el 28% de las transferencias que el fisco hace al 20% más pobre.

Respecto a sus aportes culturales, ha sido tradicionalmente este sector el que viene poblando a la sociedad de la capa profesional y también la capa ilustrada. Pero además es sobre esta clase media que se trasmiten, preservan y se crean los valores que soportan la cultura social. Su vecindad con los sectores pobres y su capacidad crítica para con los sectores ricos, genera una contradicción que les lleva a buscar la imitación hacia los de arriba, pero con la mirada puesta hacia los de abajo, derivando esta especie de esquizoide postura en una especial sensibilidad crítica y progresista en la mayoría de sus miembros.

Las clases altas o de elevados ingresos, sostiene posturas muy conservadoras en lo valórico, y de ajena distancia del resto de la sociedad. Su autonomización llega a la prescindencia, justamente porque la hegemonía cultural imperante auspicia una especie de individualismo de ghettos postmodernos, en que la responsabilidad se limita al grupo más próximo, considerando ajeno ya al grupo que se encuentra a mediana distancia.

Acontece en estos tiempos disolutivos de toda estructura social y cultural, también de las económicas, que esta clase media, que fue relativamente homogénea, se vuelva ahora fragmentaria y dispersa.

En Grecia, si bien no se puede comparar el tipo de clases con nuestras sociedades, se dio el empuje de una clase parecida a la media, dentro del estrato de las clases acomodadas: comerciantes, constructores, militares, sabios. Todos ellos fueron un gran soporte de la expansión de Atenas. También en la Roma imperial, la clase militar, los ingenieros y los hombres preparados para la administración del extenso imperio en diversas tareas intermedias, fueron además los cultores de una estructura institucional y jurídica que el bajo pueblo no valoró ni los patricios cuidaron de mantener, demasiado absortos en sus luchas intestinas por acaparar poder, justamente entre bandos antagónicos.

Hoy, la clase media está siendo dividida en segmentos que van perdiendo la fisonomía histórica: a) la clase media, media, es aquella que queda aún atrapada entre las dos fracciones centrífugas; b) una clase media ascendente, que se acopla a las clases ganadoras del sistema y c) una clase media descendente, que ha fracasado en sus estrategias de inserción exitosa en el modelo de libre mercado, evidenciando pérdida de competitividad y caída en los niveles de ingresos.

Esta clase que fue antes un moderador de los antagonismos sociales y forjador de un esfuerzo horizontalizador en el progreso, se ve hoy arrastrada hacia la impotencia, la minusvalía y devaluación como segmento. Los sectores atrapados en la histórica posición de media, media, comienzan a resentir su condición, pues son candidatos a perdedores comparativamente con los de su clase que siguen la trayectoria ascendente; por tanto deberían ir rompiendo sus fidelidades equilibradoras, para avanzar en posturas más contestatarias. Es digno de ver, por ejemplo, los estudios de la Cepal respecto a la pérdida económico social que sufre el sector empleado en el aparato público con respecto a otros sectores de la clase media.

El segmento de los perdedores al interior de la clase media, indudablemente irá adoptando posturas más levantiscas o rebeldes, y ya han dejado de ser parte de ese puente social que antes construyeron.

La sociedad de consumo, con su hedonismo y narcisismo, logra morigerar los impulsos defensivos de una clase que debería tener la claridad crítica ante un sistema que la vulnera.

Es sobre todo en la capa de los más jóvenes donde se aprecia esa contradicción: rebeldes en las etapas de colegio (pingüinos); morigerada en la etapa universitaria, por la exigencia financiera de las familias, y formalmente privatizados en la etapa de ingresar al trabajo.

Debe producirse un acercamiento entre los sectores medios, medios y los descendentes, al interior de la clase media. El segmento más arribista de la clase media está en su tarea de imitar a las clases ricas y ya no volverán la mirada hacia abajo ni hacia atrás.

Pero también es cierto que Chile aún está lejos de instalar organizaciones medianamente combativas en aras de sus intereses de clase: la conciencia de ciudadanía del chileno medio es precaria o menesterosa, por lo que se prevé continuará la dispersión de la clase media y su debilitamiento, pérdida de poder e influencia, justamente por la pérdida de homogeneidad y coherencia como segmento social.

Esta realidad habla de que somos un país cada vez más polarizado y seremos cada vez más extremos en lo social. Ya no habrá ese colchón social que servía de contrapeso, lo que plantea también el peligro de entrar en una ruta de oleaje social bastante agitado y sin mucho timón para conducir la nave hacia puertos seguros y pacíficos.

A los 37 años del Golpe, partidos de Pinochet gobiernan Chile

Por Hernán Uribe (*)

Vernon Walters, ex Subdirector de la CIA estadounidense: “Pinochet era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta”.

Las fuerzas políticas conservadoras que fomentaron el golpe de Estado del Once de Septiembre de 1973 en contra del presidente chileno Salvador Allende y que luego respaldaron a la dictadura castrense se mantienen intactas tanto que desde marzo 2010 han asumido el Poder Ejecutivo en la persona del presidente Sebastián Piñera militante de una de esas colectividades, el partido Renovación Nacional (RN).

Cuatro decenios atrás, ese ente se denominaba Partido Nacional y era el heredero del antiguo Partido Conservador cuyo nombre ilustra acerca de su ideología. RN fue el más activo, desvergonzado y efectivo en el campo de crear el clima propicio para lanzar la Constitución al papelero, tarea oscura en que fue acompañado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) impulsado éste por el estólido afán de recuperar el poder.

Otra entidad partidaria que se formó precisamente para respaldar al régimen de Augusto Pinochet, es la Unión Demócrata Independiente (UDI) creada en septiembre de 1983, “con bombos y platillos y para organizar el apoyo a la dictadura” señala el politólogo Patricio Zapata. Agrega: “En 1988, la UDI fue junto a RN entusiasta partidaria del Si haciendo campaña para que el general Pinochet gobernara otros ocho años más”. Como es conocido, el tirano perdió aquel plebiscito del NO-Si y con ello comenzó a desmoronarse su poder.

UDI y RN constituyeron la oposición durante los 20 años post Pinochet, pero ahora no sólo son gobierno sino que también están prácticamente empatados con la actual oposición en las cuotas de diputados y senadores y además, la UDI conforma el partido con mayor votación en Chile. Anotemos que todavía rige, con leves modificaciones, la Constitución que inventó la dictadura.

Surge un interrogante obligado: ¿Cómo es posible ese respaldo a quienes fueron cómplices de horrendos crímenes y luego que se comprobara que Pinochet aparte de ser el responsable de ellos, fue también un desvergonzado que utilizó fondos del Estado para enriquecerse junto con su familia incluso recurriendo a los gastos reservados?

Otro ángulo oprobioso en la conspiración que el once de septiembre de 1973 llevó a la muerte al presidente Allende es la participación en ella de extranjeros. El golpe fue ordenado, financiado y preparado en las oficinas de la Presidencia, del Departamento de Estado y del Pentágono estadounidenses. La “Operación Track II (ruta), nombre clave del complot “fue abierta por el presidente Nixon el 15 de septiembre de 1970 cuando ordenó a la CIA que desempeñara un papel directo en la organización de un golpe de estado en Chile”.

Lo que usted acaba de leer entrecomillado son palabras de un documento oficial norteamericano: Covert Action in Chile, United Status Senate, U.S Governmente, Washington, 1975. Se trata, pues, de una decisión político-conspirativa adoptada antes de que Salvador Allende asumiera la presidencia, ya que, ratificado por el Parlamento en octubre, asumió el mando el tres de noviembre de 1970. Las maniobras ilegales comenzaron inmediatamente después de la victoria electoral de Allende el cuatro de septiembre. Asesinaron al entonces Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider y se formaron grupos de choque armados y luego vendría el boicot a la economía.

En cumplimiento de la orden presidencial, la Central Intelligence Agency (CIA), organismo de espionaje y conspiración de EE UU participó directamente en la guerra secreta en contra del gobierno popular de Chile. El contacto clave de los confabulados fue Vernon Walters (VW) a quien se le vincula con los derrocamientos de Joao Goulart en Brasil y del premier Mosadegh de Irán, este último asesinado.

El tres de octubre de 1999, el periódico derechista chileno “La Tercera” difundió una entrevista a Walters a quien caracteriza como “El super espía que más sabe sobre Chile”. Apunta que a él “se le vincula directamente con el derrocamiento de Salvador Allende” y fue entonces cuando Walters (Foto derecha) a propósito del encarcelamiento de Pinochet en Londres (1998) lanzó su frase que tiene gran poder de síntesis: “Pinochet era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta”. Efectivamente Pinochet  fue siempre un hombre de la CIA desde que estuvo de Agregado Militar en Washington. También confesó  a “La Tercera” que “después de septiembre de 1973 la CIA prestó asesoría especializada en Chile a la DINA para realizar la labor represiva en contra de la izquierda chilena”

(DINA: Dirección de Inteligencia Nacional, la GESTAPO chilena, cuyo jefe, el general Manuel Contreras está hoy condenado a unos 300 años de prisión)

¡Qué contraste la de esos miserables personajes con el heroísmo supremo y la alta responsabilidad de Salvador Allende! Estuvimos con él unos días anteriores al golpe. Nos reiteró a un grupo de periodistas y en referencia a los adversarios: “Fracasados en el plano político, incapaces de utilizar las vías legales porque no cuentan con la mayoría, su último y único recurso es el golpe de estado”

Muchos nos retiramos con la convicción de que la traición y las conspiraciones eran inminentes y que el presidente afrontaría la situación con la valentía que lo caracterizaba. Lo último se podía deducir de su discurso del 4-12-71: “Que lo sepan: dejaré La Moneda (sede presidencial) cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo”.

En la mañana de aquel día fatal y en medio del destrozo, del ataque aéreo y terrestre de los “valientes” militares en contra de La Moneda escuchamos por la única radioemisora en pie (Radio Magallanes) la voz de Salvador Allende en lo que él mismo llamó Mis últimas palabras: “Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo”. ¡Genio y Figura!

(*): Periodista/escritor chileno

Litigio peruano contra Chile será tratado en Quito a nivel parlamentario

Comienzan a moverse los contactos entre Chile y Ecuador para tratar el litigio peruano contra los intereses marítimos chilenos. Parlamentarios de ambos países se reunirán en Quito la próxima semana para tratar el tema, sin que aún el Gobierno de Ecuador haya decidido declarar ante el tribunal Internacional de La Haya para dar a conocer su posición frente a la cuestión limítrofe.


El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, Hernán Larraín, encabezará una delegación que viajará a Quito con tal propósito, informó Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Bustamante comentó que espera que en la cita los representantes chilenos les "expliquen el problema y poder conocer la visión chilena sobre el litigio de la frontera marítima".

Perú presentó una demanda en La Haya en la que reclama unos 35.000 kilómetros cuadrados de jurisdicción marítima que ahora están bajo soberanía de Chile.

Por su parte, Chile sostiene que los tratados de 1952 y 1954, también suscritos por Ecuador, ya delimitaron la frontera marítima entre los tres países.

"Para nosotros no es un tema de tomar partido, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ninguno de los dos países, queremos mantener excelentes relaciones tanto con Perú como con Chile", dijo Bustamante, al añadir que anhelan "que esos dos países resuelvan su litigio de la manera más pacífica posible".

El asambleísta comentó que esperan "alentar a que Perú y Chile encuentren rápidamente el camino de solución de sus problemas y que, efectivamente, la resolución que tome La Haya favorezca la paz, la concordia y los derechos de todo el mundo".

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, indicó que su Gobierno aún no ha decidido si entrará en el litigio abierto en la Corte de La Haya. Ecuador fue notificado por el Tribunal sobre la demanda peruana presentada contra Chile en enero de 2008, debido a que es firmante de ambos acuerdos.

El 6 de agosto último, los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Ecuador, Rafael Correa, ratificaron en Quito los tratados fronterizos suscritos con Perú.

Los mandatarios firmaron una declaración conjunta en la que destacaron la “vigencia, alcances y contenidos de la Declaración de Santiago de 1952 y del Convenio sobre zona Especial Fronteriza Marítima de 1954”.

Asimismo, “expresaron su satisfacción por los logros derivados de los mismos” y reiteraron “su visión común frente a temas vinculados con el Derecho del Mar y su amplia cooperación en la materia”.

En el encuentro parlamentario del lunes, los legisladores también abordarán temas bilaterales entre ambos países y asuntos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyo tratado constitutivo ratificó Chile esta semana.

Hasta el momento siete países han ratificado el Tratado Constitutivo de la Unasur: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guayana, Perú y Venezuela, y para que entre en vigor se necesitan las adhesiones de nueve de las 12 naciones que lo integran.

Fidel desilusiona a algunos y preocupa a otros tras decir que el modelo cubano ya no sirve

Revuelo causaron en países, donde hasta ahora Cuba era un ejemplo político a imitar, las declaraciones que hizo esta semana el líder de la revolución Fidel Castro al reconocer que el “modelo cubano ya no funciona” en una entrevista publicada por la revista estadounidense on line The Atlantic Montyhly (caricatura de la izquierda publicada por El Comercio de Quito) .

Estas declaraciones hicieron impacto especialmente en Venezuela, donde su presidente Hugo Chávez, es gran admirador del sistema cubano y de los      hermanos Castro, especialmente de Fidel, a quien considera además su amigo. El ex presidente cubano admitió ante el periodista estadounidense Jeffrey Goldberg que "el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros" en respuesta a la pregunta del periodista
sobre si seguía creyendo que el modelo cubano era algo que todavía merece la pena exportar.

Goldberg cita en su artículo a la especialista estadounidense en Cuba Julia Sweig, quien lo acompañó en su viaje a la isla caribeña a finales de agosto por invitación del propio Castro. Ella comentó que Fidel  "no estaba rechazando las ideas de la revolución. Lo interpreté como un reconocimiento de que bajo el 'modelo cubano' el Estado tiene un papel demasiado grande en la vida económica del país", explicó Sweig.

La especialista en Cuba del Council on Foreign Relations, opinó que la intención en las palabras de Castro podría ser la de "crear espacio" para su hermano y actual presidente, Raúl Castro, para que pueda aplicar las "reformas necesarias" y protegerlo de la resistencia de los comunistas más ortodoxos".

Para dirigentes políticos de la oposición venezolana, la declaración del líder cubano, no constituye una novedad. Celebraron que el ex presidente Fidel Castro "luego de 50 años se haya dado cuenta de que el comunismo no funciona", lo cual ha dado la razón a la oposición.

"En toda la faz del planeta no hay un solo país donde ese modelo funcione y en la sabiduría de su edad, Fidel ha llegado a esa conclusión: aleluya", expresó el dirigente de la Mesa de Unidad,  Ramón Aveledo, quien recordó "el problema tan grande que se formó" cuando el cardenal venezolano Jorge Urosa Savino dijo que el Socialismo del Siglo XXI era el comunismo.

"Hace poco el Partido Comunista amenazó con demandar a la Mesa de Unidad por estar hablando mal del comunismo y ahora tendrán que asociar a Fidel Castro en esa demanda,  porque dijo que no funcionaba ni en Cuba", acotó el dirigente.

Para el alcalde metropolitano de Caracas, el presidente Hugo Chávez "ha quedado al descubierto" con la opinión de Fidel. "´La Constitución Bolivariana no habla de socialismo ni de comunismo, que es lo que quiere imponer Chávez y su gente, sino que se habla de democracia. Lo peor de todo es reconocer que la cercanía entre Cuba y Venezuela la marca el apoyo financiero, porque nuestro país es la caja chica de Fidel".

“Es lamentable que después de 50 años de opresión política, atropello a los derechos humanos, fusilamientos físicos y morales, apología de la pobreza, destrucción de los sistemas de producción y secuestro de la sociedad cubana, el país caribeño haya sido conducido a vivir en la más larga dictadura del continente y en el más terrible de los oscurantismos del mundo", dijo el dirigente de la Alianza Bravo Pueblo, Pedro Blanco.

Entretanto, la blogera cubana Yoani Sánchez escribió en su blog desde La Habana:  "Quizás se trate de un arranque de sinceridad que asalta a los ancianos a la hora de valorar su vida. Incluso puede ser otro intento desesperado por llamar la atención, como su vaticinio de una inminente debacle nuclear o el tardío mea culpa por la represión a homosexuales que hizo hace unas semanas. Al verlo reconocer el fracaso de “su” modelo político, tengo la sensación de que asisto a una puesta en escena donde un actor gesticula y eleva la voz para que el público no deje de mirarlo" (leer artículo completo en esta edición).

Fidel Castro se pasó a la oposición: Las promesas rotas

Por Yoani Sánchez
Desde La Habana

Me juré que nunca más hablaría de ese señor de barba cuidada y uniforme verde olivo que copó cada día de mi infancia con su permanente presencia. Con más de un argumento, apuntalé mi decisión de no referirme a Fidel Castro: él representa el pasado; hay que mirar hacia delante –a esa Cuba donde él ya no estará– y en medio de los retos del presente, aludirlo me parecía una distracción imperdonable.

Pero ahora se ha colado de nuevo en mi vida con uno de sus característicos exabruptos. Me siento obligada a enfocarlo nuevamente después de sus declaraciones de que “el sistema cubano no funciona ni para nosotros mismos”, dichas al periodista Jeffrey Goldberg.

Si no recuerdo mal, por frases menores o similares expulsaron a muchos militantes del Partido Comunista y purgaron largas condenas innumerables cubanos. El dedo índice de quien fuera el Máximo Líder se dirigió sistemáticamente contra los que intentaron explicarle que el país no marchaba. Pero no sólo el castigo acompañó a los inconformes, sino que la máscara se nos convirtió en ardid de sobrevivencia en una isla que él intentaba hacer a su imagen y semejanza. Simulación, susurros, dobleces, todo para ocultar la misma opinión que ahora el “resucitado” comandante lanza precipitadamente frente a un periodista extranjero.

Quizás se trate de un arranque de sinceridad que asalta a los ancianos a la hora de valorar su vida. Incluso puede ser otro intento desesperado por llamar la atención, como su vaticinio de una inminente debacle nuclear o el tardío mea culpa por la represión a homosexuales que hizo hace unas semanas. Al verlo reconocer el fracaso de “su” modelo político, tengo la sensación de que asisto a una puesta en escena donde un actor gesticula y eleva la voz para que el público no deje de mirarlo. Pero mientras Fidel Castro no tome el micrófono y nos anuncie que su obsoleta criatura será desmontada, nada ha pasado. Si no dice esa misma frase hacia el interior de Cuba y además se compromete a no interferir los cambios necesarios, estamos en las mismas.

Nota:

Ayer, al enterarme de la noticia, escribí un breve tweet: “Fidel Castro pasa a la oposición al decirle al periodista Jeffrey Goldberg que el modelo cubano ni siquiera funciona para nosotros”. Un rato más tarde me llamó un amigo disidente a quien le había mandado el mismo texto por SMS. Sus palabras fueron irónicas, pero certeras: “si Él se pasó a la oposición, yo me cambio ahora mismo al oficialismo”.

Chile/Mapuches: Demasiados dimes y diretes, pero el problema de fondo no se resuelve

Mientras otros dos mapuches debieron ser llevados hoy de urgencia a un hospital tras sufrir desmayos por la huelga de hambre que llevan a cabo desde hace 61 días, el diálogo de las autoridades, tanto del oficialismo como de la oposición, está fuera de tono y no se concentra en el punto central que es ahora tomar medidas urgentes para salvarle la vida a los 34 comuneros que están en distintas cárceles en regiones del sur chileno.


Mientras, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, en vez de intentar ayer convencer a los 34 mapuches que suspendieran el ayuno para poder resolver el problema por otros medios, porque hay disposición para ello, decidió plegarse al movimiento junto a otros tres diputados de la oposición, lo que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter califico de “acto de irresponsabilidad inconmensurable”.

Hoy el diputado respondió diciendo “yo creo que los responsables son Piñera y su ministro del Interior (...) no saco nada con pedírselo a la Concertación porque ya no es gobierno, tengo que pedírselo a este gobierno, ellos son los que representan a Chile ante la comunidad internacional", dijo a canal 24 Horas.


"Mayor irresponsabilidad es del gobierno que en 60 días de huelga de hambre, no ha tenido ningún tipo de diálogo con los mapuches, algo tan básico, tan esencial, tan fundamental como eso”, declaró luego.

Gutiérrez se plegó ayer a la huelga de los mapuches junto a los también diputados Sergio Aguiló (socialista), Tucapel Jiménez (PPD) y Manuel Monsalve (socialista).

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, respondió hoy a Gutiérrez lo que en el fondo parece un partido de “ping pong” que se está jugando en el medio de un dramático cuadro que ocurre a pocos días de iniciarse las festividades del bicentenario de la independencia de Chile y cuando los mapuches comienzan a debatirse entre la vida y la muerte, dijo: "Ningún chileno ni aunque sea diputado, y bajo ningún pretexto, ni aunque sea solidarizar con una huelga de hambre, puede alterar las normas. Como gobierno nos corresponde que dentro de los recintos penitenciarios y en todo el país se cumpla la ley. (...) Lo que han hecho estos cuatro diputados constituye un acto de irresponsabilidad inconmensurable", afirmó Hinzpeter en entrevista con la radio Agricultura. Los cuatro diputados, que ayer ingresaron a la cárcel de Temuco para unirse a la huelga de hambre de los mapuches, fueron desalojados horas después violentamente por orden del Gobierno con las fuerzas de la Gendarmería.

"Creo que no vale la pena seguir comentando la conducta de estos diputados. Yo creo que no hay nadie en el país que pueda estar de acuerdo con lo que ellos hicieron", sostuvo.

El problema ha sido heredado del gobierno de Bachelet

Hinzpeter también recordó que "la huelga de hambre (de los mapuches) se motiva en querellas fundadas en la ley antiterrorista, que fueron planteadas en la administración de la (ex) Presidenta Bachelet. Este es un problema 100% heredado. Así como hemos recibido el gobierno con problemas no resueltos en otro ámbitos, como el Transantiago, también hemos recibido el gobierno con problemas no resueltos en otros ámbitos, en el ámbito de los pueblos mapuches".

"Durante años se aplicaron políticas que siempre denunciamos, políticas erradas. Se gastaron miles de miles de millones de pesos en compra de tierras, que no han servido para nada. No han servido para resolver el problema", añadió.

En esa línea, el ministro dijo que en el gobierno "en seis meses nos estamos haciendo cargo de estos problemas, estamos promoviendo soluciones que nunca se propusieron, pero también es cierto que necesitamos alguna mínima colaboración de la actual oposición".

Finalmente, Hinzpeter hizo un llamado a los parlamentarios de la Concertación a "dejar de darse gustitos", y les pidió que colaboren con el gobierno para lograr solucionar el problema mapuche.

Chile: ¿Patria de todos?

Por Manuel Cabieses (*)

La huelga de hambre que mantienen 31 presos políticos mapuches en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia, exigiendo entre otros puntos la no aplicación de la ley N° 18.314 (o Ley Antiterrorista), que coarta las garantías constitucionales referidas al debido proceso y a la presunción de inocencia, nos lleva a preguntarnos si efectivamente Chile es la patria de todos o si hay algunos ciudadanos nacidos en este país que son tratados como indeseables, a los que hay que tolerar pero que ojalá no existieran.

En Chile, la existencia de una población indígena, sobre todo de mapuches, ha sido un “problema” desde la invasión de los conquistadores españoles hace más de 500 años. Incesantemente se les ha negado su condición de pueblo y procurado su integración al país creado por los invasores -pero siempre como parte de la clase explotada-, sea por la vía de las armas, de la ley, o por ambas.

No se trata de una patológica inclinación anti-mapuche de las autoridades del país. Se trató, desde Diego de Almagro hasta Sebastián Piñera, de la apropiación de sus tierras; de la típica voracidad capitalista para el enriquecimiento de los dueños de los medios de producción. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en el marco del mercantilismo, la conquista de nuevas fuentes de riqueza y mercados se perpetró para acumular riquezas para el creciente Estado-nación europeo, una “economía al servicio del Príncipe”, como diría Adam Smith. Y se explotó a los habitantes originarios produciendo oro y plata para banqueros, comerciantes y mineros alemanes como Jakob Fugger, los Welser y otros, quienes financiaron el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo prestando dinero a la Corona española.

Tras la Independencia, en el caso de Chile, los criollos decidieron unificar el territorio nacional escindido por el país mapuche. En las Paces de Quilín, el 6 de enero de 1641, España había reconocido al pueblo mapuche su independencia y el territorio comprendido entre los ríos Bío Bío, por el norte, y Toltén por el sur, cinco millones de hectáreas que quedaban fuera de la Capitanía General de Chile. Según Bengoa, “tal condición no fue una ‘graciosa concesión’ de su majestad, sino que costó aproximadamente medio millón de muertos al pueblo mapuche”. Los negocios de la burguesía y los terratenientes criollos debían hacerse cruzando por mar entre los puertos de Talcahuano y Corral. El 2 de julio de 1852, Manuel Montt promulgó la ley que creó la provincia de Arauco, cuyos límites eran el Bío Bío y el Toltén. Fue el fin jurídico de la patria mapuche.

Diez años después, el Estado chileno penetró militarmente 200 kilómetros y fundó Angol. En 1878 levantó Traiguén. En 1881, Temuco y en 1883, Villarrica. José Bengoa dice: “A partir de la derrota militar de 1881 y la ocupación de Villarrica de 1883, cambió la sociedad mapuche internamente, como también su relación con el Estado y la sociedad chilena. La reducción territorial fue el elemento central y evidente del cambio ocurrido (…) A los mapuches se los sometió al rigor de la civilización; se les entregaron pequeñas mercedes de tierras, se los encerró en sus reducciones, se los obligó a transformarse en agricultores. El guerrero debió transformarse en ciudadano y el pastor de ganados en campesino, productor de subsistencia”. En los siglos XX y XXI, las empresas forestales, hidroeléctricas, mineras y gasíferas de los principales grupos económicos chilenos y transnacionales, que atentan contra el ambiente, la economía local y la cultura, amenazan lo que resta de tierra mapuche.

La Ley Antiterrorista

Hoy, mientras la reforma procesal penal rige para todos, a los imputados mapuches se les aplica la Ley Antiterrorista, que niega los principios garantistas y aumenta desproporcionadamente las penas. Según la periodista Lucía Sepúlveda, de la Comisión Etica contra la Tortura, hasta junio pasado había ciento seis mapuches encarcelados, condenados o procesados en relación con el llamado “conflicto mapuche”, casi el doble de hace un año. De ellos, según el abogado José Aylwin, del Observatorio Ciudadano, en la actualidad hay 58 procesados por Ley Antiterrorista (cinco condenados, 42 en prisión preventiva y 11 cumpliendo medidas cautelares).

La Ley Antiterrorista fue impuesta en 1984 por el dictador militar Augusto Pinochet para perseguir la resistencia a la tiranía. De acuerdo con esa ley, el delito de incendio puede considerarse atentado terrorista si su intención fuera “producir temor en la población o en una parte de ella”, aunque no constituya una amenaza directa contra la vida, la libertad o la integridad física de nadie. En virtud de esta ley, y con autorización del juez, el Ministerio Público puede ocultar a los imputados y a sus abogados defensores la identidad de testigos (para ello se suele usar pantallas, distorsión de la voz o capuchas). Ello viola la letra “e” del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificado por Chile- que garantiza a toda persona acusada el derecho “a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”.

La Ley Antiterrorista se aplicó durante los gobiernos de la Concertación -y se sigue aplicando en el gobierno de la derecha- para amparar a las fuerzas del Estado, que con violencia e impunidad han violentado a ancianos, niños y mujeres, y cobrado la vida de jóvenes como Alex Lemún, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío. La mayoría de estos hechos fueron denunciados por el Dr. Rodolfo Stavenhagen, cuando era relator especial sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. No sólo la ONU, sino también la Comisión Pastoral Mapuche de la Zona Sur, de la Iglesia Católica, ante el asesinato de Jaime Mendoza Collío en agosto de 2009, declaró: “Como Iglesia hemos advertido nuestra preocupación por la progresiva criminalización de la demanda mapuche, reduciéndola a un asunto policial…”.

Los presos políticos mapuches actualmente en huelga de hambre exigen también el fin del doble juzgamiento. A varios se los está procesando en relación con un mismo hecho por la justicia militar y, paralelamente, por la justicia penal. Recientes juicios orales han sobreseído a estos “terroristas”. El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, por ejemplo, absolvió a Luis Sergio Tralcal Quidel (33) del cargo de incendio en un fundo de Forestal Mininco Crecex S. A. “No existe prueba alguna que establezca qué actos concretos de naturaleza ilícita habría ejecutado el acusado, con lo que no es posible imputarle participación criminosa alguna”, estableció el tribunal. Sin embargo, Tralcal estuvo once meses en prisión preventiva antes de ser declarado inocente.

La palabra “patria” viene del griego patrius y de la expresión latina terra patria, que significa “la tierra de los padres”. Ser mapuche es ser “gente de la tierra”. Si de patria se trata, Chile es la patria del pueblo mapuche. La paradoja es que estos hermanos son tratados por los descendientes de los invasores como si Chile no fuera la patria de todos.
(*) Periodista, director de Revista Punto Final.

Chile: Las dos caras de la agenda de salud del gobierno

Este documentado aporte de Ciper Chile lo ofreceremos en dos partes: Hoy nos ocuparemos de Fonasa, de las deudas del Estado con los privados y de los verdaderos planes en el sector salud que tiene el nuevo gobierno, y mañana responderemos la pregunta de quién manda hoy en la salud en Chile.

Por Marcela Ramos
CIPER CHILE

La salud se ha convertido en uno de los grandes negocios en Chile, como antes ocurrió con la educación superior y con el retail. El nicho del que menos se habla es el de los sectores “emergentes” de Fonasa. Matrimonios afiliados al seguro público que suman ingresos por 500 ó 600 mil pesos, pero que están dispuestos a poner de su bolsillo 100 mil pesos con tal de que sus hijos nazcan en una clínica privada y no en un hospital. Personas que toman la decisión de internarse en un establecimiento evaluando los planes de salud, el equipo médico, pero también si hay un plasma en las piezas.

Según un estudio realizado por la Asociación Gremial de Clínicas de Chile, entre 2005 y 2008 “los potenciales beneficiarios provenientes de Fonasa crecieron en un 10,8% y los de las isapres en un 4,5%”. De todas las prestaciones que entregó el sector privado en 2008 (consultas, terapias, intervenciones quirúrgicas), un 45% de ellas correspondió a afiliados a Fonasa frente a un 56% de isapres. Esos beneficiarios son los grupos C y D del seguro público, poco más de cuatro millones de personas (entre cargas y cotizantes) que viven fundamentalmente en la Región Metropolitana, en Concepción y Valparaíso.

El mercado le ha seguido el pulso a estos movimientos de la población. Entre 2002 y 2008, las clínicas más grandes incrementaron su capacidad instalada en un 79%. Los proyectos de expansión alcanzan los 500 millones de dólares.

Uno de los actores de este pujante negocio es el holding de empresas Banmédica, que posee dos isapres, siete clínicas y diversos negocios en el área de la salud, en Chile y en el extranjero.

A comienzos de agosto, la Clínica Dávila (que pertenece al holding) inauguró un edificio médico de 10 pisos. El Presidente Sebastián Piñera, cortó la cinta en la ceremonia (uno de los dueños de Banmédica es su gran amigo Carlos Alberto Délano).

En la inauguración, Fabio Valdés, presidente del directorio de la Clínica Dávila, destacó que en los últimos diez años habían triplicado su capacidad, pasando de 180 camas a 550, lo que los llevó a convertirse en el centro asistencial privado “más grande del país”, y “el segundo en número de atenciones (…) con más de 32 mil pacientes al año, siendo superado sólo por el Hospital Sótero del Río”.

La escenografía es perfecta, urgente: al déficit histórico de 3.000 mil camas se suman unas 2.000 que se perdieron con el terremoto; este año se agregaron 10 nuevas patologías al Auge, hay listas de espera y Fonasa está en campaña para que las personas exijan el cumplimiento de sus garantías. A causa de las crisis de invierno, las listas de espera No Auge o la gripe H1N1, en los últimos años se han multiplicado los convenios entre hospitales públicos y clínicas privadas, por lo que la puerta de la colaboración quedó entreabierta, una operación ejecutada por la propia Concertación.

Algunos concertacionistas temen que si este proceso se extiende y multiplica en los próximos años, lo que se va a producir es la “privatización de la salud”, impulsada por el gobierno de Piñera.

Para otros, también de la Concertación, si eso ocurre, la responsabilidad es del ex conglomerado de gobierno, particularmente de la administración Bachelet, pues durante esos años “los hospitales se dejaron botados y se abrió paso a la privatización, pues la Concertación no se presentó al campo de juego”.

La gestión

El poder de Fonasa es grande en materia sanitaria. Tiene 12,5 millones de asegurados (el 73% de la población chilena), y casi 5 millones de cotizantes. De hecho, cuando a comienzos de año se informó que Mikel Uriarte, el nuevo director de Fonasa (antes fue gerente de Seguros Cruz del Sur del grupo Angelini) estaba negociando con los acreedores de Fonasa una fórmula de “pronto pago”, hubo más de algún abogado que equiparó su postura con la de los grandes supermercados frente a los proveedores; y planteó que podía acusarse a Uriarte de abusar de su “poder de compra”.

Según Uriarte, al asumir su nuevo cargo se encontró con un desastre que lo desesperó: una deuda hospitalaria “que estaba escondida”; listas de espera Auge y no Auge poco claras; una institución minimizada, que pese a proveer y administrar los recursos del sector, no tenía ningún poder de decisión; y una larga fila de acreedores con los que aún está negociando. La semana pasada cerró pagos por $15 mil millones y Fonasa estima que aún se le adeudan $122 mil millones.

-Fonasa fue perdiendo su rol y el presupuesto de Salud pasó a ser manejado por los hospitales. Pero de aquí a fin de año esto va a cambiar. Recuperé el prestigio y el manejo del presupuesto -plantea Uriarte a CIPER.

Desde que asumió, el director de Fonasa se ha hecho conocido en el mundo de la Salud por su tono fuerte.

A los acreedores (laboratorios, clínicas y hospitales universitarios), les exigió mostrar y demostrar la deuda que Fonasa tenía con ellos. Frente a los directivos de los hospitales y servicios públicos ha sido aún más duro. Varios médicos comentan que han asistido a reuniones donde Uriarte ha planteado a las jefaturas de servicio que, si no son capaces de financiarse, “tendrán que cerrar el hospital”.

Entre 2007 y 2010, la deuda de Fonasa se multiplicó por siete, pasando de los 10 mil a los 70 mil millones de pesos; y que cada año, en noviembre, se les traspasaban a los Servicios de Salud miles de millones de pesos para que cancelaran parte de lo que debían a cuenta del presupuesto futuro. La Concertación, en vez de enfrentar los problemas estructurales asociados a la deuda, habría optado por una suerte de “bicicleta financiera”.

-Vamos a pagarles a los hospitales en función de lo que producen. Porque aquí lo que se hacía era que se firmaban convenios y se les adelantaba la plata; y si no cumplían con las prestaciones comprometidas, se hacía una nueva programación. Yo hice un cambio en las reglas del juego, y voy a ir pagando por mes vencido. Entonces las próximas cuentas van a llegar en septiembre, vamos a revisar el plan que teníamos, me van a decir cuánto hicieron y voy a girar el cheque -explica Uriarte.

También anunció licitaciones, para que los sectores público y privado, más que colaborar, compitan. Por ejemplo, para hacer que los hospitales cumplan con la mayor cantidad de garantías Auge retrasadas y disminuyan los incumplimientos, se les puso una meta: 30 de septiembre de 2010. Si para esa fecha no se ha terminado con los retrasos, aseguró Uriarte, abrirá el sistema a los privados, a través de una licitación que les permitirá a clínicas y centro médicos postular para hacerse cargo de las garantías pendientes.

El nuevo director de Fonasa también llegó a un acuerdo con las clínicas privadas. “A ellas se les pagará directamente, sin pasar por los servicios, lo que servirá para no dilatar los pagos y evitar que la deuda hospitalaria siga acumulándose. Esto constituye parte fundamental de la complementariedad público-privada”, anunció hace unos días.

Según la ex ministra de Salud María Soledad Barría, lo que quiere hacer este gobierno es abrir el sistema a los privados. Para ello está sometiendo al sector público a presiones que no puede cumplir, como terminar con las listas de espera.

-El sector privado regula por precio. Si usted tiene que operarse de la vesícula, no la ponen en ninguna lista, pero le dicen que le va a costar 500 mil pesos. Usted se va a su casa y cuando junta la plata, vuelve. Eso es una regulación por precios. Ahora, en todas partes del mundo, donde no existe barrera económica de entrada, lo que existe es regulación por lista de espera. Y de lo que se trata es que esa lista sea sensata: que la gente que se va a morir no tenga que esperar y que la lista tenga una rotación adecuada. Para ello hay que gestionar la lista. Pero si mando a todos al sector privado, lo que estoy haciendo es descapitalizar al sector público –plantea Barría.

Una fuente cercana al gobierno coincide con Barría. El objetivo de las nuevas autoridades es incentivar de manera creciente la participación de los privados e ir dejando morir el sistema público, al menos como se conoce hasta ahora.

Las cuentas de la Concertación

María Soledad Barría, ex ministra de Salud, tiene un gráfico en sus manos. Allí se muestra el gasto del sector versus la expectativa de vida al nacer de los ciudadanos de los países afiliados a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la imagen, Chile en un buen nivel. Los chilenos exhiben una expectativa de vida de casi 78 años contra un gasto en Salud de 7%, lo que ubica al país entre las naciones más eficientes (el promedio de países OCDE tiene expectativas de vida similares y gasta arriba del 10%).

Las buenas evaluaciones muestran que a nivel macro la gestión ha sido bastante exitosa. Sobre todo si se toma en cuenta que Chile tiene un sistema mixto pero profundamente desigual: en Salud se gasta un 7% del PIB. De eso, un 3,8% se destina a la atención del 80% de la población (los que están en Fonasa); y un 3,2% al 20% restante (los afiliados a isapres). Es decir, al igual que en Educación, en una gran mayoría se gasta muy poco y en un grupo reducido, todo el resto.

Sin embargo, hay más cáncer y diabetes entre los afiliados a Fonasa. Parte importante de los adultos mayores, los niños y las mujeres en edad fértil están en Fonasa. Además hay 3 millones de personas que no cotizan, pues tienen ingresos menores a 165 mil pesos. Y todos ellos se atienden en los hospitales y en el sistema público de atención primaria.

Con estos datos sobre la mesa, la deuda hospitalaria se vuelve algo más compleja que un problema de gestión. Los pacientes más caros están en Fonasa y se invierte poco en el sistema público de salud (de ese 3,8% mencionado, la mitad lo ponen las personas con su cotización).

Chile: Desperfecto en máquina del Plan B retrasa la operación de rescate de los mineros

La perforadora T-130 que lleva adelante el "Plan B" de rescate de los 33 trabajadores atrapados en la mina San José, estará detenida durante dos días para ser sometida a reparaciones. "Había problemas en un perno (del martillo) ", informó el jefe de sondajes, André Sougarret.

La máquina comenzó a cavar el domingo pasado y hasta el miércoles llevaba 268 metros en su primera fase de excavación, sobre un total de 630 metros previstos.

Al alcanzar esa profundidad, debió detenerse por 14 horas para el cambio de unos cables, pero ahora un desperfecto en el martillo la obligará a permanecer en reparaciones por otras 48 horas. La máquina ensancha un primer conducto ya construido de 630 metros. Al lograr esa medida, debe volver a agrandar el ducto para alcanzar unos 70 cm de diámetro, que permitirán la ajustada salida de los trabajadores, sepultados desde el 5 de agosto pasado en el yacimiento.

Por otra parte, mañana por la tarde comenzarán a llegar al yacimiento San José los primeros camiones con las partes de una gran maquinaria que iniciará una nueva perforación que las autoridades han denominado el "Plan C". La maquinaria pesada pertenece a la empresa petrolera canadiense Precision Drilling y es trasladada a la zona de la mina siniestrada en 42 camiones, donde nada más llegar será ensamblada.

El ingeniero André Sougarret explicó que la plataforma que sustentará esta máquina ya está instalada y que técnicos de la empresa canadiense, encargados de su operación, ya están afinando los detalles del montaje. A juicio del experto, la máquina, que puede perforar hasta 2.000 metros de profundidad, a una velocidad que fluctúa entre de 20 y 40 metros diarios, podría comenzar a cavar "el día 18 de septiembre", en la semana de las fiestas patrias (bicentenario) en Chile.

En cuanto a las otras labores de rescate, la máquina Strata 950, el "plan A", sigue funcionando. Esta es la  más lenta de la dos máquinas, pero no ha tenido inconvenientes y ya se aproximaba a los 180 metros de profundidad.